CARTAGENA.- El Pleno de la Asamblea Regional de Murcia ha rechazado la convalidación del Decreto-ley 3/2025, de medidas urgentes en materia de vivienda y ordenación urbanística, impulsado por el Gobierno autonómico. PSOE, Vox y Grupo Mixto han votado en contra y solo el PP ha votado a favor, dejando al Ejecutivo regional sin su paquete de medidas para ampliar la oferta de vivienda.
La oposición ha justificado su rechazo por falta de
diálogo, precios inalcanzables para las familias trabajadoras y
beneficios desmedidos para el sector promotor, que, según coinciden los
tres grupos, "sale ganando" mientras "no se ofrece una solución real a
los jóvenes ni a quienes no pueden acceder a una casa".
El
consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García, ha defendido el
decreto como una respuesta "inaplazable a la emergencia residencial" que
atraviesa la Región y ha instado a los diputados a "formar parte de la
solución y no del problema".
Ha asegurado que la norma "nace del diálogo
con los agentes del sector" y que "aporta soluciones reales" al incluir
medidas "innovadoras y de rápido impacto", como la creación de la
figura de la vivienda asequible de la Región de Murcia, que sustituye a
la tradicional VPO.
García ha explicado que el decreto
simplifica trámites sustituyendo las calificaciones por una declaración
responsable, incorpora fórmulas de convivencia compartida como coliving y
cohousing, y prevé incentivos urbanísticos: una prima de edificabilidad
del 40% en promociones destinadas íntegramente a vivienda protegida y
del 50% para suelos municipales o con restos arqueológicos.
Además, crea
un Panel de Impulso Urbanístico para desbloquear trámites
administrativos y abre la puerta a nuevas bonificaciones fiscales
municipales. "Hoy podían haber dado un ejemplo de servicio público, pero
han optado por el bloqueo", ha lamentado el consejero.
Desde
el PSOE, el diputado Miguel Ángel Ortega, ha argumentado su voto en
contra por "la falta de diálogo y la ausencia de medidas reales para
bajar el precio de la vivienda".
Ortega ha asegurado que el Ejecutivo regional ha rechazado las tres condiciones propuestas por los socialistas: que el suelo público siga siendo de titularidad pública, que al menos el 30% de las viviendas asequibles se destinen a alquiler barato y que se dupliquen los fondos del programa Aval Joven.
"Ofrecen
viviendas de 90 metros cuadrados por 170.000 euros y las llaman
asequibles. Eso no lo puede pagar ni una familia trabajadora ni un joven
con un sueldo medio en esta Región", ha reprochado.
El
diputado socialista ha añadido que el Gobierno de López Miras "no ha
construido una sola vivienda pública en ocho años" y que "traslada
competencias a los ayuntamientos sin dotarlos de recursos".
Según
Ortega, "este decreto da continuidad a la ley del suelo que ya provocó
la mayor crisis económica del país" y "solo beneficia a quienes
especulan con el suelo".
Desde Vox, María José Ruiz ha
calificado la propuesta del PP como "una ocurrencia más del
bipartidismo" y "una copia del modelo del PSOE". Ha afirmado que el
decreto "no reduce impuestos ni liberaliza suelo", y ha defendido que
"la única manera de abaratar el precio de la vivienda es liberar el
suelo no protegido, bajar la carga fiscal y facilitar los cambios de
uso".
También ha criticado las referencias al coliving y cohousing, que
ha tildado de "ideas propias de economías colectivistas y de la Agenda
2030". "Queremos una España de propietarios, no una España donde se
comparta hasta la habitación", ha subrayado.
Además, el
portavoz de este grupo parlamentario, José Ángel Antelo ha justificado
el voto negativo de su grupo porque "el PP no ha negociado previamente
el decreto con Vox" y ha acusado a los populares de "traer a la Cámara
textos cerrados sin consenso".
"No bajan ni un impuesto y siguen sin
construir viviendas reales. Prometen 25.000 y no han hecho ni 200 en
ocho años", ha añadido. Según el líder de Vox, "el PP ha traído a la
Cámara un texto cerrado, sin negociar previamente, que repite los
errores del bipartidismo".
Por su parte, la portavoz del Grupo
Mixto, María Marín (Podemos-IU-AV), ha calificado la iniciativa como
"un ejemplo de publicidad engañosa". Ha afirmado que el decreto "no crea
viviendas asequibles, sino un timo en toda regla", al establecer
precios de 1.840 euros por metro cuadrado, por encima de la media
regional de 1.555, y viviendas de 72 metros útiles a 170.000 euros.
"Ese
precio es inalcanzable para el 80% de los murcianos", ha asegurado.
Marín ha acusado al Gobierno regional de "trabajar al dictado de la
patronal del ladrillo" y de "privatizar el suelo público municipal", al
"inventariar 136 parcelas de los ayuntamientos, más de un millón de
metros cuadrados públicos, que quieren entregar a los buitres
inmobiliarios mediante permutas o subastas".
Además, ha recordado que
"desde 2020 no se ha construido ni una sola vivienda de promoción
pública en la Región de Murcia". La parlamentaria también ha tendido la
mano al PSOE para elaborar una ley de vivienda alternativa a la de López
Miras.
Desde el PP, Joaquín Segado ha lamentado el rechazo del
decreto y ha acusado a PSOE y Vox de haber "formado una pinza para dañar
al Partido Popular y bloquear las soluciones que necesita la Región".
Segado ha defendido que la norma "ha sido pionera, ambiciosa y fruto del diálogo con ayuntamientos, colegios profesionales, promotores y colectivos sociales" y ha advertido que "con su voto en contra, hoy han dado la espalda a los jóvenes y a la clase media".
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