MURCIA.- El juzgado de instrucción de Murcia que
investiga los presuntos delitos en la adjudicación y explotación de la
desalinizadora de Escombreras ha desestimado la petición de la fiscalía y
no ha accedido a acordar la intervención judicial de la planta como
medida cautelar.
La resolución, que ha sido notificada este miércoles a
las partes del proceso, deniega también la solicitud del fiscal de que
se anotara en los registros oficiales la prohibición de disponer de los
derechos de crédito que recíprocamente ostenten las empresas encargadas
de la promoción y construcción de la planta.
Por
el contrario, accede a que se anote de forma preventiva la prohibición
de disponer de las instalaciones, que se prolongará durante cuatro años si
antes no se dispone otra medida.
Al
rechazar la mayor parte de las solicitudes de la fiscalía, planteadas
en diciembre pasado, dice hacerlo porque considera que las medidas
cautelares reclamadas o no son necesarias o no tienen un soporte legal.
Sobre
la intervención judicial de la planta, recuerda que los dos anteriores
administradores de la sociedad Desaladora de Escombreras, investigados
en esta causa, ya fueron removidos en sus puestos y sustituidos por dos
funcionarios públicos.
También,
que es preciso que la planta pueda seguir con el cumplimiento de su
función sin sufrir interferencias que puedan originar una ralentización
de la producción de agua.
Al
referirse a la anotación preventiva sobre la prohibición de los derechos
de crédito que recíprocamente ostenten las empresas, comenta que la
legislación hipotecaria cierra la puerta a que puedan acceder al
registro situaciones jurídicas no reales.
Por
otro lado, el auto indica que en la comparecencia judicial de diciembre
el letrado de la comunidad autónoma de Murcia no se opuso al
nombramiento de un interventor judicial, aunque reclamó que perteneciese
a la Intervención General del Estado.
Por
su parte, los letrados de los investigados se opusieron a la adopción
de las medidas cautelares planteadas por el fiscal tras exponer, entre
otras consideraciones, que de las diligencias practicadas no se deducía
la existencia de indicios con relevancia penal que la aconsejaran.
En
estas diligencias figuran como investigadas más de una treintena de
personas, entre ellas, el exconsejero de Agricultura y Agua Antonio
Cerdá, que declaró en el juzgado en junio de 2018, y altos cargos de las
empresas constructoras y explotadoras de la planta, del grupo ACS
(Actividades de Construcción y Servicios).
Para
la fiscalía, que presentó la querella en 2015, los hechos investigados
podrían ser constitutivos de hasta siete delitos, entre ellos, los de
prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho y fraude.
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