Cuesta de entender que una persona fría y calculadora como Soraya Sáenz de Santamaría,
la todopoderosa exvicepresidenta del Gobierno con Mariano Rajoy y, sin
ninguna duda, la mujer que ha detentado más poder en España desde Carmen
Polo de Franco, se haya dejado seducir, o algo aún peor, por una oferta
de un despacho de abogados, por muy importante que sea.
Que, además, el
bufete Cuatrecasas tenga su sede central en Barcelona
no deja de ser un amargo recordatorio para SSS: la política se practica
en Madrid, la capital del Estado, pero la iniciativa privada se ejerce
en Barcelona. Ya sucedió con otra pepera de postín como Esperanza Aguirre,
la lideresa, como le gustaba ser conocida, que en un momento
determinado fue todopoderosa en la Comunidad de Madrid y acabó
trabajando para Seeliger y Conde, la empresa de cazatalentos de Luis Conde.
Cuando hace unos días un muy buen amigo me comentó, como algo más que
un rumor, esta posibilidad, debo reconocer que no di pábulo alguno a lo
que decía. ¿Cómo iba a aceptar SSS un destino como este cuando su
aspiración sigue siendo liderar el PP y optar algún día a la presidencia
del gobierno español?
¿Todo el poder que ostentaba en la Moncloa, los
secretos conocidos en función de su cargo, sus despachos con el CNI,
que dependía de ella y que le dieron una posición de preeminencia a la
hora de eliminar muchos de los obstáculos que se le ponían enfrente,
iban a acabar en el baúl de los recuerdos en su tránsito a la vida
privada?
No sé por qué razón cuando, por ejemplo, supimos en el diario
que Duran i Lleida conseguía, al fin, un consejo
importante como el de AENA era verosímil y lo de Soraya no. Bien es
cierto que después las cosas se pueden acabar explicando siempre como
más conviene y para eso siempre están los libros.
Y Soraya tendrá muchas razones para el paso dado pero no por ello
deja de ser un gran despropósito. Nada tiene que ver con que sea o no
sea legal, algo que la Oficina de Conflictos de Intereses
ha dejado meridianamente claro pese a que su cese como
vicepresidenta apareciera en el BOE del 2 de junio de 2018 y hayan
transcurrido, tan solo, algo más de nueve meses.
Pero la legalidad y la
ética no siempre van por caminos paralelos. Tampoco es la primera vez
que se da en la política española un tránsito entre lo público y lo
privado y de ahí, quizás, el escaso revuelo que se ha producido entre la
clase política y la adiestrada prensa de papel que llega cada día a los
kioskos.
Una de las sentencias atribuidas a Julio César que ha llegado hasta nuestros días reza que "la mujer del César, además de serlo, debe parecerlo".
Por eso, a menudo, es bueno contraponer la legalidad frente a la ética,
aunque solo sea para preguntarse dónde esta el límite.
No debería ser
esa una cuestión exclusiva de debates filosóficos sino también
reputacional cuando se trata de una personalidad pública que en nueve
meses pasa de defender los intereses del Estado a enfrentarse y pleitear
contra el mismo. Porque se corre el riesgo de que el final sea el de
una legalidad sin ética.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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