La residencia de ancianos investigada en Murcia dice no ser 'un geriátrico' y sí un 'club de lujo'

MURCIA.- El representante legal de la familia que gestiona una residencia de ancianos en el centro de Murcia investigada por irregularidades, Fermín Guerrero, señaló este miércoles que los hechos objeto de la denuncia presentada «no son ciertos» y las personas que se encuentran en esta residencia, que «no geriátrico», puntualizó, quieren regresar.

Guerrero, que hizo estas declaraciones a su salida de dicho local, resaltó, igualmente, que el dueño del mismo «está muy sorprendido y disgustado; se encuentra en casa intentando asimilar esta situación».

También indicó que el club residencia que está siendo investigado «está perfectamente inscrito en la Consejería de Presidencia y desarrolla su objeto social inscrito en la Comunidad». 

«No es una entidad de Servicios Sociales, es un club residencia de lujo, por lo que se trata de una cuestión jurídica que habrá que diferenciar», sostuvo.

Tras expresar su respeto a la actuación judicial, manifestó que las personas que este martes se encontraban en el club, cuya actividad no ha cesado, ni se ha ordenado su cierre, «no se querían marchar».

Guerrero criticó la «pequeña alarma social» que se está produciendo al respecto y que atribuye a un «interés» de los familiares que denuncian, a lo que se une el hecho de que a la Comunidad «no le interesan lugares como éste, en el que se da un servicio de lujo y de calidad a estas personas».

De momento, al abogado del club solo le consta la denuncia de una persona, que fue quien aseguró no poder ver a un familiar que se encontraba en el Club. «Hay documentación aportada ante notario por este familiar, que ha actuado conforme quiere y dijo que quería quedarse y que se sentía abandonado» por los suyos, afirmó.

La actividad de este club residencia privado, describió, «es fomentar la sociabilidad entre los miembros de la asociación, no hay límite de edad y se hacen actividades en común, como paseo o cocina, se pueden quedar a dormir si quieren y tienen absoluta libertad, que es el derecho que tiene que prevalecer».

También negó que existiera una presunta estafa a un miembro de la residencia y también supuesto trato vejatorio. «Es un club donde las personas están libremente y hacen lo que quieren», incidió.

De hecho, reprobó que los familiares de esta persona «entraron de muy malas formas y esta persona en concreto no quería verles, se sentía abandonada por ellos y alguna cuestión económica hay» de trasfondo.

También denunció que el Semas del Ayuntamiento de Murcia «quiera considerar a este club como parte de su estructura, algo que ha coincidido con la denuncia de los familiares de esta señora y de ahí, esta actuación tan extraordinaria que hubo de agentes de la Policía Nacional; las personas que están aquí libremente firman un contrato y conocen las condiciones».

Para concluir, explicó que «se intentará regularizar la situación con Servicios Sociales, se aportará documentación y eso llevará un camino a nivel administrativo y a nivel judicial pues esperaremos a ver qué juzgado instruirá la causa y habrá declaraciones».

Según comentó, la entrada y registro efectuada ayer vulneró derechos fundamentales «al producirse la entrada y permanencia policial sin que existiera orden judicial previa».

Sobre los hechos denunciados, que pudieran ser constitutivos de delitos de trato degradante, estafa y coacciones, el abogado sostuvo que «no existe prueba alguna de que se haya producido trato degradante a ningún asociado al centro, ni se ha obtenido enriquecimiento injusto hacia los mismos, ni se ha producido coacción o amenaza alguna».

Todos los hechos denunciados «tienen su origen en la denuncia de los familiares de una asociada, quien se marchó del club en contra de su voluntad», añadió el letrado en un comunicado de prensa.

Tras lo que avanzó que «tanto para la defensa de los hechos denunciados como para la protección de las calumnias y falsedades que se están difundiendo, se ejercitarán las acciones legales adecuadas».

La Comunidad Autónoma mantiene abierta la residencia ilegal, según indicaron fuentes cercanas al caso. El motivo que alegan es que están a la espera de «indicios suficientes» para esclarecer si ahí se estaban cometiendo delitos y vejaciones contra los ancianos.
Desde la Consejería de Familia subrayan que eso no es una residencia, pese a que estaba rotulada la palabra 'residencia' en los cristales de la fachada.
«Desde la inspección se le insta a los responsables a inscribirse en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales o retirar la publicidad engañosa, ya que se publicitaban como residencia».
El negocio estaba registrado como asociación. Y precisamente por hacer eso se le expedientó, por publicidad engañosa, con 3.000 euros. Por esto se hizo una inspección en diciembre. Ahí los inspectores no vieron residentes, siempre según la Consejería.