MADRID.- Alrededor de medio millar de personas se
han concentrado frente a la sede nacional del Partido Popular, en la
madrileña calle Génova, donde han participado en una cacerolada contra
los casos de corrupción vinculados al partido que preside Mariano Rajoy,
como la 'operación Lezo' destapada la semana pasada y que ha llevado a
prisión al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.
Al grito de "ladrones" y con pancartas con lemas como "fuera" o "tu botín, mi crisis",
la ruidosa protesta, donde muchos asistentes han golpeado sartenes y
cazos, se produce en la acera de los números pares de la citada calle
madrileña, a pocos metros de la sede del PP, vallada y custodiada por
agentes de la Policía Nacional.
A las 20.00 horas, cuando estaba
convocada la protesta, el tráfico seguía abierto en la calle Génova,
donde también había desplegados efectivos de la Policía Municipal de
Madrid que dirigen la circulación. Entre los congregados se encontraba
la concejal madrileña de Ahora Madrid Montserrat Galcerán, el diputado de En Marea en el Congreso, Antón Gómez Reino, o el diputado autonómico de Podemos Hugo Martínez Abarca.
Bajo
el lema 'Que se disuelvan y entreguen la pasta. El PP no es un partido,
es una banda', la convocotaria comenzó a difundirse este pasado martes a
través de las redes sociales, contando con el apoyo de dirigentes de
Podemos e Izquierda Unida. La 'cacelorada' no tiene organizador
conocido, y tampoco ha sido comunicada a la Delegación del Gobierno de
Madrid, por lo que los asistentes podrían ser multados por la Policía.
La
sanción administrativa por acudir a este tipo de concentraciones no
autorizadas, siempre y cuando superen los 20 participantes, suele ser de
unos 600 euros. Según han indicado a Europa Press
fuentes de la Delegación del Gobierno, en este caso, como en los
similares, los agentes procederán a la filiación de los manifestantes,
que pasarán la respectiva propuesta a la Delegación.
Además, la reformada Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como 'Ley Mordaza'
abre la mano a sanciones más importantes dependiendo lo que ocurra.
Así, sería una infracción grave, sancionada entre 600 y 30.000 euros la
negativa a la disolución de reuniones y manifestaciones en lugares de
tránsito público ordenada por la autoridad competente cuando concurran
supuestos como la falta de comunicación a la Delegación del Gobierno,
como este es el caso.
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