Todavía se hablaba, y se publicitaban, las veintiuna medidas oficiales en favor del seriamente eutrofizado Mar Menor, agobiado por todo lo malo que le llega desde el envolvente e intensamente cultivado y contaminado Campo de Cartagena, cuando vino
la riada y se llevó, de una oleada, toda la fabulación y la hipocresía
que esas medidas –como salvas al sol– conllevaban y significaban.
En efecto, el Ministerio para la Transición Ecológica (MTE) había establecido, en un Resumen ejecutivo fechado en marzo de 2019, veintiuna medidas que, a modo de Catálogo de buenas prácticas
(de esas que nunca se practican pero que no pueden faltar en todo texto
que pretenda una apariencia de “sensible” y “definitivo”) venían a dar
continuidad a la intensa e inacabable superchería en torno a esta laguna
maltratada, pretendiendo seriedad, rigor científico y voluntad
política… pero mareando la perdiz.
Por supuesto que el Mar Menor necesitaría esas veintiuna medidas, y
otra tantas, pero como continuación al análisis profundo y leal de su
situación, que es lo que vuelve a escamotear este Resumen de
medidas, que ha visto la luz tras casi tres años de trabajos y consultas
y que plantea –¡ay!– las “soluciones para el vertido cero al Mar
Menor”. Un vertido que ahora es múltiple en su diversidad
malsana, complejo en su composición físico-química y su dinámica e
imparable al ser el producto de ilegalidad y piratería, impunidad y
complicidad, incompetencia y mala voluntad.
De ahí que nada de eso es esperable (lo del “vertido cero”) porque no tiene visos de posibilidad real.
La primera pista la da la introducción a siete de esas soluciones,
vinculadas a medidas, que (textual) “van desde el cumplimiento estricto
de la normativa vigente” a otras que pretender ser novedosas y, más
todavía, eficaces. Ese es un leit motiv traicionero, porque
supone el reconocimiento de que algo tan esencial como cumplir la
legalidad, ahí no rige (lo que es exacto). No se aclara que, destacando
de ese formidable conjunto de incumplimientos, figura nada menos que la
Ley de Aguas de 1985, que marcaba, con buen criterio y de resultas de un
verdadero y prudente análisis, que no debían ponerse más hectáreas en
regadío (globalmente), salvo las especialmente motivadas y aprobadas.
En el Campo de Cartagena, es decir, en la vertiente físico-geográfica que da al Mar Menor, se cree que, de las 60.000 hectáreas actuales en regadío, aproximadamente la mitad son de origen ilegal
(aunque luego la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) las ha ido
legalizando periódicamente, sin más (es decir, sin sanción ni exigencia
de reversión al estado anterior).
Por supuesto que el incumplimiento de la normativa es un
verdadero y consolidado deporte nacional, pero en el caso murciano esto
se convierte en un espectáculo, prolongado por cuatro décadas,
en el que compiten en irresponsabilidad unos y otros, en un animado
jolgorio de pillos y prevaricadores, creadores de un sistema depredador
activo e integrado, que ha conseguido atraerse a su entorno a políticos
autonómicos, responsables estatales del agua, aparato judicial (jueces y
fiscalía), Guardia Civil, etcétera.
La reciente gota fría ha puesto en evidencia la fragilidad y el desarme con que toda la Cuenca del Segura ha tenido que hacer frente al golpe:
un drama que los irresponsables antes citados quieren atribuir a la
lluvia intensa y los elementos desatados, pero que debe recaer sobre sus
cabezas significadas y enumeradas (reincidentes y recalcitrantes,
impunes y desvergonzadas), en especial (1) los directivos de la CHS, (2) los políticos autonómicos, y (3) como culpables originarios y consentidos, los sindicatos de regantes con sus respectivos líderes,
que son los que imponen este doloso desorden en una tierra saqueada a
su merced: destáquense claramente estas tres cabezas singulares de la
hidra depredadora murciana.
Son los cultivos piratas, con miles de hectáreas
ilegales y la homogeneización y allanamiento del suelo, eliminando toda
vegetación (protectora) natural y ocupando y deformando la red
hidrográfica (que los siglos, con sus riadas, han configurado,
recordándonoslo con periódicas advertencias), los que han dado lugar a
estos efectos catastróficos, que no las lluvias, que nunca son tan
“excepcionales”.
El Mar Menor, y sin relación con la riada, sufre de los brutales
procesos de degradación de suelos y acuíferos del Campo de Cartagena,
debido a los miles de pozos practicados y explotados ilegalmente, a la extracción de la salmuera de sus aguas cada vez más salobres (por sobrexplotación), que va a la laguna, y a la aplicación intensiva de fertilizantes nitrogenados.
Así, esta singular laguna litoral, envuelta por (y asentada sobre) este
acuífero envenenado, recibe por escorrentía superficial y
subterráneamente los nitratos que han eutrofizado sus aguas,
convirtiéndolo en una masa acuática que se asfixia, degrada y envilece.
El Resumen ejecutivo del MTE se salta por entero, y
olímpicamente, esta situación de hecho y partida, aludiendo píamente a
–ya digo– la necesidad de cumplir la normativa y estableciendo una larga
lista de actuaciones tan caras como absurdas, como es
el caso de la “red de zanjas perimetrales drenantes para captación del
flujo subterráneo… para su tratamiento hasta niveles que permitan la
reutilización en riego y la desnitrificación del rechazo para
eliminación por emisario al Mar Mediterráneo” (actuación 5); una
operación ingente que incluye el bloqueo de la rambla del Albujón que,
de ser la principal vía de drenaje natural de ese sistema hidrográfico
hacia la laguna, en los últimos años ha sido convertida en colector de
nitratos y salmueras a la misma.
Esta medida, tan fácilmente asimilable a un disparate irrealizable,
retrata la esencia de la actitud ministerial –con intervención y
compromisos personales de la ministra Ribera y del secretario de Estado
Morán–, que es de allanamiento ante una situación espeluznante (la del
insostenible agro murciano) a la que prefieren no tocar uniendo, a la
cobardía personal y política, la farsa ecológica: todo un papelón, vaya.
Ni en el Mar Menor ni en la Cuenca del Segura ni en el país o
el planeta puede operarse transición ecológica alguna sin atender a las
raíces del problema. En el caso que estamos considerando, que
presenta un sustrato viciado e indomable donde rige toda una cadena de
excesos materiales, legales y políticos, sólo puede iniciarse un leal camino de solución con
la reducción drástica del regadío existente, la limitación férrea de la
aportación de nutrientes de síntesis y –en el orden político y
administrativo– persiguiendo decididamente a los sindicatos agrarios,
con sus más significados líderes, que fomentan y encubren este desorden
habiendo afianzado su impunidad, por ser actores esenciales en este
panorama atroz, y depurando a los principales dirigentes de la CHS,
organismo estatal escandaloso y prevaricador.
La tibieza del MTE también viene retratada, con escaso disimulo,
cuando el texto al que aludimos se refiere a la “adaptación del modelo
productivo” (que no cambio sensible, ni siquiera reforma de emergencia),
con alusiones candorosas al “establecimiento de programas de fomento de
rotación y adaptación de cultivos… con recirculación de nutrientes y de
agricultura ecológica” (actuación 2). Toda una operación de
lavado de culpables y encubrimiento de prevaricadores, con solícito
endoso a las costillas financieras del Estado.
(*) Activista, ingeniero y profesor
