CARTAGENA.- Un apoyo sin fisuras para que la continuidad de los 
trasvases entre el Tajo y el Segura dejen de estar cuestionados y lo que
 es peor, amenazados con ser suprimidos. Esa es la propuesta que el 
portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos, Juan José Molina, ha 
defendido hoy en la Asamblea Regional, y que ha sido aprobada por 
unanimidad. 
Molina ha recordado que la infraestructura ha generado en 
sus 40 años de existencia 100.000 millones de euros de riqueza 
compartida, porque no toda se queda en el Levante, y ha lamentado que el
 Gobierno “gestiona quince trasvases activos en la actualidad, pero 
parece que solo le molesta uno y es precisamente el Tajo-Segura”.
La
 propuesta aprobada también incide de nuevo en la necesidad de que de 
una vez por todas nos sentemos a pensar una estrategia de futuro para el
 agua, que pasaría por “una actualización del Plan Hidrológico Nacional 
basado en el consenso, solidario y sostenible, y que tenga en cuenta la 
directiva marco europea sobre agua y la realidad del cambio climático”. 
Molina ha pedido que se abandone el camino de la confrontación, el 
ultimátum o las amenazas entre regiones
La 
formación naranja también defendió en el Pleno la elaboración de una Ley
 de Protección Integral del Mar Menor, “uno de los grandes tesoros de 
nuestra Región” en palabras del diputado Francisco Álvarez, quien inició
 su intervención recordando a los afectados por las recientes 
inundaciones, “que también han impactado de forma negativa en la 
delicada situación de la laguna salada”. 
El parlamentario defendió que 
esta normativa debe abordarse “desde el diálogo y el consenso, buscando 
el respaldo de todos los grupos políticos de esta cámara, porque la 
recuperación del Mar Menor debe ir encaminada al beneficio del interés 
general de los murcianos, y no en al mero interés partidista” .
Álvarez
 añadió desde la tribuna que “debemos apoyarnos en los expertos y 
técnicos medioambientales para cualquier propuesta en esta cámara, tal y
 como pedimos en la anterior legislatura” y consideró “totalmente 
compatible regular cualquier actividad que se desarrolla en el Mar Menor
 con la protección medioambiental del entorno”.
 
 
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