Uno de los principales conflictos se encuentra en una instrucción de organización interna dictada el pasado mes de mayo, mediante la que, según CCOO, se modificaron las funciones de nueve puestos de trabajo sin consulta previa a los representantes sindicales ni comunicación a los empleados afectados.
Entre ellos figura Luis Francisco Turrión (en la imagen), geólogo, empleado público y delegado sindical de CCOO, que asegura haber perdido las funciones que desempeñaba desde 2010 relacionadas con el seguimiento piezométrico y los informes sobre el estado cuantitativo de los acuíferos de la cuenca del Segura.
El sindicato sostiene que esas tareas han sido trasladadas a otra área que carece de personal especialista en hidrogeología para asumirlas. CCOO advierte de que esta situación podría derivar en la externalización del servicio, con un sobrecoste económico y una pérdida de imparcialidad en los informes ambientales.
Los servicios jurídicos de la organización ya han presentado una demanda por vulneración de derechos fundamentales y preparan nuevas acciones legales.
Turrión, con 36 años de servicio, explica en sus redes sociales que su situación actual le obliga a dedicar buena parte de su jornada a la tramitación de alrededor de 500 expedientes sobre aguas subterráneas, sin personal auxiliar.
«En un 70% del tiempo que dedico a mi trabajo como empleado público titulado superior geólogo (...) es una labor propia de un auxiliar administrativo», afirma.
Demoras en los expedientes
Las discrepancias alcanzan también a los tiempos de firma de los expedientes. Turrión asegura que existen propuestas de resolución que permanecen pendientes durante semanas o meses después de haber sido tramitadas y firmadas por los responsables técnicos.
Como ejemplo, menciona tres autorizaciones favorables de pozos de 7.000 metros cúbicos que, según señala, llevaban más de dos meses pendientes de firma. «Hay una dilación indebida, en mi opinión, en este alto cargo que obstaculiza el funcionamiento de la Administración», sostiene.
Otra de las denuncias trasladadas por CCOO se refiere a la delegada sindical María Dolores Zapata, que habría recibido una advertencia escrita sobre la apertura de un expediente disciplinario si no abandonaba su despacho.
El sindicato cuestiona además la justificación de que el espacio fuera necesario para reubicar a un funcionario con movilidad reducida, ya que, según CCOO, el propio trabajador habría rechazado el traslado por razones de seguridad.
A las discrepancias sobre la organización interna se suma una denuncia ante el Buzón interno de alertadores de corrupción de la CHS por el supuesto uso particular de un vehículo oficial.
CCOO señala que Ana María Arenas utiliza un Mitsubishi ASX para sus desplazamientos diarios de ida y vuelta entre su residencia en Elche y su puesto de trabajo en Murcia.
El sindicato sostiene que, como alto cargo de nivel 30, Arenas dispone además de un coche oficial con conductor para sus trayectos estrictamente laborales y cifra en «no menor a 400 euros» mensuales el coste público del uso cuestionado.
El estado de los acuíferos, en duda
El conflicto laboral tiene también una vertiente relacionada con el seguimiento de los acuíferos. Turrión defiende que la evolución de las masas de agua subterránea debe evaluarse mediante puntos de control que no estén directamente afectados por bombeos, ya que estos pueden alterar los niveles piezométricos.
Según sus informes, el 95% del territorio de la cuenca del Segura presenta un buen estado cuantitativo.
Su argumento parte de que los pozos sometidos a bombeos frecuentes generan una depresión del nivel piezométrico en el propio punto de extracción, lo que puede ofrecer una imagen descendente y distorsionada de la evolución del agua subterránea.
«Eso nos da una apariencia de que parece que el nivel general del acuífero ha bajado, pero eso es falso», afirma Turrión, que contrapone esas mediciones a las realizadas en pozos que no bombean y que, según señala, muestran evoluciones estables.
El geólogo sostiene además que la Directiva Marco del Agua, el Reglamento de Dominio Público Hidráulico y los planes hidrológicos establecen criterios para garantizar que los puntos de medición sean representativos y no estén influenciados por los bombeos.
En sus informes, explica, se otorga mayor peso a las mediciones realizadas en puntos alejados de los focos de extracción.
La interpretación de Turrión sobre esta cuestión conecta directamente la reorganización de sus funciones con la gestión de los recursos hídricos. El geólogo considera que determinados intereses vinculados a la política del agua pueden entrar en conflicto con sus evaluaciones sobre el estado de las masas subterráneas.
Turrión vincula la interpretación sobre el estado de los acuíferos con la «guerra del agua» entre la Región de Murcia y Castilla-La Mancha y con los intereses económicos asociados a la desalación y a la construcción de tuberías, canales y presas.
«Puede ser que a cierta gente le interese decir que los acuíferos están sobreexplotados, le interese decir que no hay agua porque así hacemos más desaladoras», afirma.
El trabajador sostiene además que la modificación de funciones se produjo mientras estaba de vacaciones y sin negociación previa. CCOO ha reclamado al presidente de la CHS y al subsecretario del Ministerio la anulación de la instrucción y que los cambios sean tratados en la subcomisión departamental del Ministerio, tal como establece, según el sindicato, el convenio colectivo de la Administración General del Estado.
La demanda presentada por CCOO ante el juzgado de lo social plantea una vulneración de derechos fundamentales vinculada a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y reclama una indemnización de 7.000 euros.
Según Turrión, el juicio está previsto para 2028 y la organización sindical ha recurrido para intentar adelantar la fecha. El siguiente capítulo del conflicto podría pasar por nuevas acciones legales.
Turrión advierte en La Opinión de una posible querella por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la labor de un inspector de aguas subterráneas si la situación no se modifica.
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