MURCIA.- El fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, ha reclamado este viernes la implantación de un plan especial de seguridad similar al que el Ministerio del Interior impulsó en el Campo de Gibraltar tras constatar el desplazamiento de las redes del narcotráfico, la trata de seres humanos y la inmigración ilegal a esta comunidad.
Durante la presentación de la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2025, Díaz Manzanera ha justificado su petición en el hecho de que la presión policial ejercida en esa parte de Cádiz ha provocado el traslado directo de las mafias hacia el litoral de la Región de Murcia.
En este sentido, ha indicado que la provincia andaluza, con unos 200.000 habitantes menos que la Región de Murcia, dispone de 25 fiscales más, motivo por el que ha demandado equiparar la plantilla de la Fiscalía y los efectivos de la Guardia Civil en la comunidad.
De forma paralela, la Memoria alerta de un repunte de la violencia derivado de este asentamiento criminal, con un uso creciente de armas de fuego en "vuelcos" --robos de droga entre bandas rivales-- y ajustes de cuentas, en una infraestructura sostenida por las plantaciones 'indoor' de marihuana tras un "fuerte" incremento en el último ejercicio, las narcolanchas y el 'petaqueo'.
Sobre este último punto, la Fiscalía Antidroga ha instado a la Comunidad Autónoma y a la patronal de estaciones de servicio (TNAPA) a intensificar las inspecciones para sancionar a las gasolineras que suministren combustible de forma incontrolada al amparo de la Ley del Sector de Hidrocarburos.
En materia de extranjería, el informe detalla la consolidación de las 'pateras taxi' operadas por mafias que desembarcan de forma rápida en las costas de Cartagena y Lorca. En este sentido, el Ministerio Público contabilizó 81 causas por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, formuló 39 acusaciones y obtuvo 20 condenas.
La Fiscalía trabaja para reforzar los atestados policiales con el fin de evitar la revocación de condenas por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJMU), que ha empezado a exigir un mayor bagaje probatorio más allá del testimonio único de un testigo protegido.
Según la Memoria de la Fiscalía, entre enero y el 6 de septiembre de 2025 se interceptaron 130 pateras y 1.978 migrantes en la Región de Murcia --frente a las 226 y 2.671 de 2024, respectivamente--, y fueron detenidos 38 patrones que pilotaban embarcaciones más grandes, potentes y con mayor capacidad.
De los ocupantes de las pateras, 1.242 eran varones, 52 mujeres y 35 menores de edad acompañados. Por su parte, los menores no acompañados ascendieron a 136.
El balance resalta además el seguimiento de 14 tramas de trata de seres humanos con 71 víctimas, en su mayoría mujeres retenidas en condiciones infrahumanas para su explotación sexual, que el fiscal superior ha calificado como "la esclavitud del siglo XXI".
Asimismo, la Fiscalía abrió 67 procedimientos por delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros, lo que representa un incremento con respecto al año anterior.
Según ha explicado Díaz Manzanera, la Región actúa como un polo de atracción donde las redes se aprovechan de la vulnerabilidad de los migrantes en situación irregular para emplearlos en explotaciones agrícolas.
El fiscal superior ha expresado su preocupación por el crecimiento continuado de la delincuencia entre menores de 16 años, tras un incremento del 9,25% en las agresiones sexuales cometidas por menores contra otros menores, con 177 expedientes registrados frente a los 162 del ejercicio anterior.
Díaz Manzanera ha señalado al uso de las nuevas tecnologías como detonante de esta tendencia, que suma además 37 casos de acoso escolar canalizado a través de redes sociales y un aumento en la violencia doméstica ejercida por menores, que se ha disparado de 37 a 167 asuntos.
Además, ha tildado de "realmente preocupante" la detección de ocho causas abiertas por la distribución de pornografía infantil mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA) para manipular fotografías de compañeras y presentarlas desnudas, una tipología que solo computó un caso el año previo.
Ante este escenario, Díaz Manzanera ha reclamado una regulación que contemple la prohibición de acceso a redes sociales e Internet por debajo de una determinada edad, en consonancia con las medidas que sopesa la Unión Europea, además de fijar un control parental y también en los centros educativos.
Asimismo, la sección tramitó 53 expedientes por absentismo y abandono escolar y 18 denuncias penales contra padres por presunto delito de abandono de familia.
En la sección de Medio Ambiente y Urbanismo, los seis fiscales adscritos tramitaron causas que se saldaron con 82 escritos de acusación --en su mayoría por delitos contra la ordenación del territorio-- y 34 sentencias, de las que 32 fueron condenatorias.
En lo relativo a la contaminación del Mar Menor, la Fiscalía está a la espera de que se fije la fecha de juicio para la causa principal tramitada en Cartagena contra agricultores.
En 2025 se presentaron cuatro escritos de acusación por vertidos ilegales procedentes de desalobradoras, se incoaron 36 diligencias previas --14 en Cartagena y 22 en San Javier--, de las que se ha formulado acusación en una decena. De estos procedimientos ya se han dictado cinco sentencias de condena.
La Fiscalía ha solicitado a la Comunidad que abra expedientes por la vía administrativa para obligar a quienes han cometido infracciones medioambientales a pagar sanciones y a reparar los daños causados en la naturaleza a su estado original.
Por su parte, la Fiscalía de Siniestralidad Laboral formalizó 25 escritos de acusación y obtuvo nueve sentencias condenatorias. Como novedad, la memoria destaca la presentación de la primera acusación formal incoada en la Región por un delito contra la seguridad de los trabajadores motivado por un golpe de calor.
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