MURCIA.- La Policía Nacional ha detenido en Murcia a once personas e investigado a
otras dos, por su presunta participación en un fraude millonario al
Servicio Murciano de Salud (SMS), imputándoles delitos de falsedad
documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales
públicos, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.
La investigación desarrollada por la Unidad de Delitos Económicos y
Fiscales de la Jefatura Superior de Policía de Murcia se inició el
pasado mes de enero del año 2025, tras haberse detectado una actividad
administrativa fraudulenta en los sistemas contables del SMS.
Fue la propia Consejería de Salud de la Región de Murcia la que puso en
conocimiento de la Fiscalía los supuestos hechos tras detectar indicios
de irregularidades en una de las auditorías realizadas por el Servicio
de Inspección de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios.
El presunto entramado criminal comenzaba su operativa introduciendo
datos falsos en el sistema contable, con el objetivo de utilizar
productos sanitarios no autorizados y que no habían sido incorporados al
catálogo único de productos, fijando unos precios de compra muy
elevados, y dejando de utilizar los productos que sí estaban autorizados
y que tenían un coste muy inferior.
Se detectaron al menos treinta
productos no homologados y facturados de forma fraudulenta, desde
prótesis vasculares hasta material sanitario fungible.
Los
implicados tendrían un conocimiento exacto de los puntos sensibles del
sistema informático contable, y contarían con el auxilio de funcionarios
con responsabilidades en la central de compras del SMS, así como en
puestos del sistema de facturación, que junto con la ausencia de
licitaciones públicas habrían permitido negociaciones directas y
arbitrarias con la principal mercantil investigada, todo ello en contra
de la Ley de Contratos del Sector Público.
Investigadores de
la U.D.E.F. de la Policía Nacional detectaron asimismo que la mayor
parte del fraude se estaría desarrollando en las operaciones médicas
derivadas desde el Servicio Murciano de Salud a centros concertados,
donde se habrían pagado sobrecostes entre un 100% y un 1.287%,
facturándose por servicios que debían ser gratuitos y por material
sanitario que no había sido utilizado, llegando incluso a utilizar en
las operaciones médicas, productos sanitarios caducados generando un
riesgo para la salud pública.
La investigación, llevada a cabo
con la colaboración del Servicio de Inspección de Centros Sanitarios de
la Consejería de Salud de la Región de Murcia, ha permitido valorar un
perjuicio económico en las operaciones fraudulentas detectadas que
ascendería a casi siete millones de euros, en concreto 6.886.738 euros.
Asimismo se han solicitado medidas cautelares patrimoniales a la
autoridad judicial respecto de los principales investigados, bloqueando
cuentas bancarias, inmuebles y vehículos.
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