Red Madre denuncia que el Estado gasta diez veces más en aborto que en maternidad

 CARTAGENA.- La presidenta de la Fundación Red Madre, Carmen García, ha denunciado en la Comisión Especial sobre Infancia y Adolescencia de la Asamblea Regional que "el Estado gasta diez veces más en el aborto que en ayudar a la maternidad" y ha reclamado la aprobación de una ley integral de apoyo a la maternidad que cuente con el consenso de todos los grupos para "evitar que la interrupción voluntaria del embarazo sea la única salida" para muchas mujeres.

García ha presentado el 'Mapa de la maternidad 2024' de Red Madre, según el cual España ha destinado más de 101,3 millones de euros en ayudas a la mujer embarazada en dificultades, con una ayuda media anual de 237,85 euros por mujer. 

Ha precisado que la mayor parte de esos fondos se concentran en Madrid y Galicia, que suman más de 96 millones, mientras que al resto apenas han destinado 4,8 millones, lo que reduce la ayuda media hasta los 21 euros por mujer. 

Ha subrayado que ocho de las once autonomías que ofrecen alguna ayuda al embarazo y primera crianza "dan menos de 50 euros anuales" y solo tres superan los 300.

Así, ha insistido en que apoyar la maternidad "es un acto de justicia social y una apuesta estratégica para el futuro", y ha alertado de que una de cada tres mujeres que dan a luz no tiene derecho a ninguna prestación por nacimiento y cuidado del menor por no haber tenido nunca contrato de trabajo. 

Ha añadido que la maternidad "se ha convertido en una losa de hormigón" para muchas mujeres, que son quienes interrumpen su carrera profesional, y ha apuntado que casi el 32% se encuentra en pobreza laboral en hogares encabezados por mujeres y el 54% en riesgo de pobreza.

En cuanto a la experiencia de la entidad, ha indicado que, tras dieciséis años de actividad y más de 50 asociaciones en España, "más de 400.000 mujeres" han recurrido a Red Madre y que, cuando reciben información, acompañamiento emocional y apoyo material, "ocho de cada diez continúan con su embarazo". 

En la Región de Murcia, ha cifrado en 100 los casos de riesgo de aborto atendidos en los dos últimos años, "100 bebés que han nacido bajo el amparo integral de Red Madre y que iban directos a una clínica por falta de apoyo y ayuda".

García ha detallado que la fundación acompaña a las mujeres durante el embarazo, acude con ellas al parto si se encuentran solas y mantiene el apoyo tras el nacimiento "hasta, al menos, los dos años del bebé", facilitando enseres y materiales, formación y, en la medida de lo posible, búsqueda de empleo. Ha defendido que "no vamos en contra del aborto, defendemos la vida" y ha insistido en que Red Madre "no tiene que hablar del derecho constitucional" a la interrupción voluntaria del embarazo, sino de "ofrecer una alternativa" a quienes quieren seguir adelante con la gestación pero lo ven muy difícil.

Al hilo, ha reivindicado una ley de apoyo a la maternidad que aborde las dimensiones emocionales, físicas, laborales, fiscales, habitacionales y relacionales del embarazo y la crianza, incluyendo situaciones de maltrato o discapacidad. 

"Si se apoyara de verdad a la maternidad, subirían los índices de natalidad y el aborto no sería necesario", ha defendido. También ha sostenido que llevan años facilitando ecografías a mujeres con embarazos complicados a través de médicos voluntarios y ha asegurado que escuchar el latido del bebé "cambia" a muchas de ellas, que deciden continuar con el embarazo si se sienten acompañadas.

García ha reconocido que el llamado "síndrome postaborto" no está recogido como diagnóstico médico, pero que la fundación dispone de informes internos sobre efectos psicológicos en mujeres atendidas tras una interrupción del embarazo y se ha ofrecido a remitirlos a los diputados. Al mismo tiempo, ha criticado el uso reiterado de la píldora abortiva como "método abortista", algo que, a su juicio, "no es normal si todos estamos a favor de las mujeres".

Ha denunciado, asimismo, una "campaña de acoso y persecución" contra Red Madre en Murcia y en otras comunidades, con pintadas, escupitajos diarios en la sede, el teléfono de atención 24 horas tapado o el bombín de la puerta sellado. Ha rechazado las acusaciones de ser una organización "ultraconservadora" que recibe "cientos de miles de euros" y ha precisado que, en la Región de Murcia, solo han percibido dos subvenciones nominativas: 50.000 euros en 2022 y 40.000 euros este año, mientras el resto de ayudas se han obtenido "en concurrencia competitiva, como cualquier hijo de vecino".

La compareciente ha recalcado que Red Madre cuenta con la declaración de utilidad pública del Ministerio del Interior y ha insistido en que la entidad "no va a las puertas de las clínicas ni coacciona a nadie", sino que atiende a las mujeres que acuden voluntariamente. Ha asegurado que, cuando alguna decide abortar y deja de responder a llamadas o mensajes, "se respeta su decisión y se da por terminado el camino" con la fundación.

Durante el turno de los grupos parlamentarios, la diputada socialista Lola Jara ha reconocido la importancia de que las mujeres embarazadas en situación vulnerable reciban apoyos públicos, asesoramiento jurídico, psicológico y material, pero ha defendido la Ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. Ha subrayado los avances de la norma en la garantía de un aborto "seguro, accesible y con garantías".

Jara ha criticado la baja cobertura pública del aborto en la Región de Murcia, citando un informe que la sitúa entre las que menos intervenciones realizan en hospitales públicos,"apenas el 0,9 por ciento frente al 99 por ciento en clínicas privadas", y ha denunciado la externalización del aborto terapéutico, que obliga a las mujeres a someterse al feticidio en una clínica privada y a permanecer dos días en casa antes de completar el proceso en un hospital público. 

Ha calificado esta situación como "un caso claro de violencia obstétrica" y ha defendido la propuesta del Gobierno de reformar la Constitución para blindar el derecho al aborto como derecho fundamental.

Por parte del Grupo Mixto, María Marín ha manifestado su apoyo a la misión de Red Madre, pero ha reiterado las críticas por la "hemeroteca" de la organización, señalando reportajes y testimonios que hablan de desinformación y de prácticas consideradas como acoso. 

Ha preguntado a Red Madre cómo denomina a la situación de las mujeres que se ven obligadas a abortar en clínicas privadas "a 500 kilómetros de su casa" y ha reclamado un "respeto absoluto" a la libertad de quienes optan por interrumpir su embarazo. 

También ha pedido detalles sobre el tipo de seguimiento que se realiza a los bebés una vez nacidos.

El diputado de Vox Ignacio Arcas ha agradecido la labor de Red Madre y ha puesto el foco en la situación económica y habitacional de las familias. Ha recogido la denuncia de García Meroño sobre que el Estado gasta diez veces más en aborto que en maternidad y le ha preguntado si derogaría la actual ley del aborto, y su opinión sobre partidos que prometieron hacerlo y no cumplieron. 

También ha defendido propuestas de Vox, como la iniciativa en Castilla y León para ofrecer a las mujeres que quieren abortar la posibilidad de escuchar el latido fetal antes de tomar una decisión.

Finalmente, la diputada del PP Maruja Pelegrín ha elogiado la labor de Red Madre, ha reconocido que la entidad trabaja "con escasísimos recursos" y ha defendido que la declaración de utilidad pública por parte del Ministerio del Interior avala que su actividad "es un bien para la sociedad". 

Ha reprochado a la izquierda y a otros partidos que identifiquen la defensa de la vida con ir contra la libertad de las mujeres y ha sostenido que el objetivo de organizaciones como Red Madre es "informar de los recursos y ayudas para que la mujer pueda decidir en libertad". 

Así, ha cerrado su intervención subrayando que "no hay acto más transversal ni menos partidista que apostar por la mujer y por la vida".