Mazón denuncia al delegado del Gobierno por no disponer su protección policial ni respetar derechos fundamentales

MURCIA.- El abogado José Luis Mazón ha denunciado al delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Rafael González Tovar, y ha pedido al Ministerio de Administraciones Públicas y al Ministerio del Interior sea expedientado por el incumplimiento de su deber de respetar el libre ejercicio de los derechos fundamentales.

Tambien denuncia al ministro del Interior que la Policia de Murcia ha hecho caso omiso a sus peticiones de proteccion, no dando ninguna explicacion y dejando a la suerte del letrado Mazón lo que le pueda pasar, "pese a saber que han habido múltiples amenazas de todo tipo".

"En los EEUU o en cualquier Estado serio la policía habría actuado inmediatamente contra los amenazantes y aquí se les ha dejado libres y expéditos para que no se sintieran presionados," por lo que pudo comprobar el propio denunciante.

La denuncia cursada por fax ha sido comprobada en su recepción y, entre otras cosas, dice que González Tovar (en la imagen) calificó de «despropósito» el recurso presentado por el propio Mazón y otro grupo de juristas para solicitar la retirada del Cristo de Monteagudo.

El letrado resalta el hecho de que el delegado era consciente, en el momento de hacer esas declaraciones en su contra, de que «existe una tremenda crispación de la parte más fanática y católica de la población de Murcia, incluso con amenazas de muerte hacia este abogado que encabeza la reclamación judicial».

Añade Mazón que, «con sus palabras, este temerario e irresponsable cargo público ha podido incitar a la masa de los exaltados a cometer aquellos hechos con los que amenazaba».

Recuerda incluso el impulsor del recurso contra el Cristo de Monteagudo que, ante las amenazas vertidas contra su persona en determinados foros, pidió protección policial y que, a día de hoy, «no ha habido contestación alguna, dando la sensación tanto la Delegación del Gobierno como la Policía de que están también con esa Murcia exaltada que es capaz de incurrir en actos penales para evitar que una reclamación jurídica triunfe».

Por todo ello considera que González Tovar ha podido incurrir en una falta disciplinaria, al realizar una declaración «en la que confunde su papel de militante del PSOE con su cargo público, usando éste para anteponer los intereses electorales de su partido al cumplimiento y preeminencia de la ley».

Y recuerda que está obligado a defender el derecho de cualquier ciudadano de recurrir a la justicia «sin sufrir hostigamiento alguno, y menos de quien representa al Estado en la Comunidad Autónoma».

Posible acción judicial

En este sentido, Mazón ha cursado una denuncia por fax y por correo electrónico al Ministerio del Interior en la que pide la apertura de un expediente a González Tovar porque sus declaraciones como representante del Estado en una Comunidad Autónoma sobre la reclamación judicial "presentada por un grupo de ciudadanos murcianos, es un atentado contra las obligaciones de su cargo", según el abogado.

Al respecto, Mazón acusó al delegado de haber "confundido la condición de militante socialista que busca el interés de su grupo con las obligaciones institucionales que están totalmente en contra de eso". Además, Mazón anunció que está estudiando una acción judicial contra el delegado del Gobierno a nivel personal.

Y es que, en su opinión, el delegado le causa un "perjuicio" con su actitud, ya que "primero ha increpado a la masa haciendo eso, en segundo lugar ha incumplido su obligación y, en tercer lugar, me ha dejado desprotegido, y he recibido amenazas de muerte en las paredes y en Internet, con mensajes".

Al respecto, criticó que la Delegación no le ha mandado "ninguna policía para protegerme, como dice González Tovar", aunque consideró "posible" que "haya mandado, como yo le pedí a la Policía, algún coche a vigilar mi despacho durante las horas de la concentración" que se produjo el sábado en defensa del Cristo.

En cuanto a las declaraciones de otros dirigentes políticos, Mazón dijo que "son representantes de la Comunidad Autónoma o representantes de ayuntamientos", lo que consideró "la parte bananera", pero criticó que un representante del Estado "eso no lo puede dejar pasar".

"El delegado tiene la obligación de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, y lo que tenía que haber hecho, en todo caso, es decir que se trata del ejercicio de un grupo de abogados en los tribunales que merece su protección", defendió.

Sin embargo, Mazón atribuyó las declaraciones del delegado el objetivo de "atentar contra la independencia de los tribunales de justicia", algo que consideró "insólito".

"Sus manifestaciones son contra el principio de imparcialidad de los tribunales de justicia, intentan presionar a los tribunales de justicia para que no hagan justicia o para influir en la sentencia", opinó.