MURCIA.- Los juzgados y tribunales de la Región de
Murcia han practicado 543 actuaciones perentorias y urgentes durante la
última semana. Entre ellas destacan 187 las practicadas por los jueces
de Instrucción y Violencia sobre la Mujer y las 300 actuaciones llevadas
a cabo por los Registros Civiles. Además de los 10 internamientos
involuntarios y 7 resoluciones adoptadas por los magistrados de Familia,
Tutela e Incapacidades.
Estos datos se reflejan en el Informe de actuaciones esenciales
del 16 al 22 de marzo del TSJ remitido al Consejo General del Poder
Judicial como balance de la implantación de las medidas derivadas de la
declaración del estado de alarma, según informaron fuentes del Tribunal
Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) en un comunicado.
Además, los juzgados de lo Penal y los juzgados de Menores han
celebrado un total de 20 juicios. Y el juzgado de Vigilancia
Penitenciaria ha realizado 6 actuaciones inaplazables. Por último, los
juzgados de lo Contencioso también tuvieron que pronunciarse sobre 6
asuntos urgentes.
El presidente del TSJMU, Miguel Pasqual del Riquelme, ha querido
indicar que "todas las actuaciones fueron practicadas sin demora, por
ser de carácter inaplazable o afectar a derechos cuya tutela exigía una
especial protección".
"El Estado de Derecho no cierra" ha subrayado de forma
contundente. Y por ello, ha querido resaltar "la importancia de la
Justicia como servicio público, y la necesidad de poner en valor la
encomiable labor que, a pesar de adversas circunstancias, están
desarrollando para mantener los servicios esenciales jueces,
magistrados, fiscales, letrados, forenses, funcionarios y personal
laboral, así como a abogados, procuradores y graduados sociales". A
todos ellos ha agradecido su esfuerzo, "no siempre percibido por la
sociedad y también necesitado de aplauso".
En su primera reunión, la Comisión Judicial de Seguimiento creada
tras la alarma sanitaria por contagio del COVID-19 acordaba transmitir
la necesidad de continuar con la prestación de un servicio esencial para
la sociedad como es el de la Administración de Justicia".
Y, paralelamente, solicitaba a la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, como consecuencia de las nuevas medidas
establecidas por las autoridades autonómicas para limitar la propagación
y el contagio del coronavirus, la suspensión de las actuaciones
judiciales programadas no urgentes en todos los órganos judiciales de la
Comunidad Autónoma.
Así se pronunció el Consejo General del Poder Judicial, en un
acuerdo que contemplaba la posibilidad de suspensión de los plazos
procesales y las actividades programadas en general, circunstancia que
acabó concretándose con la declaración del estado de alarma, publicada
en el BOE del día 14 de marzo.
Siguiendo la citada resolución, y sus desarrollos posteriores, el
Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha reducido las
plantillas presenciales en torno al 10%, y ha tratado de optimizar el
teletrabajo, ya que con la implantación del Expediente Judicial
Electrónico (EJE) jueces y magistrados, fiscales y letrados de la
Administración de Justicia cuentan con dispositivos portátiles que
permiten acceso a las principales aplicaciones, para tratar de minimizar
el impacto de la alerta sanitaria en la actividad desarrollada.
Además, la Comisión Judicial de Seguimiento y la Sala de Gobierno
del Tribunal Superior de Justicia se han centrado en establecer todas
las medidas que, en el ámbito de su competencia, permitieran proteger la
salud laboral de los profesionales de la Administración de Justicia en
la Región de Murcia y, con ello, estar en disposición de prestar en las
mejores condiciones un servicio esencial a la comunidad.
Así la comisión ha editado una Guía de recomendaciones para casos
sintomáticos o positivos de coronavirus en sedes o personal de la
Administración de Justicia en la Región de Murcia. Y tras la puesta en
marcha del protocolo de actuación, la Comisión, a través de la Gerencia
Territorial, ha dado las instrucciones pertinentes a las empresas de
limpieza para la desinfección de los puestos de trabajo y zonas de uso
común que han sido identificadas como posibles focos de contagio, tras
prescribir en 15 casos un facultativo aislamiento o cuarentena, sin que
se haya registrado hasta el momento ningún positivo.
Por último, la Sala de Gobierno ha aprobado la puesta en
funcionamiento de un sistema de trabajo en red que, ante las novedosas
circunstancias derivadas de la declaración del estado de alarma,
"contribuya a la unificación de criterios y establecimiento de buenas
prácticas para las dudas interpretativas y de actuación que dicha
situación plantee a los titulares de los órganos jurisdiccionales".
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