El B155 se empeña en arrastrar este
conflicto por el cenagal y utiliza términos denigratorios como
"cobardes", "prófugo", "fugitivo", cuando habla la élite y "osito" o "¡a
por ellos!" cuando lo hacen las mesnadas. Se mueve en la dimensión
ideológica que le es propia, la del ordeno y mando, la arbitrariedad,
los privilegios y la imposición.
Pero
la dimensión de lo que aquí está ventilándose es muy superior. Se trata
de los destinos de un país. Por eso intervienen las últimas y
definitivas intancias que, desde los tiempos bíblicos, sostienen el
orden político: los jueces y los reyes. El guirigay de si Puigdemont
entra en el portaequipajes de un autobús, si es o no Cipollino y si el
gobierno puede convertirse en grupo de choque de la Policía ha dejado
paso a la augusta presencia de estas dos instituciones.
Ayer se dieron
dos hechos que dejan ver por dónde va cada cual en este conflicto con
crisis constitucional: el Rey festejó su quincuagésimo aniversario y el
Tribunal Constitucional tomó una decisión por unanimidad que todavía
complica más las cosas. De reyes y jueces va la cosa. Aunque de reyes y
jueces españoles.
Lo
primero, el 50º cumpleaños de Felipe VI saltó a las redes como una
campaña de imagen de La Zarzuela. De imagen edulcorada, ñoña y cursi
hasta rechinar los dientes que nada tiene que ver con el drama que vive
el país. Nada con el hecho de que unos presos y exiliados políticos no
puedan estar con sus familias. La comparación es odiosa y la oportunidad
de la imagen ya se ve.
Después del monumental ridículo del monarca en
Davos, presentado como el Rey más joven de Europa (y se nota) y un
estadista de larga visión y pulso firme, las hogareñas y sencillas
escenas del almuerzo dibujan el "target" (que dicen los entendidos) al
que se dirige la campaña: los lectores de revistas del corazón. Y lo de
lectores es hiperbólico.
Los
jueces tienen otro nivel. Más enrevesado y entretenido. Jueces y
políticos, se entiende. Los del TC, deseosos de complacer al gobierno,
pero impedidos por la falta de fundamento de sus pretensiones y la
opinión contraria del Consejo de Estado y sus propios letrados, han
tomado una decisión que podríamos llamar "traslaticia", esto es, la de
trasladar al Tribunal Supremo la patata ardiendo que el gobierno le
había pasado.
Al propio tiempo tranquiliza a este asegurando, como quien
no quiere la cosa, que la investidura telemática es ilegal y la
delegación del voto desde el exterior, motivo de excomunión. Pero sin
que se explique en absoluto por qué. Por qué es ilegal la investidura
telemática salvo por el rechazo político del gobierno, es un misterio.
Esta
decisión no sirve para nada. Se permite la investidura de Puigdemont
siempre que sea presencial porque es su derecho como diputado electo,
pero esa presencia depende de la orden de detención del Supremo. Es un
reconocimiento viciado, de mala fe, remachado además con la inmotivada
prohibición de la investidura telemática. Salvo que el Tribunal Supremo
devuelva la patata ardiendo al gobierno retirando su orden de detención
igual que retiró la euroorden.
En
ese momento, el gobierno tendría que aceptar a Puigdemont de presidente
de la Generalitat o declarar abiertamente el estado de excepción.
Ni
siquiera el matiz de que se trata de medidas cautelares en tanto el TC
considera la admisión del recurso y, por lo tanto, permiten suspender
los plazos y los actos es aceptable.
En el pleno del Parlament del
día 30 se votará la investidura de Puigdemont de una forma u otra. La
mejor es la presencial, pero eso depende de la voluntad del B155.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
