El propósito de los separatistas, que El País reputa detestable y por eso usa el verbo "planear",
que siempre suena sospechoso, parece, con todos los respetos, bastante
razonable. Habiendo dicho los tales separatistas repetidamente que no
aceptan sus destituciones, persecuciones, encarcelamientos, etc.,
carecería de sentido resignarse a ellas e iniciar una nueva etapa de
sumisión o acatamiento que dirían los jueces.
¿Qué otra cosa haría el propio El País de encontrarse en la situación del Govern
por más que el supuesto resulte muy inverosímil? Él y cualquier otro.
Te prohíben hacer algo, pleiteas (en este caso, vas a unas elecciones),
ganas, y sigues haciendo lo que estabas haciendo. ¿Qué, si no?
Además,
la vuelta a la situación anterior tendrá efectos en muchos ámbitos, no
solo en el terreno declarativo, normativo, público, sino también en las
relaciones privadas de mucha gente. El movimiento independentista tiene
bastante de esto, de imbricación entre las instituciones y la sociedad
civil, entre lo público y lo privado. Por ejemplo, servirá, sin duda,
para levantar ese injusto embargo a la vivienda del expresidente Mas y,
con un poco de empeño dejar sin efecto las multas, medidas
confiscatorias y agresión a los patrimonios personales o familiares a
que tan aficionado es el gobierno.
Volver
al régimen anterior al 155 es volver a la seguridad jurídica de la
ciudadanía frente a la arbitrariedad de la norma de excepción. ¿Que la
orientación política de ese régimen de derecho no gusta a las
autoridades españolas? Deberán plantear el asunto en el terreno de la
negociación política, no en el de la persecución penal de los ciudadanos
y menos tratando de arruinarlos.
Par dessus le marché,
piénsese la autoridad con que el gobierno de la Gürtel impone esas
medidas represivas de carácter económico. Mas y sus colaboradores han de
responder con su patrimonio por los actos conducentes a los hechos que
se reprochan, la consulta, el referéndum, la independencia. Pero los
gobernantes del PP que han cometido delitos ya juzgados o siendo
juzgados por los tribunales no son objeto de medidas confiscatorias como
los indepes catalanes y el daño que han hecho ha sido muy superior.
El
tribunal que ha dictado el embargo de la vivienda de Mas, el Tribunal de
Cuentas, en el que se sientan incluso exministros del PP, es un órgano
desprestigiado en todos los órdenes de la acción institucional, desde la
forma de proveer a la ocupación de cargos y puestos hasta la forma de
proceder y la parcialidad de sus decisiones.
De
aquí al 21D vamos a ver de todo porque cunde la conviccción de que, aun
siendo unas elecciones sin igualdad de oportunidades, sesgadas en todos
los aspectos de la campaña y los derechos de los candidatos, darán un
triunfo del independentismo. La resistencia de este ante la represión
del Estado, que sigue planteándolo como un problema de orden público,
siendo constitucional, procede de su carácter colectivo, social,
movilizado en redes muy activas, interclasista, transversal. Algo que no
es posible aniquilar con medidas policiales, judiciales y carcelarias.
La dictadura del 155
Mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado El dia després,
versa sobre uno de los dos asuntos que más nos importan ahora: el
primero es si, de aquí al 21 de diciembre, puede seguir la campaña de
estas elecciones ilegales, ilegítimas e impuestas sin que el bloque
franquista del 155 (PP, PSOE, C's) recurra a más trampas y/o
provocaciones, sin que aumente la represión, sin que incite más a la
violencia, sin que la haya y sin que caigan en la tentación de alterar
las regla del juego prohibiendo, por ejemplo, algún partido
independentista o todos ellos.
Es capaz. Sabe que tiene las elecciones
perdidas y carece de escrúpulos. Puede hacer cualquier cosa. Por eso hay
que estar muy vigilantes y no caer en sus provocaciones ni darle pie a
alguna de sus maniobras.
El
otro asunto es si el bloque franquista respetará el resultado de las
elecciones si, como, todo hace suponer, ganan los independentistas. Es
un asunto del día siguiente. El PP y el PSOE ya han dicho que no, que no
lo respetarán porque, si gana el independentismo, seguirán aplicando la
dictadura "constitucional" del 155. C's no hace falta que diga nada:
tampoco lo respetará.
En cuanto a Podemos, de quien no se sabe aun si
respetará o no (que ambas posibilidades tiene), es irrelevante lo que
diga porque, gracias a la incompetencia mental de sus dirigentes, no
pinta nada en Cataluña ni en España. La cuestión es si el bloque
franquista puede mantener su negativa a aceptar los resultados de las
elecciones ante la presión de la UE. Y ahí se juega esta partida.
La versión castellana:
El día después
La
dictadura del 155, sostenida en el triunvirato de Rajoy, Sánchez y
Rivera sabe que va a perder las elecciones del 21D. Por eso han lanzado a
sus medios de comunicación a fabricar sondeos y encuestas que den
resultados distintos, en la vana esperanza de alterarlos. Todos los
medios de comunicación que marcan el paso unionista tratan de salvar los
muebles del PP, transfiriendo sus votos a C's por si consiguen que la
gente vea en la formación naranja algo distinto de la vieja oligarquía
nacionalcatólica y franquista que lleva años saqueando el país. Los
medios del grupo Prisa son los más decididos defensores de este
trasvase de votos de la derecha a la derecha para contener en algo el
avance del independentismo y su inevitable victoria el 21/.
Las
manipulaciones de los sondeos y encuestas para vender liderazgos
ridículos como si respondieran a necesidades reales de la población
están a la orden día. Corren parejas con las condiciones claramente
abusivas, injustas, dictatoriales en que estas elecciones están
celebrándose. Son unos comicios ilegales e injustos, impuestos a la
fuerza por la derecha españolista del 155 y organizados como un ejemplo
evidente de juego sucio que nada tiene que ver con la democracia.
La
desproporción entre las posibilidades y medios (incluidos los ilegales a
los que recurren igualmente) de los candidatos de la derecha española
(PP, PSOE, C’s y la abstención favorable de Podemos) y de los indepes
catalanes es abrumadora. La Junta Electoral Central convertida en
agencia de transmisión del gobierno, se encarga de los golpes bajos, de
reprimir la libertad de expresión de una de las opciones, de coartar los
derechos de sus candidaturas.
Y los jueces y tribunales. Y la policía y
la Guardia Civil, y los medios de comunicación: todos incorporados a
una campaña electoral abusiva y tramposa que, probablemente, también
estará financiada con los fondos ilegales de la corrupción que, al
parecer, manejan con igual soltura el PP y el PSOE.
Frente
a ellos unas candidaturas sin medios ni recursos, hostigadas y
perseguidas, sometidas a amenaza permanente de ilegalización, con sus
candidatos y dirigentes en prisión o en el exilio y que, sin embargo,
van a ganar porque cuentan con algo que la derecha española no tiene: el
apoyo de la mayoría de la gente catalana, la voluntad de un pueblo de
conquistar su libertad por sí solo, que ya ha demostrado en sucesivas
ocasiones, hitos en el proceso de emancipación nacional: el referéndum
del 1º de octubre, la huelga general del 3, la declaración de
independencia del 27, la manifestación de Bruselas del 7 de diciembre y,
próximamente, el 21 de diciembre, del que saldrá un mandato expreso
para implementar la República catalana.
Por
la voluntad de la gente, no de las maniobras de los partidos, las
conjuras de los políticos, las presiones de las empresas, los maleficios
de la iglesia, las provocaciones de los fascistas o las mentiras de los
esbirros en los medios. La voluntad de la gente catalana que se ha
puesto en marcha y forma una unidad con unos dirigentes que han
entendido el mensaje.
Por
eso, el franquismo del bloque del 155 ya anuncia a las claras que no
aceptará el resultado de las elecciones si no le place. Que seguirá
aplicando la medida ilegal de excepción con la que tiene a Catalunya
intervenida, ocupada y expoliada. Incógnita despejada.
¿Y
Catalunya? ¿Puede aceptar que la derecha española no acepte el
resultado? ¿Y la UE? ¿Puede esta también aceptar una no aceptación de
parte de la dictadura española? Es evidente que no; en ningún caso.
Si
el régimen español no acata el resultado de las urnas (ese régimen
cuyos jueces, convertidos en inquisidores, exige acatamiento de sus
inicuas normas a los presos políticos), se intensificará la rebeldía
social catalana y se generalizará la desobediencia civil e
institucional. Recuérdese, cuando se planeó encarcelar al govern y sus
máximos dirigentes, los más franquistas del gobierno y la oposición
española argumentaban que la represión no provocaría respuesta social.
Todo lo más, un par de semanas de alguna agitación y se volvería a la
normalidad, como había pasado en el País Vasco con el encarcelamiento de
Otegi.
Vamos para los dos meses de prisión de los indepes catalanes y
la movilización social de protesta no solo no ha amainado, sino que se
ha fortalecido y se ha internacionalizado. La manifestación de Bruselas
del 7 de diciembre mostró a los ojos del mundo la verdadera naturaleza
de un problema: un estado autoritario, antidemocrático, regido por
presuntos delincuentes trata de extirpar por la violencia, a sangre y
porrazos un amplio movimiento democrático y pacífico de reivindicación
nacional de una minoría nacional maltratada.
Y lo mismo pasará con la UE, que tampoco podrá aceptar que el bloque franquista del 155 no acepte el resultado electoral.
Lo
importante, en consecuencia, será el día 22, cuando definitivamente se
verá si Cataluña consolida libre e independientemente su República o el
Estado español abandona toda pretensión democrática y se declara en la
forma lo que ya es el fondo una dictadura.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
