MURCIA.- La Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia (Huermur) ha denunciado que la Consejería de Cultura de la Región de Murcia mantiene sin resolver más de medio año el recurso de alzada presentado para proteger como Bien de Interés Cultural (BIC) el Cristo de la Sangre, una de las obras más relevantes de la Semana Santa perteneciente al barroco murciano.
El recurso fue presentado formalmente el 7 de agosto de 2025, sin que hasta la fecha se haya dictado resolución alguna. Para Huermur, esta situación demuestra que la administración regional ha optado por dejar el expediente bloqueado, evitando pronunciarse sobre la protección del Cristo y las graves incongruencias detectadas por Huermur en las actuaciones de la consejería.
El Cristo de la Sangre, obra del escultor Nicolás de Bussy del siglo XVII, constituye una de las imágenes más emblemáticas del patrimonio cultural de la Región de Murcia, tanto por su valor artístico como por su relevancia histórica y social ligada a la Semana Santa murciana.
Sin embargo, la Consejería de Cultura decidió denegar la incoación del expediente BIC con una resolución torticera a ojos de Huermur, lo que motivó la interposición del recurso actualmente sin resolver desde hace más de seis meses.
El recurso interpuesto por Huermur denuncia que la resolución de Cultura se basa en errores de hecho y en una aplicación incorrecta de la normativa, lo que la hace jurídicamente insostenible.
En primer lugar, la administración fundamentó su negativa en un dato incorrecto: afirmar que el Cristo se encuentra en el Museo de la Sangre, cuando en realidad está ubicado en la propia Iglesia del Carmen, en un espacio independiente, lo que invalida el principal argumento utilizado para rechazar su protección por parte de la consejería.
Además, el recurso sostiene que la Consejería ha actuado al margen del procedimiento, al denegar de plano y unilateralmente la incoación del BIC sin tramitar el expediente correspondiente ni solicitar los informes a las entidades consultivas y reales academias.
Todo ello, pese a existir evidentes pruebas e indicios de la relevancia cultural y patrimonial que ponen sobre la mesa la necesidad de declarar el Cristo de la Sangre como Bien de Interés Cultural (BIC).
Una práctica ya reprochada por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, en casos similares en procedimientos judiciales instados por Huermur.
Igualmente, se denuncia la existencia de precedentes administrativos en los que la propia administración ha reconocido la incoacción automática por silencio administrativo, lo que refuerza la obligación de proteger el bien en este caso concreto. Una práctica que sería totalmente aplicable al caso, pues la solicitud de Huermur fue aceptada por silencio positivo hace meses.
Desde Huermur critican con dureza la actitud de la Consejería: “Aquí hay dos posiciones muy claras: quienes trabajamos para proteger el patrimonio de Murcia y su Semana Santa y una administración que prefiere esconder los expedientes en un cajón antes que hacer lo que debe. El Cristo de la Sangre merece protección y reconocimiento como BIC, no el abandono administrativo”, ha expresado el Presidente de Huermur, Sergio Pacheco.
Huermur considera especialmente grave que, pese a la relevancia del bien del siglo XVII y a los argumentos jurídicos aportados, la Administración no haya dado respuesta alguna al recurso, incumpliendo su obligación de resolver.
Huermur exige a la Consejería de Cultura que resuelva de forma inmediata el recurso presentado y adopte una decisión conforme a la legalidad, recordando que la protección del patrimonio cultural no es una opción política, sino una obligación legal.
En el mismo sentido, la entidad conservacionista ha presentado una pregunta parlamentaria en la Asamblea Regional a la consejera de Cultura para que dé explicaciones al respecto de los retrasos y las incongruencias de la consejería detectadas por Huermur.
Por último, la entidad advierte que, de persistir esta situación, se reservan el derecho a acudir a la vía judicial para obligar a la administración a actuar conforme a los criterios del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y del Tribunal Supremo.
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