CARTAGENA.- El interventor general de la Comunidad Autónoma, David Rodríguez, ha
asegurado este lunes en la Asamblea Regional que el 99,41% del ajuste
del remanente de tesorería señalado en la Cuenta General de 2022 se ha
explicado por la configuración jurídica del Servicio Murciano de Salud
(SMS) y ha defendido que se trata de un efecto contable derivado de su
personalidad jurídica y patrimonio propios, al insistir en que el gasto
del SMS ha quedado reflejado en su contabilidad.
Así lo ha
expuesto en su comparecencia en la Comisión de Economía, Hacienda y
Presupuesto en la Asamblea Regional, convocada para informar sobre la
Cuenta General de 2022 y el informe del Tribunal de Cuentas
correspondiente, y ha señalado que en la Región se ha dado una
"situación un poco extraña" porque, a diferencia de otras comunidades
con órgano de control externo propio, ha sido la Intervención la que ha
comparecido para explicar el informe del Tribunal, además de su propio
trabajo.
En este sentido, ha recalcado que la Intervención General ha
actuado como órgano de control interno del Gobierno regional, integrada
en la Consejería de Hacienda, con autonomía funcional, y ha negado haber
recibido instrucciones políticas o trasladarlas a los funcionarios:
"Yo
no recibo órdenes", ha advertido.
El interventor ha
encuadrado la comparecencia en el ciclo presupuestario, presupuestación,
ejecución y control, y ha precisado que su intervención se ha ceñido a
lo manifestado por el Tribunal de Cuentas, limitando sus valoraciones al
ejercicio fiscalizado.
Ha recordado que el presupuesto de 2022 se
aprobó mediante la Ley 1/2022, de 24 de enero, y ha aludido a la
alteración de previsiones derivada de la invasión de Ucrania, que, ha
indicado, ha impactado en los costes energéticos y generado nuevas
necesidades de gasto.
En cuanto a las magnitudes generales,
ha señalado que los créditos iniciales han sido de 6.818 millones de
euros y que, tras modificaciones netas por 419 millones, los créditos
definitivos alcanzaron los 7.237 millones, con un grado de ejecución del
93%.
Asimismo, ha indicado que los derechos reconocidos netos a 31 de
diciembre ascendieron a 6.984 millones de euros, un 14% menos que en
2021, fundamentalmente por la caída de transferencias vinculadas a la
pandemia, y ha situado el déficit de 2022 en el -2,9% del PIB.
Sobre el periodo medio de pago a proveedores, afirma que hasta agosto
se mantuvo en niveles reducidos y por debajo de la media autonómica,
aunque desde septiembre se deterioró por encima de los 30 días, sin
superar en ningún mes el límite legal de 60 días.
El eje
central de la sesión se ha concentrado en el remanente de tesorería y el
ajuste advertido por el Tribunal de Cuentas. Rodríguez ha explicado que
la distorsión se ha producido en el cálculo de los derechos pendientes
de cobro por la relación contable entre la Comunidad Autónoma y el SMS.
Según ha explicado, cuando la Comunidad ha satisfecho obligaciones
del servicio frente a terceros, esas cantidades han figurado como
derechos de cobro frente al propio SMS y, al no haberse rendido cuentas
consolidadas, no se han compensado con las obligaciones recíprocas.
En
este contexto, ha afirmado que en 2022 esta mecánica ha explicado
prácticamente la totalidad del ajuste, con una sobrevaloración cifrada
en torno a 4.621 millones de euros, y ha insistido en que "en la
contabilidad del SMS ha estado cada euro", subrayando que el problema ha
sido de carácter normativo.
Según ha expuesto, las soluciones de fondo
han requerido cambios legales fuera de su alcance, al derivar de la ley
que ha regulado el SMS, por lo que la Intervención ha optado por una
medida contable para mitigar el efecto.
Según ha dicho, ha
deteriorado el valor de esos derechos considerándolos de dudoso cobro,
una corrección cuyos efectos se han apreciado ya en la Cuenta de 2023,
con un remanente negativo de 791 millones de euros.
En cuanto
al control interno, el interventor ha defendido la independencia técnica
de la Intervención General y ha explicado que en 2022: se han tramitado
más de 19.000 expedientes de fiscalización por importe de 7.045
millones de euros y se han formulado 14 reparos por un total de 850.000
euros, lo que ha situado el nivel de reparos en torno al 0,07% del
total.
También ha subrayado que se han atendido las observaciones del
Tribunal de Cuentas y que cuando no se ha compartido plenamente algún
criterio se ha intentado corregir para alinearse con sus
recomendaciones.
En el turno de los grupos parlamentarios, el
PSOE, a través de Alfonso Martínez Baños, ha recordado que la Asamblea
ha rechazado la Cuenta General de los ejercicios 2015 a 2021 y que ese
acuerdo ha supuesto un varapalo a la gestión financiera del Gobierno
regional.
El socialista ha cuestionado que los reparos del Tribunal de
Cuentas se hayan reiterado año tras año, ha criticado la elevada cifra
de modificaciones presupuestarias y ha puesto el foco en la
infrapresupuestación del gasto del SMS, además de advertir del
incremento del déficit y de la deuda pública y de la situación
financiera de entidades como la desaladora de Escombreras.
Asimismo, ha
reclamado explicaciones por el ajuste del remanente, que ha calificado
de "disparate", y ha preguntado si se han puesto en marcha medidas para
corregir los problemas estructurales detectados.
Desde Vox,
Rubén Martínez ha insistido en la ausencia de responsabilidades
políticas pese al rechazo de las cuentas por parte de la Asamblea y ha
cuestionado que, tras más de una década de advertencias del Tribunal de
Cuentas, no se hayan acometido los cambios normativos necesarios.
El
diputado ha criticado la solución del deterioro contable aplicada al
remanente y ha vuelto a señalar al SMS como el principal foco del
problema, además de reclamar explicaciones sobre el cumplimiento de
compromisos asociados a los mecanismos de financiación y sobre la falta
de consolidación de las cuentas del sector público autonómico.
Por parte del Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos, ha reconocido
que su intervención se ha centrado en cuestiones técnicas, pero ha
advertido de que la lectura de las observaciones del Tribunal de Cuentas
ha transmitido una imagen "cualquier cosa menos positiva" de la gestión
económica regional.
El diputado ha expresado dudas sobre que una
corrección contable pueda resolver un problema estructural de gasto
sanitario, ha pedido aclaraciones sobre el origen del desajuste
presupuestario del SMS y ha cuestionado hasta dónde ha llegado la
capacidad real de la Intervención General para corregir o reorientar
decisiones del ámbito político, extendiendo también sus críticas a la
situación de la desaladora de Escombreras.
Desde el PP, Carlos
Albaladejo, ha felicitado al interventor general y al conjunto de
técnicos de la Administración por su labor de control, fiscalización y
transparencia, y ha defendido que el informe del Tribunal de Cuentas ha
avalado el cumplimiento general de la legalidad de las cuentas.
El
diputado ha contextualizado el ejercicio 2022 en un escenario marcado
por la salida de la pandemia, la inflación y la guerra de Ucrania, ha
defendido que los presupuestos son una herramienta "viva" sujeta a
modificaciones y ha insistido en que la situación financiera de la
Región se ha visto condicionada por la infrafinanciación autonómica,
subrayando además la prioridad dada al sostenimiento del sistema
sanitario público.
Además de eso, en la sesión también se han
ordenado los trabajos de tramitación de la Cuenta General de 2023
estableciendo que comparezcan interventor general y consejero por cada
ejercicio.
Primero se ha fijado la comparecencia pendiente del consejero
para la Cuenta de 2022 y, a continuación, se han acordado las
comparecencias del interventor y del consejero para la Cuenta de 2023 y,
una vez finalizadas todas, se ha acordado constituir una sola ponencia
que agrupe los trabajos de ambos ejercicios.
