MURCIA.- El delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Murcia, Joaquín Bascuñana, ha dejado claro este martes, respecto a su imputación en el caso 'Novo Carthago' que se encuentra bajo investigación judicial, que no ha cometido "ninguna ilegalidad ni delito" y que, por lo tanto, no va a dimitir.
   Bascuñana ha comparecido en la sede de la Delegación del Gobierno,
 aunque el escenario no ha sido el habitual de las ruedas de prensa, 
sino a la entrada del edificio, para defenderse de las acusaciones y los
 hechos que se le imputan, en concreto un presunto delito de 
prevaricación.
   Así, ha comenzado su intervención justificando el por qué desde que 
se conociera su imputación no ha comparecido ante los medios de 
comunicación, según ha dicho por recomendación de su abogado, pero 
"nunca he tenido nada que ocultar".
"Habéis visto que he mantenido una postura de silencio, que he 
seguido mi vida normal en la Delegación, pero ha sido por indicación de 
mi abogado, que me dijo que no debía hacer ningún tipo de declaración", 
ha subrayado Bascuñana, quien considera que "hoy es un momento oportuno 
para hacer alguna aclaración de lo que ha sucedido".
   Bascuñana, que ha confesado haber recibido muchos apoyos de mucha 
gente, ha querido defender su honor y el de su familia y dar una 
explicación ante tales hechos.
Bascuñana ha defendido que desde el Gobierno central -concretamente desde el Ministerio de Administraciones Públicas- nunca se le ha solicitado su marcha. «He tenido todo el apoyo en todo momento».
 
   Hay que recordar que el delegado del Gobierno y exconsejero de 
Obras Públicas del Ejecutivo murciano fue citado a declarar en calidad 
de imputado ante el juez instructor del caso, Manuel Abadía,  el pasado 2
 de julio y se acogió a su derecho a no declarar.
 Las indagaciones sobre Bascuñana, fundamentalmente sobre su 
patrimonio, está en un primer informe fiscal, muy incipiente todavía, 
que ayer notificó el juez a las distintas partes del proceso y que, 
entre otras cuestiones, permite conocer que ya está examinando 51 
cuentas que esa unidad familiar (el delegado del Gobierno, su mujer y 
sus dos hijas) han mantenido abiertas en siete entidades bancarias desde
 el año 2002 a la actualidad, recuerda 'La Verdad'.
En una intervención de casi veinte minutos, ha dicho Bascuñana que estas cuentas se refieren a los últimos doce años y defendió que, en ese periodo, ha abierto y cerrado muchas cuentas de acuerdo a los consejos de su banco. Yasegura no saber con certeza cuántas cuentas bancarias ha tenido, pero reconoce que «desde el 2002 y hasta ahora posiblemente haya tenido un número importante». Todas ellas, asegura, responden a estrategias para aumentar su rentabilidad financiera. 
 
La relación de este más de medio centenar de cuentas está recogido en
 el mencionado informe preliminar de Hacienda y se reparte de la 
siguiente forma: 17 en Bankia, 8 en Banco Sabadell y la extinta CAM, 3 
en BBVA, 2 en BMN, una en Banco de Santander, otra en la Caja de Ahorros
 de Salamanca y Soria y 19 en Caixabank, con la particularidad de que en
 este último caso ha autorizado al perito fiscal a personarse en la 
oficina de Trapería para que se le haga entrega, «de forma inmediata», 
de cuanta información reclame. Lo hace, además, con el apercibimiento a 
los encargados de la entidad de que, de no cumplir su orden, serían 
acusados de desobediencia a la autoridad o denegación de auxilio a la 
justicia.
Bascuñana defiende, asimismo, la legalidad del proyecto Novo Carthago y recalca que, cuando a él le llegó el documento para su aprobación definitiva, contaba con todos los vistos buenos. «Se me acusa de haber firmado un informe con todos los informes favorables», concluye.
¿Acciones de Repsol?
Los 60.000 euros ingresados en las Islas
 Caimán en diciembre de 2001, que aparecen en la información recién 
incorporada a la instrucción del caso Novo Carthago de presunta 
corrupción urbanística, podrían corresponderse con acciones de Repsol 
domiciliadas en ese territorio del Caribe.
Así lo han manifestado hoy fuentes del entorno legal del exconsejero autonómico y delegado 
del Gobierno en Murcia, Joaquín Bascuñana, en quien se centra un 
requerimiento hecho por el juez instructor, Manuel Abadía, para 
investigar los datos bancarios del alto cargo y su esposa.
Las 
fuentes han insistido en que Bascuñana, que entró en el Gobierno 
murciano en 2002, invirtió ese dinero en 2001 en acciones preferentes de
 la multinacional, sin conocer el lugar en el que estuvieran 
domiciliadas, y en 2013 decidió venderlas por un valor algo menor del 
que tenían doce años antes.
Según documentación de Repsol YPF, 
esa operación se correspondió con una emisión de participaciones 
preferentes de noviembre de 2001, a interés variable y un valor nominal 
de 1.000 euros.
 
Bascuñana, quien en el último cuarto de siglo ha sido concejal del 
Ayuntamiento de Molina, consejero de varios gobiernos de Ramón Luis 
Valcárcel y que en la actualidad es el máximo representante del Gobierno en la Región, también fue senador durante unos meses de 
2011. Con motivo de ese cargo presentó una declaración de bienes, en la 
que se declaraba propietario de tres viviendas y de un Audi A-8, 
valorado en unos 100.000 euros.
El 'caso Novo Carthago' lleva camino de pasar a denominarse el 'caso 
de las multicuentas', debido a las revelaciones que los informes 
fiscales vienen realizando acerca del elevado número de posiciones 
bancarias que acumulan la mayor parte de los imputados. Ya el pasado 
marzo, 'La Verdad' desveló que el magistrado había ordenado 
investigar un total de 151 cuentas bancarias, que pertenecían o habían 
pertenecido al consejero Antonio Cerdá Cerdá (20 cuentas); el exdirector
 general de Medio Natural, Carlos Brugarolas (13); la exasesora del 
consejero Cerdá, María Antonieta Fernández Caro (24); la arquitecta 
municipal de Cartagena, Mónica Lavia Martínez (12); el jefe del Servicio
 Jurídico del Ayuntamiento de Cartagena, Pascual Lozano (6); el 
exconcejal de Urbanismo de Cartagena, Agustín Guillén Marco (48); el ex 
director general de Urbanismo y Vivienda, José María Ródenas (16) y la 
ex secretaria general de la Consejería de Medio Ambiente, Reyes Sánchez 
Gómez (12).
Si el récord estaba situado hasta este momento en las 48 cuentas del 
exconcejal cartagenero Agustín Guillén, los últimos documentos sobre 
'Novo Carthago', notificados ayer, le desposeen de ese 'título'. Así, el
 juez deja constancia ahora de que investiga 51 cuentas de Bascuñana y 
su familia directa, 35 de José María Bernabé y su familia (ex director 
general de Obras Públicas); 21 de Manuel Alfonso Guerrero y familia (ex 
director general de Vivienda); 42 del exasesor de Obras Públicas Luis 
Manuel Romera y familia, y 56 del ex director general de Calidad 
Ambiental, Antonio Alvarado (junto a su mujer y sus hijos), que pasa de 
esta forma a ostentar la mejor 'marca'. 
El PSRM lo pone fino
Los socialistas murcianos consideran 
"deleznable" que el delegado de Gobierno, Joaquín Bascuñana, "no sólo no
 dimita de su cargo, sino que además utilice la sede de la Delegación 
para hablar de sus problemas con la justicia", por lo que le ha exigido 
que "se defienda desde su casa y no desde la Administración Pública".
   "Si la comparecencia del pasado viernes de Francisco Marqués en la
 sede del Partido Popular ya parecía estrambótica, la utilización 
particular de las instituciones que ha hecho Bascuñana hoy es 
absolutamente deleznable", subraya.
Y es que, explica, "Bascuñana comparece en sede de Delegación del 
Gobierno para realizar una rueda de prensa absolutamente personal y que 
nada tiene que ver con su papel de máxima autoridad del Estado en la 
Región".
   Así, considera que "las únicas actuaciones que ha hecho Bascuñana 
hasta la fecha han sido obstruir la acción de la justicia negándose a 
declarar y a aclarar los hechos ante el juez, y utilizar los medios a su
 alcance desde Delegación de Gobierno para poner a su servicio personal 
la institución a la que representa".
El PSOE denuncia una vez más que el máximo responsable de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "no puede seguir al frente de 
la Delegación del Gobierno por pura limpieza democrática y para no dañar
 más la imagen de la política institucional. Volvemos a insistir en su 
dimisión o en su cese lo más rápido posible".
   "La ciudadanía de la Región de Murcia no merece tener un delegado 
del Gobierno imputado por la justicia y que todo lo que hace es poner 
trabas a que los hechos se juzguen. Que cuente todo lo que sabe, 
absolutamente todo, y que se defienda si se cree inocente, pero que lo 
haga desde su casa, no desde la Administración del Estado", ha  indicado
 Ivars, quien ha añadido que "el hecho de que un gobernante público 
considere que tener 51 cuentas corrientes y depósitos a su nombre es lo 
más normal del mundo da una idea del alejamiento social de ese 
representante público".
Exigencia de dimisión desde IU-V
El coordinador de la Presidencia de IU-Verdes,
 Sergio Ramos, ha pedido este martes la dimisión del delegado del 
Gobierno, Joaquín Bascuñana, ya que considera "insuficientes" las 
explicaciones que ha ofrecido.
   Ramos ha indicado que el delegado del Gobierno "es un figura 
institucional de primer orden y no puede permitirse que siga ensuciando 
la imagen de la Región de Murcia", de manera que "si personalmente no 
asume su dimisión, el Gobierno de España debería cesarlo o estará siendo
 cómplice de la situación".
  "El caso 'Novo Carthago' demuestra una corrupción generalizada, 
fruto de la especulación urbanística, en el Partido Popular de la Región
 de Murcia, con ramificaciones de momento en el Ayuntamiento de 
Cartagena y el Gobierno de la Comunidad", advierte.
   Además, Ramos ha denunciado que el PP y el Gobierno de España 
"sigan impasibles ante los numerosos escándalos de la corrupción con el 
alcalde de Murcia, la alcaldesa de Cartagena y el delegado de Gobierno 
investigados".
   Y es que, subraya, "la imagen que la Región de Murcia está 
proyectando es la de la corrupción generalizada y la impunidad; el PP, 
en lugar de depurar responsabilidades, presta sus instalaciones y medios
 para la defensa de los imputados como ha ocurrido en el caso de 
Francisco Marqués, aún no explicado a la ciudadanía".