Breves horas ha tardado el gobierno del
partido de la Gürtel en responder al mejor estilo autoritario. Siguiendo
su costumbre, Rajoy da por no declarada la independencia ni la
República Catalana, igual que decretó la no existencia del 9N, del
Referéndum, de la DI. Pero, acto seguido, destituye 52 cargos públicos
de la Generalitat, entre ellos el govern en pleno, clausura el
Parlamento catalán (con la secreta nostalgia de hacerlo como Franco, por
40 años), prohíbe las manifestaciones públicas que no sean autorizadas
por el Ministerio del Interior y convoca elecciones autonómicas para el
21 de diciembre, jueves.
Quienes se asombran deben recordar que el
domingo es 24 de diciembre, cuando los españoles escuchan arrobados a su
Rey, que el jueves siguiente es 28 (cosa arriesgada) y el domingo
siguiente, 31, cava (no catalán, por supuesto) y Nochevieja.
Lo
peculiar aquí no es el día concreto de la convocatoria sino el hecho de
que esta (así como los otros actos) se haya producido. Habiendo
declarado el Parlament la independencia de Cataluña y proclamado la
República Catalana, lo lógico será preguntar desde cuándo un presidente
de un gobierno convoca elecciones del tipo que sean en el país de otro.
Para el gobierno, el triunvirato nacional español y los dos referentes
de la "auténtica izquierda", Garzón y Podemos, que van por ahí tachando
de ilegítima la DI, por supuesto, la independencia y la República
Catalana son ilegítimas, ilegales, delictivas... de acuerdo con su
legislación. Ningún país del que otro se separa reconoce la legalidad de
las medidas de este; no lo hizo Inglaterra con los EEUU ni España con
los países latinoamericanos. Ninguno. Esas medidas serán siempre ultra vires,
fuera de las competencias del país que se separa. A su vez, para este,
las leyes y medidas del país del que se separa no son válidas en su
territorio.
Dicho
en otros términos más crudos. ¿Qué sucede si las autoridades
destituidas y los órganos disueltos se niegan a ser disueltos y
destituidas? Es un problema de prevalencia de normas que tiene dos
aspectos, uno político y otro jurídico. El político es muy sencillo:
ningún Estado admitirá jamás un poder rival en lo que considera su
territorio, una dualidad en la que el otro Estado no reconozca su
autoridad. Tendrá que proceder contra él aplicando la coerción. En qué
medida, dependerá de la resistencia que el otro ejerza. Incluso es
posible que, ante una situación de previsible desobediencia muy
generalizada, el Estado no consiga imponer su autoridad como monopolio
legítimo de la violencia. En ese momento, el problema estará resuelto
por la vía de hecho.
El
aspecto jurídico también es sencillo. El Gobierno (el Estado) se ampara
en el artículo 155 de una Constitución que está obligado a respetar y
hacer respetar. Cerremos los ojos a la circunstancia de que ese gobierno
no se caracteriza por respetar mucho la Constitución. Eso es aquí
irrelevante. Pero ¿y el hacer respetar? Ahí está su punto fuerte: se
ampara en un artículo de excepcionalidad para salvar la Constitución en
peligro.
El artículo 155, traducción literal del 37 de la Ley
Fundamental vigente en Alemania y reproducción del 48 de la Constitución
de Weimar, el llamado "artículo de la dictadura constitucional", es
justo el que invocó el presidente von Hindenburg para dar paso a Hitler
que, a continuación, se cargó la Constitución. Lo más probable es que
quien pone en marcha la dictadura constitucional (un verdadero oxímoron)
vaya por la Constitución, como los policías de Huelva iban "a por
ellos" al dirigirse a Cataluña.
Y
es así. El 155 es deliberadamente impreciso para dejar manos libres al
gobernante y que haga mangas capirotes con las libertades y derechos de
los ciudadanos, la democracia y el mismo Estado de derecho. Habla de
adoptar las "medidas necesarias" para los fines del gobierno, en el
entendido de que por "medidas necesarias" entenderá lo que le dé la
gana: por ejemplo, convocar elecciones cuando le plazca, pero permitir
que se presenten solamente partidos de su bola y no otros. Por ejemplo:
elecciones en Cataluña habiendo prohibido los partidos independentistas.
Sería,
más que dictadura, verdadera tiranía. Y por eso, se dice, no puede
pasar porque el mismo 155 tiene una clásula garantista: las medidas
propuestas por el gobierno deben ser validadas por el Senado. Estamos en
un sistema democrático parlamentario, caballero. Lo mismo hace el 37 de
la Ley Fundamental alemana: exige el acuerdo del Bundesrat o
cámara de representación territorial que, a primera vista es equivalente
al Senado. Pero solo a primera vista porque a segunda y sucesivas, son
radicalmente distintas: una, la alemana, es una cámara seria, no
legislativa (excepto en cierto tipo de leyes que precisan su
aprobación), no electiva y compuesta por representantes de los gobiernos
de los Länder.
La española es un chiste, pues es cámara
legislativa (aunque, en realidad no legisla ni hace nada de relieve), es
electiva (pero con un sistema distinto del Congreso y pensado para
privilegiar la representación de las zonas agrarias, menos pobladas del
país) y está compuesta por los mismos partidos políticos del Congreso.
Los senadores suelen ser "ángeles Sí Señor" de sus grupos. A los efectos
prácticos, este remedo de cámara, además, padece una mayoría absoluta
del partido del gobierno con lo que este tiene garantizado que el
Senado, servicial, validará lo que se le presente.
Rajoy
asegura que no suspende la autonomía de Catalunya y, por una vez en la
vida, dice verdad. No la suspende: la elimina. Como elimina el
Parlamento, al tiempo que se apresta a gobernar en un plano de relación
metrópoli y colonia más o menos rebelde. ¿Hasta qué extremo? Hasta el
que considere "necesario". ¿Hasta qué extremo considerará "necesario"?
Dependerá de dos factores que, obviamente, el triunvirato nacional ha
infravalorado: la resistencia de la gente y el apoyo exterior.
Puigdemont avisó en su día: "no menosprecien al pueblo de Cataluña".
Buen consejo, aunque no para la derecha que quiere derrotarlo
precisamente porque conoce su fuerza y la teme, sino para la izquierda.
A
ver si los de la "verdadera" etc., dejan de contar los pelos al rabo de
la esfinge de la legitimidad y se enteran de que se quiere perpetrar un
ataque contra un pueblo que lucha por su emancipación democrática y
pacíficamente. Que esté equivocado, como sostienen los dos genios
Iglesias y Garzón, conocedores siempre de la verdad, no quiere decir que
no sea una lucha democrática, popular y, con perdón, señorías,
revolucionaria. Es una desgracia, desde luego, que no la dirijan
ustedes, pero tengan cuando menos la honestidad de reconocerla. Del PSOE
nada que decir: comparte gustos y disgustos con la derecha y, como
demostrará mañana el PSC manifestándose con los de SCC, también
actividades prácticas.
El
155 es la vía libre a la dictadura y la arbitrariedad. Solo la parará
el propio movimiento independentista perseverando en su actitud
democrática y no violenta. Y la vigilancia exterior. El govern confía
en el trabajo hecho hasta hora en Diplocat y espera recoger los frutos
en forma de tempranos reconocimiento. Mucha gente está algo
desilusionada porque los países europeos no hayan reconocido la
República Catalana a la media hora de proclamarse.
Estas cosas llevan
tiempo, poco, sí, pero alguno para algunos trámites de iniciativa,
debate y decisión. Cierto que algunos reconocimientos exteriores serían
límites serios a la arbitrariedad del gobierno en Cataluña. Tusk ha
mandado un aviso de urgencia y media docena de países europeos,
Eslovenia, Estonia, Letonia, Finlandia, Bélgica, Dinamarca, podrían
reconocer la República Catalana. Y, según mis noticias, se abre paso una
acción colectiva en varios países latinoamericanos para hacer lo mismo.
No
tengo nada claro que vayan a celebrarse esas elecciones. Pero sí
empiezo a sospechar que quizá se celebren antes en España, si alguien
cae en la cuenta del majestuoso fracaso protagonizado por la
nacionalismo español, que tuvo 18 meses de plazo (la hoja de ruta) y no
hizo nada, salvo llevar el país a una situación de fractura en la que
inevitablemente tendrá que intervenir la UE.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
