Desde este 27 de Octubre, en que se ha decidido la drástica
intervención del Gobierno en Cataluña, tras haber sido aprobada la
ilegal declaración unilateral de independencia de la República catalana,
España parece haber entrado en el túnel del tiempo: la Generalitat y
las instituciones autonómicas intervenidas, el Govern cesado, los
líderes sociales encarcelados, Mossos d’Esquadra controlados por la
Guardia Civil, el parlament disuelto y los principales autoridades a
punto de ser detenidas, si es que todavía no la han sido.
La derecha se
apresta a imponer su particular concepción del orden público en
Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. Desde que el valido de Felipe IV,
el conde duque de Olivares, tuvo que hacer frente a la rebelión del 7
de junio de 1640, nunca un presidente de Gobierno, Mariano Rajoy bajo
Felipe VI, se había visto obligado a enfrentarse con una rebelión, la
pacífica del 27 de octubre de 2017 en Cataluña.
En el pecado de su indolencia, casi una docena de años sin mover un
dedo para encauzar la cuestión nacional catalana, lleva ahora mismo
Rajoy la penitencia de la independencia catalana. Penitencia que, una
vez más, cae sobre las espaldas de todos los españoles que no comprenden
muy bien cómo se ha llegado a este choque de trenes anunciado. Que la
persona encargada de dialogar ayer con la Generalitat, Soraya Saénz
Santamaría, haya sido hoy la misma que coordinó la salvajada habida en
Barcelona el 1 de octubre, que ha escandalizado a la Unión Europea, da
una precisa idea de la concepción del diálogo que predomina en la
Moncloa.
Con un mínimo gesto de Rajoy, no estaríamos por desgracia donde
nos encontramos hoy todos los ciudadanos del Estado. La pregunta de las
preguntas radica en saber qué ocurrió en la mañana del jueves 26, en
que nos levantamos con la muy buena noticia de la convocatoria electoral
de Carles Puigdemont para acostarnos con la mala noticia de la
declaración unilateral de la independencia catalana.
Toda España vivió ese día pendiente de la Sexta, toda una lección de
periodismo para el resto de las cadenas televisivas, en espera de un
Godot que, como el de la obra de Samuel Becket, nunca llegó. Las
versiones sobre la responsabilidad del incumplimiento de la mediación de
Rajoy con Carles Puigdemont, de la que ha sido fedatario el lehendakari
Urkullu, son tan diversas como contradictorias. Lo que sí parece
evidente es que la comunicación telefónica entre los dos jefes de
gabinete de la Moncloa y San Jaume, señores Ríos y Moragas, no dio paso a
que ambos presidentes llegaran a hablar.
Quien cortó este último hilo,
cortó entonces la salida sensata al conflicto entre el Gobierno central y
la Generalitat, abonando el camino tanto a la DUI como al 155. Tal vez,
en la Moncloa interpretaron que la evidente rendición de Puigdemont,
renunciando incluso al derecho a decidir, abría el camino de la
humillación, imponiéndole las elecciones bajo el 155.
Ojalá fuese así, porque cabría una última rectificación, pero no lo
es. Más bien da la sensación de que Rajoy, muy crecido con el apoyo del
Rey de la derecha, bien sostenido con las muletas de Cs y PSOE, ha caído
en la muy mala tentación de empezar a aplicar aquellas tesis
involutivas de Aznar sobre la cuestión nacional, planteadas por
Franquito, como le llaman cariñosamente en el PP, en marzo del año 2000
en una desaparecida revista teórica del Grupo Vocento.
En resumen, la
recentralización del Estado recuperando amplias competencias en sectores
tan sensibles como la enseñanza, cultura, instituciones y medios de
comunicación, que pasarán la factura a ayuntamientos, partidos,
entidades cívicas y sociales. Retroceso democrático que nos llevará,
salvo que Dios nos ayude, a la etapa preconstitucional de Carlos Arias
Navarro a través de una interpretación laxa del 155, derrotada en la
comisión constitucional de 1978, que fuera presentada por Manuel Fraga.
Es como si el cambio de horario previsto para este fin de semana,
atrasando los relojes una hora, se combinara con un cambio de horario
político, atrasando los relojes cuarenta años.
Ahora le toca a Rajoy pasar de las palabras del 155 a los hechos
del 155. ¿Cómo va a aplicarlo si, según una reciente encuesta de El Periódico,
más de un 66% de los catalanes lo rechaza y de éstos, más de un 43% son
electores del PP, PSOE y Ciudadanos? Todavía es muy pronto para que
cuaje la propuesta lanzada por el prestigioso historiador Borja de
Riquer i Permanyer, consistente en resucitar hoy la coalición
Solidaritat Catalana del año 1907, como una respuesta democrática
catalana a la imposición del 155.
Pero las fuerzas interventoras le
darán un muy importante empujón al crear todas las condiciones para que
todas las fuerzas que defienden el derecho a decidir coincidan en una
alternativa común basada en la celebración de un referéndum con
garantías y vinculante, en la liberación de todos los detenidos y el
sobreseimiento de las causas políticas junto con la supresión de las
sanciones y multas. No le va a ser nada fácil al poder central embridar
una sociedad como la catalana, salvo, claro está, que se retroceda
también de la actual preconstitucionalidad a la dictadura.
Pese a que Rajoy actúa con inteligencia, intentando cuanto antes
dotarse de un gobierno autonómico coordinado con las fuerzas de
intervención, es bastante difícil que las urnas del 21 de diciembre
puedan resolverle los graves problemas del 155. Con líderes detenidos,
procesados por rebelión y sedición, por lo tanto inhabilitados, ésta
apariencia democrática con la que hoy la Moncloa trata de arroparse
caería por su propia irrelevancia. Celebrar elecciones convocadas por el
gobierno de Madrid y con los dirigentes soberanistas encarcelados, no
es de recibo en la Unión Europea.
No es con un gobierno Quisling o
Petain, como va a encauzarse el conflicto histórico de Cataluña con
España. Sin la recuperación de las instituciones catalanas hoy
intervenidas, sin un pacto de las fuerzas políticas catalanas, las urnas
del 155 recordarían a las que colocaba la dictadura franquista tras
poner fuera de la ley a los partidos democráticos. Tratar de desarrollar
las tareas recentralizadoras mediante un gobierno ad hoc es una medida
tan perversa como inútil. Ulsterizar Cataluña es la peor política para
España y la democracia.
La onda expansiva de la aplicación del 155 en Cataluña va a
extenderse, con toda seguridad , al resto de todos los pueblos que
componen España. El bipartidismo dinástico, ya muy deteriorado por la
cuestión social, que previsiblemente va a agudizarse tras la anunciada
reducción a la mitad de la compra alemana de deuda española, carece de
capacidad para abordar la cuestión territorial.
La manifiesta
incompetencia del PP y del PSOE, sumada a la de los actuales
representantes de instituciones estatales, aproxima el escenario
político de la actual monarquía de los Borbones al existente durante los
años finales de los monarcas Alfonso XIII en 1931, Isabel II en 1868 y
Fernando VII en 1808, que pronto desembocaron en las Constituciones de
1931, 1869 y 1812.
Si aquel decreto de Nueva Planta, impuesto por la
razón armada a Cataluña, consolidó la Corona de Felipe V, no es hoy nada
seguro, sino todo lo contrario, que la imposición del 155 a los
catalanes vaya hoy a ayudar a consolidar la Corona de Felipe VI.
(*) Periodista
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