Es un escándalo mucho más
grave que la Gürtel y que cualquier otro episodio de corrupción. Porque
estos, a la postre, eran robos de dinero público que se llevaban a cabo
con la participación y para beneficio de dirigentes políticos, casi
siempre del PP. Y aunque ese tráfico también implicaba la comisión de
otros muchos delitos, lo de la trama policial va mucho más allá.
Es un
crimen contra la democracia y su estabilidad que en algunos de sus
extremos seguramente ya es irreparable. Lo primero que viene a la mente
cuando se empiezan a conocer sus detalles es la exigencia tanto de un
castigo implacable y ejemplar como de una reforma sin contemplaciones de
los aparatos del estado que lo han hecho posible. Lo segundo son muchas
preguntas. Todas ellas inquietantes.
La primera y más
acuciante es dónde terminará este escándalo si gana la derecha. Las
respuestas evasivas, por no decir cínicas, que hasta ahora han dado a la
prensa los dirigentes del PP no permite ser muy optimista. Porque está
claro que si las investigaciones judiciales avanzan, y cabe suponer que
así ocurrirá, aunque a su ritmo, saldrán a la luz los nombres de los
cargos políticos que ordenaron esas prácticas.
Y los que ya se sospechan
son todos antiguos dirigentes máximos del PP y del gobierno de Rajoy,
con este mismo a la cabeza. La lógica hace pensar que un Pablo Casado
presidente del Ejecutivo no moverá un dedo, sino todo lo contrario, para
facilitar la eventual acción de la justicia contra ellos. Es muy
probable que Rajoy y su sucesor lo hayan acordado hace meses.
Es imposible que hasta ocho comisarios del más alto
rango, y no solo Villarejo, hayan participado en esa trama sin
conocimiento y autorización, o a requerimiento, de los máximos
responsables del Ministerio del Interior. Es también imposible que su
titular en el momento de los hechos, Fernández Díaz, haya urdido esas
operaciones sin permiso del presidente, Mariano Rajoy.
Porque esos
policías se dedicaron a hundir la imagen de Podemos y de Pablo Iglesias,
a hacer lo mismo con los dirigentes del procés antes de que este
estallara en 2017 y también a tratar de robar a Luis Bárcenas los
documentos que podían comprometer a la dirección del PP. Es decir, cosas
que todas y cada una de ellas servían a los intereses de Mariano Rajoy.
La trama policial solo tiene sentido si fue organizada y amparada desde
la Moncloa. Cuando menos en su diseño general.
Pero
es bastante probable que nada de eso salga a la luz si el 28 de abril
gana la derecha. A lo largo de los muchos años que ha durado el
procedimiento sobre Gürtel se ha visto como el poder puede dificultar, y
hasta anular, la acción de la Justicia. Por si hacía falta algún
elemento adicional para repetir la experiencia, Carlos Lesmes sigue
siendo el presidente del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal
Supremo, aunque cada semana aparecen elementos de como este personaje
utiliza su cargo a favor de la derecha y de los poderosos.
Y la
renovación de ese Consejo no está en casi ningún programa electoral.
Como el PSOE no quiso pedir su cabeza, Lesmes salió indemne de la crisis
de las hipotecas en el Tribunal Supremo. Y va a seguir ahí un buen
tiempo.
El hecho de que el juez ha tardado casi un año
en iniciar los interrogatorios sobre la actuación de la trama policial
contra Pablo Iglesias tampoco alienta al optimismo. El que desde hace
tiempo no haya noticias, y las pocas que ha habido son malas, en torno a
la investigación sobre la actuación de la trama, y del ministro
Fernández Díaz, contra los dirigentes independentistas catalanes,
tampoco. Y el sumario sobre la Kitchen, la guerra sucia contra Bárcenas,
va despacio, muy despacio.
Otro episodio inquietante
es el de los dos rechazos que el PP y el PSOE junto a Ciudadanos
propinaron a la petición de que Villarejo compareciera en una comisión
de investigación del Congreso destinada a aclarar al menos una parte de
todo el escándalo.
Se adujo entonces, por supuesto que no en público,
que Villarejo había trabajado intensamente para los gobiernos de
Zapatero, que los socialistas le debían favores importantes y, sobre
todo, que no podían exponerse a que el hoy excomisario se enfadara con
ellos y contara cosas inconvenientes.
¿Pedro Sánchez y
los suyos siguen teniendo esos temores? ¿Cabe esperar que un PSOE de
nuevo en el gobierno aborde con decisión una acción para aclarar la
trama policial y para tomar las medidas que serían necesarias para que
algo parecido se repita?
La declaración del actual
ministro del Interior, Grande-Marlaska, en el sentido de que sería
preciso indagar sobre las responsabilidades políticas que habría detrás
de la trama policial, daría alas a la esperanza. Pero el hecho de que
hasta finales de abril la escena política vaya a estar dominada por la
campaña electoral redimensiona ese sentimiento.
Porque
cabe dudar de que el impacto de la revelación del escándalo dure
demasiado. Y puede que dentro de unos días deje de hablarse de ello.
Seguramente Podemos no va a bajar la guardia. No solo porque le conviene
electoralmente sino porque lo que han tratado de hacer con ese partido y
con su líder –que seguramente es más gordo de lo que hasta ahora se
sabe– no se puede olvidar ni cambalachear con favores políticos.
Pero,
¿y el PSOE? Entrar a fondo en la cuestión es un reto de grandes
dimensiones para Pedro Sánchez y los suyos. No solo porque podría porque
podría poner en cuestión una parte de su pasado reciente, sino porque
también le obligaría a exigir sin ambages responsabilidades al PP y a
propiciar una limpieza de los niveles más altos del aparato del Estado
que podría ser traumática también para el gobierno.
Pedro
Sánchez tiene ante sí ese reto. Que la Policía funcione al servicio de
intereses espurios y claramente antidemocráticos es de lo peor que le
puede pasar a un país. Si los estratos más altos de la Justicia están
aquejados de problemas similares el asunto empieza a adquirir
dimensiones dramáticas.
Es cierto que una campaña
electoral, con un gobierno en funciones, no es el mejor momento para
abordar las tareas que serían necesarias para revertir esa situación.
Pero un gobierno presidido por Pedro Sánchez no podría eludir esa
responsabilidad. Y aún más: en sus negociaciones para recabar los apoyos
que necesite para ser investido y luego para gobernar, la necesidad de
hacer frente a ese reto y la manera de afrontarlo deberían figurar como
punto imprescindible.
(*) Periodista