CARTAGENA.- El diputado regional socialista Alfonso Martínez Baños ha asegurado que la Comunidad Autónoma ha comprado un aeropuerto, el de Corvera, por 401 millones de euros, cuando, según una sentencia judicial, está valorado en 143 millones. "Es decir, tenemos un perjuicio económico a las arcas públicas de la Región de Murcia de 258 millones de euros".
Martínez ha hecho estas declaraciones tras la comparecencia de Miguel Nebreda, funcionario de la CARM e instructor del expediente de liquidación, en la Comisión de Investigación sobre la liquidación fallida por daños y perjuicios en la construcción y explotación del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia.
"Le estamos reclamando a la empresa concesionaria los 182,6 millones de euros del aval y, por otro lado, se ha aprobado una nueva liquidación por la que se reclaman, por daños y perjuicios a la empresa concesionaria, 212,3 millones de euros.
Y también estamos reclamando a la concesionaria las costas judiciales, que son 6 millones de euros. Esas tres cantidades suman 400,9 millones de euros de gastos directos e indirectos, según cifras oficiales de la propia CARM", ha explicado.
El diputado socialista ha denunciado también la negligencia por parte del Gobierno regional en todo lo que ha tenido que ver con la licitación y el seguimiento a la concesión.
"Desde que se rescinde el contrato hasta la primera liquidación pasan 6 años. Luego el TSJ de Murcia dice que esa primera liquidación está caducada y la anula. Desde que se rescinde el contrato hasta que se hace la segunda liquidación pasan 12 años. Es evidente que la empresa concesionaria ha hecho muy bien su trabajo dilatando los plazos, pero la Comunidad no ha hecho bien el suyo y ha permitido esa dilatación de los plazos de forma injustificada", ha detallado.
Además, Martínez Baños ha dicho que durante la comparecencia de Nebreda se ha conocido que uno de los problemas por los que se demoraron los plazos fue porque la concesionaria no entregaba las certificaciones de obra, y ha aclarado que, cuando una administración pública da un contrato de concesión, la concesionaria tiene la obligación mensual de entregar a la administración las certificaciones de obra que va ejecutando.
"Esta mañana nos hemos enterado de que, en este caso, no ha sido así y esto es una negligencia grave por parte del Gobierno regional".
"Si la propia Comunidad dice que en gastos directos e indirectos son 401 millones de euros y el TSJ dice que lo que lo que hay allí en obra vale 143 millones de euros, ¿qué ha pasado con esos 258 millones de euros de perjuicio económico?", ha cuestionado el diputado socialista.
Finalmente, ha señalado que alguien tendrá que responder a estas cuestiones, por lo que el Grupo Parlamentario Socialista ha propuesto que comparezcan en la Comisión de Investigación los responsables políticos, es decir, todos los consejeros de Fomento y presidentes del Gobierno regional que han pasado por este proceso, además del administrador concursal.
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