MURCIA.- Unas 168.000 personas viven en la Región de Murcia en casas sin las condiciones adecuadas por su estado ruinoso o por carecer de suministros que garanticen higiene y salubridad,
 entre otros motivos, otras 101.000 lo hacen con la inquietud de 
quedarse sin techo a corto o medio plazo y 42.000 en ambas situaciones.
Estas
 son algunas de las conclusiones a las que ha llegado Foessa (Fomento de
 Estudios Sociales y de Sociología Aplicada) en su VIII Informe sobre 
Exclusión y Desarrollo Social en España presentado recientemente, que 
señala también que en la Comunidad Valenciana el 18% de la población 
vive situaciones de exclusión residencial.
En España, según el 
informe, 8,5 millones de personas, el 18,4% de la población, se 
encuentran en exclusión, lo que supone 1,2 millones más que en 2007. A 
nivel nacional, más de 4,6 millones de personas viven en casas que no 
reúnen las condiciones adecuadas y, además, no se pueden permitir ni 
siquiera la idea de pensar en cambiarse.
La vivienda se convirtió,
 de hecho, en el principal desencadenante de caer en exclusión social en
 nuestro país, y reemplazó así al desempleo, que fue la primera causa 
durante los años de crisis económica. 
En su publicación 'Vulneración de 
derechos: Vivienda', la fundación vinculada a Cáritas se centra en la 
exclusión residencial, aquella situación que genera el no poder acceder a
 una vivienda digna que reúna las condiciones necesarias para un 
desarrollo adecuado.
Una situación que afecta al 24% de la 
población, al 60% de las que ya viven situaciones de exclusión y al 69% 
las personas para las que esa exclusión es severa. Asimismo, se ceba 
especialmente con los hogares con algún miembro extracomunitario (51%), 
con aquellos en los que vive alguna persona desempleada (36%) o algún 
menor de edad (29%).
Por comunidades autónomas, los porcentajes más altos los presentan Galicia (35%); Canarias (32%) y Región de Murcia (30%),
 y los más bajos La Rioja (13%); Andalucía (17%) y la Comunidad 
Valenciana (18%). 
El informe no recoge datos de sinhogarismo, pero sí de
 vivienda insegura -con la incertidumbre y el temor a quedarse sin ella-
 y vivienda inadecuada (estructuras temporales, asentamientos, chabolas,
 cuevas, casas sin acceso adecuado a suministros públicos como agua, 
electricidad o gas, hacinamiento, etc.)
Y la conclusión es que 
cuatro de cada diez hogares españoles -casi 800.000- y 2,1 millones de 
personas conviven con la inquietud de quedarse sin un techo bajo el cual
 vivir en el corto o medio plazo. 
El desasosiego es mayor entre los 
baleares (8%), murcianos (7%), gallegos y canarios 
(6%). ¿Qué podría echar a estas personas de sus casas? 
Según comentaron 
los responsables del octavo informe Foessa durante su presentación, Raúl
 Flores y Guillermo Fernández, los elevados gastos de mantenimiento o 
perder los derechos que tenían sobre ella (amenaza de expulsión, 
desahucios...).
Pero también, según el documento, no disponer de 
seguridad jurídica sobre el uso de la vivienda en un plazo establecido 
(contrato de alquiler o título legal, situaciones de cesión de uso, 
etc.) o estar en una situación de violencia intrafamiliar que obligue a 
irse de casa. 
Otros 4,6 millones de personas tienen que habitar en casas
 que no reúnen todas las condiciones: son alrededor de 1,3 millones de 
hogares, 7 de cada 100 hogares. Afecta sobre todo a los de Canarias 
(12%), Cataluña (11%), Murcia y Madrid (9%).
Pueden
 ser inadecuadas por presentar deficiencias graves en la construcción, 
encontrarse en un estado ruinoso... También por no disponer de los 
suministros y dotaciones adecuadas para permitir la higiene y la 
salubridad (agua corriente o caliente, energía eléctrica, evacuación 
aguas sucias, etc) o por no estar en condiciones de confortabilidad y 
privacidad.
 
 
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