A pocos metros de distancia se están celebrando dos juicios que tienen en jaque a la judicatura española por su relevancia política y deportiva y, sobre todo, porque nada está saliendo como estaba previsto. El más mediático de los dos es, sin duda, el que se celebra en el Tribunal Supremo y que juzga por rebelión a los nueve presos políticos catalanes. 

Al entrar en la quinta semana, y habiendo pasado ya unos cuantos testigos de la fiscalía, la más grave de las acusaciones aún está por probarse, igual que la de la malversación. Este juicio, que, lógicamente, tiene en vilo a una parte muy significativa de la sociedad catalana, es un atropello en toda regla ya que la causa general contra el independentismo ha desembocado en una instrucción que palmariamente es insostenible y que ha causado un daño irreparable a las instituciones catalanas, a los políticos  encarcelados y a los exiliados.

Mucho menos mediático es el juicio en la Audiencia Nacional a Sandro Rosell, el ex presidente del Futbol Club Barcelona acusado de cobrar comisiones ilegales por partidos del Brasil en los que hizo de intermediario. La juez Lamela mantuvo contra viento y marea la prisión sin fianza durante casi dos años aunque el expresidente se ofreció a poner como fianza todos sus bienes, superando así la hipotética cantidad perseguida y defraudada. 

Ha sido el caso de la historia judicial con una prisión provisional más larga por delito fiscal y Lamela, igual que la fiscalía, no dio su brazo a torcer. Todo eso sucedió hasta llegar a juicio hace ahora un par de semanas. El tribunal que le juzga rectificó en las primeras sesiones la prisión provisional y le concedió la libertad provisional y sin fianza. 

Este lunes, Dirk Hollstein, representante de la empresa saudí que contrató los servicios de Rosell, ha declarado como testigo de la Fiscalía y, para sopresa, supongo, del ministerio fiscal, ha ratificado la versión del expresidente y ha colocado a la justicia española ante un serio problema.

¿Puede ser que no haya ni caso y que Rosell haya pasado dos años injustamente en la prisión de Soto del Real primero y Brians2 después? ¿Es eso posible después de todo lo que hemos leído durante estos dos años en los escritos de la juez Lamela, la misma, por otro lado, que llevó inicialmente la instrucción de los presos políticos catalanes? ¿Qué importancia tiene que bajo su presidencia se celebrara en el Camp Nou el Concert per la llibertat y pasara la Via Catalana por el estadio?  

El hecho de que los dos casos se solapen en el tiempo multiplica la preocupación existente en la judicatura española, que ve como se deshacen como un azucarillo más allá de las acusaciones que se han formulado y de los dos sumarios instruidos. Es obvio que un carpetazo al de Sandro Rosell dejaría en mantillas a la justicia española ante un caso en el Tribunal Supremo que acabará en Estrasburgo.

Mientras, sabemos que el comisario Villarejo decía ganarse muy bien la vida con el proceso catalán. Y utilizaba fondos reservados, que nunca se han explicado, pero que tenían por objeto fundamentalmente desprestigiar instituciones catalanas, políticos y personalidades de la sociedad civil por el simple hecho de ser independentistas. 

La ciénaga se ha ido llenando poco a poco durante demasiado tiempo y se ha actuado con un descaro sin límites, supuestamente en defensa de la unidad de España. Y el olor cada vez es más intenso. El paso previo a hacerse insoportable.



(*) Periodista y ex director de La Vanguardia