Como una venganza desabrida (aunque
inútil) y a modo de provocación ambiental (con ruidosa salva
preelectoral), la corporación municipal aguileña ha querido compensar,
con la aprobación de una nueva híper urbanización costera, el azotazo
que le ha infligido, junto a la lorquina, el Tribunal Superior de
Justicia de la Región de Murcia (TSJ), obligándole a deshacer las malas
artes urbanísticas urdidas cuando ambos municipios se alinearon
fervorosamente con la promoción, por el Gobierno regional, de la macro
urbanización Marina de Cope.
Como
diciendo: «Marina de Cope no se hará, pero nosotros tenemos aquí listo
un sucedáneo de urbanización turística que nos venimos currando solitos
para que quede nuestro nombre vinculado a ella y, de paso, se nos
arrimen los votantes a la proclama del empleo que, junto a los
promotores, entonaremos una y otra vez en el mes de mayo». La nueva
urbanización corresponde a un Plan Parcial (PP) llamado Playa de la
Cola, y este mismo es el nombre de la batalla que se avecina.
Añadiré
(porque la prensa no siempre es suficientemente explicativa) que el
recurso que ha dado lugar a la sentencia del TSJ contra los dos
Ayuntamientos remisos en obedecer al Tribunal Constitucional, ha sido
cosa de Prolitoral (Asociación de Iniciativa Ciudadana y Profesional
para la Defensa Jurídica del Litoral), curtida en hacer frente a otros
disparates (Marina de Cope, Autopista Cartagena-Vera, puerto del
Gorguel) en los que el sentido común, cuando no la política o la
justicia, le viene dando cumplida razón, y que preside, muy
inmerecidamente, este cronista.
El
problema que ahora nos ocupa consiste en dos o tres mil viviendas,
previstas para extranjeros, que pretende incrementar un 150% la
urbanización existente de Calabardina, ya que se adosaría a ella,
contribuyendo a magnificar el error que desde los años 1960 arrastramos
con este último núcleo, porque está contraindicado dar marcha a
entidades sin alma ni autonomía, separadas del casco principal.
Así que
esta es la primera pega que interpondrán los miles de firmas que ya han
empezado a fluir contra esta ocurrencia, y que se incrementarán
sensiblemente en los próximos días. Una dificultad que no es legal, sino
filosófica, incrustada en el 'manual del planificador costero' con este
simple enunciado: el medio natural, rural o costero, hay que dejarlo
para lo que está, agricultura (la civilizada, no la presente, pero ésta
es otra historia), conservación y disfrute general, evitando la creación
de nuevos núcleos no integrados en el principal, ya que resultan
perturbadores, elitistas, abusivos y carísimos.
Para
la 'filosofía turistera' de esta corporación, que tanto viene
decepcionando sobre todo por empeñarse en revitalizar un 'turismo de sol
y playa' que ya suena a franquismo fraguista y casposo, cateto y
humillante, se le interpone además la necesidad de demostrar que esa
urbanización es coherente con el cuidado y la correcta planificación del
suelo municipal, en este caso el más delicado y codiciado, que es el
litoral.
Cuando el paisaje urbanístico existente en ese mismo sector, a
levante de la ciudad, se ha constituido por urbanizaciones a medias que
fueron promesas brillantísimas, incrustaciones de viviendas-nichos del
peor gusto posible y algún enclave cutre y vergonzante que sobrevive
bajo el polvo y el abandono, las novedades urbanísticas que repiten
mentiras aburridas y evidentes, que hieren nuestra tierra, nuestro mar y
nuestra vista, se ven en grandes dificultades para convencer: ya es
demasiado tarde.
Así que,
primero, este PP que promueve la empresa Torreviñas, S. L. y que
pretende aprobar el ayuntamiento de Águilas, tiene que demostrar su
necesidad y su adecuación territorial (y no lo tiene fácil).
En segundo
lugar, no debe vulnerar el interés naturalístico de un estratégico
corredor ecológico que comunica el sistema de Almenara con el litoral
(aunque es verdad que, según todos los indicios, a la corporación
aguileña y al Gobierno regional les importa un pito ese valor
ecológico).
En tercer lugar, tampoco debe vulnerar el alto interés
geológico de la zona, playa y entorno montañoso (aunque es verdad que,
según todos los indicios, a la corporación aguileña y al Gobierno
regional les importa un pito ese valor geológico).
Creo
que lo más grave del alegre atentado ambiental (y ético, al tiempo) que
está dispuesta a perpetrar esta corporación municipal se centra
precisamente en la singularidad geológica de la playa de la Cola, para
la que viene pidiendo en los últimos años, a las instancias autonómicas y
estatales de Costas, una 'regeneración' claramente orientada a regalar a
la urbanización prevista un valor añadido, la playa de arena, sin el
que su interés turístico-crematístico decrecería notablemente.
Pero esa
playa (que, en realidad, nunca ha sido tal) es merecedora de protección
vigorosa, debido a su excepcionalidad geológica, y no de regeneración
destructiva y consumista; dígase lo mismo del mar litoral inmediato, que
se incluye en el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) de la franja
sumergida murciana, y por lo tanto sagrado e intocable.
En
los textos justificativos de la aprobación del PP (en los que se
percibe la vistosa incompetencia del redactor) se relata un cuidadoso
proceso de minimización y trampa en relación con las condiciones
naturales del espacio a urbanizar.
Es decir, que estamos ante un proceso
de aprobación de ese PP (que viene de 2009) profunda y arteramente
viciado por el impulso urbanizador, que ni tiene en cuenta la situación
general de nuestra costa, catastrófica, ni la dignidad que hay que
mantener cuando se trata de negociar con los intereses de promotores,
anteponiendo con claridad los intereses generales, sociales y
ambientales.
El asunto viene de
atrás, sí, pero la corporación actual se empeña en dar los pasos
decisivos para un nuevo atentado en nuestro litoral.
Menos mal que hay muchos aguileños y ciudadanos sensibles para los que las (infames) historias pasadas no deberán repetirse.
(*) Activista social y medioambiental. Ingeniero y profesor universitario jubilado
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