CARTAGENA.- La Asamblea Regional
ha aprobado este martes por unanimidad una moción del PSOE en la que se
pide a la consejería de Fomento e Infraestructuras la firma de un
convenio con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la
Reestructuración Bancaria S.A. (Sareb) y entidades bancarias para que
cedan parte de su parque de viviendas a alquiler social.
La
iniciativa defendida ante la Comisión de Política Territorial, Medio
Ambiente, Agricultura y Agua por la diputada socialista Presen López
remarca que el parque público actual de la Comunidad, compuesto por
2.175 viviendas, es insuficiente para cubrir las necesidades de la
población, recordando que cada año hay más de 3.000 solicitantes de
ayudas para alquiler social.
La
moción también reclama la puesta en marcha de programas para reducir el
número de viviendas deshabitadas fomentando su destino al mercado de
alquiler, y que conste de inmuebles con un alquiler moderado y racional
para atender las necesidades de los hogares con menos recursos.
López
ha recalcado que, aunque la Sareb dispone de 600 viviendas en venta en
la Región, se desconoce cuántas casas tiene en régimen de alquiler en
nuestra comunidad, al tiempo que ha recordado que este organismo estatal
tiene firmados convenios similares para alquilar con precios razonables
con 11 comunidades autónomas y 9 ayuntamientos.
La
moción refleja que el incremento de la demanda de alquiler como
consecuencia de los bajos salarios, la retirada del mercado del alquiler
de viviendas para destinarlas a la venta como consecuencia del repunte
de precios y, en el caso específico de algunas ciudades, el destino
turístico de las mismas, son factores añadidos que están provocando un
importante aumento de los precios, lo que dificulta el acceso a una casa
de familias con escasos recursos.
Por
otra parte, la comisión ha dado luz verde a una moción de Podemos en la
que se insta al Gobierno regional a constituir un Comité de
Participación Social en el que participen los agentes y asociaciones
implicados en la problemática de la Sierra Minera, además de los
ayuntamientos de Cartagena y La Unión, y cuyo objetivo sería orientar
las intervenciones del Plan de Recuperación Ambiental de Suelos
Afectados por la Minería (Prasam).
Asimismo,
la iniciativa también pide la puesta en marcha de un Comité de Expertos
en el que participen los científicos e investigadores que hayan venido
desarrollando un currículum en los problemas de contaminación, medio
ambiente y salud pública de esta zona.
Sin
embargo, el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos ha
hecho decaer el punto en el que la formación morada apostaba por
paralizar la intervención sobre el pantano del Lirio y se priorice el
criterio de salud pública y la cercanía a los núcleos habitados a la
hora de definir las actuaciones.
Por
su parte, el PP ha sacado adelante con el apoyo de todos los grupos,
salvo la abstención de Podemos, una moción en la que pide al Gobierno
central que reconozca el valor estratégico de la caza por su
contribución a la creación y mantenimiento de empleo, a frenar el
despoblamiento rural y al crecimiento económico así como por su
compromiso con la conservación de la biodiversidad.
Finalmente,
la comisión ha aprobado una iniciativa de Ciudadanos en la que pide al
Gobierno regional la ampliación de la cobertura y la frecuencia de
líneas de transporte público al instituto José Planes (Espinardo,
Murcia) para alumnos procedentes de pedanías como Guadalupe, La Ñora y
Javalí Viejo.
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