MURCIA.- El gobierno de la Región de Murcia sigue empeñado en incumplir la normativa, nacional y comunitaria, y la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que proclaman el principio de igualdad y no discriminación entre empleados de la administración, independientemente del carácter indefinido o temporal de su relación contractual, según AIDMUR.
El pasado
mes de noviembre la Mesa General de Negociación de la Función Pública
aprobó la implantación de la carrera profesional en todos los sectores
de la Administración regional, de forma que los funcionarios de carrera
de Administración y Servicios y de Educación comenzarán a percibir
estos complementos salariales de manera progresiva a partir de abril.
De
manera expresa, e incomprensible, se excluye a los interinos del cobro
de dicho complemento, en un ejercicio de cinismo manifiestamente
ilegal que no vamos a consentir.
Desde AIDMUR no
entendemos la actitud de la administración regional, empeñada en negar
la evidencia legislativa y jurisprudencial, y más cuando este gobierno
ya ha sido condenado y avergonzado por el Tribunal Supremo a resultas
de la sentencia ganada por AIDMUR el pasado verano por la cuestión del
impago del verano a los docentes interinos, lo que motivó la derogación
de un acuerdo del Consejo de Gobierno.
Por esta
razón, anunciamos que ya estamos estudiando el ejercicio de las
acciones legales oportunas, tanto administrativas como penales, contra
una norma manifiestamente ilegal e impuesta a sabiendas de su
ilegalidad.
No acertamos a entender cómo es
posible que una administración incumpla consciente y voluntariamente la
normativa constitucional y europea, así como la jurisprudencia, que
consagran el principio de igualdad y no discriminación.
Pensamos que a este gobierno poco le importa el cumplimiento de la
legalidad, y tampoco debe importarle mucho el gasto que va a originar a
los ciudadanos de la Región en litigios ante la justicia.
Asimismo
demuestran un escaso sentido de la responsabilidad y de la vergüenza
cuando saben perfectamente que van a perder ante los tribunales y que
van a tener que hacer frente al pago de cantidades millonarias, e
incluso indemnizatorias, así como el caos que supondrá la actualización
de las correspondientes nóminas a los miles de afectados/as.
Por ello nos preguntamos si estos teóricos responsables políticos
actuarían de la misma forma si estos tuvieran que afrontar personalmente
dichos gastos de su propio bolsillo, pues parecen actuar muy
alegremente con el dinero que es de todos; al igual que ha ocurrido con
la vergonzosa publicación de un libro plagado de faltas de ortografía,
auspiciado por la consejería de agricultura y la de educación, que nos
cuesta la friolera de 150.000 euros, y que no ha pasado por ningún
control ni supervisión.
Y es que esto es lo que
ocurre cuando se da cobertura a determinados chiringuitos, entrelazados
con relaciones personales, y cuando el nivel de nuestros
representantes es tan sumamente bajo, por lo que solicitamos
públicamente que la Asamblea Regional fiscalice la actuación del
programa escolar de consumo de frutas y hortalizas, que aparte de esos
150.000 euros en la edición de esa infame publicación, supone otros
811.000 euros que deberían estar perfectamente justificados, pues de lo
contrario estaríamos hablando de la comisión de graves delitos.
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