MURCIA.- El pasado mes de mayo el pleno de Ayuntamiento de Murcia, con el único voto a favor del Partido Popular, aprobó el avance de la modificación del Plan General de Murcia a propuesta de una conocida promotora urbanística, en las pedanías de Baños y Mendigo, y Corvera. Se trata de tres nuevos sectores ZU-SB-CV5 en Corvera, y ZU-SB-BM13 y ZU-SR-BM14, donde se pretende construir nada menos que casi 9.000 nuevas viviendas en estos “resorts”.
Según cálculos de los ecologistas a partir de la documentación presentada por la mercantil promotora (PROFUSA), la mayor parte de esas viviendas (el 60%, más de 5.000) podrán ser construidas gracias a la cesión como sistemas generales de terrenos forestales que ya están protegidos dentro del Parque Regional de Carrascoy y El Valle, lo cual según esta organización “es un disparate y pura especulación prohibida por la Constitución.
El teletransporte genera para los promotores, sin hacer prácticamente nada, plusvalías 100 veces superiores a las habituales. Es el regreso al urbanismo a la carta del anterior alcalde Miguel Ángel Cámara y un falso regalo”.
De hecho, la propia Consejería de Fomento del gobierno regional ya paralizó un desarrollo urbanístico similar en término municipal de Murcia, en Sangonera La Verde, debido a que “los terrenos situados dentro del Parque Regional de Carrascoy no cumplen los requisitos vigentes establecidos en el art. 116.1 LOTURM, y no está justificada su incorporación ni siquiera como sistemas generales al ámbito de desarrollo propuesto”.
Este desarrollo en Sangonera fue iniciado por esta misma promotora que ahora promueve las tres nuevas modificaciones, si bien posteriormente aparece como impulsora una sociedad mercantil que tiene cerrado el registro mercantil por falta del depósito de las cuentas anuales.
Para la organización ecologista, el colmo de la “desfachatez urbanística” consiste -como sucede en concreto en uno de los tres nuevos sectores propuestos- en que la promotora prácticamente no es propietaria del suelo edificable cuya transformación promueve, pero consigue la edificabilidad gracias a las fincas forestales ya protegidas dentro del Parque.
Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones dentro del trámite urbanístico y medioambiental, denunciando además que uno de los sectores, situado en la pedanía de Corvera (denominado “Cv5”) está íntegramente dentro de una zona protegida por Decreto del Consejo de Gobierno 59/2016, de 22 de junio, por el que se aprueban los planes de recuperación de varias especies de fauna silvestre amenazadas, entre ellas el águila perdicera.
Los ecologistas advierten que aprobar la posible urbanización choca frontalmente con esta protección faunística y exigen coherencia al Gobierno regional, que será quien en su caso apruebe las tres modificaciones del plan general: “No se puede estar un día soltando linces con evidentes fines propagandísticos, y al otro enladrillando las áreas protegidas para la fauna silvestre en peligro”.
El concejal Antonio Navarro Corchón informó en su día de la existencia de un informe de la Dirección General de Patrimonio Natural que “ha justificado su idoneidad por el valor ambiental que tienen los terrenos».
Los ecologistas indican que han solicitado copia de dicho informe y advierten de que “no consentiremos otra Zerrichera, ni otro Novo Carthago”, aludiendo a estos polémicos desarrollos urbanísticos, ambos fracasados.
“Es además irónico que se puedan beneficiar de esta operación los sectores económicos que se oponen a la aprobación de las normativas de ordenación del Parque Natural y que el gobierno regional tiene 30 años bloqueadas”, insisten los ecologistas.
También piden que la tramitación de estas modificaciones se suspenda mientras se tramita el nuevo Plan General de Murcia, ya que en su opinión se está tratando de eludir los cambios que sin duda se avecinan.
Según responsables de la organización, que el Ayuntamiento de Murcia tramite en estos momentos a la vez tres modificaciones del mismo promotor resulta “altamente sospechoso desde el punto de vista urbanístico, ya que lo lógico sería analizar estas operaciones de acuerdo con los nuevos criterios que favorecen el crecimiento denso alrededor de los núcleos ya existentes, que es donde trabaja la gente: la nueva movilidad y otras infraestructuras provocada por estos desarrollos desaforados será inasumible”.
Ecologistas en Acción ha declarado que “estamos a favor de que las fincas privadas dentro del Parque Regional pasen a propiedad pública, pero no al precio de un desarrollo urbanístico insostenible, especulativo y contrario a la Ley del Suelo, sino como el suelo rústico sin apenas valor monetario que es, según las normas de valoración vigentes”.
Justamente hace unos días el Ayuntamiento de Mazarrón ha rechazado la cesión de la isla de Adentro a cambio de otros terrenos mediante una permuta debido a que, según su alcalde, «el valor de la isla es cero», ya que se trata de un espacio natural protegido europeo de la Red Natura 2000, exactamente igual que los terrenos forestales que se quiere vincular a las nuevas urbanizaciones en tramitación.
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