CARTAGENA.- Izquierda Unida ha exigido en el Pleno de Control al Gobierno autonómico celebrado esta mañana en la Asamblea Regional la activación del convenio con grandes tenedores de vivienda previsto en la Ley de Vivienda de la Región de Murcia, al considerar que su paralización por falta de desarrollo reglamentario impide ofrecer alternativas habitacionales a las familias afectadas por desahucios.
Durante la interpelación parlamentaria, el diputado de IU-Verdes, José Luis Álvarez Castellanos, ha reprochado al Ejecutivo de López Miras que mantenga bloqueado el desarrollo normativo de la ley, lo que imposibilita la aplicación efectiva de un mecanismo que obligaría a bancos y fondos de inversión a negociar un alquiler social antes de ejecutar lanzamientos.
"¿Ustedes saben por qué este convenio no se lleva a efecto en la Región de Murcia? Porque no han desarrollado el reglamento que lo regula", ha afirmado el parlamentario de IU, que ha recordado que el plazo legal de desarrollo era de dos años y han transcurrido ya cerca de una década desde la aprobación de la norma.
Álvarez Castellanos ha situado la cuestión en términos de emergencia social, subrayando que en la Región de Murcia se producen "780 desahucios al año, dos al día", y que esta realidad es "evitable si se activan los instrumentos legales ya existentes".
El diputado de IU ha criticado que la actuación del Gobierno regional se base en mecanismos de mediación que considera insuficientes y en soluciones parciales que no resuelven el problema de fondo. "Los colectivos sociales y las movilizaciones solo consiguen aplazar desahucios, pero no eliminan la angustia de las familias. Se necesitan soluciones definitivas", ha señalado.
En su intervención, ha insistido en que la propia Ley de Vivienda regional ya contempla herramientas concretas, como el artículo 59.quater, que permitiría articular convenios con grandes tenedores para garantizar alternativas habitacionales antes de los desahucios.
"El Gobierno regional tiene la solución en su propia ley, pero no la activa", ha subrayado, al tiempo que ha reclamado una explicación "concreta" sobre las razones del retraso en el desarrollo reglamentario.
El diputado de izquierdas ha ampliado sus críticas al bloqueo de otros instrumentos previstos en la norma, como el registro de demandantes de vivienda pública, lo que a su juicio evidencia una falta de voluntad política para desplegar políticas públicas de vivienda efectivas.
En el debate, el consejero de Fomento e Infraestructuras ha defendido la gestión del Ejecutivo regional, apelando a la seguridad jurídica, al papel de la mediación y a las políticas de adquisición y cesión de vivienda social impulsadas desde 2013, además de acusar a la izquierda de generar inseguridad en el mercado del alquiler.
Frente a ello, IU sostiene que el problema no es la falta de herramientas legales, sino su bloqueo político y la ausencia de desarrollo reglamentario que permita su aplicación real.
Álvarez Castellanos ha cerrado su intervención reclamando que se activen los mecanismos previstos en la ley y ha advertido que cada semana hay nuevos desahucios, por lo que "no se puede seguir gestionando este problema con parches administrativos mientras las familias viven situaciones de angustia permanente".
