MURCIA.- Las Marchas de la Dignidad de la Región, que agrupan a más 
de 40 organizaciones y entidades sociales, convocaron una concentración 
este sábado, 15 de octubre, a las 11.30 horas en la Glorieta de Murcia 
para protestar contra los tratados de comercio que la UE negocia con 
Estados Unidos y con Canadá, al entender que supondrían implantar en los
 países europeos prácticas "peligrosas" de los países del otro lado del 
Atlántico que "ahondarían en la privatización de sectores, eliminarían 
derechos de los ciudadanos y pondrían en riesgo la salud".
El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) 
con Estados Unidos, el acuerdo de libre comercio con Canadá (CETA) y el 
Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA) afectarán a "toda la 
economía de la Región de Murcia, porque va a cambiar en función de lo 
que digan las multinacionales", pero también influirá en sectores como 
la agricultura, ganadería, la pesca, el sector servicios, los sectores 
públicos y el sector medioambiental, "ya degradado", según advirtió el 
portavoz de las Marchas de la Dignidad, Ginés Fernández.
Por todo ello, Fernández animó a todos los ciudadanos a dar 
"el do de pecho" el 15 de octubre para decirles a los gobernantes 
regionales, estatales y europeos "que no queremos tratados que quiten 
derechos; que estamos en contra de las políticas de la UE y de la 
austeridad y que queremos vivir con dignidad", tal y como declaró en una
 rueda de prensa ofrecida junto al representante de USO, Pepe Sáez, y de
 Greenpeace Murcia, Félix Pina.
Esta protesta se enmarca en la Semana internacional de la 
lucha contra la pobreza, el TTIP, el TISA y el CETA, que tiene 
convocadas más de 50 movilizaciones en capitales y grandes ciudades de 
toda España el 15 de octubre.
En concreto, la movilización va dirigida "contra unos 
tratados que se están negociando por unas élites económicas y políticas 
que se han puesto del lado del capital y grandes multinacionales, en 
contra de las instituciones españolas y europeas, a espaldas del pueblo y
 de la mayoría social de los ciudadanos del conjunto de los países a los
 que van a afectar los tratados". 
En concreto, señaló que los sectores afectados pertenecen, 
fundamentalmente, al ámbito público, como la Sanidad, en la que "se 
primará la privatización". En la Educación, se "culminará la 
privatización de lo poco que quede y se regulará a la baja las 
condiciones que ahora mismo tienen esos sectores", según Fernández, 
quien lamentó que se verán "eliminados o mermados" los derechos de los 
ciudadanos que hoy conocemos, "conseguidos con décadas y siglos de 
lucha".
Se trata, según Fernández, de ahondar en la línea emprendida
 por la UE y las instituciones internacionales como el Fondo Monetario 
Internacional o el Banco Mundial de "ir eliminando derechos con la 
excusa de la llamada austeridad, que no es otra cosa que eliminar 
permanentemente derechos para que el gran capital siga acumulando 
riqueza en detrimento de una distribución de la riqueza".
Por su parte, el representante de Greenpeace Murcia en las 
Marchas de la Dignidad, Félix Pina, advirtió de que muchas de las leyes 
que tienen actualmente los países de la UE "se van a ver como barreras 
técnicas para el comercio", y citó como ejemplo la regulación de la 
extracción de combustibles fósiles o el 'fracking', que "son legales en 
Estados Unidos".
Pina también explicó que estos tratados podrían suponer la 
utilización en la UE de nuevos productos químicos "peligrosos" tanto en 
la limpieza como en la cosmética que son legales en Estados Unidos.
En el caso de la Región de Murcia, señaló que se vería 
especialmente afectada por la entrada de nuevos pesticidas, plaguicidas y
 cultivos transgénicos, porque la legislación a este respecto en los 
Estados Unidos "es menos estricta que en la UE". Esto supondría "la 
incorporación de nuevos tóxicos a nuestros platos y un perjuicio a 
nuestra salud".
Al aprobar el TTIP, CETA y TISA, "se pondrían en marcha 
nuevos tribunales independientes en los que las empresas, en el caso que
 sus inversiones se vean perjudicadas por la ley de un gobierno europeo,
 podrían demandar al país respectivo y reclamar las indemnizaciones 
correspondientes".
Por su parte, Sáez advirtió que la administración de 
Justicia ordinaria "no va a mandar nada, ya que se va a constituir un 
comité arbitral en el que van a estar representados los que firman estos
 tratados, y son los que van a decidir".
Sáez señaló que la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) tiene ocho convenios fundamentales, cuatro de ellos prioritarios, y
 117 de carácter técnico.
En este sentido, la UE tiene los ocho convenios 
fundamentales suscritos, mientras que los Estados Unidos solo tiene dos 
de ellos firmados y no está adherido, por ejemplo, al convenio sobre 
libertad sindical y protección de derecho de sindicación, el convenio 
sobre igualdad y remuneración, el convenio sobre la discriminación en el
 empleo y la ocupación.
Además, según lo que se filtró a la opinión pública de los 
tratados, los Estados Unidos "podrían incluso desplazar trabajadores 
temporalmente a los países europeos".
De los 177 convenios técnicos, Estados Unidos "solo tiene 
recogidos 11, lo que crea una divergencia laboral que mucho nos tememos 
que, al final, conducirá a su no aplicación", advirtió. Entre ellos, por
 ejemplo, se encuentran convenios sobre la edad mínima en la agricultura
 o sobre colocación de la gente del mar, que fueron ratificados hace 
tiempo por los países de la UE.
"Las multinacionales para las que este tipo de legislación 
no sea aplicable, al final van a ejecutar la regulación que ellos tienen
 suscrita", según Sáez, quien lamentó que esta situación "va a provocar 
un desequilibrio en las relaciones laborales y en perjuicio de los más 
necesitados, que son los trabajadores".