Las ventas de coches usados crecen un 17% en abril en Murcia

MURCIA.- Las transferencias de turismos y todoterrenos usados crecieron un 16,8% en Murcia en el mes de abril en comparación con el mismo mes del año pasado, hasta situarse en las 5.698 unidades, según datos de la consultora MSI para la patronal de los concesionarios Faconauto.

En el acumulado del año, las ventas en Murcia se incrementan un 2,8% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, hasta alcanzar 21.797 unidades. Con este dato, la previsión para el cierre de año se mantiene en algo más de dos millones ventas, lo que representaría un crecimiento del 5%.

La tendencia alcista del mercado sigue debiéndose básicamente al buen momento que atraviesan las transferencias de modelos de hasta cinco años, con los de 0 a 3 años creciendo un 24,1% y los de 3 a 5 un 29,4%.

Los usados de esta franja de edad suponen ya cerca del 25% de todas las transferencias, y se están viendo favorecidos por la llegada al mercado de unidades automatriculadas por parte de los concesionarios.

Por su parte, los vehículos de ocasión que van de 6 a 10 años vieron caer sus ventas un 6,7% y los de más de 10 volvieron a crecer el mes pasado (20%) para acaparar el 61% de todas las transferencias.

Los concesionarios volvieron a ser protagonistas de este mercado, al incrementarse sus ventas un 36,2%, muy por encima de otros canales de comercialización, como el de los compra-venta, que creció un 16,1%, o el de empresas, que lo hizo un 12,6%.

Conferencia mañana martes por la tarde en la UMU sobre el almirante Cervera

MURCIA.- Una conferencia sobre la figura histórica del Almirante Cervera, la pronunciará su bisnieto y doctor en Economía e Historia Contemporánea Ángel Luis Cervera Fantoni,  profesor universitario, escritor especializado y creador de la web www.almirantecervera.com, mañana martes, 15 de mayo, a las 19.30 horas, en el Aula 'Antonio Soler' del campus de La Merced de la Universidad de Murcia organizada por el colectivo cultural 'Capuchinos 53' .

La entrada es libre hasta completar el aforo del aula.

La Consejería de Agricultura se suma al optimismo del sector en el inicio de la campaña de fruta de hueso

MURCIA.- La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca se suma al optimismo del sector de la fruta de hueso por las buenas previsiones que ofrecen los datos del inicio de la campaña de recogida, según informó hoy el consejero Miguel Ángel del Amor, durante su visita a varias fincas de Fortuna, Cieza y Abarán.

Según explicó, "la buena calidad de la fruta y un retraso en la recolección influye positivamente en la demanda y en el buen ambiente en el arranque de campaña", aunque recordó que "los primeros cálculos apuntan a algunas mermas por los episodios de frío en febrero y granizo en mayo".

El consejero señaló que "este sector es uno de los motores sociales, económicos, de crecimiento y de creación de empleo regional" y aprovechó su visita para comprobar las características valoradas por los mercados internacionales como el estado, calibre, aspecto y sabor del producto.

Las heladas y los episodios de pedrisco han causado importantes daños que han reducido la cosecha de fruta extratemprana y temprana de melocotón, nectarina, paraguayos y ciruela, aunque el albaricoquero y el cerezo aumentan su producción.

Se prevé que en esta campaña el albaricoque aumente un 7 por ciento su producción; el cerezo, un 7,8 por ciento; el grupo melocotonero, que incluye a los melocotones, nectarinas y paraguayos, se reduzca un 19,6 por ciento; y el ciruelo, sufra una merma del 21,8 por ciento.

En 2017, el volumen de exportación del sector agroalimentario superó los 4.200 millones, eso supone el 40 por ciento del total de las exportaciones regionales y representa un incremento con respecto al año anterior.

En esta línea, el consejero destacó el gran trabajo que hace el sector. "Sigue demostrando su capacidad, su alto nivel de tecnificación, su eficiencia y su capacidad de superar las dificultades", e indicó que, "a pesar de las dificultades a las que se enfrenta, principalmente por la falta de agua, desde el Gobierno regional trabajamos para lograr ese gran Pacto Nacional del Agua que solucione para siempre este déficit estructural que afecta a la Región".

La Junta de Gobierno de CT recurre en alzada el cambio de criterio en la protección de la antigua Prisión de San Antón

CARTAGENA.- La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartagena, reunida hoy con carácter extraordinario, bajo la presidencia de la alcaldesa, Ana Belén Castejón, ha acordado recurrir en alzada la incoación del expediente para la declaración de la antigua prisión de San Antón como bien inventariado, al apreciar un ostensible cambio de criterio en cuanto al alcance de la protección de este edificio, según ha informado el concejal de Cultura, Educación y Juventud, David Martínez.

El recurso se basa precisamente en la disparidad de criterios de los técnicos de la dirección general, ya que en un primer informe, que dio pie a la incoación del expediente en marzo de 2017, se protegía con carácter cautelar el pabellón de acceso, el pabellón de reclusos y las cinco garitas que rodeaban el muro, que podrían ser rehabilitados y adaptados a nuevos usos aunque sin modificar sus condiciones volumétricas.

La inactividad de la administración autonómica en este asunto, provocó la caducidad del  expediente en abril de 2018, fecha en la que volvió a retomarse con un nuevo informe que ya solo se limitaba a proteger el pabellón de oficinas con el jardín de acceso a vehículos, el muro exterior perimetral y las cinco garitas del inmueble, precisando que el muro exterior podía ser rebajado a su cota originaria y teniendo una o dos entradas suficientes para el acceso de vehículos, según necesidades de la propiedad.

A juicio de la Junta de Gobierno este cambio de criterio en cuanto al alcance de la protección, que deja precisamente fuera un elemento tan fundamental y característico de la cárcel como el pabellón de reclusos, no se encuentra debidamente motivado.

Para la Junta de Gobierno, resulta igualmente contradictorio que se inicie un procedimiento para inventariar la antigua Prisión de San Antón por su valor cultural como ejemplo de arquitectura carcelaria, único centro penitenciario construido durante la ll República en la Región y que contribuye a conocer la evolución arquitectónica de las cárceles y penales, para luego dejar desprotegido por su “poca relevancia” precisamente el pabellón de reclusos, y sin embargo proteger los muros y la oficina administrativa.

Según ha señalado el concejal David Martínez, no se puede aducir que el recinto carcelario es muy sobrio y sin elementos destacados, porque que un edificio de estas características no se caracteriza por su ornamentación, sino por su significación simbólica que implica sobriedad y funcionalidad.

Tampoco el avanzado estado de degradación del pabellón de reclusos para no protegerlo, ya que hay numerosos edificios catalogados e inventariados en el casco antiguo de Cartagena, cuyo estado de conservación es prácticamente ruina técnica y por ello no dejan de estar protegidos.

Para el gobierno municipal tampoco es argumento para la desprotección de las antiguas celdas el hecho de que la percepción general para los no reclusos era el de un recinto fuertemente custodiado por muro y garitas, con un edificio administrativo de entrada y que todo lo interior quedaba por tanto oculto a la vista, ya que una cárcel se caracteriza, sin duda, por un muro perimetral con garitas de vigilancia, pero sobre todo por un conjunto de celdas para la reclusión de los presos que es su principal funcionalidad y aunque los calabozos no se vean desde el exterior - lo que es propio- son sin duda una referencia intelectual imprescindible para identificar un edificio carcelario.

A todo esto, según el concejal, habría que añadir el relevante valor histórico, dado que en la Región de Murcia están catalogadas por su relevancia cultural varias cárceles y prisiones que favorecen la lectura histórica de la evolución arquitectónica de los centros penitenciarios como son las cárceles concejiles de Cehegín, de partido en Totana, eclesiástica del Obispado de Murcia, de la dictadura de Primo de Rivera en Murcia, de la inquisición en Murcia, cárceles militares, etc...

Así pues, ha añadido el concejal incluyendo la Prisión Central de Cartagena, se cierra el círculo de inmuebles de esa tipología en la Región, incluyendo una cárcel construida durante la II República.”

El concejal ha subrayado que a la luz de los contenidos de ambos informes técnicos no hay justificación expresa en el segundo informe, ni otra documentación en el nuevo expediente, para el cambio de criterio en cuanto a los elementos que son objeto de protección.

El recurso se ha planteado por el Gobierno municipal dentro del plazo de un mes fijado por la nueva resolución de incoación de este expediente.

'Ecologistas en Acción' reclama a la Consejería que no se renueve la autorización a 'Ecoembes'

MURCIA.- Ecologistas en Acción ha presentado una serie de alegaciones ante la Dirección General de Medio Ambiente, reclamando que no se le renueve la autorización a Ecoembes por la ineficiencia y las bajas tasas de reciclaje del sistema, el cual además se centra exclusivamente en el reciclaje, sin explorar otras vías como la reducción o la reutilización.

La organización ambiental considera que la implantación de un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de envases (SDDR) constituiría una mejor alternativa. 

Con ella se conseguiría, por un lado, reducir la cantidad de residuos de envases generada, lo que conllevaría un menor volumen de residuos urbanos a recoger y gestionar, y por otro una gestión más eficiente y sostenible de los envases y residuos de envases, por lo que bajarían sustancialmente los actuales altos porcentajes de residuos reciclables que acaban en vasos de vertedero o en el medio natural. 

De hecho, la organización ha podido constatar a lo largo de años de limpiezas en entornos naturales, que el residuo más presente son los envases de bebidas y bolsas de aperitivos de un solo uso (botellas de agua, latas de cerveza, refrescos, zumos, bolsas de patatas, etc.), fundamentalmente los de plástico, seguidos de metal y algo de tetrabrik y vidrio.

Por ello consideran que la administración regional, en el ámbito de sus competencias, debería implantar un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de envases (SDDR), de manera que se reduzcan los envases plásticos y metálicos de un solo uso, que se convierten directamente en residuo y que son los que más se abandonan en el medio natural o acaban en los vertederos sin ser reciclados. 

Se podría reducir un gran porcentaje de la basura marina, y mejorar las tasas de reutilización y reciclaje de envases.

Por otro lado, el reciclaje que se consigue dentro de los sistemas DDR es de alta calidad, con una bajísima proporción de impropios, con lo que se garantiza su reincorporación a la economía circular.

Así, a la organización ecologista le preocupa que en la solicitud de Ecoembes no aparecen reseñadas las Especificaciones Técnicas para Materiales Recuperados (ETMR) en las Plantas de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB) de Cañada Hermosa, Ulea y Lorca. 

Las ETMR de los diversos materiales (PET, PEAD, Film, Plásticos mezclados, etc.) son muy laxas, y contradictorias con las especificaciones técnicas del ISRI en 2017[1], lo que impide que esos materiales reciclados de baja calidad puedan aportarse al mercado internacional de materiales reciclados. 

Es imprescindible que la Autoridad Ambiental exija unas especificaciones técnicas a esos materiales recuperados en las plantas TMB para evitar que queden fuera del mercado secundario de materiales o acaben incineradas en los numerosos incendios que últimamente se producen en plantas de reciclado o almacenamiento de residuos.

Tampoco aporta Ecoembes, en su solicitud de renovación, información sobre el reciclaje de residuos de envases conseguido en la Región de Murcia. Esto supondría el incumpliendo el art. 8.2 del Reglamento de la Ley de Envases, aprobado por el RD 782/1998 de 30 de abril. En este sentido, la organización ambientalista advierte que el “reciclaje” de envases en la Región de Murcia es muy inferior al alcanzado en todo el Estado español, por lo que se deberían implantar medidas para mejorar esa tasa de reciclaje en la Región de Murcia.

Así, Ecologistas en Acción considera poco creíble la afirmación de Ecoembes en cuanto a que el porcentaje de residuos de envase reciclados a nivel estatal se sitúe en el 76%, y ponen como ejemplo la realidad del reciclaje del papel/cartón descrita por Aspapel. 

En este último caso es sorprendente que Ecoembes indique que “recicla”, ella sola, unos 15.574 kg de envases de papel-cartón, ya que supone una cantidad de toneladas mayor de las que declara la patronal Aspapel para todo el papel reciclado en la Región de Murcia en 2015, cuando Ecoembes solo se hace cargo de la gestión del 40% del contenido del contenedor azul de recogida selectiva del papel-cartón, ya que consideran que ese porcentaje es el que corresponde a envases de papel y cartón (que es lo que gestiona Ecoembes), y el resto son papel/cartón cuya procedencia no es envase.

Por otra parte, el canon del “Punto Verde”[2] debería contemplar los envases ligeros no solamente el peso y tipo de material (plástico, metal, cartón o vidrio), como se hace actualmente, sino que también el número de unidades de envase, para penalizar los envases monodosis o de pequeño tamaño que difícilmente se recuperan en las plantas y acaban masivamente en los vertederos.

---

[1] Convención del Institute of Scrap Recycling Industries (Instituto de Industrias de Reciclaje de Residuos).  http://www.isri.org/

[2]El punto Verde indica que el envase forma parte de un sistema integrado de gestión y que la empresa ha pagado el coste de recogida selectiva para que el envase entre en el circuito del reciclaje y no acabe en vertedero. El coste varía en función del tipo de material (plástico, cartón, metal…).

Podemos pide que los Ayuntamientos "tengan fondos propios" de la CARM para paliar su déficit estructural

CARTAGENA.- Óscar Urralburu, portavoz parlamentario de Podemos en la Asamblea Regional, ha señalado que una de las primeras cuestiones a abordar en la financiación local es la definición de las "competencias impropias" de cada corporación local. Como paso previo a la ley que se va a trabajar en la ponencia, Podemos solicitará que los Consistorios emitan un informe sobre "competencias impropias asumidas y el coste que suponen las mismas".

Urralburu ha explicado que como comienzo de los trabajos, cada Ayuntamiento debería aportar una memoria del déficit de financiación estructural de sus cuentas y una memoria que determine las "inversiones esenciales" que entiende que desde el punto de vista de la administración local deben implementarse.

Por ello, el portavoz parlamentario de Podemos ha asegurado que una vez que se conozcan estos datos, "ya podremos articular una ley eficaz que contemple los datos concretos con los que calcular la dotación de fondos para el desarrollo de competencias impropias. Aparte, así conoceríamos el déficit estructural e inversiones, así como las fuentes de financiación, entre las cuales, además de las que provengan directamente del presupuesto de la CARM deben barajarse otras opciones".

Entre las opciones que ha puesto encima de la mesa, Óscar Urralburu, se encuentran " la renegociación de las cantidades asignadas a la Región para el sistema de financiación local. Otra es la aprobación de un plan plurianual de inversiones en la administración local que se incluya en años sucesivos en los presupuestos de la comunidad. 

Por último, obtener nuevos recursos por parte de la carm para favorecer la asunción de déficits estructurales de financiación e inversiones que afecten a varios municipios, fundamentalmente con el establecimiento de tributos medioambientales y con la búsqueda de fondos europeos de desarrollo local o comunitario".

Podemos va a proponer que se desarrollen las comarcas como entidades, y que dentro del Estatuto se desarrolle una ley que las regule. La idea es, según Urralburu, "no la creación de nuevos entes administrativos que generen mayor gasto y menor eficiencia sino un acercamiento de las instituciones entre ellas y a su vez a la gente. Trabajarían para coordinar los recursos conjuntos -que afectan a carm y ayuntamientos-, prestación de servicios comunes y sobre todo para corregir desequilibrios y desigualdades entre municipios".

José López (MC) insta al Puerto de Cartagena a que financie el traslado del Depósito Franco a 'Los Camachos'

CARTAGENA.- El secretario general de MC y ex alcalde, José López, ha valorado hoy los anuncios realizados por las administraciones superiores a lo largo de las últimas semanas que han acrecentado una sensación "del nuevo bombardeo que está sufriendo Cartagena en materia de infraestructuras que amenaza con suponer otros cuarenta años de aislamiento".

En este sentido, y en relación al nuevo retraso en la llegada de la Alta Velocidad, ha subrayado que "los grandes partidos se dedican a hacerse el juego. Se inculpan y exculpan del AVE, indistintamente, en una partida mediática que perjudica, como siempre, a la Comarca del Campo de Cartagena".

Ha añadido que "en MC tenemos claros todos los frentes. También aquellos que pretenden silenciar; como los peajes de nuestras autopistas, el desvío del Corredor Mediterráneo, y el frenazo a la ZAL".

A continuación, José López ha acotado la actualidad profundizando en la futura ZAL de Los Camachos al aseverar que "no nos conformamos con el retraso anunciado por López Miras. Reclamamos la inmediata instalación del Depósito Franco en el Polígono Industrial de Los Camachos, cuestión que ya propuse durante la reunión del Consorcio de esta infraestructura en noviembre de 2016".

Así, ha manifestado que "el Puerto de Cartagena no debe financiar las grandes infraestructuras, pues corresponde al Ministerio hacerlo, aunque PP y PSOE prefieran fuegos de artificio o juegos florales, según el día, para distraer la atención".

Por lo que respecta a la Zona de Actividades Logísticas, el dirigente cartagenerista ha afirmado que "debe ser una realidad tangible. El Puerto debe invertir en la mejora de su actividad comercial y económica en beneficio de la Comarca. 

Por eso, le reclamamos que financie, completa e inmediatamente, el traslado del Depósito Franco a Los Camachos, impulsando un proyecto que retrasan de modo torticero durante quince años".

Una tarea, que en opinión de López, brinda a Joaquín Segado "una oportunidad de trabajar por Cartagena, aunque le duela. El Puerto de Cartagena, ante la negativa de López Miras y el PP, debe liderar ese traslado. No hay excusas. Y esta tarde tiene una gran oportunidad de organizarlo con la Consejería y el INFO, con quienes se reúne".

Ciudadanos de Lorca pide explicaciones por un desfase de 100.000 euros en las cuentas de 'Lorcatur'

LORCA.- Ciudadanos Lorca ha pedido al Equipo de gobierno del PP que "aclare cuanto antes" dos aspectos de la empresa pública Lorcatur detectadas tras casi cuatro meses de trabajo junto con los responsables de la mercantil pública. 

"Una vez comprobados los ingresos y gastos facilitados por la empresa, hemos detectado un déficit en las cuentas de más de 100.000 euros, que hasta ahora no se ha podido justificar. Queremos, en aras de la transparencia, comprobar si se debe a una reducción de los ingresos o haber incurrido en un aumento de los gastos extraordinario", ha apuntado el edil naranja Antonio Meca.

Ciudadanos ya solicitó el pasado 26 de abril solicitamos los extractos bancarios de las cuentas de la sociedad Lorcatur S.A.U. del ejercicio 2017, y la respuesta del equipo de Gobierno, recibida el pasado 10 de mayo, fue ninguna documentación y sí una nueva reunión -la quinta ya- en las oficinas de Lorcatur en presencia de la Gerencia y la Intervención de esa entidad.

Meca considera que para ejercer la labor de control y fiscalización necesaria, "es imprescindible contar con la documentación adecuada", y considera que si el equipo de Gobierno "sigue ocultándola daría a entender una falta de transparencia que nos obligaría a acudir al contencioso-administrativo para conseguir la documentación necesaria para la fiscalización de una empresa pública en defensa de los intereses de los ciudadanos". 

El edil también quiere conocer el origen, destino y finalidad de una transferencia mensual por 2.103,54 euros bajo el concepto 'Traspaso Lorcatur a Gerencia': "Queremos saber a qué cuenta se transfiere esa cantidad económica mensual, que parece ser una nómina, ya que se repite todos los meses por una misma cantidad. Queremos saber igualmente el objeto de ese pago y eso solamente es posible comprobando los extractos bancarios de la empresa pública que no nos quieren facilitar", ha añadido Meca.

Lorcatur aclara las dudas

Ante las dudas y críticas vertidas por Antonio Meca contra Lorcatur, desde esta empresa se desea aclarar lo siguiente:

1)      Se ha inventado un desfase totalmente falso, tras manipular cifras atribuyéndose conocimientos de contable y confundirse. Se le ha explicado y aclarado individualmente todo por parte de los técnicos y asesores externos de la empresa, durante cuatro reuniones al efecto desarrolladas en los últimos meses, alguna de ellas con una duración superior a las cinco horas.

2)      Antonio Meca es conocedor de la existencia de las auditorías anuales de Lorcatur, y ha ocultado deliberadamente sus conclusiones positivas. De hecho el pasado jueves rehusó asistir a la reunión que el mismo había solicitado para conocer los extractos bancarios que dice querer revisar, y que jamás se le han ocultado.

3)      Hemos de señalar, además, que se le ha explicado personalmente el informe de tesorería de Lorcatur que ratifica, en términos contables, que las cuentas están debidamente supervisadas, fiscalizadas y no existe ningún desfase.

4)      En cuanto a la transferencia mensual a la que se refiere, se trata de un traspaso entre dos cuentas de la empresa que se realiza mensualmente desde hace casi 20 años para atender el pago de los recibos que la empresa tiene domiciliados, algo que también se le explicó, y que ha ocultado con muy mala intención.

5)      En cualquier caso seguimos a su disposición para atender y aclarar cualquier cuestión que este Sr. no haya comprendido, y confiamos sinceramente en que estas declaraciones no constituyan una campaña de desprestigio contra la imagen turística de Lorca.

El 94% de los nuevos alumnos consigue plaza en el colegio elegido en primera opción

MURCIA.- El 94 por ciento de los niños nacidos en 2015 que se escolarizarán por primera vez el próximo curso 2018/19 ha conseguido plaza en el colegio elegido en primera opción. La Consejería de Educación, Juventud y Deportes recibió en total 37.300 solicitudes de escolarización en escuelas Infantiles de 0 a 3 años, colegios de Infantil y Primaria y centros de Secundaria y Bachillerato. De ellas, 15.500 solicitudes son para ocupar los puestos escolares de nueva escolarización en primer curso de Segundo Ciclo de Educación Infantil.

La consejera Adela Martínez-Cachá informó hoy sobre el proceso de escolarización para el próximo curso en Infantil y Primaria, en el que "se ha alcanzado un récord histórico en la consecución de plaza escolar en la primera opción".

Al respecto, explicó que "el baremo diseñado por la Comunidad y la supresión de zonas escolares dentro de los municipios contribuyen a que un mayor número de familias consiga escolarizar a sus hijos en el colegio que eligen en primer lugar".

Para el próximo curso la Región de Murcia registra un descenso de 460 niños censados que se incorporan a segundo ciclo de Infantil (se escolarizará a los niños nacidos en 2015).

El pasado jueves se hicieron públicos el baremo y la adjudicación provisionales de colegio y se abrió plazo para presentar alegaciones hasta el 23 de mayo. 

El próximo 1 de junio se publicará la adjudicación definitiva y se abrirá un plazo de cinco días (del 1 al 5 de junio) para que las familias realicen en los colegios la matrícula de los nuevos alumnos de Infantil y Primaria.

 Toda la información referente al proceso de admisión 2018/19 se encuentra en la web http://www.educarm.es/admision.

Menos alumnos por aulas

La titular de Educación afirmó que "el Gobierno regional trabaja para continuar disminuyendo el número de alumnos por aula de forma progresiva para mejorar la calidad de la enseñanza, apostando por una docencia más individualizada, que repercuta en el aumento del éxito escolar".

Así, el próximo curso descenderá la ratio en Infantil a 21,3 alumnos por aula, donde se mantienen las mismas unidades a pesar del descenso de la natalidad. Por su parte, en Primaria la ratio será de 22,5 alumnos por aula.

Con esta nueva reducción en Educación Infantil el próximo curso, la ratio media por aula desciende más de 2 puntos en los últimos dos cursos, y pasa de 23,7 a 21,3 alumnos.

Por otra parte, la ratio profesor/alumno se sitúa en la enseñanza pública en 16,8 alumnos por maestro de Infantil y Primaria yen 11,5 alumnos por profesor de Secundaria y Bachillerato.

 Estos datos, valoró Martínez-Cachá, "reflejan el trabajo y la inversión que destinamos a contar con más y mejores docentes para atender el sistema educativo en la Región".

En este sentido, la titular de Educación explicó que "el objetivo del Gobierno es optimizar y gestionar los recursos públicos y ampliar las unidades en aquellos centros que cuentan con una mayor demanda". 

Las unidades se asignan atendiendo a las solicitudes de las familias y al número de aulas de que disponen los centros, con iguales criterios para centros públicos y concertados. Las familias han podido solicitar plaza en igualdad de condiciones en todos los centros sostenidos con fondos públicos.

Por último, la consejera anunció que se han registrado un total de 5.397 solicitudes válidas para las oposiciones a una plaza de profesor de Secundaria, que se celebrarán el 23 de junio. Este año se han convocado 506 plazas, lo que supone "la mayor oferta de plazas desde el año 2010".

La titular de Educación incidió en que "la Comunidad ha diseñado por primera vez un plan plurianual con 3.000 plazas distribuidas en cuatro convocatorias, para dar seguridad a los opositores de la Región", lo que supone "otro ejemplo de la apuesta del Gobierno regional por una enseñanza de calidad".

El PSRM exige la retirada inmediata del nuevo proyecto del AVE a su paso por el municipio de Totana

CARTAGENA.- El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista y ex alcalde de Totana, Alfonso Martínez Baños, ha presentado una moción en la Asamblea Regional en la que exige la retirada inmediata del nuevo proyecto de trazado del AVE a su paso por el municipio de Totana, dejando sin efecto su aprobación o publicación en el BOE y medios de comunicación.

Martínez Baños reclama que se continúe con el trazado anterior, al considerarlo menos perjudicial para los intereses generales del municipio de Totana y para los vecinos y vecinas afectados.

El viceportavoz socialista hizo alusión al anuncio realizado recientemente por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), sobre la modificación de forma unilateral del trazado del AVE a su paso por el municipio de Totana. "Adif ha tirado a la papelera el proyecto anterior, que aunque no era el mejor para el municipio, era mucho menos lesivo del que pretenden llevar a cabo ahora, saltándose las negociaciones y modificaciones de hace ocho años".

Martínez Baños aseguró que el nuevo trazado destroza viviendas y zonas como Lebor, La Capellanía o Las Suertes, a las que condena a la marginalidad, además de modificar, sin sentido lógico alguno, la ubicación de la futura estación de cercanías que sustituirá a la actual.

Denuncia, asimismo, que en Totana, el AVE solo está generando perjuicios y quebraderos de cabeza. "La modificación del Proyecto de Trazado que pretende Adif traerá más caos sobre una situación que ya era complicada". Todo este desaguisado pretenden hacerlo añade- con el argumento de elevar la punta de velocidad a su paso por el término municipal de Totana. "Nos parece un auténtico desatino, porque los daños por elevar unos kilómetros de velocidad se harían a costa de la muerte de zonas agrícolas y viviendas de primera residencia".

En su opinión, también es muy grave que el ayuntamiento de Totana se haya tenido que enterar del nuevo trazado y de supuestas reuniones con Adif a través de los medios de comunicación. "Un gesto que demuestra falta de respeto y de transparencia e información a los vecinos en general y a los afectados directamente en particular, una actitud muy difícil de entender y que alguien debería explicar".

Por ello, Martínez Baños reivindicó que cualquier propuesta de trazado nuevo cuente con el conocimiento y beneplácito del Pleno del Ayuntamiento, así como con la aprobación de los vecinos y vecinas de Totana.

El PP anuncia un pacto nacional sobre agua con sus barones, que asegura transferencias de caudales sobrantes

MADRID.- El Partido Popular presentará «en pocos días» un documento sobre agua acordado con sus presidentes autonómicos y en el que se detalla cómo distribuir los recursos hídricos en España, que incluye asegurar la atención de las demandas en las cuencas deficitarias a través de trasvases. 

La dirección nacional del PP y la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, llevan meses negociando con sus líderes territoriales una posición común en un asunto que tradicionalmente ha enfrentado a las comunidades del Levante, como Murcia y Valencia, con autonomías como Castilla-La Mancha y Aragón.

El agua fue precisamente uno de los temas que se acordaron impulsar en la comida de trabajo que Mariano Rajoy celebró el pasado 12 de febrero en la sede del partido con los barones del PP. 

De ese encuentro salió también el compromiso de redactar propuestas en materia de financiación autonómica y demografía. Sin embargo, los populares consideran que el agua es «una cuestión de Estado» y por eso hacen hincapié en la necesidad de lograr un acuerdo con los principales partidos de la oposición, en especial el PSOE, ya que gobierna en siete comunidades.

Además, es un compromiso recogido en el programa con el que el PP se presentó a las elecciones generales de 2016, en el que prometía negociar un Pacto Nacional del Agua, «cuyo objetivo sea cumplir los compromisos asumidos con la UE, asegurar la atención de las demandas en las cuentas deficitarias del país y evitar la sobreexplotación de determinados recursos, así como dotar al sistema español de gestión del agua de la suficiente estabilidad y solvencia financiera». 

Todo ello, añadía, desde una perspectiva de solidaridad y equilibrio territorial. En su programa, el PP apostaba por un plan estatal del agua y un sistema integral de gestión que incluía las medidas necesarias para la «coordinación y aplicación de los planes hidrológicos de cuenca», incorporando además recursos como el agua desalada.

De hecho, la propia Isabel García Tejerina ya subrayó la semana pasada en Murcia la necesidad de alcanzar un «gran acuerdo por el futuro del agua» que incluya «infraestructuras» que garanticen interconexiones dentro de las mismas cuencas y «acopio de recursos» entre cuencas. 

También el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, afirmó recientemente en Murcia que «el trasvase forma parte de la realidad para garantizar el agua a los regantes» en territorios como la región murciana, Alicante o Almería. Por eso, afirmó que el acuerdo interno del PP incluirá los trasvases y estará basado en la «solidaridad» y el «consenso».

Fuentes del PP admiten que el término trasvase suele recordar la guerra que se abrió con el acueducto del Ebro aprobado por el segundo Gobierno de José María Aznar y derogado por el Ejecutivo socialista de Rodríguez Zapatero. 

Por eso, en las filas del PP hay quien prefiere hablar de transferencias, dando prioridad a la cuenca cedente.

Podemos pide en la Asamblea fijar las reglas de funcionamiento del Comité Científico del Mar Menor

CARTAGENA.- La diputada regional de Podemos, María Giménez, acusó este lunes al Gobierno regional de no tener en cuenta las opiniones del Comité Científico del Mar Menor a la hora de llevar a cabo determinadas actuaciones, así como de obviar «reiteradamente» algunos de los informes que emite este órgano de forma «rigurosa» y de intentar «manipular y tergiversar» lo que dicen sus miembros asumiendo en todo momento su portavocía, entre otras cosas.

Por todo ello, Podemos presentó este mismo lunes una moción en la Asamblea Regional en la que pide un debate «claro y contundente» sobre cuáles deben ser las reglas de funcionamiento del Comité para que el Gobierno regional «se sienta interpelado y obligado a cumplirlas escrupulosamente», según anunció Giménez, quien espera que este debate sea ordenado a la «mayor brevedad posible».

El objetivo de la moción presentada por Podemos es «sacar el Comité Científico de las garras del Gobierno regional y que dejen trabajar a sus miembros con transparencia y con plena autonomía», según Giménez, quien mostró el «máximo apoyo» a las investigadoras y científicas que el pasado viernes decidieron abandonar este organismo «no por causas personales, como ha querido transmitir el Gobierno regional, como si fuera una cuestión de incompatibilidad».

Al contrario, recordó que estas científicas han abandonado el Comité porque «han visto claramente que su trabajo no se ve claramente reflejado» y que el Comité «no está sirviendo para los objetivos para los que fue creado, que eran salvaguardar el Mar Menor con criterios científicos y que el Gobierno regional asumiera las órdenes de este órgano que él mismo creó».

En concreto, pide al Gobierno regional que use las conclusiones e investigaciones del Comité para la toma de decisiones respecto al Mar Menor. «Desde que se creó este Comité Científico el pasado 29 de julio de 2016, ha tenido una serie de disfunciones que han sido reiteradamente puestas de manifiesto por gran parte de sus miembros», según Giménez.

Los miembros han lamentado «reiteradamente» que no se ha contado con los informes y los dictámenes que el Comité Científico va elaborando «rigurosamente», según Giménez, quien critica que tampoco se han tenido en cuenta las opiniones del Comité a la hora de llevar a cabo determinadas actuaciones.

Ha puesto como ejemplo, a este respecto, las recientes obras de dragado que se están ejecutando en las distintas playas del Mar Menor, así como el Decreto Ley de Medias Urgentes para la Sostenibilidad del Mar Menor, «que fue transformado en Ley y que tampoco se envió a los miembros del Comité Científico para que pudieran evaluar el contenido de la misma».

La diputada regional de la formación morada consideró «muy importante» que las funciones del Comité Científico queden «claramente detalladas», algo que también han «reiterado» en numerosas ocasiones su miembros. El objetivo es que este Comité no se convierta en un órgano «manipulable por el Gobierno regional».

Los miembros del Comité han pedido «que haya rigurosidad, que haya coherencia y transparencia en toda su actuación», así como una línea comunicativa «muy clara». 

A este respecto, Giménez propone que los miembros del Comité «deben ser quienes nombren al portavoz, para que se divulguen todas las opiniones que se exponen en su seno, incluso la de aquellos miembros que puedan tener una opinión diferente a la mayoritaria».

De esta forma, los medios de comunicación podrían tener también acceso «a las distintas opiniones que puede haber en torno a una determinada actuación», según Giménez. 

Y es que, hasta ahora, los comunicados del Comité los emite el propio Gobierno regional, de forma que este organismo «no tiene un protocolo adecuado» para manifestarse de forma pública «con independencia y autonomía», según Giménez.

La diputada regional de Podemos entiende que el funcionamiento del Comité «debe ser riguroso» y, en este sentido, sus miembros denuncian que en las reuniones «suele haber una gran mayoría de funcionarios de la Comunidad» y que, en la mayoría de las ocasiones «acuden cargos políticos, como pueden ser el consejero y el director general».

Los miembros del Comité «piden que estas reuniones tengan una mayor autonomía e independencia del Gobierno regional». Sobre todo, Giménez considera «escandaloso» que los propios miembros que han abandonado el Comité han manifestado que, en muchas ocasiones, «se convocan las ruedas de prensa de forma previa a que se realicen las reuniones».

A su juicio, está «claro» que el Gobierno regional está intentando «tergiversar y manipular las conclusiones del Comité Científico» a su «antojo». Frente a ello, propone que la línea comunicativa «sea la que el propio Comité establezca».

Podemos considera «muy importante» que «se pueda cambiar la estructura, el funcionamiento y las líneas comunicativas» conforme a los estándares que ya funcionan en los códigos de buenas prácticas europeos y que son los propios miembros del Comité Científico «los que los están demandando».

Recordó que, cuando Podemos presentó las directrices generales que debía de tener la futura Ley de Gestión Integral del Mar Menor que el Gobierno regional «se niega a elaborar», la formación morada propuso precisamente «adaptar el Comité Científico a estos estándares normalizados en el ámbito europeo».

«No sólo se están incumpliendo los principios fundamentales para llegar a la adecuada conservación y respeto del Mar Menor, sino que se está atentando contra el principio y el derecho de participación que tenemos como ciudadanía tanto la comunidad científica como las organizaciones sociales», reprochó Giménez.

«No puede ser que la presidencia del Comité Científico recaiga ahora mismo en un alto cargo del Gobierno regional», según la diputada regional de Podemos, que entiende que tanto el presidente como el portavoz «deben ser nombrados por los propios miembros» del organismo, con el fin de dotarlo de «independencia y autonomía».

De igual manera, recuerda que los miembros del Comité Científico «piden asesorar no sólo al Gobierno regional, sino también a cualquier administración pública que se lo solicite y a cualquier organización social, incluidos los grupos políticos y parlamentarios a la hora de plantear iniciativas con un aval científico».

Recordó que Podemos puso también sobre la mesa la necesidad de crear la figura del Defensor del Mar Menor, que era «un órgano absolutamente independiente» que tuviera coordinación con la Asamblea Regional y con el Ejecutivo autonómico, pero «no bajo las garras de lo que al Gobierno regional le interese comunicar en un momento dado».

Y es que el Gobierno regional «ha transmitido en muchas ocasiones información sesgada y tergiversada de las conclusiones que el propio Comité ha realizado».

Denuncian ante el 'Seprona' la ocupación de una vía pecuaria por una empresa de explosivos en Javalí Viejo

MURCIA.- Los grupos políticos en la oposición en el Ayuntamiento PSOE y Cambiemos Murcia presentaron este lunes una denuncia ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) para que investigue la instalación de una empresa de explosivos en el Cordel de los Valencianos, «vía pecuaria que ha sido vallada y en la que se impide el paso».

Enrique Ayuso, concejal del PSOE, y Nacho Tornel, portavoz del grupo municipal de Cambiemos Murcia, acudieron a la Comandancia de la Guardia Civil para presentar dicha denuncia por «una situación que parece una ilegalidad».

Esta vía, que en su día se dedicó a la trashumancia y que cruza el municipio de Murcia a lo largo de unos cinco kilómetros pasando por las pedanías de Guadalupe y Javalí Viejo, «conlleva una memoria histórica muy importante y entre todos debemos seguir conservándola», indicaron ambos concejales.

Se trata de un bien de dominio público que «no se puede ni vender ni embargar y en el que la empresa Explosivos Alaveses, S.A.(Expal) ha irrumpido ocupando de forma total el espacio, varios cientos de metros de camino, sin que la Administración, que tiene abandonado este lugar, lo haya impedido».

Expal «elabora componentes para explosivos y armamento y es una compañía vinculada con la Fábrica de la Pólvora de Javalí Viejo, que antes era estatal y perteneciente al Ejército. Su localización en el Cordel de los Valencianos, además de cortar el paso, ha motivado que se escuchen detonaciones en este lugar».

Ante estos hechos, el PSOE y Cambiemos Murcia piden al Seprona que investigue esa ocupación y que la compañía «deje abierta la puerta que ahora mismo cierra el paso con una valla para que así cualquier persona pueda seguir su camino hacia la Contraparada».

Los ediles, que recordaron que el pasado año ya se elevó al Pleno del Ayuntamiento de Murcia una iniciativa parecida sobre la Cañada Real de Torreagüera, acusó al Partido Popular de «no hacer absolutamente nada por algo que puede tener un gran valor recreativo, turístico, educativo y ambiental».

«El Cordel de los Valencianos es parte del patrimonio cultural e histórico de esta Región y la Ley contempla su uso recreativo. Es un bien que tenemos que recuperar para todos los murcianos, que ha sido ocupado de forma innecesaria, pues además en la zona hay espacio suficiente para la instalación de esa empresa. 

Llama la atención que Murcia sea Capital Europea del Patrimonio Cultural y tengamos que hacer esta denuncia», añadieron.

PSOE y Cambiemos, que llevarán el caso al Pleno que se celebra el 31 de mayo, están dispuestos a llegar hasta la Fiscalía para recuperar esta parte de un camino llamado Vía Pecuaria del Puerto de la Cadena y que se utilizó para pastorear con el ganado desde Cartagena hasta Aragón, un vestigio histórico y cultural que se ve seriamente amenazado a su paso por el municipio.

En su moción conjunta se reclamará al PP que exija a la Comunidad Autónoma, administración competente en la materia, que cartografíe la zona, la delimite y la amojone para darle un uso adecuado.

El PP acusa a Podemos de «politizar» el Mar Menor para desgastar al Gobierno regional

MURCIA.- La portavoz regional del PP, Nuria Fuentes, acusó este lunes a Podemos de utilizar a «personas afines» a la formación morada para «politizar» el Mar Menor con el fin de «desgastar» al Ejecutivo murciano y «dañar» a la Región de Murcia.

En un comunicado, Fuentes lamentó la salida de tres de los miembros del Comité de Asesoramiento del Mar Menor, pero consideró «llamativo» que una de esas personas sea Paqui Giménez Casalduero, profesora del Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada de la Universidad de Alicante y hermana de Isabel Giménez Casalduero, parlamentaria de Podemos en la Asamblea Regional.

Por ello, criticó que Podemos «utilice a personas afines a su formación politizando el Mar Menor y utilizándolo de forma clara con el único fin de desgastar al Gobierno y dañar a la Región de Murcia».

Fuentes detalló que cada miembro del comité es un «experto que aporta y opina y todo se tiene en cuenta» pero, «a veces no hay consenso».

La portavoz regional del PP mostró su desacuerdo con los argumentos esgrimidos por los miembros dimisionario porque «todos sus miembros son libres de opinar lo que consideren oportuno, todas sus opiniones son tomadas en cuenta», y lamentó que «solo dos de ellos se hayan incorporado al grupo de comunicación».

Nuria Fuentes subrayó tanto la postura del Comité Científico, «que trabaja desde el asesoramiento», como la del Gobierno regional, «que es quien debe tomar las decisiones», por lo que pidió «no mezclar sensibilidades y opiniones que nada tienen que ver con la ciencia y buscar entre todos las soluciones a la total recuperación del Mar Menor».

Vecinos y ecologistas denuncian «los graves impactos en la calidad del aire» en las obras de regeneración de Portmán

LA UNIÓN.- Los representantes de las organizaciones vecinales, sociales y ecologistas presentes en la visita a la Bahía de Portmán el pasado jueves de la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, le entregaron en mano el escrito que días antes habían remitido a la directora general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Raquel Orts, del que también se remitió copia al alcalde de La Unión, y a los directores generales de Medio Ambiente y de Puertos, de la Comunidad.

 En el escrito, las organizaciones denuncian «los graves impactos que se están produciendo en la calidad del aire, provocados por los movimientos de tierras y el insuficiente riego de las mismas, que generan un problema grave de dispersión de polvo por los frecuentes vientos en la bahía, que afectan negativamente al pueblo de Portmán, a sus vecinos y a la vegetación del entorno».

Aunque el polvo en suspensión proceda de las zonas que han sido «inertizadas, representa un riesgo para la salud de la población, especialmente por las partículas en suspensión PM10 y PM2,5, y también por la probabilidad de movilizar partículas con metales pesados», mantienen las mismas fuentes. 

ste es un resultado negativo de las obras previsto por la Declaración de Impacto Ambiental, que obliga, como medida preventiva, al riego de las superficies de obra, y al control y seguimiento de la calidad del aire y de la contaminación atmosférica.

Sin embargo, las medidas tomadas por la empresa «han sido totalmente insuficientes, limitadas a riegos muy parciales y esporádicos que no cubren la superficie de las zonas de trabajo, lo que ha provocado episodios intolerables de auténticas nubes de polvo» sobre las casas y los vecinos de Portmán, especialmente con los vientos de este último mes.

Afirman que solo se han intensificado los riegos en los días precedentes a la visita de la ministra, que pudo realizar el acto «sin sufrir este problema, mie, concluyen los afectados.

Segado achaca a los tiempos de Viudes que el puerto de Cartagena haya logrado ahora su primera bandera azul

CARTAGENA.- La limpieza continua y la gestión medioambiental permanente de las aguas portuarias han sido claves para que la Fundación para la Educación Ambiental conceda este año una segunda bandera azul a la ciudad de Cartagena, según destacó el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria, Joaquín Segado.

La enseña que representa la calidad de servicios en una zona de baño o en una marina deportiva ondeará este verano por primera vez en los frentes que ocupa el Real Club de Regatas de Cartagena en el Muelle de Alfonso XII. Esa bandera se une a la que ya luce Cala Cortina ininterrumpidamente desde 2007.

En un comunicado, Segado destacó que ambas banderas demuestran el «buen trabajo» realizado por el Puerto de Cartagena durante las presidencias de Adrián Ángel Viudes y Antonio Sevilla para mejorar la calidad de las aguas en sus dos dársenas. Para conseguirlo, destacó, «se llevan a cabo distintas actuaciones».

Una de las tareas más conocidas para el mantenimiento de las aguas interiores es la limpieza con el 'Pelican', una embarcación especial que retira de la superficie del agua residuos, la mayoría de ellos plásticos, aunque también trozos de madera y cuerdas que los temporadas arrastran hasta la costa. La embarcación dispone de medios para disolver pequeñas manchas de hidrocarburo.

La Autoridad Portuaria también realiza campañas periódicas de caracterización de calidad del mar y sedimentos, en el marco del Plan de Control y Vigilancia de la Calidad de las Aguas en el Ámbito del Puerto. En la época estival, se instala una barrera flotante en el entorno de Cala Cortina para evitar que posibles contaminaciones marinas afecten a la playa, circunstancia que hasta la fecha no ha ocurrido.

Además, la Autoridad Portuaria destacó que la concesión al Real Club de Regatas de una bandera azul lo convierte en la primera marina deportiva del municipio en conseguir este galardón medioambiental. Según su presidente, José García-Bravo, la Autoridad Portuaria ha sido una colaboradora clave durante todo el proceso de tramitación de la documentación y las inspecciones técnicas.

La obtención de estas dos banderas es «un motivo de alegría y orgullo, ya que dan la noción de la calidad que tienen actualmente nuestras aguas y es gracias a la labor que realizan las empresas que conforman la comunidad portuaria», dijo Segado. 

Estos galardones, y el trabajo realizado para conseguirlos, «también permiten a los cartageneros disfrutar de unas playas e instalaciones de recreo con las mayores garantías tanto de ocio como medioambientales», añadió.

Los menores diabéticos de la Región podrán decir adiós a los pinchazos para medir su glucosa

MURCIA.- La Consejería de Salud distribuirá en todos los centros de atención primaria a los niños y jóvenes diabéticos tipo 1, de entre 4 y 18 años, un nuevo dispositivo de monitorización de la glucosa en tiempo real que evita las punciones de control diarias. La indicación la realizarán previamente los servicios de endocrinología de los diferentes hospitales.

El 'sistema Flash' evitará hasta 6 y 8 pinchazos diarios para medir la glucosa. Este nuevo dispositivo se repartirá entre la población pediátrica de los centros de primaria, que serán sometidos a un estudio nacional de monitorización impulsado por el Ministerio de Salud, Servicios Sociales e Igualdad para los pacientes que requieran múltiples dosis de insulina y más de seis controles de glucemia al día.
El director general de Asistencia Sanitaria, Roque Martínez, ha mantenido este lunes una reunión con endocrinos y responsables de esta iniciativa para estudiar el sistema de distribución y ultimar los detalles de la adquisición de estos sensores.
El 'sistema Flash' de monitorización de glucosa funciona a través de un parche sensor de pequeño tamaño que se coloca en el brazo y evita las punciones capilares reiteradas previas a la administración de la insulina. El usuario solo tiene que pasar un lector electrónico sobre el sensor que tiene colocado en el brazo evitando los pinchazos en el dedo.
Este dispositivo permitirá, además, incorporar en el historial clínico los datos reales que vaya proporcionando a cada momento este sensor, lo que facilitará mayor información al especialista y un mayor control sobre el paciente. En la Región de Murcia hay alrededor de 550 niños y jóvenes que sufren diabetes tipo 1.
Los cambios en los estilos de vida han producido un aumento de esta enfermedad. Según algunos estudios, la práctica de hábitos de vida saludable podría prevenir hasta el 90 por ciento de los casos de diabetes tipo 2 y disminuir las complicaciones de esta enfermedad a través de unas conductas como el abandono del tabaco, la mejora de la alimentación y la actividad física.
La Consejería de Salud está desarrollando actuaciones de detección precoz y la ejecución de programas específicos orientados a evitar la obesidad mediante el programa Activa o la Escuela de Salud. También el proyecto europeo ProEmpower, que diseña la herramienta más avanzada en Europa destinada a mejorar la calidad de vida del paciente diabético tipo 2, permite mayor nivel de independencia y control de la enfermedad a través de una aplicación móvil.

Julio Rodríguez, el ex JEMAD de Podemos: "Las Fuerzas Armadas son insostenibles"

MADRID.- Julio Rodríguez (Orense, 1948), Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) con el segundo Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero (2008-2011), relata hoy en www.vozpopuli.com cómo se incorporó a Podemos en 2015 después de haber ocupado el cargo de mayor rango de las Fuerzas Armadas por debajo del Rey. 

En el libro que acaba de publicar 'Mi patria es la gente' (Península, 2018) relata su trayectoria vital y profesional, desde los tiempos de su juventud cuando votó al PCE en las primeras elecciones democráticas  de 1977 y le apodaban 'Julito, el Rojo' por sus ideas políticas. 

Además, narra episodios desagradables que le han ocurrido desde que decidió aceptar la propuesta de Pablo Iglesias para ingresar en el partido con el que concurrió como candidato en las elecciones generales de 2015 y 2016 sin lograr escaño.

En la entrevista que concede a Vozpópuli plantea una reducción progresiva del personal de las Fuerzas Armadas para adaptarlas a las necesidades actuales; analiza el futuro de Podemos tanto en Madrid como a nivel estatal y la relación con el PSOE; y desgrana su visión de la monarquía y del rey Felipe VI.

- Usted conoce bien las Fuerzas Armadas por dentro. ¿Cree que sobra personal?

- Yo hablo de que hay que redimensionar las Fuerzas Armadas. Tanto en capacidades de personal como en capacidades operativas. ¿Por qué? Porque ahora mismo son unas Fuerzas Armadas insostenibles. Tenemos una deuda tremenda y no se puede ir alargando la solución hacia el futuro. Como son alimentadas por los Presupuestos Generales del Estado, hay que establecer prioridades. Y el debate de la seguridad hay que abrirlo de una manera transversal. La sociedad civil, si quiere sentirse más segura con el instrumento militar, tiene que poner recursos. Y esos recursos los tiene que detraer de otro sitio.

- ¿Pero habría que rebajar el número de militares?

- Hay que redimensionarlas. Ahora en los conflictos se utilizan instrumentos distintos a los que se utilizaban hace cinco o diez años. En cuanto a sistemas de combate, aviones, profesionales, drones, pilotos o sistemas de armas.

- Es que en su libro plantea que hay que pasar de los 140.000 efectivos máximos actuales a una horquilla de entre 103.000 y 108.000, distribuidos entre 70.000 y 80.000 soldados y marineros, y entre 33.000 y 36.000 mandos.

- Pienso que todo el sistema de personal es un proceso que requiere diez años como poco. No puedes pasar de 140 a 100 en un año. Es un proceso que empieza por la entrada en las academias y acaba con la cúpula. Es un proceso que tienes que empezar reduciendo y eso requiere programas y mentalidad a largo plazo. Es algo que hay que hacer con progresividad.

- No le gustó el discurso que pronunció el rey en octubre con la crisis de Cataluña. En su libro repasa el papel de don Juan Carlos en el 23-F. ¿Son comparables?

- Critico el discurso pero no lo comparo con el 23-F. Yo siempre valoro las circunstancias y el contexto. La del 23-F fue una actitud que era la que se debió tomar. Había unos poderes fácticos que existían claramente. Luego, la conducta del rey emérito que le llevó a abdicar fue otra decisión que podríamos entrar a valorarla; es verdad que entraron nuevos aires a la monarquía. El mismo Pablo Iglesias lo dijo.

Y cuando juzgamos la actitud desde el punto de vista personal que tomó con respecto al discurso de Cataluña, hago más una crítica al Gobierno. Como los discursos del rey los debe escribir el Gobierno, si eso fue una decisión del Gobierno del PP, fue una decisión que utilizó a la institución. 

Pero (al rey) yo le critico el lenguaje personal que tuvo, el no ocupar el papel que le correspondía de mediador –que hubiera sido más útil-. Desde ese punto de vista, lo considero como un error.

- A renglón seguido dice en el libro que otra "metedura de pata" podría poner encima la mesa el debate sobre la monarquía.

- Digo que la institución, igual que tenía una cierta credibilidad con el anterior rey, hay riesgo de que errores de este tipo la pongan en riesgo. Es un debate que está ahí pendiente. Una institución que puede jugar un papel como en otros países, si entra a marcarse políticamente, puede poner en riesgo la institución. En una institución democrática, alguien podría poner en duda cómo el rey -el jefe del Estado- no es elegido democráticamente. Si encima actúa políticamente…

- ¿Qué propondrían?

- En un proceso constituyente hay que modificar la Constitución. Igual que hace unos años se planteó por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero que llevó cuatro asuntos al Consejo de Estado. Este proceso puede ampliarse y puede que ese debate se abra.

- Usted dice que si se volviera a redactar ahora el artículo 8 de la Constitución, probablemente se enunciaría en otros términos.

- Yo siempre digo que hay que leer la Constitución entera y también hago referencia al artículo 97, que dice que están sometidas al poder civil. Eso es lo que ya ha calado, el espíritu del constituyente. Pero si existe alguna ambigüedad, hay que modificarlo para clarificar. Este no es un motivo por sí sólo para cambiar la CE, pero si se producen cambios, hay que hacerlos formalmente y resolver ambigüedades. Y si este es uno de ellos, habrá que hacerlo.

- ¿Pero las Fuerzas Armadas deben garantizar la unidad territorial, no?

- Están sometidas al poder civil. Si se lee, como me está insinuando, que ellas pueden actuar, hay que leer la Constitución entera. Y está claro que no pueden actuar de una forma autónoma, por sí solas. Si el poder civil decide utilizar el instrumento militar porque hay un invasor extranjero, o porque decide poner un estado de excepción o de sitio, es una responsabilidad política, pero no una responsabilidad que autónomamente puedan tomar las fuerzas armadas.

- Critica al Gobierno por el discurso del Rey. Pero en su libro también reprocha duramente cómo gestionó el Ejecutivo su baja como general de la Reserva tras fichar por Podemos. ¿Hay un cierto ajuste de cuentas con Pedro Morenés?

- No es un ajuste de cuentas. Explico cómo se produjo el cese. No quise explicarlo en aquel momento en que estábamos en campaña, porque no quería utilizar como había hecho el Gobierno una decisión para utilizarla como denuncia. Yo creo que fui leal. Lo hice dentro de la legalidad. En este sentido, le critico su reacción visceral, que puede tener cualquier ciudadano individual, pero él era un representante del Gobierno; era un ministro. 

Por tanto, la visceralidad tenía que haberla puesto a un lado. Que le produjera un efecto sorpresa, lo entiendo, pero que reaccionó visceralmente como diciendo 'algo hay que hacer', para alguien que había pedido la baja de forma voluntaria; que se diga que se le cesa por 'falta de idoneidad' era algo totalmente fuera de lugar.

El Gobierno destina el 40% de los fondos de la UE para migración a expulsiones en lugar de a asilo e integración

MADRID.- El Gobierno de España destina al control de los extranjeros que carecen de documentación y a las expulsiones más del 40% del dinero que recibe de la Unión Europea (UE) cada año para las políticas de asilo, migración e integración. El llamado Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) es el instrumento del que se ha dotado la UE con el objetivo de promover la “eficacia de los flujos migratorios”, un eufemismo para describir las expulsiones y el control de las personas sin documentación, y el “fortalecimiento de una política común en materia de asilo e inmigración”, a juicio de Público.

Así, este fondo financia tres políticas, por un lado, las de asilo, por otro, las de integración, y, por último, lo que en el lenguaje oficial se ha dado en llamar el retorno. Esta última es la que se lleva el grueso del capital total, que asciende a 269 millones de euros en el período 2014-2020, según se puede consultar en la documentación que hace pública el ministerio de Empleo en la página web llamada el portal de inmigración.

La previsión del Ejecutivo, según se recoge en el documento oficial del programa FAMI, es gastarse 69 millones provenientes de Europa en las políticas de asilo, otros 84 millones en las de integración y otros 116 millones de euros, más del 40% del total, en las de retorno hasta el año 2020. 

De momento, el Gobierno ha hecho públicos los datos de los años 2015 y 2016, en los que se han gastado ya 32,5 millones de euros en las dos primeras políticas y otros 26 millones en las expulsiones y el control de extranjeros sin documentación. En estas cuentas no se incluyen los fondos de la UE para los refugiados de la guerra de Siria, también incluidos en el programa FAMI, pero que llevan su tramitación específica.

El Programa FAMI “se realiza a través de un proceso de diálogo político entre el Gobierno de España y la Comisión Europea centrado en los resultados globales que se pretenden alcanzar”. El reparto presupuestario refleja el histórico ejecutado, las tendencias observadas y las prioridades del fondo, según se explica en el propio documento.

Esos 116 millones no serán todo lo que España se gaste hasta el año 2020 en “la eficacia de los flujos migratorios”, sino que la cifra podría ser hasta dos veces mayor, si se atiende al balance del plan anterior al FAMI: “Parte de los costes del retorno forzoso son cofinanciados por la UE [fletes de avión y dietas e indemnizaciones a funcionarios policiales encargados de su ejecución]. El esfuerzo total de España en la realización de los retornos forzosos gestionados de 2008 a 2014 ha supuesto un gasto total de 158,47 millones [gastos de transporte, indemnizaciones del personal funcionario, gastos de bolsillo al inmigrante, gastos asistenciales y manutención en Centros de Internamiento de Extranjeros, que el Gobierno estima en 18 euros por día]. De esta cantidad, hasta el año 2013, la Unión Europea ha financiado con cargo al Fondo de Retorno [al que ha sustituido el FAMI] un total de 53,6 millones”.

“La estrategia nacional se basa en desarrollar programas de retorno voluntario y de reintegración en los países de origen. También el retorno forzoso es fundamental para la ejecución de una política eficaz en materia de prevención y lucha contra la inmigración ilegal, que cumpla con los requisitos de la Directiva sobre Retorno y del acervo Schengen y respete los derechos de estas personas”, dice el documento del Gobierno.

Hasta 2020, con la ayuda de esos 116 millones, se busca alcanzar los siguientes resultados: “incrementar en 2 ó 3 el número de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) mejorando la calidad de las plazas disponibles; la atención adecuada y la mejora de instalaciones en Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI); la asistencia social integral, el asesoramiento y la atención a personas vulnerables; la cooperación con terceros países; [llevar a cabo] 14 jornadas de intercambio de buenas prácticas en materia de retorno; en retorno voluntario retornar a 30.000 personas y en retorno forzoso, 53.000, [y establecer un] protocolo para el retorno de menores no acompañados”.

Las prioridades que fija el Gobierno para el gasto de los 69 millones adjudicados a las políticas de asilo son “el mantenimiento y la mejora de las condiciones de recepción y de acogida de los solicitantes de asilo, incluso ante llegadas masivas; la detección y la atención a grupos vulnerables; la calidad y rapidez en la toma de decisiones de asilo; la capacitación del personal, y el incremento de los recursos humanos, materiales y servicios de acogida”. España recibió el año pasado 31.120 peticiones de asilo, de las que solo resolvió un tercio, 13.350.

Los 84 millones para la integración se ejecutan en su mayoría a través de lo que el Gobierno llama “la sociedad civil”, fundamentalmente sindicatos y ONG. Los extranjeros en España, en su mayoría provenientes de Marruecos, Ecuador, China, Colombia, y Bolivia, son el 9,59% de la población, según el INE.

Dice el Gobierno: “La integración social de los inmigrantes es uno de los principios de la política española de inmigración. La crisis ha afectado de forma importante a los extranjeros cuya tasa de desempleo en 2014 era del 33,19% (diez puntos por encima de la media del país). El nivel de conflictividad es bajo, pero es necesario consolidar esta buena convivencia".

Así, continúa exponiendo que "la estrategia se basa en apoyar programas específicos por áreas: acogida, educación, empleo, salud, participación social, convivencia, juventud y familias, género, infancia y promoción de igualdad de trato y lucha contra la discriminación, desarrollados por la sociedad civil”.

A continuación, concreta: “En función de las necesidades detectadas se ha intervenido en: la prevención de la inmigración irregular de menores, la mejora de la atención y de la capacidad para la protección y asistencia de los menores no acompañados, en la gestión flexible y eficaz del sistema de acogida, en la mejora de la empleabilidad, en la prevención de actitudes xenófobas, en programas dirigidos al apoyo educativo, la atención a determinados colectivos como menores y jóvenes recién llegados y mujeres, la formación de profesionales, y en implantar programas integrales de convivencia en barrios”.

Rivera supera a Podemos en la defensa del soldado-funcionario de más de 45 años

MADRID.- Albert Rivera, después de encabezar las causas salariales de guardias civiles y policías, también se ha puesto al frente de las aspiraciones del personal de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas al asumir en el Congreso postulados de asociaciones de militares hasta ahora solo amparados por Podemos. Ciudadanos va incluso más allá y propone la figura del soldado-funcionario, al defender que los contratos de larga duración se prolonguen más allá de los 45 años y que los interesados, aunque no asciendan ni se especialicen, tengan garantizado un puesto de trabajo con cargo al Estado hasta su jubilación ordinaria, según relata hoy El Confidencial.

La subcomisión creada en el Congreso para estudiar el régimen profesional de los militares de las Fuerzas Armadas registra las primeras consideraciones de los grupos parlamentarios, basadas la mayoría en mejorar las condiciones de la carrera para soldados y marineros, pero dejando en segundo plano las necesidades operativas de los ejércitos. Podemos pretende 'cuadrar' las subidas salariales y el problema del envejecimiento de las tropas con una posterior reducción general de sus efectivos que, a su juicio, debería abordar la Cámara antes de que termine la legislatura.

En el caso de Ciudadanos, sus aportaciones se basan en las propuestas de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME). Ambos grupos plantean al Ministerio de Defensa la suspensión de la normativa vigente en el límite de edad (45 años) para permanecer en las FAS cuando el soldado o marinero no logra una plaza permanente por el pase a una escala superior o consigue acceder a una de "compromiso permanente" (hasta los 58 años) reservada para especialistas.

El 85% de los 76.000 soldados y marineros con que cuentan las Fuerzas Armadas españolas tiene contratos temporales o de larga duración con el tope en los 45 años. Las pocas plazas de ingreso ofrecidas durante la crisis, más las escasas salidas voluntarias por la situación laboral, han disparado la edad de la tropa hasta los 33 años de media y existe la amenaza de superar los 35 en breve. Es una tendencia que alarma en el Estado Mayor, desde donde piden de entrada rebajar la edad máxima de acceso a las FAS hasta los 25 años.

El ministerio trabaja en un plan de formación profesional, titulaciones y reserva de plazas en otros ámbitos de la Administración para paliar las salidas forzosas de soldados sin posibilidades de entrar en el mercado laboral 'civil' que se tienen que conformar con los 7.200 euros anuales que reciben los acogidos a la fórmula de la reserva "de alta disponibilidad". Pero al mismo tiempo consideran letal para el modelo de Ejército y la operatividad de las unidades alentar la idea del soldado-funcionario.

En el texto presentado en la subcomisión, Ciudadanos propone eliminar el tope de los 45 años y abrir la posibilidad de que "la tropa y marinería alcance con carácter general la edad necesaria para pasar a la reserva, al igual que ocurre con oficiales y suboficiales". En cualquier caso, el partido de Albert Rivera sostiene que el Gobierno debe ocuparse de "implicar" a otros ministerios y "otras administraciones públicas" para garantizar una salida laboral a los soldados que abandonen las Fuerzas Armadas.

El alineamiento de los 'riveristas' con Podemos en la reforma del régimen profesional de los militares ha obligado a los representantes del Grupo Popular en la subcomisión a apelar al tradicional consenso que han mantenido con el PSOE en materia de Defensa en las últimas legislaturas, tanto con gobiernos del PP como socialistas. De hecho, el régimen de personal de las Fuerzas Armadas actual data de 2006, cuando era ministra Carme Chacón.

Fuentes del partido en el poder confían en llegar a un acuerdo con los socialistas, "que sí tienen sentido de Estado", para que la citada reforma se haga sin perjuicios para la seguridad nacional y la operatividad de los ejércitos.

Hacienda fracasa en la fusión de ayuntamientos: hay seis más que en 2013

MADRID.- 'La alteración de términos municipales en la reforma local de 2013: crónica de un fracaso anunciado'. Así de tajante se muestra un artículo publicado en Reala, una revista editada por el propio Ministerio de Hacienda. El trabajo cuestiona la escasa eficacia de la ley, aprobada en su día por el ministro Montoro, que pretendía acabar con el minifundismo local en España, donde conviven 8.124 ayuntamientos, de los cuales nada menos que el 84% tiene menos de 5.000 habitantes, algo que, en muchos casos, los hace insostenibles. En 14 provincias, incluso, más del 80% de los municipios no pasa de 1.000 habitantes, lo que pone de relieve la naturaleza del problema.

El artículo, escrito por Eloísa Carbonell, catedrática de derecho administrativo de la Universidad de Jaén, recuerda que la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local pretendía incentivar la fusión de municipios para ganar tamaño y aprovechar las economías de escala que generan ayuntamientos más grandes, pero la realidad ha sido muy distinta.

Desde que se aprobó la ley estatal, en medio de una formidable crisis económica, apenas han nacido dos municipios fruto de la fusión de cuatro ayuntamientos: los coruñeses de Oza y Cesuras, con un resultado algo más que discreto, y los pontevedreses de Cerdedo y Cotobade, que es el municipio más joven de España (2016). La prensa local, de hecho, ha considerado que la primera fusión, bendecida por las autoridades gallegas como una especie de banco de pruebas de un proceso de concentración de municipios a escala nacional, "no ha cambiado nada", más allá de una simple agregación de nombres. 

El ayuntamiento se llama ahora Oza-Cesuras, pero poco más, como ha puesto de relieve un estudio de la Universidad de La Coruña.

El artículo editado por Hacienda considera que el fracaso en la fusión de municipios se debe a que la reforma (realizada bajo la presión de la recesión) fue "precipitada" y motivada por una perspectiva "estrictamente económica sin valorar otras posibles soluciones que había puesto de relieve la doctrina". La profesora Carbonell se refiere a la "posible incorporación del municipio no sostenible económicamente a otro financieramente saneado". Y el futuro no parece que vaya en esa dirección.

Según el estudio, "no parece previsible" que se produzca una reducción significativa de municipios ni por la aplicación del convenio de fusión que recoge la ley de 2013 ni por la formulación de propuestas al amparo del plan económico-financiero que prevé el artículo 116 bis. "A lo sumo", se dice, "se habrá conseguido que no se creen nuevos municipios por segregación".

Tampoco se ha logrado ese objetivo. Si en 2013 había registrados 8.118 municipios, a 1 de enero de 2018 son ya 8.124 ayuntamientos, pese a que se han producido tres fusiones. Dos en Galicia y una en el País Vasco al amparo de las leyes forales.

Nuevos municipios

En los últimos años se han creado municipios como Domingo Pérez (Granada), por segregación del término municipal de Iznalloz; Játar Granada), por escisión del término municipal de Arenas del Rey; Balanegra (Almería), por segregación de Berja; Montecorto (Málaga), antes ligado a Ronda; Dehesas Viejas (Granada), por segregación de Iznalloz o Serrato (Málaga), por escisión del término municipal de Ronda (Málaga). También en este tiempo, el municipio de Itsaso (Gipuzkoa) del municipio Ezkio-Itsaso.

La proliferación de municipios en Andalucía tiene que ver con el hecho de que la Junta aprovechó el tiempo hasta que la nueva ley entrara en vigor para dar carta de naturaleza a nuevos núcleos urbanos.

El artículo 13.4 de la Ley de Bases de Régimen Local habilita a los municipios colindantes dentro de una misma provincia, con independencia de su población, a acordar una fusión mediante un convenio. Eso sí, la norma deja bien claro que el municipio resultante de la fusión "no podrá segregarse hasta transcurridos diez años desde la adopción del convenio de fusión".

Esta salvaguarda está relacionada con la reciente historia del municipalismo en España. En los años 60, se pusieron incentivos para la fusión de ayuntamientos, pero al cabo de un tiempo muchos de esos ayuntamientos acabaron de nuevo por segregarse debido a que la integración no acabó de cuajar. Como dice uno de los autores de la reforma de la ley de bases de régimen local, por la ausencia de una política de Estado mantenida en el tiempo. 

Por el contrario, como ha sucedido en la reforma de 2013, se optó por el voluntarismo del legislador "en una noche de efervescencia", en lugar de actuar con gradualismo y con incentivos más potentes. El resultado es que, en estos momentos, el 61% de los municipios españoles concentra a tan solo el 3,15% de los habitantes del país.

La ley de 2013 prevé que la creación de nuevos municipios solo pueda realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 5.000 habitantes, y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados. 

Estos requisitos son exigibles a la creación de un nuevo municipio por segregación de ese núcleo de población diferenciada, pero no cuando el nuevo municipio es consecuencia de un proceso de fusión.

¿Cuál es el resultado? Como sostiene un informe de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), en Soria el 94% de todas sus localidades no sobrepasan los 1.000 empadronados. En la provincia de Burgos representan el 92,7% de todo su mapa municipal; el 92,4% en la provincia de Ávila, el 92,3% en la de Zamora y el 92% en la de Salamanca. 

El número de municipios, sin embargo, continúa creciendo en otras provincias. La ley es papel mojado, según El Confidencial.

'Navantia' publica una segunda oferta de empleo ante la nueva carga de trabajo

CÁDIZ.- Nueva oferta de empleo en los astilleros públicos. Navantia necesita personal cualificado para abordar los nuevos contratos de obra que se avecinan. La compañía necesita cubrir 21 puestos de alto nivel en sus cinco centros de trabajo, de los que siete corresponden a las factorías de San Fernando y Puerto Real. La propuesta también incluye a sus oficinas en Madrid. Se trata de la segunda oferta de empleo que publica Navantia en poco menos de tres meses. La anterior fue en febrero para cubrir nueve puestos de especialista en las oficinas de Madrid y en las factorías de Cádiz, Puerto Real y San Fernando, según publica La Voz de Cádiz. 

Así, la oferta que se ha publicitado ahora para el astillero puertorrealeño está dirigida a técnicos industriales de la especialidad de electricidad para cubrir dos vacantes como ingenieros de mantenimiento. Uno de los contratos es indefinido y el otro, temporal. 
Entre los requisitos figura el conocimiento de inglés y se encargarán, entre otras competencias, de la coordinación del mantenimiento, la prevención, la seguridad y la higiene industrial y el control de las maniobras de flotadura, varadas y trabajos previos.
Caber recordar que el astillero de Puerto Real está centrado desde abril de 2016 en la construcción de cuatro petroleros para el grupo vasco Ibaizábal. El primero de ellos, el 'Monte Udala', se entregó el pasado marzo, y el segundo, el 'Monte Urbasa', se encuentra en el muelle de la factoría para su remate final.
Está previsto que la última unidad de esta obra civil se entregue en la primavera del próximo año. No obstante, el astillero también construye en estos momentos la segunda plataforma para el parque eólico marino que Iberdrola promueve en el mar del Norte. Se trata de una estructura que albergará una subestación eléctrica para e complejo East Anglia One. Esta obra arrancó en marzo de 2017 y culminará antes de final de este año.
En cuanto al astillero de San Fernando, la dirección de Navantia necesita cubrir cinco puestos de trabajo, todos ellos de ingeniería. La firma el pasado abril del acuerdo para la construcción en la planta isleña de cinco corbetas para la Marina saudí ha puesto en órbita estas instalaciones, que ya se preparan para abordar el nuevo reto.
Así, se necesitan cinco ingenieros de diferentes ramas. El anuncio está dirigido a titulados superiores con máster naval para coordinar la ejecución de obras. Entre los requisitos, además del inglés y la titulación, se exige una experiencia mínima de tres años en procesos de producción. 
Navantia distingue en varias áreas estos contratos, que son indefinidos (3) y temporales (2). Los puestos a cubrir son ingenieros de montaje en la especialidad de Acero, Comunicación, Navegación y Combate.
Igualmente, la compañía demanda para San Fernando ingenieros de fabricación en la rama de armamento y construcción.
Las ofertas se publicaron el 3 de mayo y la incorporación es inmediata. El astillero de San Fernando, que incluye la Unidad de Sistemas, uno de los centros más sofisticados en materia e I+D sobre tecnología naval, ultima en estos momentos el quinto Barco de Acción Marítima ‘Audaz’, el sexto, el ‘Furor’, se construye en Ferrol, que será entregado a la Armada el próximo junio. 
El astillero isleño aguarda con impaciencia el inicio de la obra saudí que, según las previsiones, podría arrancar a final de este año.
Por lo que respecta a Galicia, el astillero de Ferrol necesita ocho operarios de alta cualificación. Esta planta trabaja ahora en la construcción de dos buques logísticos (AOR) para la Armada australiana y será el epicentro de la construcción de las futuras fragatas F-110 de la Armada española. 
Ante esta situación, la dirección de la empresa demanda analistas de programación, ingenieros de sistemas, de pruebas mecánicas y coordinadores de producción, además de responsables de control de programas y de logística.
La oferta de la compañía también salpica a sus oficinas en Madrid, donde se necesita cubrir cinco vacantes entre consultores, técnicos de movilidad internacional y planificación de operaciones.