Si las informaciones que llegan de diferentes países europeos son ciertas, en muy pocas semanas -en algún caso incluso en unos días- pueden producirse una serie de noticias judiciales que abran en canal toda la instrucción practicada por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. 

La justicia belga es cada vez más contraria a aceptar las dos euroórdenes que pesan sobre los consellers Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret, en este caso, por malversación y desobediencia. 

Por su parte, el tribunal de Schleswig-Holstein, en Alemania, que tiene en sus manos la decisión respecto al president Carles Puigdemont por rebelión, malversación y desobediencia descartó la primera acusación hace varias semanas y, respecto a la segunda, se está produciendo con el paso de los días un cierto estupor sobre la insuficiente información recibida por parte del Supremo.

La noticia de la oposición de los tribunales de los dos países ha originado un enorme enfado en el gobierno español, la judicatura y las diferentes instituciones del Estado, que se empiezan a preparar ante una eventualidad de esta naturaleza. 

En el plano político, excepto Ciudadanos, que mira de obtener el mayor rédito electoral posible, salta a la vista que el Partido Popular ha rebajado sus comentarios para que el tema no ocupe cada día todas las informaciones. Lo mismo han hecho la Fiscalía y otros estamentos de la judicatura española. 

En el terreno mediático, una pluma relevante como es la del ex director de ABC José Antonio Zarzalejos, que se mueve en posiciones siempre próximas a lo que sería el Estado en su sentido más amplio, ya habla abiertamente de escenarios alternativos para Llarena si se rechazan las euroórdenes.

El último elemento conocido de la documentación solicitada por la justicia alemana y belga, para valorar con mayor conocimiento el supuesto delito de malversación como sostiene el juez Llarena, es la simple valoración indiciaria de un supuesto delito. 

Sin pruebas, sin apoyo documental del Ministerio de Hacienda, sin ningún asiento contable en el que figure tal malversación, Llarena pretende que la justicia europea dé por buenos unos hechos sobre los que no existe una prueba directa. 

Demasiado poco para delitos tan graves, apuntan unas fuentes. Y, otras, demasiado volátil para aprobar unas euroórdenes que están siendo miradas con lupa por tribunales de diferentes países y sobre las que un día se tendrán que pronunciar los tribunales europeos.

Todo apunta, por tanto, y dicho sea con la mayor prudencia posible, que podemos estar en vísperas de noticias halagüeñas y definitivas para los que hemos considerado siempre que el relato policial y judicial era en buena medida insostenible a medida que se objetivara el juicio y no fuera una causa general contra el independentismo. 


(*) Periodista y ex director de La Vanguardia