BRUSELAS.- Las Comunidades Autónomas españolas
llamaron hoy a la Unión Europea (UE) a garantizar el futuro de la
política de cohesión después de la salida del Reino Unido, una partida
que podría verse reducida una vez el presupuesto europeo deje de contar
con la aportación británica.
En un documento de
posición común de las CCAA frente al "brexit", presentado hoy en
Bruselas, piden una "especial atención" a las regiones europeas que se
verán afectadas con la posible reducción de los fondos europeos en
materia de cohesión.
El presidente de Murcia, Fernando López Miras, el de La
Rioja, José Ignacio Ceniceros, y la representante de la delegación de
Castilla la Mancha en el Comité Europeo de las Regiones y coordinadora
de la posición común, Virginia Marco, entregaron las nueve páginas que
resumen el frente común de las CCAA al presidente del (CdR), Markku
Markkula.
En este documento, se recuerda a las
instituciones europeas la necesidad de que políticas comunes, como la
agrícola, energética, la de cohesión o de investigación, mantengan unas
"asignaciones suficientes" en el próximo marco financiero plurianual, en
el que ya no se contará con la aportación británica.
La política de cohesión supone aproximadamente un tercio del
presupuesto de la UE, del que España recibe un total de 37.400 millones
de euros.
Sumados a la contribución nacional de
15.880 millones de euros, constituyen una partida de 53.280 millones de
euros que, según datos de la Comisión Europea, se destinan a la
inserción juvenil en el mercado laboral y la mejora del acceso de las
pymes a la financiación, entre otras prioridades sociales y de empleo.
En relación al presupuesto previsto para el periodo entre 2014 y 2020,
las regiones españolas respaldan la posición de las instituciones
europeas a la hora de pedir al Reino Unido que "cumpla con los
compromisos financieros contraídos" antes del referéndum del 23 de junio
de 2016.
De esta forma, señalan, la retirada
británica de los Veintiocho tendrá "la menor incidencia posible" en el
marco financiero plurianual.
El documento aboga
también por adoptar "medidas específicas para paliar las consecuencias
negativas" del divorcio británico en las regiones que tienen una fuerte
interdependencia económica con el Reino Unido, como la situación de
Gibraltar y sus trabajadores transfronterizos.
En
este aspecto, el presidente de La Rioja pidió que su región sea una de
las beneficiarias de esas medidas de alivio, ya que el Reino Unido es el
principal importador de vinos riojanos.
La posición
común de las CCAA detalla además los sectores económicos en los que
España se verá más afectada por el "brexit", como el turismo o la
agricultura.
"Es previsible que, al contraerse la
economía británica como consecuencia del 'brexit', con la ulterior
devaluación de la libra, el turismo se vea afectado en términos de
número de visitantes y gasto total", alerta el documento, tras recordar
que el Reino Unido es el principal emisor de turistas extranjeros en
España.
En cuanto a la agricultura, las regiones
españolas sostienen que los cambios a largo plazo en el marco
regulatorio serán "un reto relevante" para la estabilidad del sector y
subrayaron la importancia de que Reino Unido mantenga la protección de
las denominaciones de origen e indicaciones geográficas europeas.
La salvaguardia de estas categorías permitirá, según sostienen,
mantener una agricultura y una ganadería "basadas en un modelo de
producción de calidad".
Pese a tratarse de una
posición común que cuenta con aportaciones y recomendaciones de todas
las Comunidades Autónomas, Cataluña ha sido la única comunidad autónoma
en no suscribir el texto final.
Fuentes de la
delegación de Castilla la Mancha, que coordina la elaboración del
documento, precisaron que Cataluña les había hecho saber que no firmaría
el documento desde el principio, si bien ha participado en el debate,
realizado aportaciones y consensuado su publicación.
"Estiman que no es el momento para suscribir este documento porque
tampoco tienen una posición clara por parte del Govern", señalaron las
mismas fuentes.
El Comité Europeo de las Regiones (CdR) instó hoy a que la reforma de la Política Agraria Común (PAC) garantice una retribución justa a los agricultores, de forma que este sector siga siendo una fuente de "empleo adecuadamente compensado" y mantenga su atractivo en el futuro.
Que la reforma de la PAC garantice
más retribución a los agricultores
El Comité Europeo de las Regiones (CdR) instó hoy a que la reforma de la Política Agraria Común (PAC) garantice una retribución justa a los agricultores, de forma que este sector siga siendo una fuente de "empleo adecuadamente compensado" y mantenga su atractivo en el futuro.
En
un dictamen aprobado por amplia mayoría en la sesión plenaria del CdR
en Bruselas, los representantes regionales de la Unión Europea instan a
que la PAC mantenga "una agricultura "de calidad, sostenible, a un
precio justo y fuente de empleos adecuadamente compensado en toda la
UE".
Tras
subrayar la diversidad y la innovación como puntos fuertes de la
agricultura europea, el informe alerta de la caída del 20 % en el número
de explotaciones europeas entre 2007 y 2013, las diferencias de
desarrollo entre zonas rurales y urbanas y la escasa retribución que en
muchos casos reciben los agricultores.
"Todos
queremos mantener vivos los territorios rurales, pero esto no sucederá
sin que aumentemos el atractivo de la profesión agrícola y el
reconocimiento económico a través de unos ingresos justos y estables",
señaló el ponente del dictamen, el francés Guillaume Cros.
Cros
abogó por una mayor regulación de los mercados agrícolas, "no sólo para
asegurar la agricultura europea segura y de calidad, sino también para
prevenir mejor las crisis sectoriales".
Una
nueva distribución de los pagos permitirá, según el ponente, hacer
frente a la "probable reducción presupuestaria" de la próxima PAC.
El
dictamen insiste en el rechazo a la cofinanciación de la PAC entre la
UE y los Estados miembros, ya que esto podría suponer una
"discriminación" al sector en los países con menos ingresos entre los
Veintiocho.
El
presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, dijo a la prensa antes
del pleno que la nueva PAC, hasta ahora "fundamental" para el desarrollo
europeo, debe lograr, además de ser justa y sostenible, fomentar la
calidad de los productos agroalimentarios.
Señaló
que esta política comunitaria es un "elemento vertebrador" que puede
ayudar a las regiones rurales, como La Rioja, a luchar contra la
despoblación y el envejecimiento en los núcleos rurales, además de
potenciar sus productos locales a través de las denominaciones de
origen.
Por
su parte, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, subrayó que su
región había impulsado enmiendas al dictamen para apoyar medidas que
garanticen un relevo generacional en el sector y la viabilidad de los
jóvenes agricultores, así como para pedir que en el presupuesto de 2020
se mantengan las asignaciones en esta materia a todos los Estados
miembros.
"En
Murcia, (la agricultura) es uno de los pilares del modelo productivo al
que no podemos renunciar", dijo López Miras, quien recordó que un 30 %
de los empleos y un 50 % del PIB de la región dependen de este ámbito.
El
sector agrícola es el segundo mayor de empleo industrial en la UE y da
trabajo a 22 millones de agricultores y otros 44 millones de personas en
el resto de la cadena agroalimentaria.
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