La Audiencia
Nacional va a decidir el viernes si procesa a los ex máximos
ejecutivos del Banco de España y de la CNMV que permitieron la
salida a bolsa de Bankia en base a datos presuntamente falsos. Esto
va a suceder cinco años y dos meses después de la intervención de
Bankia por el Estado que supuso la destitución de Rodrigo Rato y el
nombramiento de José Ignacio Goirigolzarri como nuevo presidente de
la entidad nacionalizada.
Con
aquella decisión, el gobierno de Mariano Rajoy afrontaba la decisión
más importante desde que empezó la crisis: la nacionalización del Banco
Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia. La decisión por la que
el Estado se quedaba con todo el capital de BFA, que suponía intervenir
una de las grandes entidades, rememoraba la última gran crisis anterior
con el cambio de administradores de Banesto el 28 de diciembre de 1993 y
abría el camino a las reformas del Decreto Guindos II.
La decisión de la sección tercera de la sala de lo penal afecta,
entre otros, a los ex altos ejecutivos del Banco de España y de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores; al exgobernador del Banco de
España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; al exsubgobernador, Javier
Aríztegui; al expresidente de la CNMV, Julio Segura, y al
exvicepresidente del organismo supervisor de los mercados de valores,
Fernando Restoy.
La resolución de la Audiencia Nacional va a coincidir con el inicio
de las comparecencias de las autoridades en la Comisión de investigación
de la crisis financiera en el Congreso de los Diputados, dos
iniciativas diferentes pero que tienen un objetivo común, aclarar lo que
sucedió durante la crisis financiera y por qué España la sufrió de
manera más intensa que el resto de países en circunstancias similares de
nuestro entorno.
Según fuentes parlamentarias, lo que decida la Audiencia Nacional el
viernes va a ser fundamental para el discurrir de la comisión
parlamentaria. Si los ex altos ejecutivos del Banco de España y de la
CNMV ven que se archiva la parte que les afecta definitivamente, sus
explicaciones en las comparecencias podrán ser mucho más libres. Por el
contrario si la sección tercera de la sala de lo penal decidiera que se
les imputara, sus explicaciones resultarían mucho más concisas para que
estas no interfieran en el proceso judicial. Incluso podrían acogerse a
no declarar si pudiera afectar a su propia defensa.
La decisión que vaya a adoptar la Audiencia supone una gran
incógnita. Aunque el juez instructor del caso decidió archivar el asunto
que afecta a estos exdirectivos y a la propia compañía auditoria, la
sala ya le había obligado a llamarles a declarar.
Cuando el juez Fernando Andreu tomó la decisión de no incluirles en
el proceso, fue la propia sala de lo Penal la que instó al magistrado a
citarles como investigados, tanto a los antiguos altos funcionarios del
BdE, como a los de la CNMV al entender que "existían indicios múltiples
bastantes" de la comisión de un delito.
De nuevo el pasado 11 de mayo el juez Fernando Andreu daba por
concluida la instrucción del caso Bankia, que investiga la salida a
Bolsa de la entidad y procesaba a 34 exadministradores entre ellos el
expresidente de la misma, Rodrigo Rato, el exministro Ángel Acebes, o el
empresario Arturo Fernández, a los que acusaba de delitos de falsedad
en las cuentas anuales y fraude de inversores.
El juez sobreseía el procedimiento para la auditora Deloitte y otros
10 investigados entre los que se encuentran los mencionados exdirectivos
de la CNMV y del Banco de España, cuya imputación había solicitado la
acusación popular y sobre la que el pronunciamiento del viernes de la
sala de lo penal será la definitiva.
Con esta decisión se abre la puerta a algo más que a la apertura de
juicio sobre la crisis de la principal entidad financiera española
afectada. Está en cuestión si la justicia es ciega, sorda y muda con
todos por igual.
(*) Periodista
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