MURCIA.- Un total de 400 familias de las playas de Cabo de Palos, Los Nietos, El
Portús, Puerto de Mazarrón y Puntas de Calnegre se ven afectadas por la
nueva línea de deslinde del dominio público terrestre que, al haberse
visto retrasada por Costas, obliga a la demolición de estas casas que
quedarían en terreno público.
"Son construcciones legales,
con sus escrituras públicas, inscritas en el registro de propiedad,
pagando sus impuestos, y, por supuesto, todas plenamente consolidadas en
sus entornos urbanos", ha lamentado este lunes el senador del Partido
Popular (PP), Francisco Bernabé.
El PP ha presentado ante el
Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones para "poner fin al
bloqueo que la Mesa del Congreso mantiene sobre la proposición de ley
del PP en esta materia" y Bernabé ha anunciado que "sino desiste esta
actitud de fraude legal" iniciarán acciones judiciales personales contra
la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y el
resto de miembros de la Mesa, ya que consideran que "están anteponiendo
los mandatos de Pedro Sánchez al interés general de todos los españoles"
al retrasar la tramitación en la Cámara Baja de la proposición de ley
del PP para "salvaguardar los núcleos tradicionales costeros de nuestro
litoral, aquellos que tienen unos valores especiales de tipo
etnográfico, histórico, paisajístico, vinculados al medio marino".
"El Senado es una Cámara de las Cortes Generales tan legítima como el
Congreso e intentar eliminar la iniciativa del PP es negar la
legitimidad constitucional del Senado para legislar".
Bernabé
ha afirmado que esta proposición lleva más de 60 prórrogas acordadas por
la Mesa del Congreso ya que "semana tras semana se amplia el plazo de
enmiendas sin razón".
Así, ha advertido de que "tiene que seguir
adelante y si no se consigue por la vía política será a través de los
tribunales de justicia, en este caso el Constitucional".
El
senador ha indicado que las familias afectadas "están usando todos los
medios legales, y poniendo recursos ante esas órdenes de demolición".
Así, ha explicado que dos viviendas de Cabo de Palos que "han perdido
esos recursos y tienen ya la orden de demolición pendiente sobre sus
cabezas, eventualmente van a recurrir ahora ante el Tribunal Supremo".
Además, al quedar estas casas en dominio público, Bernabé ha
explicado que las familias deberían costear la demolición y no
recibirían ningún tipo de indemnización por perder sus viviendas.
Durante su intervención, ha dirigido un mensaje a las familias con viviendas legales en el litoral (Cabo de Palos, Los Nietos, El Portús, Puerto de Mazarrón y Puntas de Calnegre), hoy amenazadas de demolición por el Gobierno socialista: “No los vamos a abandonar. Vamos a seguir a su lado hasta conseguir que se respete la voluntad de la soberanía popular”.
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