MADRID.- La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha fijado las
prioridades de su departamento, entre las que están luchar contra los
falsos autónomos, con cambios legislativos y reforzando la Inspección,
así como seguir avanzando en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
"La precariedad y el desempleo son los mayores problemas de la sociedad
española", ha dicho Díaz en su primera intervención como ministra en la
Comisión de Trabajo, Seguridad Social e Inclusión del Congreso.
“Este modelo laboral dominado por la precariedad y la rotación
laboral extrema es inaceptable”, ha señalado, antes de recordar las
“duras” cifras del mercado español y sus principales problemas, e
insistir en la necesidad de derogar la reforma de 2012 con diálogo y
“técnicamente bien”.
“Sería una frívola si dijese que de un golpe derogo. Técnicamente es
mentir decir que tengo una norma que derogo y derogo hasta el infinito”,
ha aseverado, tras afirmar que lo que hará será “revisar y legislar”.
En este sentido, y en uno de los temas que se están viendo
actualmente en el marco del diálogo social, se ha referido a la
necesidad de volver a darle voz a la negociación colectiva para que sea
la que decida la prevalencia de cada convenio.
Y entre otras medidas previstas por Trabajo, ha avanzado que la
siguiente será abordar la situación de los falsos autónomos, con cambios
legislativos, a la vez que reforzará la Inspección de Trabajo y se
actualizarán las sanciones para luchar contra este y otros fraudes.
“Un joven en bicicleta con un móvil no es un trabajador autónomo”, ha
declarado Díaz, que ha reiterado el compromiso del Gobierno para
proteger los derechos de las personas “que siendo en realidad
trabajadoras por cuenta ajena se ven abocadas a operar como autónomas
frente a su voluntad”.
Desde Trabajo explican que esta situación se abordará con cambios
legislativos, “delimitando el espacio” entre el trabajo por cuenta
propia y el trabajo por cuenta ajena en base a los presupuestos
recogidos en los artículos 1 y 8 del Estatuto de los Trabajadores.
También han explicado que servirá de base la jurisprudencia, en
alusión a las sentencias sobre el tema, y que se hará de forma dialogada
con las asociaciones de autónomos y con “rapidez”, aunque evitan
concretar fecha.
Junto a esto, se reforzarán los efectivos de la Inspección de
Trabajo, se usará el “big data” para mejorar el sistema de control y
sancionador de lucha contra el fraude, y se actualizarán las cuantías de
las sanciones de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
congeladas desde 2006 con arreglo al IPC acumulado.
Díaz, que ha agradecido el “buen hacer” de la exministra de Trabajo
Magdalena Valerio, presente en la comisión, ha anunciado también que el
Gobierno seguirá avanzando en la subida del salario mínimo más allá de
los 950 euros fijados para este año.
Una comisión de expertos evaluará el impacto social y económico de
las subidas del SMI y fijará la cifra a la que se debe llegar en 2023,
para que sea acorde al 60 % del salario medio, tal como recomienda la
Carta Social Europa.
“Los salarios mínimos protegen…Frente a los agoreros que indicaban
que la subida del SMI destruiría empleo, resulta que la verdad de los
hechos muestra que crea más empleo”, ha puntualizado tras señalar que
los salarios no pueden reducirse a un coste para las empresas.
Díaz también se ha comprometido a revisar los incentivos a la
contratación para evitar ineficiencias y redundancias e intensificar
requisitos adicionales.
Su intención es primar los contratos indefinidos y que este año se
ponga en marcha la Ley de trabajo corresponsable, que incluye la reforma
del régimen de trabajo a tiempo parcial.
La ministra ha anunciado además que este año estará listo un sistema
unificado de subsidio de desempleo que ampliará el sistema de protección
y aumentará la cobertura, al tiempo que ha dicho que se subirá el
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y mejorará la
estructura de personal del Fogasa.
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