La exalcaldesa de Cartagena Pilar
Barreiro endosó la semana pasada al Ayuntamiento que presidió las
facturas de su defensa en el caso Novo Carthago una vez que el Tribunal
Supremo archivó la denuncia sobre su posible responsabilidad en los
supuestos aspectos turbios de aquella operación urbanística.
Barreiro se
acoge a la jurisprudencia: si un político es acusado de corrupción, se
ve obligado a defenderse con gastos a su cuenta personal y si finalmente
es absuelto o el caso se archiva en lo que a él respecta, es la
institución a la que representaba a la que toca pagar la minuta de su
defensa y los gastos colaterales a la misma.
Objetivamente,
parece lógico. ¿Por qué un político, denunciado por corrupción, tendría
que hacerse cargo de los gastos de su defensa si finalmente es
exculpado? Cuando esto ocurre no solo queda libre de sospecha el
político en cuestión sino la institución a la que representaba.
La
calificación de inocencia no debiera ir acompañada de un coste económico
que, en ocasiones, puede conllevar la ruina personal. El archivo de una
causa produce un alivio moral y reconstruye la imagen dañada del
imputado, pero a costa de miles de euros invertidos en abogados y
trámites legales que recaen sobre su riñón.
En
el caso de Barreiro, la denuncia provenía del PSOE y del MC como
acusación particular mientras la popular gobernaba, pero una vez que
esos dos partidos accedieron al gobierno municipal se liberaron de los
gastos propios y transformaron la fórmula en personación institucional
del Ayuntamiento, de modo que la exalcaldesa debía defenderse con sus
propios recursos frente a los que aportaba la caja pública.
Finalmente,
el Supremo archivó el caso, pero Barreiro se quedó colgada de una deuda
con sus abogados, que litigaron en su favor contra los que pagaba el
Ayuntamiento, liberado a su vez de responsabilidad, dado que la anterior
regidora no lo había comprometido.
¿Quién
debe pagar los gastos? ¿La alcaldesa liberada frente a la acusación
municipal de sus sucesores que comprometieron recursos públicos para su
acusación y a los que personalmente no les ha costado un euro esa
operación? Si así fuera, resultaría injusto.
Tal vez lo que tocaría es
solicitar a PSOE y MC que devolvieran al Ayuntamiento los recursos
comprometidos en la acusación contra la exalcaldesa declarada inocente.
Como esto es improbable que se pueda siquiera plantear, lo justo sería
que el Ayuntamiento pagara la defensa de Barreiro, cuya constatada
inocencia es también la de la institución.
Sabemos
que el caso Novo Carthago no es trigo limpio, salvada la instancia
municipal de Cartagena. Tontos no somos. El promotor de la
macrourbanización era un invitado a bodas de la familia Valcárcel, en el
centro del círculo del 'murcianismo de amiguetes'.
La instrucción
duerme el sueño de los injustos en algún apartado juzgado por el que
transitan jueces provisionales, después de que tarifaran al delegado de
Hacienda que llevó a cabo aquella esclarecedora investigación por orden
del juez Abadía. Caso hay, Barreiro aparte, aunque cualquier día lo
cerrarán si no lo han hecho ya y no nos hemos enterado.
Como
el Umbra. Miguel Ángel Cámara antecedió a Barreiro al presentar el taco
de sus facturas al ayuntamiento de Murcia al minuto siguiente de verse
liberado de esa investigación. Pero obtuvo la callada por respuesta.
Silencio administrativo hasta el cumplimiento del plazo de respuesta, de
modo que el exalcalde deberá reclamar al Ayuntamiento que presidió el
coste de su defensa mediante denuncia al tribunal de lo contencioso.
Si
lo gana, la Administración Ballesta tal vez debería reponerle el coste
añadido de la propia reclamación. Cámara está en su derecho. Tanto que
si recupera la inversión en su defensa algún día podríamos verlo
sacando, por fin, dinero de algún cajero.
(*) Columnista
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