FORTUNA.- La Fiscalía del TSJ de la Región de Murcia acordó el pasado 6 de
junio, mediante decreto, el archivo de la diligencia de investigación
por prevaricación contra el alcalde de Fortuna, José Enrique Gil, dando
así carpetazo definitivo a la denuncia de la oposición, motivada por la
sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento celebrado el 23 de mayo
de 2018.
En aquella sesión plenaria, el alcalde de Fortuna planteó un
expediente de modificación de crédito, dada la situación de solvencia
económica, el informe favorable de Intervención y los informes de
necesidad de la Oficina Técnica Municipal, con el fin de llevar a cabo
obras necesarias y urgentes en el municipio, como reparación de aceras y
pavimento de avenidas, la construcción de un puente que ante lluvias
torrenciales incomunica las pedanías bajas, así como el asfaltado y
reparación de caminos e iluminación en diseminado para mejorar la
seguridad ciudadana.
Dado el bloqueo sistemático y sin precedentes de la oposición a la
gestión del Gobierno socialista en Fortuna, hasta el punto de impedir
pagar facturas pendientes y varias propuestas de presupuestos
rechazadas, el alcalde, José Enrique Gil, condicionó la aprobación de
las obras de reparación y seguridad a una cuestión de confianza, avalada
por la amplia liquidez económica del Ayuntamiento, que en el cierre de
2017 contaba con 2,3 millones de euros de remanente y deuda financiera
cero.
En la línea seguida durante toda la legislatura, la oposición, horas
antes de la celebración del Pleno, se inventó una argucia en fraude de
ley y presentó una enmienda a la totalidad, saltándose todos los
trámites administrativos obligatorios, para declarar indisponible el
dinero necesario para las obras del expediente de modificación de
crédito, intentando hurtar el derecho de la Alcaldía a someterse a la
cuestión de confianza y pretendiendo impedir realizar las obras
necesarias que no podían demorarse al ejercicio siguiente, según informe
de la Oficina Técnica Municipal.
La maniobra propuesta por el Grupo Municipal Popular fue clara:
enmendar el acuerdo, desvirtuar la cuestión de confianza, y al mismo
tiempo declarar indisponible el dinero, siendo la enmienda de contenido
imposible porque los créditos no están disponibles cuando se aprueban
sino cuando culmina el trámite de exposición pública.
"Un auténtico
dislate político y jurídico sin precedentes, nunca antes visto en
ninguna administración local, que el alcalde entendió que era una
iniciativa en fraude de ley, por lo que no procedía votarla. Esto dio
lugar a la denuncia por prevaricación de la oposición y, finalmente, a
su archivo por parte de la Fiscalía el pasado 6 de junio".
Además, el Ministerio público archivó el 5 de marzo y el 21 de mayo,
respectivamente, otras dos denuncias contra el Ayuntamiento de Fortuna
del que es máximo responsable José Enrique Gil, por el derribo de un
muro que representaba peligro en un colegio y unas actuaciones de mejora
en una senda vecinal.
A los mencionados archivos de la Fiscalía, se suma otra querella
criminal interpuesta por el Grupo Municipal Popular en la que pedía
hasta 6 años de prisión, también archivada en Primera Instancia y
ratificada por el TSJ de la Región de Murcia. Dicho auto de
sobreseimiento argumenta: "que el derecho penal, no es sino el último
eslabón en el poder represivo del Estado, no siendo deseable la
aplicación del mismo en asuntos que pueden encauzarse por otras vías
jurídicas, sancionadoras o no. Y el caso que nos ocupa, estima el
Tribunal que es un ejemplo paradigmático de lo expuesto [.] nos
encontramos ante una discrepancia política en un Ayuntamiento por la
necesidad de efectuar unas obras de mejora en la instalación eléctrica
de un colegio, sobre las que ningún indicio existe que permita sostener
una actuación delictiva por parte del máximo responsable municipal".
El alcalde de Fortuna, José Enrique Gil, considera que todas las
actuaciones archivadas ponen en evidencia "el filibusterismo, el bloqueo
sistemático y el uso y abuso de la Justicia como única forma de hacer
política de la oposición, donde el único perjudicado ha sido el pueblo
de Fortuna por esta estrategia que dura ya 4 años y de la que forman
parte muchos más actores, además de los mencionados.
Todos ellos, han
estado perfectamente coordinados en esta maniobra ruin y perjudicial
para los vecinos de Fortuna, negándole mejores servicios e
infraestructuras, a pesar de tener una de las mejores situaciones
económicas de la Región gracias al trabajo incasable y contra viento y
marea del actual equipo de gobierno".
En este sentido, José Enrique Gil ha afirmado que "hemos realizado
todo lo posible en términos políticos y siempre con el máximo rigor para
promover soluciones en pro de los intereses generales del municipio, a
pesar de las reiteradas negativas para llegar a acuerdos para los
presupuestos. Sin embargo, durante toda la legislatura ha habido un
impedimento constante por parte de la oposición para poner los ahorros
logrados al servicio del pueblo de Fortuna".
"Estamos satisfechos que se evidencie la tremenda irresponsabilidad
cometida por la oposición, al tiempo que lamentamos que por ello no
hayamos podido invertir todavía en esas obras de mejora y seguridad,
máxime teniendo en cuenta que en 2018 cerramos el ejercicio con deuda
financiera cero, un superávit presupuestario de 740.125 euros y un remante de
tesorería de 2.514.666".
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