El magistrado murciano Juan Martínez Moya considera necesario un nuevo Estatuto de los Trabajadores

MURCIA.- El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y magistrado de la Sala de lo Social del TSJ de Murcia Juan Martínez Moya dijo en una conferencia organizada por el Colegio de Graduados Sociales que es necesario un nuevo Estatuto de los Trabajadores, ya que desde 1980 el texto vigente ha sufrido 50 reformas.

El magistrado considera el texto del Estatuto exige una adecuación a las nuevas políticas económicas españolas y de la Unión Europea.

Martínez Moya, antes de intervenir en la conferencia junto al magistrado del Tribunal Supremo Antonio Sempere, apuntó que hoy en día existen muchas tipologías de contratos temporales y ello requerirá «reflexionar mucho» teniendo en cuenta la necesidad de fijar criterios de estabilidad.

A su juicio, los tribunales laborales, a la hora de interpretar la norma, deben generar expectativas de estabilidad en sus decisiones para asegurar así una mayor estabilidad económica y de inversiones.

Por otra parte, el magistrado dio a conocer datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyas previsiones para este año apuntan que en España los 360 juzgados de lo Social recibirán 400.200 asuntos, resolverán 384.000, dictarán 210.000 sentencias y quedarán pendientes 300.000.

Martínez Moya señaló que Murcia es la cuarta autonomía con mayor litigiosidad en general, no sólo en cuestiones de lo Social, con 35 asuntos por cada mil habitantes, cuando la media nacional apenas supera los 30.

En materia laboral el número de asuntos pendientes en los d0ce juzgados de lo Social es de 7.500. En el segundo semestre de 2018 se han resuelto 2.900, más que han entrado, una media de 2.500 hasta junio.

Para este magistrado las cifras resultan elevadas y suponen una fuerte judicialización del conflicto laboral.

Por otra parte, sobre la repercusión del fallo sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados que ayer debía dar a conocer el Tribunal Supremo, respondió que estaba convencido que la respuesta dará seguridad jurídica y estabilidad en las expectativas de conducta de la ciudadanía.