Una decena de eurodiputados de diferentes países que
este lunes han visitado los centros penitenciarios de Lledoners, Puig
de les Basses y Mas d'Enric (el Catllar), donde están recluidos en
prisión provisional los nueve presos políticos catalanes, han anunciado
su voluntad de dirigirse al gobierno español para pedir que les
reconozca el papel de observadores internacionales
durante el juicio que tendrán en el Tribunal Supremo.
Uno de los
eurodiputados, el francés José Bové, expresó tras la visita colegiada
junto a sus compañeros de la Eurocámara que la solicitud tiene que ver
con que los políticos catalanes no tienen asegurado un juicio justo.
No es la primera visita de eurodiputados a las cárceles donde están los
presos políticos catalanes, ya que otra delegación giró visita a las
prisiones el pasado mes de septiembre.
Una vez se han presentado los escritos de la Fiscalía General del
Estado y de la Abogacía del Estado, se está a la espera de que el
tribunal anuncie las fechas del juicio, que todo el mundo coincide que
será a principios de año. El Estado lo ha preparado todo para una condena dura
―ejemplar, dicen ellos―, dejando claramente a un lado la posición que
sobre el referéndum del 1 de octubre han juzgado en países como
Alemania, Bélgica, Escocia o Suiza. No hay miedo, por lo que parece, a
la vergüenza europea ni a que la justicia española pierda crédito
internacionalmente.
La manera como se ha presentado el escrito de la fiscalía, donde se
relatan unos hechos de una manera que poco tiene que ver con la realidad
de aquellas semanas, hace muy necesaria la presencia de observadores
internacionales, que no cambiarán la decisión del tribunal pero que
harán de altavoces de la insólita situación a la que se enfrentan los
presos políticos catalanes en una España institucionalmente en
descomposición.
Un Estado donde el presidente de los jueces se arroga un
papel que no le corresponde y agradece en una carta enviada pocas horas
antes de su fallecimiento al titular del juzgado número 13 que
"cambiase el rumbo de la historia de nuestro país".
Que el juicio no será justo, a la vista de cómo ha ido la instrucción
y las penas de prisión que se piden, es algo que hoy puede darse por
descontado. Que la opinión pública internacional pueda seguirlo no solo a
través de los medios de comunicación sino de actores políticos de sus
respectivos países, una necesidad democrática.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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