Desciende el número de expedientes con evidencias de acoso escolar en la Región de Murcia

 MURCIA.- El Observatorio para la Convivencia Escolar de la Región de Murcia ha detectado, a partir de los datos transmitidos por los centros educativos, un nuevo descenso en el número de expedientes abiertos por acoso escolar y en los que finalizan con evidencias de acosos, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Según los datos expuestos este lunes en el Pleno del Observatorio, en el curso 2023-2024 se abrieron 640 protocolos por posible acoso, de los que 54 concluyeron con evidencias de acoso, lo que supone un 8,43 por ciento, cifra que desciende más de un punto en relación con el curso anterior, que se abrieron 645 protocolos de acoso, de los que 64 (9,9 por ciento) finalizaron con evidencias de acoso.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, que ha presidido el Pleno, ha explicado que "estos datos evidencian que muchas situaciones se resuelven sin evidencias de acoso gracias a la detección temprana, a la proactividad de los centros educativos a la hora de detectar posibles situaciones que afecten al clima de convivencia y a la respuesta inmediata que ofrecen".

Por etapa educativa, el mayor número de protocolos por acoso se abrió en Educación Secundaria Obligatoria (369 protocolos abiertos, de los que 34 concluyeron con evidencias de acoso); seguido de Educación Primaria (225 protocolos abiertos, de los que 17 concluyeron con evidencias de acoso), Bachillerato (22 protocolos abiertos, de los que 2 concluyeron con evidencias de acoso), Formación Profesional (14 protocolos abiertos, de los que uno concluyó con evidencias de acoso) y Educación Infantil (10 protocolos abiertos, ninguno con evidencias de acoso).

Unicef define acoso escolar o 'bullying' como la conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un estudiante contra otro de forma negativa, continua e intencionada. Hay diferentes tipos de acoso como agresiones físicas o verbales, exclusión social, acoso sexual y derivaciones de ellas, como extorsión, robos, difamación, creación de rumores, así como ciberacoso.

Según el informe del Observatorio, el tipo de acoso detectado es principalmente verbal y físico, y en menor medida acoso a través de redes sociales.

Según los datos que maneja el Observatorio, en el curso 2023-2024 la valoración que realizaron los centros educativos sobre el clima de convivencia escolar fue "muy positiva", con una puntuación media de 4,10 sobre 5, un dato que se mantiene estable respecto a cursos anteriores.

El Gobierno regional ha reforzado en los últimos cursos las medidas para detectar, prevenir y actuar ante cualquier indicio de acoso y cuenta con programas como ConviveTEAM, SupéraTE, el Plan de Transición entre Etapas, el Plan Regional para la Mejora de la Convivencia, el Plan de Bienestar Emocional, planes de convivencia en centros educativos, Referen-T, Inclu-Yo, Educando en Justicia, El Fiscal Contigo, el programa ICUE en centros del entorno de Cartagena, el concurso Frases Mayúsculas, que fomentan valores de respeto, cooperación y empatía entre iguales, programa de educación responsable y programa de salud emocional y éxito académico; junto a los equipos de Orientación y Atención a la Diversidad, las unidades de acompañamiento personal y familiar, los coordinadores de bienestar de los centros, inspectores educativos y Observatorio para la Convivencia Escolar, entre otros muchos recursos.

Respecto a los planes de convivencia de los centros, la valoración es "positiva" sobre la consecución de los objetivos propuestos, relativos a la integración del alumnado y prevención de casos de acoso y de conductas sobre delitos de odio.

El informe del Observatorio para la Convivencia Escolar también recoge que el curso 2023-2024 el Centro de Profesores y Recursos de la Región de Murcia (CPR) ofertó 81 actividades de formación para docentes relacionadas con la convivencia escolar, 19 actividades más que el curso anterior, con 1.474 horas formativas --31 por ciento más de horas de formación que el curso anterior-- y la participación de 2.760 docentes, 24,66 por ciento más que en el curso anterior.

El Observatorio para la Convivencia Escolar es un órgano colegiado que sirve de instrumento a la comunidad educativa y a la sociedad para conocer, analizar y evaluar la convivencia en los centros.

Su finalidad es contribuir a mejorar el desarrollo de la actividad escolar en los centros mediante la evaluación y el diagnóstico de la convivencia, análisis de conflictos y propuesta de medidas de prevención de violencia.

El clima de convivencia en los centros educativos de la Región durante el curso 2023-2024 se ha diagnosticado a partir de los datos obtenidos del Servicio de Ordenación Académica, Observatorio para la Convivencia Escolar, Servicio de Innovación y Formación del Profesorado, Servicio de Atención a la Diversidad, Servicio de Programas Educativos, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, aplicación Plumier XXI y datos de la Dirección General de Mujer y Prevención de la Violencia de Género.

Se repite el acoso en el IES "Ingeniero De la Cierva", en Patiño, donde ya se suicidó una niña de 13 años en 2017

MURCIA.- Se ha vuelto a saber ahora de acoso en el IES Ingeniero De la Cierva, en Patiño, de donde procedía la niña de 13 años que se suicidó en 2017 en otro IES de la capital. El tema se ha sabido ahora por boca de los afectados, en este caso profesores, al acudir a un prestigioso bufete de abogados de Murcia, que ya estudia con la documentación aportada las acciones legales a emprender contra los responsables últimos de una situación que parece enquistada en este centro educativo dependiente directamente de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Murcia.

En el mismo instituto del que procedía esa niña que, por acoso de sus compañeros, se tuvo que trasladar al IES Licenciado Francisco Cascales. En el IES Ingeniero de la Cierva se produjeron previamente dos denuncias de profesores, iniciándose sendos Protocolos de Acoso contra varios miembros, en el que estaba incluido el actual director del IES. 

"Se ven obligados a iniciar dos Protocolos de Acoso, no sólo ocultando documentación al respecto sino con nula imparcialidad por parte de los funcionarios que los instruyen, para proteger a los agresores todo lo archivan. Por las distintas denuncias presentadas, articulan los medios para incoarme dos expediente de disciplina, que el juzgado en sendas ocasiones tumba, condenando en costas", dice uno de los profesores afectados cuya identidad nos consta.

 Al actual director (que gestionó lo del acoso a Lucía seis meses antes de su suicidio), como a varios de los profesores del Dpto. de Electricidad Electrónica, por esas dos denuncias presentadas por dos profesores ante la propia Consejería de Educación como a Inspección de Trabajo, se les inician dos Protocolos de Acoso (en las mismas fechas del suicidio), en contra de la voluntad de los distintos funcionarios de alto rango de la Consejería de Educación, "quienes todo lo quieren tapar", se dice en la documentación aportada al bufete.

En presencia del actual director cuando era jefe de Estudios, también del Jefe del Dpto, el Coordinador de Prevención de Riesgos Laborales del IES y demás compañeros, en las distintas reuniones semanales del Dpto, no sólo era amenazado uno de estos profesores en aquellas fechas por varios de los antiguos profesores (uno de ellos fue miembro del tribunal en el que el hoy director aprueba las oposiciones, quedando en una de las últimas posiciones).

Sistemáticamente se negaban, una y otra vez, a recoger sus manifestaciones para que constaran en acta las distintas amenazas de las que era víctima. 

"Tengo grabadas en audio y vídeos la mayoría de las reuniones del Dpto, y se puede comprobar. También un vídeo con el antiguo director, al que le denuncio todo y lo tapaba por las circunstancias. No sólo por los cargos ostentados como directivo, sino también por la amistad con distintos funcionarios de alto rango de la Consejería de Educación, y haber prestado servicio en la misma durante años. A través de los canales oficiales de comunicación, les hacían llegar denuncias falsas en mi contra, de las que ni me enteraba", se añade.

"Sabían dónde ir y qué hilos mover, produciéndose distintas injerencias en mi contra. Si a ello le sumamos lo sucedido con la niña Lucía en el instituto y lo del compañero que vino a sustituirme, los funcionarios estaban más por la labor de taparlo todo, pues le podía afectar directamente a más de uno. Ya que tuvieron conocimiento en su momento y no actuaron al respecto. Les fue más fácil proteger a los agresores y criminalizar a las víctimas", prosigue.

"La ciudadanía de Murcia tienen que saber, siempre según el profesor denunciante, que en el mismo instituto en el que se acosa a la niña Lucía de 13 años por sus compañeros, los de la Consejería tienen que iniciar dos Protocolos de Acoso contra el director y varios cargos más. Teniendo información al respecto con mucha antelación, para actuar, que no lo hicieron. Quizás, si hubiesen actuado a tiempo, se hubiese evitado el suicidio de Lucía. Insisto: les fue más fácil criminalizar a las víctimas y proteger a los agresores, que eran amigos y directivos", agrega.
 

El primer Protocolo de Acoso iniciado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Educación lo inician por indicación expresa de Inspección de Trabajo previa denuncia presentada por el profesor que vino a sustituir a otro a los pocos meses de iniciarse el curso. Denuncia el acoso al que estaba sometido por parte del actual director y del Jefe del Dpto. 

 Ya en julio de 2016 dicho servicio tuvo conocimiento del acoso al que estaba sometido otro profesor, pues les presentó tanto los escritos como los distintos vídeos, aprobando de urgencia el cambio de instituto para septiembre. Este otro profesor no tuvo noticias del inicio del Protocolo de Acoso al compañero que vino a sustituirlo, hasta que se lo archivaron, por la reunión mantenida en las vacaciones del verano de 2017. 

Por esa fecha, ya habían iniciado el otro Protocolo de Acoso denunciado en julio de 2016,  el segundo, iniciado un año después de ser denunciado y dos, desde que se produjeron distintas injerencias en la Consejería de Educación  para distorsionar una denuncia sobre falsa acusación. Todo se centró en que había un conflicto en el Dpto., ampliamente conocido por Inspección Educativa, siendo el profesor denunciante el responsable de todo.

El segundo Protocolo de Acoso es iniciado un año más tarde de haber presentado la denuncia ante el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Tras comprobar las pruebas fehacientes aportadas a la denuncia, cambian de instituto al denunciante (previa solicitud y de urgencia), mientras según ellos lo van a investigar. 

Por esas fechas, julio de 2016, la niña Lucía todavía estaba viva. Después de denunciar la situación, pasaban no sólo los días, sino las semanas, los meses y nada de la denuncia. "Parece que todos se habían olvidado de mi situación. Ante la dejadez de la administración, teniendo ya conocimiento del suicidio de la niña Lucía y junto a mi representante sindical (quien los conocía bien) mantuve una reunión con el Subdirector General de la Dirección de Recursos Humanos a mediados de mayo 2017 (años más tarde, compruebo que hay una clara connivencia sindicato-administración, siendo engañado como un chino). Le hago saber que voy a denunciar ante los medios de comunicación todo lo presentado ante la Consejería de Educación", revela.

“Por esas fechas y por la prensa, sólo tenía conocimiento del suicidio de Lucía, desconociendo el inicio del Primer Protocolo de Acoso al profesor que vino a sustituirme, casi por los mismos cargos que el mío”.

"Ante mis manifestaciones, le obligo a decir al Subdirector General de Recursos Humanos que va a iniciar un Protocolo de Acoso contra los denunciados. Que si se ven indicios, lo denunciaba ante la Fiscalía para que actuase el juzgado. Pero como les obligué a iniciar un Protocolo de Acoso que no querían, no lo hacen a mediados de mayo de 2016, que es cuando me dicen que lo van a iniciar, según la reunión mantenida, sino hasta mediados de julio (dos meses más tarde), porque ya se había iniciado el primer Protocolo de Acoso al profesor que vino a sustituirme. 

 Para no dejar constancia o indicios de ello, teniendo que ser reflejado como antecedentes en mi protocolo, no lo inician hasta días más tarde de haber archivado el protocolo del compañero.  Todo fue una encerrona en mi contra. Utilizan todas sus experiencias como los medios legales a su alcance para intentar inhabilitarme a toda costa y como sea".

"Siendo mí denuncia de acoso la primera, fui el segundo Protocolo de Acoso iniciado casi contra los mismos. Días antes de iniciarlo no sólo se reúnen con los denunciados (Director, Jefe del Dpto., y demás), sino con antelación, encargan a los Servicios Jurídicos de la Consejería que les realicen una interpretación de las normas que regula el Protocolo de Acoso publicado en el BORM para mi caso. Para el compañero (primer protocolo), la utilizan tal cual".

"Los del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, pretenden por las distintas pruebas que he aportado, y que son fehacientes, es inhabilitarme a toda costa. Para ello, se inventan que tengo que realizarme una prueba médica en la Mutua donde tienen contratado todos los servicios médicos de los funcionarios de dicha Consejería. Con la excusa de saber el alcance del posible daño que se me ha originado y así poder ayudarme. Dicha prueba “para ayudarme” según ellos, la tengo que realizar un año más tarde de la denuncia presentada y dos desde que tuvieron conocimiento de que habían problemas", prosigue.

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales está para actuar de oficio al segundo siguiente de tener conocimiento de cualquier problema al respecto. No actuaron para nada en este caso. 

"En la reunión de inicio del Protocolo, me lo indican por escrito y tengo que firmarlo. Si me niego a ello, se reflejaría en mi contra en el informe que ellos tienen que realizar. Dicha situación, se denuncia ante Inspección de Trabajo. Son citados por la misma y dicen que lo habían reflejado pero que no lo tendrían en cuenta.

La prueba hubiese consistido en ir a la Mutua (en la que tienen contratado el servicio médico de todos los funcionarios de dicha Consejería. Que le deja un pastón), para que un facultativo realizase un informe al respecto de mi situación. No acudí por razones evidentes.

Se habían tomado muchas molestias en todo lo mío y para nada en ayudarme. El mismo día del inicio del protocolo en julio de 2017, pude comprobar las distintas injerencias. En los distintos informes se reflejaba un número de expediente de 2015.  Si yo denuncio el acoso en julio de 2016 y en julio de 2017 se inicia el Protocolo de Acoso. ¿Por qué se inició el expediente en el año 2015?", se pregunta el profesor afectado que pide, de momento, guardar el anonimato.

"Visto lo visto, solicito que me faciliten información referente a la regulación del Protocolo de Acoso dando por terminada la reunión. A los pocos días, presenté dos escritos con registro de entrada, a la Consejería de Educación, en el que recusaba claramente a que cualquier funcionario de la Consejería de Educación instruya el Protocolo de Acoso a favor de otras.
 

No les hizo nada de gracia, agudizando aún más el ingenio para ir contra mí. Más tarde, ante la negativa de que lo instruyesen desde otra administración pública, paralice en numerosas ocasiones y por escrito la continuidad del Protocolo de Acoso, hasta que no me facilitasen toda la documentación, que no la facilitaron por las circunstancias. 

Con falsedad en documento público y constituyendo todo un delito, me incoaron un segundo expediente de disciplina que el juzgado lo volvió a tumbar, condenando en costas a la Consejería de Educación", concluye.

¿Por qué te llaman teleoperadores desde un prefijo de Murcia? El sistema alegal del acoso telefónico

MADRID.-Es un hecho que muchas de las llamadas realizadas con fines comerciales son hechas a día de hoy desde un terminal móvil o fijo, con una numeración clásica, algo que hace que pensemos que se trata de un particular y que, aparentemente, prohíbe la Resolución de 27 de mayo de 2013 que modifica los rangos de numeración para comunicaciones móviles, según recoge https://magnet.xataka.com

Sin embargo, un hueco normativo dejaba abierta esta posibilidad, al menos hasta la aprobación de la LO de Protección de Datos que entró en vigor en diciembre de 2018 y que excluye esta posibilidad de forma taxativa. Es decir, es notoriamente ilegal que una empresa intente venderte un producto usando como puente un terminal móvil con una numeración similar a la de cualquier usuario privado.

Supongamos que, pese a su negativa, la misma compañía que se ha puesto en contacto contigo, vuelve a ofrecerte la misma oportunidad a las pocas semanas, quizás a los pocos días. Una y otra vez el mismo proceso. Las peticiones por tu parte de que cesen en su insistencia no funcionan pero... ¿hasta qué punto es esta suerte de acoso un procedimiento legal?

La respuesta en este caso parece bastante clara, la LO 1/2015 que modifica el Código Penal, establece en su artículo 172 ter la consideración como delito (pena de cárcel de tres a dos años incluida) del acoso continuado, considerando como tal, por ejemplo, el uso indebido de los datos personales del individuo en cuestión, es decir, los tuyos.

También en la misma línea se pronuncia el Reglamento Europeo 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, que garantiza, como un derecho fundamental, la capacidad de los individuos para no ver cómo sus datos son objeto de mercadeo, con afanes mercantilistas, por obra de terceros. 

¿Por qué entonces las compañías se arriesgan a una previsible multa, la cárcel incluso, por la dudosa consecución de nuevos clientes? Bien, la respuesta en estos casos siempre es compleja, pero una de las causas es, indudablemente, la relativa novedad que dicha legislación supone y que sólo en los últimos meses ha empezado a provocar sentencias condenatorias.

En efecto, los juzgados apenas han empezado a pronunciarse al respecto de este acoso continuado y, en este caso, la sentencia emitida por la Audiencia Nacional, el pasado mes de octubre, supone un ejemplo claro de hacia donde podría dirigirse la ley en un futuro cercano, en el mejor de los casos.

Dicha sentencia condena al pago de 30.000 euros a una empresa de telemarketing subcontratada por Jazztel para la consecución de clientes. El demandado alegaba, como justificante de su querella, haberse puesto en contacto con el defensor del cliente de la multinacional de telecomunicaciones para dejar de recibir su información comercial, así como haber incluido su nombre como integrante de la Lista Robinson... pero, antes de seguir, ¿qué es eso de la Lista Robinson?

Dicha lista es un directorio global, gestionado por la Asociación Española de Economía Digital, que tiene como fin dar un soporte virtual a la legislación mencionada anteriormente, es decir, a favor del usuario y en contra del uso fraudulento de sus datos por empresas no autorizadas de forma explícita.

Su uso es gratuito y la inclusión en dicha lista supone efectos de obligado cumplimiento para dichas empresas. Es decir, tú deberías dejar de recibir llamadas de forma automática tras aportar tus datos a la Robinson.

Sin embargo, como hemos visto, el demandante en la sentencia de la Audiencia Nacional antes mencionada siguió recibiendo llamadas pese a haber inscrito su nombre en la Lista Robinson, pese a haber advertido a la empresa de telemarketing condenada de que formaba parte de dicho listado.

En definitiva, que el hecho de que incluyas tu nombre en la lista no garantiza que vayas a dejar de recibir acosos varios, pero sí que, en caso de seguir recibiéndolos, puedas demandar de forma efectiva a quien haga caso omiso de ello. La Lista Robinson es, por lo tanto, una salvaguarda legal ante posibles acciones posteriores, pero no un interruptor digital que te ponga a salvo, de forma automática, del filibusterismo empresarial.

Pero volvamos al origen, a las causas que motivan que sigas recibiendo llamadas pese a sentencias condenatorias y listados salvadores. Una respuesta puede hallarse en la propia sentencia de la Audiencia Nacional a la que hacíamos referencia anteriormente.

En efecto, la sentencia condenó con determinación a la empresa de telemarketing subcontratada por Jazztel, pero exoneraba de cualquier culpa a la compañía arrendadora. Ésta delegación de responsabilidad es una de las causas por las que, empresas de la misma que naturaleza que Jazztel, se acojan cada vez con más frecuencia a la contratación de intermediarios para el contacto con sus clientes potenciales: la asunción de actitudes de carácter abusivo y sus posibles responsabilidades penales recaen sobre quien las ejecuta directamente.

 Las multinacionales de comunicación están así a salvo de complicaciones legales.

Muy bien, podrás preguntarte entonces por qué las empresas de telemarketing sí asumen ese riesgo de posibles acciones judiciales por parte de sus torturados contactos. La respuesta parece bastante simple: el pastel es demasiado goloso para renunciar a él, o dicho de forma más explícita, los beneficios obtenidos superan ampliamente las posibles sanciones. 

El grupo Konecta, la empresa que lidera el sector de las comunicaciones de telemarketing en España, facturó en 2018 más de 830 millones de euros, gracias a una red global que acoge, a su vez, a otra red de razones sociales que deslocalizan la matriz.

Dicho grupo, controlado por el Banco Santander hasta este mismo mes de febrero en que el gigante financiero cántabro vendió las acciones que manejaba al fundador de la empresa, se hizo durante 2018 con la empresa mexicana del ramo B-Connect, a su vez líder del negocio en Latinoamérica.

Todo en una búsqueda de expansión empresarial que contrasta con las acciones reivindicativas llevadas por los sindicatos, que denuncian la precariedad, los bajos sueldos y la congelación de los mismos como velada estrategia de crecimiento.

Pero no es sólo Konecta el único pez de la pecera, nombres como Atento o Qualytel-Arvato quizá no te suenen de nada pero, casi con total seguridad, habrás hablado con alguno de sus trabajadores eventuales en más de una ocasión. 

El negocio generado por dichas compañías supera los 2.000 millones de euros anuales en España y los 549.800 millones a nivel global.

Esta conflictividad laboral está estrechamente ligada con el crecimiento y la paulatina sustitución que está teniendo lugar, por parte de robots, de los operadores humanos. Sólo en los dos últimos años, el número de llamadas efectuadas por dichos terminales robóticos se ha incrementado en unos 4.000 millones en todo el mundo y se calcula que, para el año que viene, una de cada dos llamadas recibidas por los estadounidenses provendrán del telemárketing.

Dado el crecimiento exponencial de este tipo de llamadas, todo indica que éste, el de la robótica, es el futuro de las comunicaciones comerciales. Así que buenas noticias: en el futuro, menos gente acabará trabajando en esos ingratos puestos. La mala, que tu móvil seguirá siendo una potencial víctima del spam telefónico.

El Grupo LGTBI del PSRM pide explicaciones a Sánchez-Mora tras un presunto caso de acoso escolar

MURCIA.- El Grupo LGTBI del PSRM ha pedido explicaciones en un comunicado a la consejera de Educación, María Isabel Sánchez-Mora tras un presunto caso de acoso escolar relacionado con la condición sexual de la persona acosada.

Denunciamos y exigimos a la consejera de Educación, María Isabel Sánchez-Mora Molina, explicaciones de por qué no se ha desarrollado ni aplicado la "Ley 8/2016, de 27 de mayo, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.".

Consideramos un hecho grave el que se haya producido un presunto caso de acoso escolar LGTBI y la falta de implicación de la Consejería de Educación, recordando que la citada ley dice en su preámbulo que "esta ley quiere amparar a todas las personas víctimas de agresiones por identidad u orientación sexual en cualquier ámbito, garantizando que los delitos de odio no cuenten con ninguna cobertura legal, institucional, política o social."

Exigimos por tanto, una explicación por parte de la consejera para que explique la inaplicación de dicha ley, especialmente el Capítulo IV y específicamente el Artículo 28.- Protocolo de prevención de comportamientos y actitudes discriminatorias por homofobia, lesbofobia, bifobia y/o transfobia.

Desde el Partido Socialista de la Región de Murcia consideramos esencial el inmediato desarrollo y aplicación completa de la ley, y exigimos al Gobierno Regional que acabe con su indiferencia ante el colectivo cuanto antes.

Por ello mismo, la diputada regional y vicesecretaria general del PSOE-RM, Isabel Casalduero, ha registrado hoy en la Asamblea Regional una pregunta a la consejera de Educación con el fin de que aclare este asunto.

Para terminar, queremos expresar nuestro apoyo y solidaridad con el alumno acosado, y queremos reafirmar nuestro compromiso contra la LGTBIfobia en todas sus formas y contra el acoso escolar.

C's denunciará al Gobierno de Pedro Antonio Sánchez si no inicia el 'Plan KiVa' contra el acoso escolar

CARTAGENA.- Ciudadanos denunciará al Gobierno regional de Pedro Antonio Sánchez (PP) ante los organismos competentes en el caso de que, "tal y como ha anunciado públicamente", no ponga en marcha el Plan KiVa contra el acoso escolar, aprobado tras incluirse en una enmienda parcial a los Presupuestos regionales aprobada y que, "por tanto, es de obligado cumplimiento".

Así de explícito se mostró el diputado autonómico Juan José Molina, quien añadió que, en consecuencia, el Gobierno regional "será responsable de las consecuencias legales a que hubiere lugar" si no da luz verde a este proyecto que fue aplicado en Finlandia "con notable éxito" a la hora de "mejorar la convivencia escolar"

En este sentido, Molina señaló que esta herramienta ayudará a hacer a los niños y jóvenes "más dueños de sí mismos" y a los centros educativos "lugares para su desarrollo integral donde puedan dar de sí lo mejor que llevan dentro", y censuró que este plan "no debería ser desdeñado tan alegremente por nuestros responsables políticos".

El diputado de Ciudadanos explicó que KiVa incide en los valores de la "solidaridad y el compañerismo, importantísimos a esas edades", puesto que un "joven abandonado a su suerte por su grupo de referencia está perdido" y sólo desde la "solidaridad del grupo podemos hacer frente al acoso y romper el círculo de soledad en el que el acosado se encuentra".

Por ello, Molina reiteró su "sorpresa" por la actitud del Ejecutivo autonómico de "apartar" de su agenda una iniciativa "tan importante por razones exclusivamente económicas, sin entrar a valorar su eficacia y las perspectivas de futuro que supone para muchos de nuestros jóvenes".

El parlamentario se preguntó "de qué sirve tener los mejores laboratorios, pistas polideportivas, los mejores profesores y currículos educativos" si muchos de los escolares no ven en su centro educativo "un lugar seguro y potenciador de sus posibilidades por sufrir un daño contra el que debemos luchar desde todos los frentes, incluido el preventivo", que es donde más incide este programa.

"La convivencia no tiene precio", sentenció Molina, quien lamentó que nunca se podrá cuantificar los casos de acoso escolar evitables con programas como KiVa,"entre otras cosas porque su cometido es evitar que ocurran", aunque concluyó que la posibilidad de poder evitar "un final trágico aunque solo sea una vez, es suficiente para justificar que se lleve a cabo la implantación del proyecto".

"Hablar de caro o barato en un tema tan sensible es una auténtica frivolidad", finalizó el diputado de la formación naranja.

La PAH y Foro Social consideran que el despliegue policial en torno a la marcha contra el paro es "excesivo"

MURCIA.-   La Plataforma de afectados por la hipoteca (PAH) y Foro Social han considerado que el operativo policial desplegado en torno a la Marcha contra el Paro, la Precariedad y los Recortes es "excesivo, desproporcionado e innecesario".

   Por ello, la PAH y Foro Social, convocantes de la marcha, han querido comunicar públicamente que los objetivos y el espíritu que inspiran esta movilización "son de carácter pacifico, reivindicativo y no violento".

   Por ello, los participantes, en ejercicio de sus derechos fundamentales y democráticos, han denunciado públicamente el "estado de sitio" al que el delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, "somete a la ciudadanía murciana con el objetivo de amedrentar, infundir miedo y disuadir a los habitantes de las poblaciones recorridas, para evitar su participación, apoyo y muestra de solidaridad".

   "Ante la paradoja de los recortes de servicios públicos esenciales para los ciudadanos, exigimos el fin del injustificado derroche económico que supone este despliegue y la rectificación inmediata del  delegado del Gobierno de la Región de Murcia", concluyen.

   La marcha prevé recorrer esta semana 170 kilómetros entre los municipios de Alcantarilla, Alhama de Murcia, Lorca, Moratalla, Calasparra, Cieza, Molina de Segura y Murcia, donde finalizará el domingo 11 de noviembre con una gran manifestación, que saldrá, a las 12.00 horas, desde la Plaza Circular.

   El recorrido comenzó este lunes, día 5, desde el municipio de Alcantarilla, etapa que concluyó en Alhama; este martes tenían previsto salir de Alhama hacia Totana, para continuar el 7 de noviembre hasta Lorca, donde los marchantes se desplazarán a Moratalla, para salir el jueves dirección Calasparra hasta llegar a Cieza el viernes, a Molina el día 10 y a Murcia el 11 de noviembre.

   Así lo explicó Alfonso Lucas, miembro de la plataforma, quien ha indicado que las reivindicaciones de la agrupación son el trabajo "con derechos, para todos", la protección social, la renta básica, la paralización de los desahucios y la dación en pago, así como "la defensa del sector público y el bien común y la creación de un banco público de alimentos que pueda ayudar a paliar los efectos de la crisis sobre los más necesitados".

   Y es que, ha enfatizado José Coy, afectado por la hipoteca, "la Región de Murcia tiene casi un 29 por ciento de paro", a lo que se añade que unas 62.000 familias no tienen prestaciones o que 536.000 personas viven por debajo del umbral de la pobreza (36 por ciento de la población).

   Lo peor, ha enfatizado, "es que todo apunta a que el desempleo seguirá creciendo porque no hay motores económicos que puedan tirar del resto" pues "con las políticas de recorte tras recorte, de pérdida de capacidad adquisitiva y de derechos de la población, la tendencia es que esa cifra aumente".

Una profesora de la Facultad de Biología denuncia a la Universidad de Murcia por acoso laboral

MURCIA.- Una profesora de la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia (UMU) ha denunciado a la institución docente por acoso laboral durante más de seis años en su Departamento y que se materializa en "impedir o dificultar sus tareas docentes e investigadoras", según informaron fuentes del sindicato CCOO en un comunicado.

   En concreto, critica que este "acoso laboral" se materailiza en "exclusión en la impartición de másteres, dificultades en el acceso a recursos bibliográficos y laboratorios, e imposibilidad práctica de dirigir tesis doctorales, entre otras cosas".

   El juicio en el que se expondrá el caso tendrá lugar mañana miércoles, 15 de febrero, a las 12.00 horas en el Juzgado nº 7 de lo Contencioso-Administrativo de Murcia.

   CCOO critica que la puesta en conocimiento de los hechos ante el rector de la Universidad de Murcia, José Antonio Cobacho, "no impidieron la situación de hostigamiento y que ésta se haya seguido perpetuando en el tiempo, lo cual ha supuesto un perjuicio en su trayectoria profesional, además de contribuir al deterioro de su salud, por lo que esta profesora se vio obligada a poner el caso en manos de los tribunales".

   La respuesta que el gobierno de la Universidad ha dado, al cabo de cinco años, ha sido "trasladar a esta profesora y ubicarla en otro edificio, donde se le ha dotado de un laboratorio para investigación, mientras permanecen intactos muchos aspectos que siguen vulnerando la actividad de la docente y, lo más importante, su dignidad personal", añade el sindicato.

   Sin embargo, CCOO entiende que "no se llegó al fondo del problema, y, en vez de resolverlo para que la profesora permaneciera en su puesto de trabajo desarrollando su actividad con normalidad, se optó por la solución fácil de crear nuevas infraestructuras".

   La sección de CCOO de la Universidad de Murcia manifiesta su apoyo y solidaridad con esta profesora, a la vez que siente "preocupación" ante hechos como los que se denuncian, y "otros casos de los que también ha tenido o tiene conocimiento, que no pueden tener cabida en la convivencia universitaria".

   "El acoso laboral está mucho más extendido en la sociedad, y la Universidad de Murcia no es una excepción, de lo que a simple vista pudiera parecer y tiene gravísimas consecuencias para la salud y el normal desarrollo profesional de los trabajadores y trabajadoras y es por ello que consideramos necesaria aún una mayor sensibilidad, toma de conciencia e implicación del Rectorado en la resolución de estas situaciones", añade el sindicato.

   La Asamblea de Trabajadores y trabajadoras de la Sección sindical de CCOO en la UMU ha emitido una resolución en la que denuncia la actitud de los órganos de Gobierno de la Universidad, así como el que aún permanecen intactos muchos de los aspectos que motivaron la denuncia de la profesora.

El TSJ confirma la sentencia que falla a favor de un funcionario municipal de Abarán por sufrir acoso laboral

MURCIA.- El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Abarán, contra la sentencia que, en noviembre de 2010, dio la razón al funcionario José Luis G.T., por la vulneración, por parte del anterior equipo de gobierno, y durante cuatro años seguidos, de sus derechos fundamentales.

   El demandado, el Ayuntamiento de Abarán, a través del anterior alcalde y del concejal de personal, ordenó la intervención del ordenador de trabajo del funcionario, según informó el sindicato UGT en comunicado de prensa.

   Este funcionario, venía siendo acosado laboralmente por algunos miembros del equipo de gobierno de este ayuntamiento, según han demostrado ya dos sentencias, ya que desde julio de 2007, "vino sufriendo la alteración de su puesto de trabajo y el vaciamiento de contenido y funciones del mismo", además del traslado forzoso de su ubicación y funciones en la Oficina Técnica Municipal al Centro Integrado Multifuncional de Abarán.

   El caso ha sido llevado desde el principio desde los Servicios Jurídicos de UGT en la Región de Murcia, constituyendo un nuevo logro en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores.

   Estos hechos han quedado doblemente demostrados, tanto por la sentencia 494 de 19/11/2010 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº5 de Murcia y por la Sentencia del TSJ.

   Según ha explicado el secretario general de UGT en la Comarca de La Vega del Segura, Teodoro Cánovas, la sentencia del TSJ "ya es firme y contra la misma, no cabe recurso alguno".

   Para Cánovas, "queda demostrada la grave situación de acoso laboral ejercida por varios miembros del anterior equipo de gobierno municipal contra este funcionario que sufrió persecución laboral, traslado forzoso de su puesto de trabajo, vaciamiento de contenido y funciones de su trabajo e incluso, la intervención de su ordenador de trabajo sin el preceptivo aviso y, por ende, todo ello constituye una flagrante vulneración de sus derechos fundamentales".

   Ahora, el funcionario podrá interponer una demanda contra el consistorio por daños y perjuicios, con petición de indemnización económica que podría superar los 100.000 euros.

   Para Teodoro Cánovas, llegada la hora de las compensaciones económicas, "UGT entiende que dicha carga no debería recaer en la maltrecha economía del Ayuntamiento, a costa de todos los abaraneros, sino en los bolsillos de los responsables directos de las actuaciones que no deben quedar impunes".

Izquierda Unida solicita la dimisión "inmediata" de Sotoca por "mentir e intentar amedrentar" a los profesores

MURCIA.- El responsable de Educación de IU de la Región de Murcia, Diego Reina, ha solicitado este jueves la dimisión "inmediata" del consejero del ramo, Constantino Sotoca, por "mentir e intentar amedrentar" con interponer una querella contra los profesores que mantienen una labor crítica con su labor política.

   Reina también ha acusado a Sotoca de "faltar a la verdad y presumir de desconocimiento de las reuniones de su consejería con las organizaciones sindicales", y le ha pedido que "si le queda el más mínimo atisbo de responsabilidad y seriedad", cese a su director general de Recursos Humanos, José María Ramírez, según informaron fuentes de IU-Verdes en un comunicado.

   "El consejero mintió cuando afirmó que Ramírez daba mítines en calidad de militante del PP y no como cargo de Educación, ya que fue presentado como cargo político institucional tanto en Cieza como en Cartagena, en donde se dedicaba a insultar al profesorado murciano que está en contra del tijeretazo", ha subrayado.

   El dirigente de la federación de izquierdas ha censurado la actitud de Ramírez, y ha señalado que "al igual" que Sotoca, se ha comportado como "insultador oficial de los profesionales de la enseñanza y la educación, conceptos que desconoce profundamente debido a su lejanía profesional con el ámbito docente".

   Ha asegurado que el titular de Educación "desconoce" el Estatuto Básico del Empleado Público, "y por eso no sabe ni con quién se tiene que sentar a negociar los aspectos que afectan a los trabajadores públicos", y ha insistido en que "la ignorancia no pueden ser señal de la gestión de un responsable público"·.

   "Sotoca debe saber que la prevaricación ante todo inhabilita al servidor público debido a que moralmente queda minusvalorado para el resto de integrantes de la comunidad pública, y que si alguien ha ofendido el honor, a las familias y a los profesores de la enseñanza pública ha sido él por incompetente y Ramírez por negligente".