VALENCIA.- El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat,
Miguel Barrachina, junto con los consejeros del ramo de Murcia, Sara
Rubira, y Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, y el presidente del
Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez,
han enviado a la vicepresidenta tercera del Gobierno y Ministra para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, un informe
sobre el trasvase Tajo-Segura, con el objetivo de reclamar su
mantenimiento.
Según señalan en el texto que acompaña el
informe, los tres territorios comparten "una dependencia estructural del
trasvase Tajo-Segura para garantizar el abastecimiento de agua para el
consumo humano, la agricultura y el desarrollo socioeconómico de
nuestras regiones".
Los consejeros y regantes trasladan a la
ministra que los recientes anuncios y propuestas relativas a la
modificación de las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura han
generado una "profunda preocupación" entre las instituciones y los
sectores productivos de estas tres regiones que generan un valor agrario
"muy elevado" y representan un 42,5 por ciento del Valor Agregado Bruto
nacional y a 4,2 millones de ciudadanos "que dependen directa e
indirectamente del agua trasvasada para garantizar su calidad de vida y
su empleo".
Así, advierten que una reducción estructural de
los caudales trasvasables tendría un "importante impacto" sobre la
sostenibilidad de la agricultura de regadío, "que ya ha hecho
importantes esfuerzos de modernización y mejora de la eficiencia en el
uso del agua"; el abastecimiento a poblaciones, especialmente en épocas
de sequía prolongada; la economía y el empleo en sectores "estratégicos"
como el agrario, la industria agroalimentaria o el turismo rural y el
"equilibrio territorial y la cohesión social" en las regiones.
Por este motivo, le trasladan que han elaborado un informe "riguroso"
que analiza la situación actual del trasvase. "Desde la lealtad
institucional y el respeto al marco legal vigente, solicitamos que sea
estudiado con detenimiento y que se abra un espacio de diálogo técnico y
político que permita alcanzar soluciones adecuadas para todos", apuntan
los responsables de agua de las tres CCAA.
En el informe se
solicita la paralización de las nuevas normas de explotación "porque
consuman el injustificado recorte del agua a Andalucía, Murcia y
Comunitat Valenciana"; una igualdad de trato entre los usuarios del Tajo
y del Segura o inversiones urgentes en modernización de regadíos.
En
este sentido, el informe señala que es "fundamental" que, según lo
previsto en el Plan Hidrológico del Tajo, se inviertan 68 millones de
euros para llevar a cabo esta modernización y conseguir un ahorro de
hasta 100 hm3, unos ahorros que se deben de utilizar para cubrir el
caudal ecológico del Jarama.
Asimismo, el informe ve
necesario criterios comunes para determinar los caudales mínimos.
"En el
Plan que nos recortan el agua, porque nos ponen un caudal mínimo, se
dice que los criterios deben ser los mismos para toda España. El Tajo,
con un caudal natural de 617 hm3/año se le exige un caudal mínimo de
8,64m3/segundo. Sin embargo, en el Júcar con un caudal natural de 1.403
hm3/año en Tous se le exige 2,74 m3/segundo. En un mismo país no se
puede permitir que ríos con el doble de caudal se les exige la cuarta
parte de caudal mínimo. Debería ser justo al revés", expone el informe.
De igual modo, el informe defiende que los caudales ecológicos
mínimos "se cumplen siempre, y se han superado ampliamente en los
últimos años".
"Los caudales ecológicos son irrelevantes en la gestión
real que se lleva a cabo en la cabecera del Tajo", afirma.
Asimismo, reclama una "gestión eficiente" en cabecera porque "no debemos
mantener el grifo abierto en cabecera por encima de las necesidades" y
expone que los regadíos del alto Tajo y del Jarama "no están
modernizados y no se tiene constancia de que dispongan de balsas
suficientes para regular las aguas que precisan, por lo que sus
dotaciones son muy elevadas, excesivas".
"En la cabecera del
Tajo se hace uso de 12.000 m3 como media para regar una hectárea
mientras que los usuarios del trasvase utilizan 5.200 m3 por hectáreas",
apunta el informe, que también concluye que en los desembalses hacia el
Tajo para cubrir las necesidades de los regadíos de diversos municipios
castellano-manchegos "se llega a desaprovechar de promedio unos 100
hectómetros cúbicos anuales, curiosamente el mismo volumen que el
Ministerio pretende recortar del Trasvase".
El informe
considera que la existencia del trasvase Tajo-Segura "nada tiene que ver
con los problemas del Tajo, ni en lo que se refiere a la calidad ni en
lo que se refiere a la cantidad de agua"; que las reglas de explotación
"nada tienen que ver con los problemas de calidad y cantidad en Toledo"
ni "tienen ninguna relación con las demandas de uso y restricciones
ambientales en la cuenca y solo perjudica a los receptores del
trasvase".
Por último, entiende que la cantidad de agua que se
precisa para satisfacer las demandas y exigencias ambientales del Tajo
se está desembalsando "con creces" desde los embalses de cabecera
(Entrepeñas y Buendía) y denuncia "opacidad y falta de transparencia" ya
que sostiene que la información que facilita la CHT es insuficiente
para analizar "cómo se está gestionando la cuenca y cómo se van a
resolver sus problemas reales".
"Con la información que facilita la CHT
se puede hacer un seguimiento preciso de los caudales que se derivan al
acueducto Tajo-Segura, pero no se puede llevar a cabo ese mismo
seguimiento de los caudales que van hacia Portugal", recalca.
Además, adjuntan un estudio elaborado por los regantes también a los
efectos de cuantificar los efectos socioeconómicos del trasvase, donde
se contemplan todas las actividades económicas vinculadas al agua
transferida con destino a regadío en el año 2024.
Los
consejeros de las tres autonomías sostienen que sería "imprescindible
que se dejaran sin efecto los incrementos de los caudales ecológicos
previstos, que se paralizara la revisión de las reglas de explotación,
que se agilice la ejecución de las obras contempladas en el programa de
medidas y que se impulse un gran pacto nacional por el agua".
En la carta le trasladan que confían en su "sensibilidad" hacia la
realidad de esta zona y "en su compromiso con una gestión del agua
basada en criterios de equidad, eficiencia, justicia y sostenibilidad".
Al mismo tiempo le reiteran su disposición para mantener una reunión donde abordar estos asuntos "con la profundidad y responsabilidad que merecen".
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