CARTAGENA.- El Consejo de Administración de la Sociedad Cartagena Alta Velocidad, reunido este lunes en Madrid, ha rechazado el soterramiento del ferrocarril una vez analizadas las distintas alternativas estudiadas por la comisión de seguimiento, lo que ha despertado las críticas del Gobierno municipal.
 Según
 informa el Ministerio de Fomento, la mayoría de la Sociedad entiende 
que "el soterramiento no es necesario porque en la actualidad no hay viviendas ni desarrollo urbanístico planificado al otro lado de la vía", además de que, advierte, "demoraría los plazos entre cuatro o cinco años más a los 76 meses previstos por la necesaria descontaminación de los suelos de El Hondón".
 Por
 ello, ha acordado por mayoría apostar por la integración del 
ferrocarril en superficie como solución más idónea para la llegada de la
 alta velocidad.
 Durante la 
reunión del Consejo de Administración, presidida por el secretario de 
Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, se
 han presentado las alternativas analizadas por la comisión de 
seguimiento del estudio de viabilidad para la llegada de la alta 
velocidad y la integración del ferrocarril en Cartagena.
 La
 solución para acometer esta integración en superficie se ha determinado
 como la más viable técnicamente por la mayoría de los consejeros, ya 
que garantiza una permeabilidad adecuada a las necesidades futuras del 
planeamiento urbano, contemplando la construcción de pasarelas 
peatonales y pasos superiores para el tráfico rodado, medidas de 
protección acústica, espacios verdes y el soterramiento de la A-30. 
Además, es compatible con la planificación prevista para la llegada de 
la alta velocidad y no impide acometer un futuro soterramiento.
 Como
 actuaciones de integración ferroviaria, esta alternativa plantea la 
adaptación y ampliación del actual edificio de viajeros, la remodelación
 de la playa de vías para atender tráficos de alta velocidad con 4 vías 
de ancho estándar y 2 de ancho mixto y 4 andenes de 400 metros de 
longitud.
 El coste de la misma 
se estima en torno a los 87 millones de euros, incluyendo tanto que ello
 comportaría para la ciudad, más allá de incrementar notablemente la 
inversión prevista para esta solución.
 Optar
 por el soterramiento, por tanto, implica hacer un estudio sobre el 
proceso de descontaminación de estos suelos que necesariamente supone 
retrasar la llegada de la alta velocidad hasta cuatro o cinco años más, 
plazo que habría que añadir a los 76 meses necesarios para esta 
alternativa.
 La mayoría de la 
Sociedad entiende, además, que el soterramiento no es necesario porque 
en la actualidad no hay viviendas ni desarrollo urbanístico planificado 
al otro lado de la vía.
 Por 
esta razón, se ha optado por la integración en superficie reiterando el 
compromiso del Ministerio de Fomento de avanzar en el impulso y 
desarrollo de las actuaciones necesarias para hacer realidad la llegada 
de la alta velocidad a Cartagena en el menor tiempo posible y con la 
mejor alternativa.
 Ello también
 supondrá sustanciales mejoras para los servicios de Cercanías y de 
Media y Larga Distancia, además de una importante reducción de los 
tiempos de viaje desde el mismo momento en que la alta velocidad llegue a
 Murcia, incluso sin estar construido el by-pass de Beniel, del que ya 
se ha adjudicado la redacción del proyecto.
 La
 Sociedad Cartagena Alta Velocidad está participada por el Ministerio de
 Fomento, a través de las entidades públicas empresariales Adif AV (40%)
 y Adif (10%), por el Ayuntamiento de Cartagena en un 25%, y el Gobierno
 regional con el 25% restante.
 En cuanto a la postura mantenida por la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón,
 defendiendo la llegada soterrada a la ciudad, cabe recordar que en la 
reunión del consejo de Administración de Cartagena Alta Velocidad de 
diciembre de 2016 se alcanzó un acuerdo entre el Ministerio de Fomento, 
el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Cartagena, siendo Castejón 
vicealcaldesa del mismo, en el que se apostaba por la integración sin 
soterramiento.
 Por tanto, 
entiende que "su cambio de postura sólo puede responder a su deseo de 
que la alta velocidad no llegue a Cartagena. Su actitud durante la 
reunión, pretendiendo retrasar la llegada del AVE a la ciudad, así lo 
demuestra".
 Según la 
planificación del Ministerio de Fomento y Adif, la finalización de las 
obras para la llegada de la alta velocidad a Cartagena será en 2021, con
 las obras completas de la integración ya finalizadas en el primer 
trimestre de 2022.
 El Consejo de Administración de la Sociedad Cartagena Alta Velocidad ha sido informada hoy, nuevamente, de estos plazos.
 El
 consejero de Fomento e Infraestructuras, Patricio Valverde, ha 
resaltado "la firme apuesta del Gobierno regional por la alternativa que
 permita conectar cuanto antes y de la mejor manera posible Cartagena a 
la red de Alta Velocidad".
 Así,
 ha señalado que el Consejo de Administración "ha elegido el mejor 
proyecto que da respuesta a las necesidades de los cartageneros", ya que
 garantiza la permeabilidad adecuada a las necesidades urbanas futuras 
de la ciudad, el tráfico rodado y de las personas y el soterramiento de 
la A-30. Y, además, es compatible con la planificación de un futuro 
soterramiento.
 Este proyecto 
incluye la remodelación y ampliación del actual edificio de viajeros y 
la adaptación de la playa de vías para atender a los tráficos de la alta
 velocidad.
 "Hemos perdido 
demasiado tiempo en definir cómo tiene que llegar el AVE a Cartagena 
como consecuencia de la inestabilidad política en la ciudad, que ha 
generado retrasos en los plazos previstos para unir la ciudad a la red 
de Alta Velocidad", destaca el consejero, quien añade que "el resto de 
las opciones planteadas están condicionadas a la descontaminación previa
 de los terrenos, lo que supone retrasar 'sine die' la llegada del AVE a
 Cartagena".
 El consejero 
destacado que "el Gobierno regional no renuncia al proyecto de 
soterramiento de las vías en Cartagena, si bien no podemos demorar aún 
más la llegada de la alta velocidad por la descontaminación de los 
terrenos", que sería la segunda actuación más importante de España, tras
 la del polo químico de Huelva.
 La
 alternativa del soterramiento plantea una serie de dificultades. Por un
 lado, supondría abordar un proyecto de descontaminación que dilataría 
de manera importante los plazos de planificación y ejecución de las 
obras y que no están incluidos en esta alternativa, por lo que habría 
que añadirlos a los 76 meses.
 En
 segundo lugar, requiere un estudio previo de caracterización del 
proceso de descontaminación, cuyo resultado es incierto. Y por último, 
habría que añadir un notable coste económico, que no está incluido en la
 valoración, que asciende a unos 163 millones de euros.
 
 
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