CARTAGENA.- Jesús García, representante de la consultoría de Administración
Pública Acal y experto en financiación local, ha cifrado en 640 millones
de euros el dinero que deberían haber recibido los consistorios de la
Región entre 2012 y 2016 por parte del Gobierno regional, con cargo a la
extinta Diputación Provincial, y que no han recibido.
En su
comparecencia ante la Asamblea Regional, García ha señalado que la
Comunidad Autónoma «se ha quedado» con este dinero asignado por el
Estado español para financiación local, y que en 2017 supuso un desfase
de 39 millones de euros entre la cantidad asignada (156 millones) y la
entregada finalmente (117 millones).
El consultor ha remarcado que
los ayuntamientos han aumentado en ese periodo la presión fiscal una
media de un 22 por ciento para intentar rebajar la «penuria» de las
haciendas locales.
García ha defendido la necesidad de crear una
ley de financiación local que acometa la segunda «descentralización» y
que acabe con una dotación «insuficiente» y «totalmente condicionada» a
los criterios que establece la Comunidad Autónoma, lo que, en su
opinión, «contraviene» los principios de la Constitución y la Carta de
Autonomía Local de la UE.
Previamente, ha comparecido ante la
Cámara autonómica el interventor de la Diputación de Albacete, Antonio
Villaescusa, quien ha apostado por que la Comunidad Autónoma ejecute y
financie directamente los servicios que son su competencia pero que
están llevando a cabo los ayuntamientos, denominadas competencias
impropias.
En su comparecencia ante la Comisión de Economía,
Hacienda y Presupuesto, Villaescusa ha rechazado la práctica habitual
consistente en que los consistorios ejecuten las competencias impropias y
que la Comunidad Autónoma les abone los gastos.
Finalmente, el
interventor de la Diputación de Albacete ha incidido en que le
legislación debe definir bien las competencias autonómicas y, en casos
concretos, introducir elementos de «equidad» para los municipios,
especialmente los de menor población.
Por parte de los grupos, el
diputado socialista Emilio Ivars ha criticado que la Comunidad Autónoma
se haya «autofinanciado» en los años de la crisis con dinero asignado a
los municipios, mientras que el portavoz parlamentario de Podemos, Óscar
Urralburu, ha pedido una ley que evite la «subvención incondicionada»
según criterios partidistas por parte del Gobierno regional.
Desde
la bancada de Ciudadanos, Luis Fernández ha valorado que la norma cuyas
bases debe redactar una ponencia parlamentaria debe delimitar las
competencias de cada Administración, al tiempo que el diputado del PP
Domingo Coronado ha defendido la aprobación de la ley para dar
estabilidad a los consistorios, si bien ha matizado que «no hay una
solución mágica».
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