CARTAGENA.- "No se puede ir contra la voluntad de los vecinos", así de
contundente se ha mostrado hoy el portavoz de Ciudadanos en Cartagena,
Manuel Padín, tras conocer el dictamen del Consejo de Administración de
la Sociedad Cartagena Alta Velocidad por el cual se impone la llegada en
superficie del AVE, es decir, la propuesta de que las obras de
integración urbana empiecen a finales del año 2020, y acaben en 2023,
con una inversión de 66,6 millones de euros.
"Lo venimos advirtiendo desde hace más de un año, no queremos para
Cartagena la fractura social que se ha producido en la ciudad vecina de
Murcia a causa de la llegada del AVE, y por eso pedimos desde el primer
momento que abriéramos el debate lo máximo posible mediante una Junta de
Portavoces extraordinaria con miembros de Adif, y una Comisión de
Seguimiento con la presencia de los vecinos, especialmente aquellos
afectados por el trazado", ha explicado el portavoz naranja.
Para Manuel
Padín, "difícilmente se podrá acometer un proyecto de esta envergadura
si no se cuenta antes con el respaldo de los colectivos vecinales
afectados ni con el del Ayuntamiento de Cartagena; es una
irresponsabilidad tremenda tomar una decisión de este tipo sin contar
con los cartageneros; de manera que exigimos encarecidamente al Consejo
de Administración que posponga el acuerdo hasta alcanzar un pacto con el
Ayuntamiento y el consenso más amplio posible; no pedimos demasiado,
sólo que rememos todos en la misma dirección para que el AVE llegue lo
posible y no hayan problemas".
Según Manuel Padín, "la alcaldesa de Cartagena es también culpable de
esta situación, a pesar de que llevamos meses advirtiendo que tenía que
llegar a Madrid con un consenso social y político fuerte para poder
enfrentarse con garantías a la soberbia y el rodillo del PP, ha hecho
oídos sordos y ha preferido luchar contra los leones con un tenedor".
"La señora Castejón no ha entregado todavía a los grupos municipales del
Ayuntamiento la documentación técnica de Adif, y está incumpliendo el
mandato plenario de convocar una Junta de Portavoces sobre la llegada
del AVE desde noviembre de 2017", ha recordado Manuel Padín, que asegura
que "hoy la situación sería distinta si el PSOE hubiera trabajado por
un frente común, pero ha preferido defender su posición ignorando a los
vecinos que están representados por el resto de fuerzas municipales, es
decir, ha despreciado y silenciado al 83 por ciento del electorado en
una decisión estratégica que marcará el futuro de Cartagena".
"Estamos ante la cara más intransigente e inepta del bipartidismo, al
PP le tenemos que agradecer la imposición de una llegada en superficie
sin consenso social, y al PSOE la arrogante temeridad de defender en
solitario los intereses de Cartagena sin contar con el resto de
formaciones políticas", ha asegurado el portavoz de la formación naranja
en Cartagena, Manuel Padín
El portavoz de Ciudadanos señala que "es la primera vez que un
Consejo de Administración de Alta Velocidad toma una decisión de este
tipo en contra de la voluntad del Ayuntamiento, y con la Federación de
Asociaciones de Vecinos de Cartagena, y la plataforma vecinal de
reciente creación con representantes de Barrio Peral, José María
Lapuerta, Virgen de la Caridad, Torreciega, San Ginés y Sector Estación
en contra".
"No se puede hacer peor y desde Ciudadanos tememos que esto
pueda desembocar en un serio problema de orden público tal y como ha
sucedido en Murcia, por eso vamos a recomendar que el Ayuntamiento
estudie impugnar este dictamen".
En este sentido, Ciudadanos ha
recordado que la infracción del orden público puede dar lugar a la
impugnación de acuerdos sociales. En concreto, el artículo 205.1 de la
Ley de Sociedades de Capital ("LSC") dispone que la acción de
impugnación puede hacerse cuando "tenga por objeto acuerdos que, por sus
circunstancias, causa o contenido resultaren contrarios al orden
público".
"Creemos que el Ayuntamiento, en virtud de lo ocurrido en
Murcia, puede defender la impugnación de este acuerdo atendiendo al
artículo 205.1", ha informado Manuel Padín, que también valora buscar
"el amparo del Defensor del Pueblo".
Ciudadanos analizará en los próximos días todos los instrumentos
políticos y legales que tiene a su alcance para obligar al Ministerio de
Fomento y a la Comunidad a buscar un acuerdo con el Ayuntamiento antes
de tomar una decisión definitiva, "queremos evitar la confrontación
vecinal, y salvaguardar la paz social en este municipio".
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