El Monotema lo ocupa todo. El espacio y
el tiempo. Pero hay políticos que utilizan este paréntesis para atender
también, de paso y a la remanguillé, otros asuntos de los que no dan
información ni explicaciones. Además del drama del coronavirus, están
pasando cosas.
Algunas nos recuerdan el recurso del Boletín Oficial de
agosto, cuando los Gobiernos aprovechan para publicar decisiones oscuras
o impopulares en el supuesto de que el personal está distraído en las
alegres vacaciones y es fácil colocarle hechos consumados sin reflejos
para la protesta.
El caso
ambulancias. Pues bien, el coronavirus está haciendo de manera dramática
el papel del diletante agosto a los efectos de los intereses del
Gobierno regional. En primer lugar, con lo que puede considerarse un
escándalo anunciado, y en el mismo corazón del Servicio Murciano de
Salud.
El organismo que gestiona la sanidad pública murciana se ha visto
obligado a suspender de nuevo, se supone que ahora definitivamente, el
concurso sobre la externalización de la gestión de las ambulancias
porque la empresa adjudicataria, una filial de La Generala, no dispone
de los medios precisos para prestar el servicio, según informa Onda
Cero.
Da la casualidad de que La Generala se hizo con el contrato
precisamente porque, en la valoración de los técnicos, aportaba más y
mejores prestaciones que las empresas a las que venía a sustituir. Pues
bien, a la hora de la verdad, es decir, a la hora de tomar el relevo a
las concesionarias anteriores, el propio SMS ha constatado que La
Generala no está en condiciones de hacerse cargo.
En
su día ya escribí aquí, por activa y por pasiva, que el desarrollo del
proceso para esta concesión no estaba nada claro, que la sombra de
ciertos intermediarios era bien visible, y de hecho se produjeron
incidencias insólitas en estos casos derivadas de alertas surgidas en la
propia Administración, con refriegas entre Hacienda y Sanidad y con
participación activa de anteriores gestores del SMS posteriormente
recolocados.
El resultado final es el fiasco. Y esto, en pleno estado de
alarma por una pandemia que tiene en vilo a todo el sistema sanitario.
Algo que debería abundar en el escándalo, pero que, sin embargo,
contribuye a difuminarlo, porque lo importante es salir de ésta. Y las
ambulancias siguen funcionando gracias a quienes, en teoría, deberían
abandonar su gestión.
Pero no
crean que el Gobierno se ha apresurado a dar explicaciones, si las
tuviera. Deberían responder al menos a la pregunta de cómo es que
permiten que gane una empresa por lo que puntúa su aportación de medios
si éstos son inexistentes. ¿Qué garantías exigieron?
Era previsible que
esto ocurriera, pues La Generala carece de experiencia en este tipo de
negocios, frente a sus competidoras, que aportaban años de probada y
apreciada calidad en el servicio, pero también es bien conocida la
cercanía de aquella empresa a los ámbitos gubernamentales.
Es probable,
además, que el asunto no quede aquí, y puedan producirse denuncias por
supuesta prevaricación de parte de las empresas perjudicadas en el
concurso, expulsadas con una impecable hoja de servicios, como también
parecería lógico que la Fiscalía Anticorrupción tomara cartas en un
asunto de presupuesto multimillonario que, desde el principio, fue
observado como un probable intento de tocomocho.
Llama la atención
que la primera contrata de gran alcance del periodo López Miras acabe en
un chasco de esta dimensión, y no hay más dilema que el obvio: o había
gato encerrado o la capacidad de gestión es la que se deduce. O puede
que ambas cosas no resulten incompatibles.
El
telecaso. Hay un segundo concurso público en danza que también va por
el mismo camino: el de la televisión pública regional. A finales del
pasado marzo, el consejero de Hacienda, Javier Celdrán, firmó una
prórroga de su contrata a la actual concesionaria, Secuoya, que se
prolongará hasta el mismo día en que la empresa ganadora del concurso
convocado en la primera semana de incidencia del coronavirus pueda
hacerse cargo de la gestión, empresa que puede ser la propia Secuoya si
fuera la beneficiaria.
Se trata de una decisión de alta trascendencia de
la que el Gobierno no se ha dignado informar en su preciso momento, ni
siquiera después, ni en nota ni rueda de prensa y que, por supuesto, ni
siquiera ha pasado por Consejo de Gobierno, aunque fuera solo por
cortesía informativa al conjunto de sus integrantes.
Se
podría entender que, en una fase excepcional como la que vivimos, en
que los procesos administrativos están paralizados, la prórroga
constituye una solución necesaria para que las emisiones de la
televisión mantengan su continuidad. Pero esa lógica, que podríamos
aplaudir en otro contexto, no responde a la verdad.
Y la prueba es que
no ha existo voluntad de hacer pública una decisión que, en principio,
no sería discutible si no fuera por los antecedentes. El peligro de la
trastienda gubernamental es que solo informan sobre el Monotema,
aprovechando la ansiedad general por la mortalidad que causa, el
confinamiento general y sus derivaciones económicas y sociales, pero
mientras tanto hacen otras cosas acerca de las que mantienen una
estricta opacidad.
El
Gobierno regional no ha explicado ni puede explicar cómo es que no
convocó el concurso de la televisión pública en tiempo y forma, es
decir, antes de que se cumplieran los plazos de extinción del actual
contrato. Nada evidente habría impedido que la Administración hiciera
sus deberes al respecto, salvo si consideramos, como en el anterior
caso, dos posibilidades: una, la del gato encerrado, y otra, la de la
incompetencia para la gestión. O tal vez se trate de nuevo de dos en
una. La repetición en dos fiascos abunda en esta última posibilidad.
Las
preguntas se amontonan aquí. ¿Por qué no se emitió el concurso en el
momento en que correspondía hacerlo? ¿Y por qué se hizo, de prisa y
corriendo (a pesar de la abstención de los consejeros de Ciudadanos en
el Consejo de Gobierno) cuando ya el Ejecutivo central había decretado
el estado de alarma y, por tanto, no podían correr los plazos para
preparar proyectos de acuerdo a las bases, a no ser que alguna empresa
las conociera de antemano o hubiera participado activa y colateralmente
en la redacción de las mismas?
Varios medios digitales, entre ellos uno
dirigido por el prestigioso periodista de investigación Juan Luis
Galiacho, han publicado estos días que la Udyco, de la Policía Nacional,
está investigando las circunstancias de este concurso sobre el supuesto
de que podría estar amañado. Sea esto cierto o no, la impresión de
favoritismo a Secuoya es transparente y no contribuye a disiparla el
extraño zigzag que el Gobierno López Miras viene practicando al
respecto.
El propio
presidente, en su etapa como secretario general de Hacienda, presidió la
comisión técnica que adjudicó a Secuoya el actual contrato que acaba de
prorrogar, y lo hizo entonces en el entorno del muñidor Martínez
Pujalte, que le ha legado a la actual secretaria general con rango de
consejera, Mar Moreno, anterior jefa de gabinete de su esposa, Isabel
Borrego, en su etapa de secretaria de Estado de Turismo, y esposa
aquélla a su vez del director general de la televisión autonómica,
Antonio Peñarrubia, por lo que el tráfico virtuoso de información
manufacturada San Esteban-La7/La 7-San Esteban está asegurado.
Todo
es muy evidente, menos las respuestas del Gobierno a preguntas
sencillas más la opacidad informativa respecto a los grandes concursos
multimillonarios de la actual Administración. Todo se lo come el
coronavirus en un proceso paralelo de intoxicación política en el que
'la culpa de todo la tiene Pedro Sánchez', de modo que el personal hace
sonar las cacerolas contra el Gobierno central mientras el regional las
utiliza para condimentar suculentos guisos al gusto cuyo aroma pasa
desapercibido para una gran parte del personal ya suficientemente
acuciado por el cambio de paradigma a que ha de enfrentarse la nueva
sociedad.
Entre pantalla y
palanca. El Covid es la tapadera perfecta, y más cuando la baja
incidencia inicial en la Región de Murcia, tal vez gracias a que Pedro
Sánchez, la consejera portavoz dixit, no nos había instalado el Ave (al
César lo que es del César) permitió un breve espacio para la reacción
que, añadido a ciertos gestos sobreactuados y al buen funcionamiento del
sistema sanitario (a pesar de los recortes presupuestarios en los que
se pretendía insistir en la primera redacción de Presupuestos para 2020
camuflados entre el aumento de gasto en personal) han permitido a López
Miras salir políticamente vivo de esta primera fase de la crisis, la
sanitaria.
Para la segunda, la económica, ya anda ingeniando comisiones
de trabajo vacías de contenido, competencias y presupuesto, así como
pactos formales entre sindicatos y patronal cuyo recorrido práctico
acabará, como siempre en estos casos, en una foto enmarcada. Ha salvado
los Presupuestos, incluso a sabiendas de que son una raya en el agua,
pues antes y después de su aprobación el propio Gobierno anunciaba
medidas extraordionarias que, al ser anticipadas, indicaban que podían
dictarse sin ellos y a pesar de ellos, y las emitidas después desvelan
que dichos Presupuestos carecen, ya de entrada, de valor.
Salvo
para una cosa: incrementar el sueldo del presidente, una decisión que
en otro momento habría carecido de toda importancia, pero en la fase
actual, con la proliferación de Ertes por doquier y las suspensiones
masivas de negocios y empleos queda un poco porno. Ha faltado el gesto
de empezar la corrección de los Presupuestos por ese desliz infumable y
aplazar la propina para los del año próximo.
La gente se retrata en los
detalles.
A López Miras le
gratifica también que algunos consejeros de Ciudadanos carguen
formalmente con el capítulo de errores, lo que parece inevitable, ya que
como señalé el pasado domingo, gran parte de la política de la crisis
recae sobre las competencias que éstos administran: Política Social,
Empresa, y Empleo.
Respecto a la primera, comandada por Isabel Franco,
poco que objetar, pues solo en cuatro de 107 residencias de ancianos se
han experimentado incidencias graves; la segunda (Martínez Vidal)
mantiene un ten con ten con el consejero Javier Celdrán que casi siempre
se resuelve en comandita, aunque a menos de un año en el cargo
manifiesta escasa habilidad en la gestión de equipos, ya que el capítulo
de ceses y nombramientos en los distintos escalones de su departamento
desvelan una personalidad difícil.
Pero en este aspecto es más
extraordinario el caso de Miguel Motas, de Empleo, que acaba de
destituir a la directora general responsable de la administración de los
Ertes por un error en el cómputo de los mismos a la vez que en
contradictoria nota de prensa acusaba a los empresarios de la confusión
en los datos.
Quienes conocen bien cómo se desempeña el consejero Motas
relevan a Manoli Marín de toda responsabilidad como gestora de una
dirección general sin apenas apoyo técnico ni infraestructura operativa,
y menos cuando el consejero lo supervisa todo y cierra la posibilidad
de autonomía a cualquier miembro de su equipo.
Es el típico caso de
quien depura su propia responsabilidad en la cabeza del subalterno. Tal
vez por esto, Motas se vio obligado a destituir a Marín, pues ella se
negó a dimitir, y por referencia de terceros parece que no ha quedado
muy complacida con la experiencia.
El
PP, mientras tanto, se enseñorea, pues a pesar del protagonismo
indudable del equipo de Cs, es López Miras quien gesticula en modo
héroe. El Covid está actuando, de momento, como pantalla, y tal vez
después como palanca. En eso está.
(*) Periodista
https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/04/26/covid-tapadera/1109670.html
