lunes, 15 de enero de 2018

El PSRM destaca la importancia del consenso político conseguido para defender y proteger el Mar Menor


CARTAGENA.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Antonio Guillamón, ha mostrado satisfacción por el resultado de la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua, por el alto grado de consenso obtenido con las enmiendas al Proyecto de Ley de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor. 

En la primera parte, de las 45 enmiendas presentadas, 25 se han aprobado por unanimidad, tres se han retirado y cinco se han aprobado por votación de los grupos de la oposición.
En la Comisión de hoy, de las trece reservadas, 4 se han aprobado por unanimidad, se ha retirado una y el resto se ha aprobado por votación de los grupos PSOE, Podemos y Ciudadanos.
En concreto, las cuatro enmiendas aprobadas por unanimidad son las que hacen alusión a la presentación de una memoria de diseño de la plantación a la Consejería en forma de declaración responsable; sobre la prohibición de creación de nuevas superficies de cultivos o ampliación de las existentes; la restitución a sus condiciones originales de todas la superficies situadas fuera del perímetro de regadío legal; y, por último, que se deje como en el decreto la referencia la recepción de metales pesados procedentes de la minería.
Se ha retirado, la que hacía alusión a la obligatoriedad de colocación de hileras de piedras a pie de las plantaciones.
Por votación mayoritaria se han aprobado las siguientes: la enmienda que establece los nuevos límites de zonificación; otra para que se destine el 5% de la superficie para la reducción de la contaminación difusa agraria; que se eliminen las cuatro secciones que conforman el texto inicial y que hacían referencia a las distintas zonas; otra enmienda para que se cumplan las obligaciones de aplicar barreras vegetales en las zonas 1, 2 y 3; y otra relacionada con las numerosas advertencias por parte de los investigadores y organizaciones de defensa de la naturaleza sobre las consecuencias de la falta de actuaciones adecuadas en el entorno del Mar Menor. 
Además, se ha aprobado una enmienda de supresión de algunas especies vegetales que aparecen en el listado de especies con interés en conservación de suelos; otra de supresión de texto en la que se proponía la utilización de especies silvestres autóctonas con capacidad de retención de suelos y nutrientes; y otra de adición que obliga a la reparcelación, recuperando las pendientes, mediante pequeños abancalamientos para facilitar la filtración del agua de lluvia y escorrentías en caso de nuevos regadíos regularizados en los últimos planes de Cuenca; además de otra sobre la implantación de las técnicas de rotación de los cultivos.
Antonio Guillamón aseguró que el PSOE ha recibido numerosas presiones por parte de los lobbys del sector agrario regional en los últimos días. "Estamos de acuerdo con los agricultores de que la agricultura no es la única fuente de contaminación del Mar Menor y entendemos sus críticas al Partido Popular por haber redactado una ley que no considera otros focos de contaminación, como la presión urbanística, las embarcaciones a motor, los residuos mineros y en general lo concerniente al modelo de desarrollo turístico de los últimos años".
El diputado socialista indicó que "es difícil conciliar los intereses de las actividades económicas con la protección del Mar Menor, y más ahora que sufrimos las consecuencias de la pasividad de los gobiernos del PP de esta Comunidad que han permitido actuaciones que jamás deberían haberse dado en este entorno y que han agravado su situación".
A pesar de esto, el diputado socialista añadió, que los grupos de la oposición han mostrado una flexibilidad considerable, atendiendo algunos aspectos de la futura ley que el sector agrario les ha transmitido en los múltiples encuentros que se han producido.
Por último, Guillamón agregó que el PSOE seguirá trabajando en la redacción de una Ley integral para el Mar Menor, que contemple todos los factores que incidan en la contaminación de esta zona, "a fin de garantizar la gobernanza de este extraordinario paraje natural que tiene la Región de Murcia, considerando la Estrategia Integrada en la que se trabajó hace unos meses y el Plan de Gestión, que habiendo estado durante dos meses en exposición pública continúa sin aprobarse".

La Región lidera el crecimiento del transporte urbano en autobús

MURCIA.- La Región de Murcia lidera el crecimiento del transporte urbano en autobús, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) referidos al mes de noviembre de 2017, cuya tasa de crecimiento se eleva hasta el 6 por ciento, con respecto al mes pasado, mientras que el crecimiento medio nacional es del 1,1 por ciento.

El director general de Transportes, Costas y Puertos, José Ramón Díez de Revenga, valoró que estos datos demuestran que "las políticas de movilidad, que está impulsando el Gobierno regional, están dando buenos resultados"; y destacó que, "en términos absolutos, volvemos a superar los 1.900.000 viajeros en el mes de noviembre".
"De enero a noviembre del pasado año se registraron 17,3 millones de usuarios de bus", subrayó Díez de Revenga; "lo que supone un alza en el cómputoacumulado del 6 por cientoen relación al mismo período de 2016, y la segunda mayor subidapor comunidades y muy cerca de Aragón (6,5 por ciento)".
José Ramón Díez de Revenga puso de manifiesto que salvo en abril, todos los demás meses del año se han registrado tasas interanuales positivas.

El Seminario Mayor San Fulgencio celebra sus 425 años


MURCIA.- El Seminario Mayor San Fulgencio celebró el 425 aniversario de su fundación con la celebración de la Eucaristía en la Catedral de Murcia. El acto comenzó con una procesión claustral hasta la capilla de Nuestra Señora del Socorro, donde el rector del Seminario San Fulgencio, Sebastián Chico, leyó un extracto del acta fundacional del seminario. 

Fue en esta capilla, en el contexto de las reuniones del Cabildo Catedralicio, “donde se tomaron las decisiones que hicieron nacer el Seminario Conciliar del Señor San Fulgencio entre los años 1592 y 1954”, explicó el rector, que aprovechó además para dar gracias a Dios por todos los seminaristas que se han formado durante estos años y pedir por los que lo hacen en la actualidad.
Tras la lectura de las actas, continuó la procesión de entrada para dar comienzo la Eucaristía presidida por el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, acompañado por el Arzobispo emérito de Burgos, Mons. Francisco Gil Hellín; y el Obispo de Gurué (Mozambique), Francisco Lerma Martínez. 
Participaron también en la celebración el director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades de la Conferencia Episcopal Española, Sergio Requena, y numerosos sacerdotes de la Diócesis de Cartagena. Junto a los seminaristas mayores también estuvieron los del Redemptoris Mater y los seminaristas menores de San José.

La creación del Seminario Conciliar San Fulgencio data del 19 de agosto de 1592 cuando el entonces Obispo de Cartagena, Mons. Sancho Dávila, dio cumplimiento con su fundación a las disposiciones emanadas del Concilio de Trento. Sus primeros alumnos fueron doce, dato que remarcó Mons. Lorca Planes en su homilía, al repasar la historia del seminario. 
El obispo de Cartagena se mostró agradecido en este día “por la gran cantidad de personas que han formado parte de esta familia, a la que están unidos nuestros nombres. Tenemos muchos motivos para dar gracias por todos los sacerdotes que se han formado en estas aulas y se han sentido orgullosos de su condición de fulgentinos”. 
Un seminario que con el paso de los años mantiene la misma tarea que pide la Iglesia desde hace siglos: “formar discípulos y misioneros enamorados del Maestro, pastores con ‘olor a oveja’, que vivan en medio del rebaño para servirlo y llevarle la misericordia de Dios”, dijo el Obispo.
En esta celebración se utilizó el cáliz de la fundación del seminario. Un cáliz de líneas sencillas en cuyo gollete lleva la inscripción “Es de San Fulgencio 1593”. Aunque no era la primera vez que se usaba, el obispo de Cartagena manifestó su emoción por poder utilizarlo.
Junto al altar mayor se encontraba la imagen de Santa María, Reina de los Corazones. La Señora que preside la escalera del Seminario Mayor de San Fulgencio y en cuyo corazón están escritos los nombres de los seminaristas que durante el último siglo se han consagrado a María. 
Antes de concluir la celebración, Mons. Lorca invitó a los presentes a dirigir “los ojos a La Señora, cuya presencia y maternal intercesión guía desde hace tanto tiempo a los seminaristas en su camino vocacional”.
La fiesta continuó en el Seminario San Fulgencio con una jornada de convivencia que los seminaristas compartieron con sus familiares. 

C's Murcia reclama más asistencia técnica en las propias Juntas Municipales para cubrir las demandas de los vecinos de pedanías

MURCIA.- El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Murcia, Mario Gómez, ha reclamado hoy durante la presentación de la llamada oficina de atención al pedáneo un incremento significativo de la asistencia técnica en las propias Juntas Municipales -donde los pedáneos necesitan ayuda afectiva- y no en los despachos de La Glorieta.

Esta oficina –ha explicado Gómez- no está dotada de más personal administrativo y técnico capaz de satisfacer y cubrir las demandas del 62 por ciento de los vecinos que viven en pedanías.
“Lo único que ha hecho el PP local”, ha asegurado el portavoz naranja, “es trasladar el problema de un despacho a una nueva oficina, mudando a  un funcionario del servicio de Descentralización a este nuevo despacho, sin dar conocer este espacio a los pedáneos, a muchos de los cuales no han invitado, ni han llegado a explicarles cuál va a ser el actual procedimiento a seguir a la hora de tramitar cualquier acto administrativo”.
Para Gómez, “este es un claro ejemplo de la improvisación con la que gobierna José Ballesta y su edil José Guillén, además de una muestra palpable de que no les interesa que las Juntas Municipales funcionen con más eficiencia y mayor dotación de recursos humanos, dejando de bloquear sistemáticamente su trabajo”.  
 “Hasta este momento”, ha reiterado, “lo único que hemos visto es un traslado, sin más; aunque sí nos gustaría pensar que este nuevo espacio va a servir para desbloquear todas las inversiones pendientes de ejecución en pedanías, y para agilizar y facilitar el trabajo de los presidentes de las Juntas Municipales”.
Por ello, el portavoz naranja ha insistido en que “desde Ciudadanos seguiremos proponiendo que los presupuestos de 2018 incluyan partidas concretas para que se produzca un aumento efectivo de los recursos humanos y una agilización real del trabajo de los pedáneos que se traduzca en una mejora de la vida de quienes viven en pedanías”.

La UPA exige a Agricultura una moratoria a las nuevas restricciones en el uso de purines y estiércol

MURCIA.- La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de la Región de Murcia (UPA-Murcia) ha manifestado su oposición a las nuevas restricciones establecidas por el Ministerio de Agricultura en la aplicación del purín y estiércol en las superficies agrícolas, cuyo cumplimiento condiciona a agricultores y ganaderos a la hora de percibir las ayudas de la PAC de este año 2018.

Según la organización "esta nueva exigencia encuadrada en la normas que deben cumplir los beneficiarios de la PAC, ha sido toma a traición y sin ningún tipo de consulta o consenso con el sector, de forma que nos ha pillado por sorpresa y sin contar con los equipos necesarios para poder cumplirla".
El Real Decreto que entró en vigor el pasado 1 de enero establece la prohibición de aplicar los purines mediante sistemas de plato o abanico, obligando a disponer de una maquinaria específica que permita su inyección directamente en el suelo, lo que hace inservible la gran mayoría de la maquinaria que disponen los agricultores, teniendo que o bien acometer su difícil y costosa adaptación, o adquirir una nueva.
"Es totalmente imposible que todos los metros cúbicos de purines que se generan en el sector ganadero sean tratados de ese modo desde ya mismo por la falta de maquinaria disponible, de forma que en caso de seguir adelante esta norma, habría que sustituir mucha maquinaria por una nueva, cuando en la mayoría de los casos, no ha sido amortiza por sus propietarios, con el riesgo de que se produzca una burbuja en torno a esta necesidad, y que algunos pretendan hacer caja a nuestra costa", apuntan desde UPA.
Esta situación ha llevado a UPA a exigir a la Consejería de Agricultura que ponga en marcha todos los mecanismos posibles para establecer las excepcionalidades que contempla la normativa nacional, atendiendo a las características específicas de las explotaciones, orografía y climatología, considerando que cualquier medida que afecte al sector debe ser consensuada, y cuando requiere nuevos medios para su aplicación como es este caso, su entrada en vigor de hacerse de una forma escalonada, de forma que se evite la penalización de los agricultores por algo que desconocían o por no disponer de los medios adecuados para cumplirlo.
"Los agricultores y ganaderos somos los más preocupados por el cuidado del medio ambiente, y venimos adaptando con gran esfuerzo nuestro trabajo para conseguir este objetivo, pero cuando se fijan nuevos requisitos, no nos pueden ser impuestos sin un plazo de adaptación, y sin estar seguros de que su aplicación redunde en un mayor beneficio para el medio natural".
Esta situación además lleva a UPA a reiterar su petición a la Consejería de Agricultura la puesta en marcha con carácter de urgencia de un "Plan Renove" de la maquinaria a nivel regional.

Compromiso del Gobierno regional con el pueblo saharaui


MURCIA.- El consejero de Presidencia y Fomento, Pedro Rivera, acompañado por el director general de Unión Europea, Acción Exterior y Cooperación, Manuel Pleguezuelo, recibió hoy a la delegada saharaui en la Región de Murcia, Fatma Mohamed Salem.

Estaba acompañada de miembros de su delegación y de la Asociación Sonrisa Saharaui Región de Murcia, para estudiar las acciones de solidaridad que promueve el Gobierno regional y reiterar el compromiso del Ejecutivo con el pueblo saharaui, “que se plasma en actuaciones como la caravana solidaria, en la que se envían vehículos y material educativo a los campamentos de refugiados, o las ayudas que se llevan a cabo a través de asociaciones como Sonrisa Saharaui”.
El consejero invitó a las asociaciones que dan respaldo a los saharauis a concurrir a las convocatorias de subvenciones de la Consejería de Presidencia y Fomento, “tanto para financiar acciones de concienciación en la Región, como para desarrollar proyectos de ayuda humanitaria en los mismos campamentos”.

CTSSP denuncia el creciente número de vertederos ilegales


CARTAGENA.- CTSSP ha vuelto a denunciar la proliferación de vertederos ilegales en el municipio de Cartagena, con el agravante de que muchos de ellos se llenan de residuos provenientes de las obras realizadas por el propio Ayuntamiento. 

Asimismo, el grupo municipal ha denunciado que el propio Ayuntamiento contrata con empresas que ya han sido sancionadas por delitos medioambientales, lo cual resulta un indicador lamentable de las nulas intenciones que tiene el Gobierno municipal de acabar con estos ilícitos.
CTSSP ha recordado que los vertederos ilegales en donde se arrojan residuos de la construcción y demolición constituyen un doble problema: primero atentan contra nuestros espacios naturales (como montes y ramblas) y además generan competencia desleal con las empresas encargadas de gestionar los RCD, empresas que sí pagan sus impuestos y realizan sus tareas de forma ejemplar, y que se ven perjudicadas por aquellos gestores que se saltan la ley y obtienen beneficios gracias a ello.
El grupo municipal de Podemos llevará una batería de 15 preguntas al Pleno municipal para saber qué ha hecho el Gobierno para combatir este grave problema medioambiental, al tiempo que instará a la aplicación de medidas urgentes, como la imposición de sanciones ejemplares, el aumento de los controles, la inmediata aprobación de la ordenanza específica de RCD y la creación de un inventario de vertederos ilegales en el municipio.

Grupos ecologistas de la cuenca del Segura plantean sus propuestas para el Pacto Nacional por el Agua


MURCIA.- El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Miguel Ángel Ródenas, se ha reunido esta mañana con representantes de colectivos ecologistas para conocer sus propuestas y demandas respecto a la situación de la cuenca del Segura. 

Este encuentro se produce en el marco de la ronda de contactos puesta en marcha por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para avanzar en el proceso de debate que dé lugar, con la máxima participación, diálogo y consenso, a un Pacto Nacional por el Agua para dar respuesta a los principales retos de la gestión del agua en España.
Con esta reunión se continúa con los contactos con los usuarios, colectivos profesionales y organizaciones no gubernamentales. Este encuentro sirve de continuación a los desarrollados con anterioridad por la Directora General del Agua, Liana Ardiles, con las Comunidades Autónomas, con el objetivo de involucrar en este Pacto Nacional por el Agua a todos los sectores y agentes implicados en la gestión o uso del agua.
El Pacto Nacional por el Agua debe recoger las propuestas técnicas para hacer un uso más eficaz, solidario e integrado de los recursos existentes. Se tomarán como puntos de referencia los temas identificados en los planes hidrológicos de segundo ciclo, dando continuidad a este diálogo en el marco del proceso de preparación de los planes hidrológicos de tercer ciclo, de conformidad con el calendario establecido en la Directiva Marco del Agua.
Este futuro Pacto se centrará en cuatro grandes capítulos: la atención de déficits, el cumplimiento de los objetivos ambientales fijados en los planes hidrológicos, la puesta en marcha de los planes de gestión de riesgos de inundación y otra serie de medidas en materia de gobernanza del agua.

El IES 'Alfonso X El Sabio' de Murcia celebra su 180 aniversario con numerosas actividades


MURCIA.- La consejera de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez-Cachá, junto al director del IES Alfonso X el Sabio de Murcia, Andrés Nieto, presentó la guía de actividades que el centro va a llevar a cabo con motivo de la celebración de su 180 aniversario. Entre las actividades destacan un concurso de diseño del logotipo para conmemorar el aniversario, jornadas de convivencia, rutas turísticas o un 'flashmob'.

Martínez-Cachá subrayó la importancia de esta efeméride porque "el instituto Alfonso X el Sabio de Murcia es el tercero más antiguo de toda España y todo un emblema de la capital murciana, un exponente de la calidad educativa en la Región de Murcia".
La consejera destacó además "que la culminación de los actos coincidirá con la puesta en marcha de sus nuevas instalaciones tras una reforma integral del centro". 
Las obras "han supuesto una inversión de 1,2 millones de euros y beneficiarán a 1.200 alumnos", explicó.
Las actividades se iniciaron el mes pasado y se prolongarán hasta mayo. Entre ellas destacan las que se realizarán con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino, el 26 de enero, con varias actuaciones musicales y un 'flashmob' a cargo de la asociación de estudiantes. Además, todos los asistentes podrán disfrutar de una jornada de convivencia.
En febrero se realizarán varias exposiciones y conferencias centradas en la relación del instituto con la universidad, y en marzo se llevarán a cabo varias rutas turísticas y se colocarán placas en las distintas instalaciones que tuvo el centro por la ciudad de Murcia. 
En abril se presentará un documental y está previsto que se inauguren las nuevas instalaciones, y en mayo culminarán los actos con visitas a diferentes museos durante una noche.

C's exige la ejecución completa de los 5,5 millones de euros que ha destinado a ayudas al sector pesquero del Mar Menor


CARTAGENA.- Ciudadanos ha exigido hoy al Gobierno regional que “ejecute por una vez al completo la partida de ayudas a nuestros pescadores”, según ha explicado el portavoz de la formación, Miguel Sánchez, tras reunirse con la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar en el muelle pesquero de Lo Pagán. 

Sánchez ha destacado que los 5,5 millones de euros para la promoción pesquera introducidos por Ciudadanos en el presupuesto “les beneficiará de forma directa”, pero ha puesto el acento en su compromisos con el sector para presionar al Gobierno regional y exigirle “el cumplimiento y la ejecución íntegra de la partida, para evitar situaciones como la vivida en 2016, cuando de una partida multimillonaria que se vendió a bombo y platillo solo se ejecutaron 1,2 millones o la del pasado ejercicio, cuando solo se habían gastado hasta noviembre de forma efectiva apenas 900.000 euros”.
 Sánchez, junto al portavoz del grupo municipal de San Pedro del Pinatar, José Luis Ros, ha mantenido una reunión con el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores, Jesús Antonio Gómez, y el secretario, Francisco Rodríguez. “Queremos también que sean los pescadores los que decidan la prioridad a la hora de gastar estos fondos”, ha añadido el portavoz naranja.
“En Ciudadanos consideramos que la difícil situación que padece el Mar Menor merece al menos la compensación en forma de inversión y apoyo a sus pescadores, y también a los de toda la Región porque es un sector clave. Por eso, pedimos al Gobierno regional que cumpla íntegramente con la partida y no vuelva a engañar con anuncios millonarios y cumplimientos rácanos. Desde hace años, apenas se cumple el 20% de lo consignado, y nos parece una falta de respeto al sector”, ha afirmado Miguel Sánchez, quien estuvo acompañado en la visita por el portavoz municipal local y secretario de Comunicación, José Luis Ros. 
“Los pescadores pueden estar tranquilos, porque la partida consignada a pesca ha sido consignada por Ciudadanos en las negociaciones y presionaremos para que se cumpla al completo”, han señalado. En la negociación, C's también ha conseguido incluir partidas que afectan al sector pesquero, desde la de eliminación medusas en el Mar Menor al mantenimiento de la reserva marina, además de destinar 160.000 euros a la vigilancia y control pesquero y más de 600.000 para la acuicultura y un posible aumento de su producción.

Ayudas y Ley Integral para el Mar Menor
Sánchez ha destacado que Ciudadanos apuesta por “una Ley Integral del Mar Menor que recoja todos los intereses, las preocupaciones y las posibles soluciones para todos los sectores, desde la pesca a la agricultura, incluyendo también los planes urbanísticos de los distintos municipios ribereños”. 
A juicio del portavoz de C's, “el Mar Menor es nuestra joya medioambiental y turística, y es una prioridad para Ciudadanos, que ha presionado sin descanso hasta lograr que se destinen casi 29 millones de euros en actuaciones para su recuperación”, ha destacado el portavoz naranja, que  recuerda que “en la negociación presupuestaria con el PP, uno de nuestros puntos centrales fue que se contase con la inversión necesaria para recuperar el Mar Menor y que esta línea fuese una actuación prioritaria para 2018”.
Entre estas actuaciones, el portavoz ha destacado algunas como el filtro verde en las cercanías de la rambla de El Albujón (2,4 millones) o la planta piloto de eliminación de nitratos. También los 2,8 millones para investigar posibles soluciones y evitar nuevos errores, o los más de 4 millones para los municipios ribereños a través de las estrategias de desarrollo urbano sostenible (DUSI).
En el caso específico de San Pedro del Pinatar, hay 58.000 euros para evacuación de pluviales en la partida del Mar Menor y casi 150.000 euros para la mejora de su red de saneamiento. También se han dotado de financiación las actuaciones contra las avenidas y las inundaciones de Mar de Cristal, Santiago de La Ribera y Playa Honda, y también se ha puesto dinero para completar los colectores Norte y Sur de San Javier. El paseo ribereño de Colón, en Santiago de La Ribera, también recibirá ayuda para su rehabilitación.

El PSOE de Lorca propone la ampliación de la zona de aparcamiento público del Hospital 'Rafael Méndez'


LORCA.- La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Marisol Sánchez Jódar ha pedido la ampliación de la zona de aparcamiento público del Hospital General Rafael Méndez, para mejorar la accesibilidad de los usuarios al recinto. Para ello, ha propuesto el aprovechamiento de una parcela anexa a la actual zona de aparcamiento que es de titularidad municipal.

Con esta propuesta del PSOE, los usuarios del Hospital Rafael Méndez se beneficiarían de, aproximadamente, 2oo nuevas plazas de aparcamiento, gracias al aprovechamiento de esta parcela de 2.000 m2. Una parcela que, apunta, es propiedad del Ayuntamiento de Lorca y que, en la actualidad, únicamente sirve para almacenar farolas, bancos y demás enseres y restos de mobiliario urbano en desuso.
Sánchez Jódar asegura que este mobiliario urbano puede almacenarse "perfectamente" en cualquier otro sitio, pero los usuarios del Rafael Méndez "no tienen otro sitio para aparcar". Por lo tanto, pide al Ayuntamiento de Lorca que habilite esta parcela y se pueda dar uso, en lugar de para almacenar farolas y bancos, para su aprovechamiento como nuevo espacio de aparcamiento a disposición de los usuarios del hospital.
Desde el PSOE aseguran que se trata de una cuestión de "voluntad política", por lo que, si al Alcalde y a sus concejales les preocupa "de verdad" los problemas y los quebraderos de cabeza que ocasionan a los usuarios la falta de aparcamiento en el Rafael Méndez "no tendrán problema en hacernos caso, reconocer y aceptar esta propuesta del PSOE y dar una solución a este problema".
Marisol Sánchez ha expresado su preocupación por las dificultades que los usuarios del Rafael Méndez, especialmente los más mayores y las personas con movilidad reducida, presentan para acceder a las dependencias del hospital. 
Asegura que es momento de ir mejorando las condiciones de accesibilidad de este hospital que presenta "carencias" debido a que no fueron contempladas en su momento al tratarse de una obra de "hace casi 30 años".
La edil socialista asegura la única parada con la que cuenta el Rafael Méndez "no puede estar en peor sitio". Añade que, teniendo el hall de entrada al Hospital, así como la entrada a las consultas de especialidades en la parte de arriba, no tiene sentido que la única parada de autobús se encuentre en la parte de abajo, obligando a los usuarios a subir una "larga y acentuada" cuesta hasta llegar a las dependencias del hospital.
Para ello, Sánchez Jódar ha pedido a la concejalía de Transporte que traslade la actual parada de autobús y la ubique en la parte superior del recinto, para facilitar el acceso a la entrada principal del hospital, así como a las consultas de especialidades.

El Ayuntamiento de Murcia propone construir un recinto ferial en Corvera

MURCIA.- Las pedanías del Campo de Murcia son protagonistas de dos proyectos con los que el Ayuntamiento concurre a la convocatoria de ayudas del Programa de Desarrollo Rural de la Región 2014-2020 para actuaciones no programadas en la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Territorio Campoder. Se trata, por un lado, de la implantación de un recinto ferial en Corvera y, por otro, el proyecto de cubrición y mejora de zonas infantiles en Jerónimo y Avileses, La Murta, Corvera, Sucina y Los Martínez del Puerto.

El primero de ellos supone la creación de una infraestructura de interés turístico y económico en este entorno, muy próximo al aeropuerto de la Región de Murcia. Para ello, el Ayuntamiento de Murcia ha solicitado una subvención al Grupo de Acción Local Campoder, para la instalación de un Recinto de Fiestas y Ferias en Corvera que dará servicio a las pedanías murcianas del Campo de Murcia.
Esta intervención, que tiene un plazo de ejecución de 9 meses, persigue crear un espacio diferenciado y permanente para la celebración de acciones de dinamización comercial y turística, mejorando la oferta de ocio de la población y contribuyendo a la promoción de la economía local a través de la realización de muestras gastronómicas, ferias comerciales y las fiestas patronales en un recinto diseñado específicamente para tal finalidad.
El recinto contará con varias zonas diferenciadas, entre las que se encuentran un espacio multifuncional para la realización de espectáculos, una zona dedicada a las atracciones y eventos de dinamización comercial, y otra a la actividad asociativa destinada a la realización de actuaciones.
Este proyecto es el fruto de la colaboración que se ha impulsado a lo largo de los últimos años entre los sectores hostelero, artesano y agroalimentario para dar a conocer los productos y servicios que ofrece el Campo de Murcia, y que ha permitido la creación de la Asociación de Empresarios del Campo de Murcia y la realización de diversas acciones de promoción del territorio, entre las que se encuentra la Feria Artesanía y Agricultura o la Feria de Comercio.

Difusión de la cultura y etnografía
De igual forma, gracias a la realización de este proyecto, las fiestas patronales de la pedanía murciana, tendrán una mayor proyección hacia otros municipios, contribuyendo a la difusión y divulgación de la cultura y etnografía propia del Campo de Murcia.
El proyecto se ha diseñado teniendo en consideración las necesidades específicas de un espacio de este tipo y por ello contará con las últimas innovaciones para garantizar su sostenibilidad y accesibilidad por parte de toda la población. En este sentido, contempla una adaptación total no sólo del recinto, sino también de los accesos, donde se ha contemplado la creación de vados practicables en las vías de acceso y aceras, garantizando así la accesibilidad de las personas con movilidad reducida.
También contará con una pérgola autoportante equipada con paneles fotovoltaicos para proporcionar la iluminación ambiental del recinto y una barrera vegetal de arbolado que servirá como atenuante acústico y se contempla la smartización de los sistemas de riego e iluminación.
Así pues, será una infraestructura de pequeña escala capaz de dar respuesta a las necesidades vecinales de ocio y tiempo libre, al mismo tiempo que contribuye a poner en valor los recursos gastronómicos y etnográficos del territorio y garantiza la sostenibilidad social y ambiental de la intervención.

Sombraje en parques infantiles
El segundo proyecto que se presenta a la estrategia Territorio Campoder es la cubrición y mejora de zonas infantiles en pedanías del Campo de Murcia.
En concreto, se trata de la renovación de estos espacios en los jardines de la Calle Escuelas, de Jerónimo y Avileses; de Casas de Debajo, de La Murta; y de los centros culturales en Corvera, Sucina y Los Martínez del Puerto.
El presupuesto estimado asciende a 60.000 euros y el plazo de ejecución de 3 meses. Estas intervenciones permitirán renovar los espacios infantiles incluidos dentro de las zonas verdes de las pedanías del campo de Murcia. El plan pretende dotar de pérgolas de cubrición textil a las ubicaciones elegidas, combatiendo las elevadas temperaturas de los meses estivales y dotando al conjunto de elementos arquitectónicos de diseño que mejoran el ornato de las plazas y siendo un atractivo más para el turismo rural.
Las obras consistirán en la creación de cinco pérgolas mixtas, con postes metálicos de 180 mm y lonas microperforadas de gran resistencia, ignífuga y transpirable. Se ejecutarán realizando un estudio de sombras para cada caso, teniendo en cuenta las distancias de seguridad mínima establecidas a los juegos infantiles.

Ayudas por importe de 2,8 millones de euros
Las ayudas, que se dirigen a actuaciones no programadas en la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Territorio Campoder, ascienden a 2,8 millones de euros que se distribuirán en sucesivas convocatorias hasta 2020.
El Programa de Desarrollo Rural de la Región 2014-2020 en el que se enmarca tiene por objeto articular actuaciones, ayudas e inversiones para contribuir al mantenimiento y desarrollo sostenible de las zonas rurales, entre las que se encuentran las pedanías del Campo de Murcia.
Mantener la inversión en estas áreas con el fin de fortalecer el sector agrario y su industria de transformación, la agricultura sostenible y la silvicultura, y las actividades económicas en los pueblos es el objetivo último de la estrategia.

Izquierda Unida-Verdes Región de Murcia condena las "redadas racistas" contra inmigrantes en Cieza

MURCIA.- Izquierda Unida-Verdes Región de Murcia condena las "redadas racistas" contra inmigrantes en Cieza.La denuncia se produce tras los últimos episodios en Cieza, donde se llevó a cabo una redada con más de 50 policías en lugares regentados por población de origen magrebí. 

Victoria Rodríguez, responsable de estrategias para el conflicto de IUVRM ha denunciado que "esta es una muestra más de las políticas racista que realiza este gobierno".
Así mismo, Rodríguez ha denunciado que se realicen redadas racistas contra personas a las que no se trata como ciudadanos por no tener "papeles" con la excusa de una "inspección de trabajo". 
Esta actuación que se ha desarrollado en Cieza con dispositivos provenientes de la Unidad de Intervención Policial de Granada y Málaga, y que no ha sido coordinada con las fuerzas de seguridad locales, estaba dirigida al registro de locales regentados por población de origen magrebí, lo que consideramos denunciable al tratarse de controles de identidad bajo premisas raciales.
Desde Izquierda Unida le recuerdan al Partido Popular que si le preocupa la situación laboral de los y las trabajadoras de la Región, es preciso aumentar los recursos para la inspección de trabajo, puesto que hay empresarios que se aprovechan de la normativa en materia laboral para explotar a los trabajadores, independientemente de su origen, aunque los migrantes son más vulnerables a este tipo de actuaciones por su condición. Sin ir más lejos las ETT's son un foco de explotación laboral en nuestra Región.
Por todo ello, desde IU-Verdes exigimos al gobierno estatal y regional que trabaje para dar solución a los problemas de la mayoría social y deje de perseguir a personas que no han cometido delito alguno.

El murciano Jaime García-Legaz, nuevo miembro del Consejo Internacional de Aeropuertos


MADRID.-El presidente y consejero delegado de Aena, el murciano Jaime García-Legaz, formará parte del Consejo de Aci Europe, la sección europea del Consejo Internacional de Aeropuertos, la única asociación profesional mundial de operadores aeroportuarios, según informa la compañía. 

El Consejo, del que ya es miembro el director general de negocio regulado de Aena, Javier Marín, está compuesto principalmente por los CEO de 22 aeropuertos miembros, grandes y pequeños.
La Junta tiene autoridad para tomar decisiones sobre todos los asuntos relevantes y está presidida por un presidente elegido por la Asamblea General de Aci Europe para un año, con una única posibilidad de reelección.
Aci Europe representa a más de 500 aeropuertos en 45 países europeos.

La CARM impone 126 sanciones a locales por infracciones de la ley antitabaco

MURCIA.- La Consejería de Salud ha llevado a cabo en 2017 un total de 10.293 inspecciones para velar por el cumplimiento de la ley antitabaco en la Región del Murcia. Esta cifra, han informado fuentes regionales, supone 739 inspecciones más que en 2016. De estos controles, 4.535 tuvieron lugar en el sector de la hostelería.

Estas actuaciones han sido realizadas al amparo de la ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.
Así, la Consejería ha registrado 528 denuncias (612 en 2016). De ellas, 28 han sido formuladas por diferentes asociaciones y particulares, 40 por oficinas de consumo, 73 por la Agencia Tributaria y 8 por el Servicio de Seguridad Alimentaria de la Consejería de Salud. El resto, 379, por la Guardia Civil y las policías locales.
Los principales motivos de las denuncias se han dado por fumar dentro de los establecimientos y por cuestiones relativas a los paramentos de los locales, así como por la venta de tabaco en establecimientos no autorizados y por la ausencia de cartelería referente a la legislación vigente.
Como consecuencia de estas infracciones, Salud ha iniciado un total de 126 expedientes sancionadores frente a los 118 de 2016. Aproximadamente, el 50 por ciento de estos expedientes sancionadores se han generado por permitir fumar en los establecimientos; el 10 por ciento por fumar en lugares no autorizados y el 40 por ciento por vender tabaco en lugares no autorizados y a menores.
Sobre este asunto, el director general de Salud Pública y Adicciones, José Carlos Vicente, ha recordado que la finalidad de estas actuaciones es "proteger a los no fumadores del humo ambiental del tabaco y seguir sensibilizando sobre sus efectos especialmente a los fumadores".
En este sentido, ha destacado las campañas que la Consejería de Salud promueve en la Región para animar a los fumadores a que abandonen este hábito y para persuadir de su inicio a la población más joven.
Desde que entró en vigor la normativa el 1 de enero de 2011 y hasta el 31 de diciembre de 2016, la Consejería ha realizado 67.793 inspecciones, de las que 29.789 han tenido lugar en establecimientos pertenecientes al sector de la hostelería.
Asimismo, han sido interpuestas 4.389 denuncias de las que 549 han sido formuladas por asociaciones y particulares y 3.719 por Guardia Civil y policías locales. Fruto de estas denuncias, Sanidad inició 1.332 expedientes sancionadores, han informado desde el Gobierno regional.
El director general ha explicado que "dejar de fumar ahora es más fácil que hace años, ya que hoy en día existen muchos métodos eficaces". 
En este sentido, ha subrayado que "es cierto que se precisa una implicación y un esfuerzo personal, pero se puede encontrar ayuda y apoyo en el personal sanitario", al tiempo que ha insistido en que "no hay ningún modo de fumar que no perjudique: la mejor opción para ganar salud es dejar de fumar".
Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad, Seguridad Social e Igualdad, fechados en 2014, un 25,5 por ciento de la población de la Región es fumadora, algo superior a la media nacional, situada en un 22,9 por ciento. En los últimos años, señalan las mismas fuentes, han dejado de fumar en la Región unas 8.700 personas con ayuda de profesionales del Servicio Murciano de Salud.
A tal efecto, las personas que quieran abandonar este hábito pueden pedir ayuda en su centro de salud y consultar la Guía para dejar de fumar del Servicio de Promoción y Educación para la Salud, disponible en la web de MurciaSalud.

El murciano Ginés Jiménez niega la trama de extorsión a dueños de locales destapada en 2008

MADRID.- Los abogados del exjefe de la Policía Local de Coslada (Madrid), Ginés Jiménez, natural de Alcantarilla, y de otros cuatro agentes procesados por una supuesta trama de corrupción policial destapada en 2008 que extorsionaba a dueños de locales, han asegurado que no había tal trama, ni asociación ilícita.

Así lo han explicado tres letrados antes de que la Audiencia Provincial de Madrid comenzara el juicio contra Ginés Jiménez y otras once personas acusadas de integrar o permitir una presunta trama de policías corruptos destapada en 2008 y por la que la Fiscalía pide más de 26 años para el exjefe policial.
La Sección 17 de la Audiencia madrileña juzga desde este lunes y hasta el 23 de marzo, con varias sesiones cada semana, a Ginés Jiménez Buendía, a su mujer, a su hijo, a tres ciudadanos rumanos relacionados con la prostitución y a seis agentes de la localidad.
El juicio arranca tras diez años de instrucción judicial con numerosos recursos de diferentes partes. Las detenciones se practicaron en mayo de 2008 en el marco de la denominada operación Bloque, en la que fueron arrestados 26 agentes, varios de los cuales estuvieron en prisión provisional.
Ginés Jiménez ha declinado hacer declaraciones a la prensa por respeto al tribunal, pero su letrado, Oskar Zéin, ha recordado que hasta mayo de 2012 "había una presunta conexión por presunta asociación ilícita, pero quedó archivada" tras una sentencia del Juzgado de Instrucción 21 de Madrid que ratificó la Audiencia Provincial.
"Ya no hay trama, ya no hay asociación, ya no hay organización. Son hechos absolutamente distantes y distintos para unos y otros" acusados, ha sostenido, tras destacar que los delitos que se imputan a su defendido no tiene relación con los que se imputan al resto de procesados.
Ha hecho hincapié en que de los 26 agentes arrestados en mayo de 2008 en la denominada 'operación Bloque' solo siete van a juicio, y lo hacen diez años después.
El letrado Eulogio García, que representa a tres de los policías procesados, también ha sostenido que "no hay asociación ilícita, ni extorsión, ni absolutamente nada", porque se declaró el sobreseimiento.
"Sí hay una instrucción mala", con dilaciones indebidas, ha afirmado, algo que considera "indignante" y "un fracaso absoluto de la instrucción de la justicia" en el que "habría que entrar a fondo".
García ha subrayado que todos los agentes procesados, salvo Ginés Jiménez, volvieron a trabajar e incluso han recibido felicitaciones por su trabajo, pero las detenciones de 2008 les dejaron "hundidos".
Por su parte, Marcos García Montes, letrado de otro agente, ha explicado que "es una instrucción realizada con los pies" que "empezó en la Comisaría de San Blas y acabó en la UDYCO central (Unidad contra el Crimen y la Delincuencia Organizado) sin que se diera traslado del procedimiento" y que acumula "numerosas irregularidades" y "nulidades".
Ha asegurado que su cliente no sabe de qué se le acusa, solo que va a juicio por coacciones y ha destacado que estuvo en prisión provisional pero finalmente la Fiscalía solo pide para él una multa.

UGT lamenta que 2017 «no haya servido para reducir la precariedad» en la Región

MURCIA.- El año 2017 ha sido el año "en que se ha ido afianzando el crecimiento económico en España y en la Región de Murcia, y también la reactivación del empleo", sin embargo, "no ha servido para reducir la precariedad y las desigualdades de una forma proporcional".

Así ha comenzado el secretario general de UGT Región de Murcia, Antonio Jiménez, la presentación del 'Balance socioeconómico y laboral de la Región de Murcia 2017 y principales retos para 2018', en la que incidido en que "la recuperación en términos macroeconómicos que se está experimentando no se ha trasladado a la mayor parte de los ciudadanos, que han visto como se prolonga el camino de la precariedad, de los bajos salarios y de la desigualdad en el mercado de trabajo".
Tampoco se ha trasladado esa recuperación a la política presupuestaria del Gobierno, para restituir los derechos, las políticas sociales y las prestaciones y servicios públicos recortados durante la crisis, añadió.
Y es que, afirmó, en 2017 ha aumentado la contratación temporal, ha subido enormemente la realizada a través de ETT's (en la Región de Murcia se firman el 13,2% de todos los contratos que firman las ETT's en toda España), y que ya concentran el 50% de todos los contratos temporales que se firman en la Región; y en empleo indefinido, "la precariedad también ha llegado a estos contratos, ya que el 40% de los contratos indefinidos suscritos en 2017 fueron fijos discontinuos, el 21% a tiempo parcial y sólo el 39% a tiempo completo".
Los salarios en 2017 tampoco se han beneficiado de los mejores datos económicos, "ya que suben menos que la inflación registrada y ha bajado también el coste salarial para las empresas", por lo que "el tejido empresarial sigue aprovechando la recuperación económica apoyándose en mantener los sueldos bajos", con trabajadores asalariados más pobres que antes.
Para Antonio Jiménez, hay datos positivos que resaltar en 2017, como ha sido "la subida del SMI anunciada para los próximos 3 años, porque confiamos que haga de correa de trasmisión y palanca a la hora de negociar salarios mejores para los trabajadores frente a la escasa subida ofrecida por la patronal", indicó.
El informe presentado este lunes también ha entrado a analizar otros aspectos de la situación socioeconómica regional, como la situación de sequía y la falta de cobertura del déficit hídrico, la situación de las infraestructuras de transporte como el AVE, el aeropuerto de Corvera o la variante ferroviaria de Camarillas, entre otros muchos temas.
Como retos para 2018, el secretario general de UGT los ha resumido en cinco grandes bloques. En empleo, UGT sigue reclamando la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012, generalizar medidas que fomenten el empleo estable y de calidad y apostar por subidas salariales por encima del 3%, para conseguir tener salarios mínimos de 1.000 euros, en los textos de los convenios colectivos.
En el ámbito de la Política Social, asegura que urge la derogación de la Reforma de las Pensiones, que está dinamitando el sistema público para potenciar los sistemas privados de pensiones; intensificar la lucha contra la pobreza y la exclusión social y recuperar los derechos y salarios recortados de los empleados públicos en durante los años de crisis, entre otros temas.
La negociación colectiva es un pilar básico para avanzar en la mejora de las condiciones de trabajo, y por ello UGT exige que se materialicen las mejoras pactadas en la Estrategia Regional por el Empleo de Calidad, firmada en diciembre de 2016, apuntó.
En materia económica y presupuestaria, señala que es preciso mejorar la inversión en I+D+i, políticas industriales y tecnológicas potentes, apostar por la generación de 'empleos verdes' y la modernización de sectores tradicionales.
Y en lo referente a inversiones e infraestructuras, es "irrenunciable" lograr un gran pacto de Estado en materia de agua, que garantice la cobertura del déficit hídrico de la cuenca del Segura, realizar las inversiones hidráulicas necesarias y mejorar la coordinación, participación y recursos para la recuperación medioambiental del Mar Menor.

Ahora llega el consejero Carrillo con las rebajas: «La bajada del IRPF llevará algún tiempo»

MURCIA.- El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Andrés Carrillo, confirmó este lunes que el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) bajará, tal y como anunció el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras. Al tratarse de una rebaja en el tramo autonómico del IRPF no depende de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, según aclaró la Consejería.

En una rueda de prensa y al ser preguntado por este asunto, Carrillo señaló que uno de los factores que influye "mucho" en esta medida es el nuevo modelo de financiación autonómica en el que se está trabajando. Precisó que el impacto definitivo de la rebaja del impuesto sobre la Renta afecta a las personas el mismo año en el que se aprueba la decisión, mientras que el impacto sobre el erario público regional repercute "dos años después".
Esto es así debido al funcionamiento del sistema de financiación autonómica, ya que la Comunidad recibe la liquidación del IRPF dos años después. "Esto es importante porque se supone que la economía ha crecido dos años después, por lo que hay mayor recaudación en todos los impuestos y damos tiempo a que haya un sistema de financiación autonómico nuevo", destacó.
Por otro lado, Carrillo avanzó que la bajada del tramo autonómico del IRPF llevará "algún tiempo", al igual que sucedió con la decisión sobre la bajada del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que se tomó en 2015 y su ejecución ha ido completando "fases" hasta su bonificación definitiva al 99 por ciento, que se produjo este 1 de enero.
En este sentido, destacó que el "punto cero" de la bajada del IRPF se fijó el pasado miércoles, cuando López Miras anunció la decisión. Carrillo señaló que el Gobierno regional está "trabajando sobre" esta medida sin que se haya tomado una decisión más concreta.
El criterio que está siguiendo la Consejería de Hacienda para materializar esta rebaja del IRPF es el "que estableció" López Miras cuando señaló que la segunda parte de la legislatura se destinaría a favorecer a las clases medias.
Todo ello, después de que en la primera parte de la legislatura se adoptaran medidas de calado social para ayudar a los más afectados por la crisis, a personas afectadas por la "pobreza y con discapacidad, con el aumento de la Renta Básica de Inserción, como el aumento de las plazas de residencias para mayores o la mejora de la gestión del sistema de la Dependencia", señaló.
Por otro lado, Carrillo recordó que en el año 2016, que es el primer año completo de gobierno del actual Ejecutivo regional, el déficit bajó en 200 millones de euros, lo que calificó como una cifra "muy significativa" a pesar que no había cambiado el sistema de financiación y Murcia "seguía siendo la comunidad peor financiada junto a Valencia".
En cuanto al cierre de 2017, Carrillo reconoció que todavía no dispone de los datos definitivos, porque corresponden a la contabilidad nacional y dependen de la Administración General del Estado. No obstante, prevé que haya una reducción del déficit "también importante", aunque "no tanto como la del 2016".
A este respecto, señaló que el Gobierno murciano "quiere llevar un equilibrio entre esa reducción del déficit, que entendemos que es una responsabilidad", pero cree que se tiene que compaginar con otras cuestiones que "había que arreglar tras la crisis", como "mejorar el sistema de la Dependencia o la Renta Básica de Inserción, por ejemplo".
"Hay otros objetivos sociales y económicos muy importantes además de reducir el déficit", según Carrillo, quien cree que "la mejor política es mejorar al mismo tiempo la vida social y económica de la gente que vive en la Región mientras se reduce paulativamente el déficit".
Para que la reducción del déficit sea "definitiva", insistió en que es necesario cambiar el modelo de financiación autonómica, y en eso, el Ejecutivo regional "está trabajando más que nadie, empujando mucho al Gobierno central". 
No obstante, admitió que "somos conscientes de que un tema que afecta a 17 comunidades, de todos contra todos, no es fácil de resolver".

Las organizaciones agrarias aseguran que la ley del Mar Menor «pone en riesgo» al sector

MURCIA.- Los presidentes de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Coag), califican de «decepcionante» tanto «la puesta en escena de los partidos políticos de la oposición», como «el trato que tienen con el sector más importante de la economía en la Región», tras asistir este lunes a la comisión de la Asamblea Regional en la que se debatían las enmiendas al proyecto de Ley de Medidas Urgentes para la sostenibilidad ambiental del Mar Menor.

Ambas organizaciones entienden que en la elaboración de la normativa regional, que será llevada al pleno el próximo 1 de febrero para su aprobación definitiva, primaron «los intereses políticos y la imagen de los partidos, frente al interés por proteger el Mar Menor, el futuro de la agricultura y los criterios técnicos». Todo ello, unido a la falta de agua, hace que, según Fecoam y Coag, «se ponga en peligro la sostenibilidad y continuidad de la agricultura en el Campo de Cartagena».
En este sentido, declararon que «en esta ley se toman decisiones que ni perjudican ni benefician al Mar Menor, sino que sencillamente van en contra del trabajo de los agricultores, y que hacen que no tengamos claro cual será el futuro de la agricultura en la zona a corto y largo plazo». Los representantes del campo subrayaron también los interrogantes que abre este Decreto Ley, que consideran más una normativa «antiagricultura que a favor del Mar Menor».
Además denuncian que el futuro texto «es aún más restrictivo que la normativa europea en vigor que regula los nitratos, además de carecer de una base técnica rigurosa». «No entendemos que una asamblea regional legisle por encima de la normativa de la UE», puntualizaron.
Así, explican que se prohibe el uso de ciertos productos «que la UE permite», una medida que «tampoco está demostrado que ello suponga un beneficio para el Mar Menor», más bien al contrario ya que «puede producir un perjuicio a los cultivos».
También piden que se realice una explicación de ejecución de la norma porque el sector encuentra «contradicciones» en las medidas, ya que «unifican todas las zonas, abre un plazo de tres años para que todas las zonas estén ejecutadas y consolidadas, pero hay acciones contempladas que sustituyen a otras y no entendemos muy bien cual es la dinámica a seguir, teniendo en cuenta además la inversión que supone para el agricultor».

Las valoraciones medias de los locales murcianos mantienen en 2017 el sobresaliente

MURCIA.- La Región de Murcia se mantiene este 2017 por encima del 4 sobre 5, según recoge el estudio anual de TripAdvisor sobre las puntuaciones medias otorgadas por los viajeros durante el pasado ejercicio. Así, la Región se sitúa por encima del 4 desde 2012.

Con respecto a la valoración de hoteles, restaurantes y lugares de interés en 2017, Murcia ha obtenido una puntuación media de sus lugares de interés de 4,34, y un 4 en sus restaurantes y hoteles, han informado fuentes de TripAdvisor.
La valoración general de España como destino turístico es "excelente", de un 4,14 sobre 5, según las puntuaciones otorgadas por los viajeros en TripAdvisor, habiendo incrementado a lo largo de los últimos años, desde un 4,12 sobre 5 en 2012.
A nivel regional se puede comprobar que las Islas Canarias es la región mejor valorada de España, con la calificación más alta del país en 2017 (4,20). Le siguen Andalucía (4,18), Islas Baleares (4,16), Cataluña y La Rioja (4,15).

'Pacto por el Mar Menor' espera la aprobación de las enmiendas

CARTAGENA.- La plataforma social Pacto por el Mar Menor mostró su esperanza en que las enmiendas de la oposición a la ley de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad Ambiental del Mar Menor, vigente desde mayo, puedan ser aprobadas. «Se elaboraron con el debido asesoramiento técnico y científico y, por tanto, no pueden ser motivo de negociación ni modificación alguna», remarcó.

La plataforma recuerda a los partidos políticos que el Decreto-Ley 1/2017, de 4 de abril, de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor, «fue aprobado, precisamente para poder acometer su reforma a la mayor brevedad y adoptar medidas eficaces para paliar la degradación ambiental». 
En este sentido, hacen hincapié en que «un solo paso atrás, sería un fraude a la confianza que la sociedad ha depositado en ellos y supondría un duro revés a la ya crítica situación de la laguna».
El bloque que en este asunto forman PSOE, Podemos y Ciudadanos, que previamente retiró tres enmiendas, ha mantenido conversaciones estos días con el PP para tratar de encontrar puntos de encuentro en 16 propuestas controvertidas. 
La Comisión de Política Territorial de la Asamblea Regional se reunió hoy para debatir y votar esas enmiendas sobre las que la semana pasada no hubo acuerdo.

Albert Rivera insiste en que la senadora Barreiro debe dimitir «antes del debate de Presupuestos»

MADRID.- El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, insiste en que la senadora y exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, debe dimitir en cumplimiento del acuerdo de investidura suscrito con el PP, como ya hizo, recuerda, el expresidente regional Pedro Antonio Sánchez. Rivera advierte de que si no lo hace «congelaremos las relaciones», lo que amenazaría el apoyo de C's a los Presupuestos del Estado de este año. 

En una entrevista publicada por 'El País', Rivera señala sobre este asunto: «Hemos sido muy claros. Tan claros que el presidente de Murcia tuvo que dimitir. Le pido al PP que, en vez de atornillar a la gente en los escaños, cumpla lo firmado. La corrupción del PP no debe sacrificar las políticas sociales y económicas. Espero que antes del debate de los Presupuestos esto esté resuelto». 
A la pregunta de si no apoyarán los Presupuestos si Barreiro sigue en el cargo, responde: «Si el PP incumple el acuerdo, congelaríamos las relaciones. Es de sentido común». 
El PP, a través de su coordinador general, Fernando Martínez Maíllo, ha calificado de desproporcionada la exigencia de C's y ha subrayado que el acuerdo de investidura no impone la dimisión ni destitución en este momento de Barreiro, sino cuando su imputación sea formal o cuando sea procesada.

'Cambiemos Murcia' quiere mantener 'apagado' el río Segura


MURCIA.- Cambiemos Murcia denuncia que la iluminación ornamental del tramo urbano del río Segura, cuya instalación comienza este lunes y que supondrá una potencia instalada de 15.930 vatios frente a los 1.550 vatios del alumbrado de caminos, "contradice los compromisos de lucha contra el cambio climático" adoptados por el Consistorio en diversas mociones.

Para el concejal de la formación municipalista, Sergio Ramos, dedicar la mayor parte de los 165.871 euros de inversión en iluminación del río a luces decorativas de colores "supone un gasto innecesario" en una infraestructura de un "dudoso valor estético" que además supondrá "incrementar el consumo energético del municipio cuando luchar contra el calentamiento global, que tiene un especial impacto en nuestro municipio, debería ser una prioridad política".
Según han denunciado desde Cambiemos Murcia, "una cosa es iluminar un carril bici, que es necesario toda vez que circular por la avenida del río es peligroso para los ciclistas, y otra muy diferente es instalar 141 proyectores de colores".
En este sentido, "teniendo en cuenta que la potencia es mucho mayor que la de los 155 proyectores LED dedicados a hacer posible el tránsito por el margen fluvial", Cambiemos Murcia propone que se consulte a expertos en Ecología para conocer el posible impacto sobre la fauna y flora del río, "en un momento en el que incluso se está hablando de la posible presencia de nutria en el tramo urbano".
Según han explicado desde el Sectorial de Huerta y Modelo de Ciudad de la formación, "mejor harían en dedicar la inversión a iluminar con LED de baja potencia otros tramos del carril bici".

El ministro de Economía niega que cobrase 100.000 euros, tal como se pregunta el portavoz de Afectados de la CAM

ALICANTE.- Las revelaciones sobre el gran acto que celebró Caja Mediterráneo (CAM) el 24 de mayo de 2008 en el recinto ferial de Alicante, IFA, para la presentación a sus máximos responsables en toda España de las cuotas participativas que poco después saldrían a Bolsa, se suceden. Tal y como informó El Mundo el pasado lunes 8 de enero, el principal reclamo en aquel acto fue el hoy ministro de Economía y entonces director general y apoderado mancomunado de Lehman Brothers Europa, Luis de Guindos. 

Él era el encargado de convencer a los futuros vendedores de 50 millones de cuotas participativas entre su clientela, de las bondades de un producto que suponía ingresos futuros de 292 millones de euros para la entidad. Su firma era la que había redactado el proyecto de la salida a bolsa, la que había realizado toda la publicidad y papelería, y la que iba a asesorar sobre la venta de este producto. Pero, ¿cuánto cobró por ello Lehman Brothers y cuánto su director general?
Junto a De Guindos, el otro experto invitado fue Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI), que actuó de asesor financiero de la Caja en la operación, mientras que Lehman Brothers ejerció de bookrunner, de asesor financiero, de coordinador global y entidad colocadora y directora de la emisión de cuotas de la CAM. Además intervinieron el presidente de la Caja, Vicente Sala, y el director general, Roberto López Abad.
El Mundo ha tenido acceso a documentos oficiales de la caja de ahorros en los que se cifra el pago a Lehman Brothers. Concretamente dos millones de euros por actuar de bookrunner. Un pago que se subdividió en una «comisión de praecipium» de 1.125.000 euros; una «comisión de asesoramiento» de 375.000 euros; y una «comisión de colocación» en la que Lehman Brothers y Ahorro Corporación -la entidad elegida para vender las cuotas entre grandes inversores-, en su condición de «entidades Colocadoras», recibieron 500.000 euros cada una de ellas. 
En ese mismo escrito se explicita que «Gesamed (Gestión de Activos Mediterráneo Sociedad de Valores SA, entidad participada al 100% por la caja)  no percibirá comisión de colocación alguna».
Además, la CAM impone que ambas entidades «colocadoras» no podrán ceder, total o parcialmente, las comisiones mencionadas salvo cuando la cesión se realice a favor de intermediarios financieros (entendiendo como tales aquellos autorizados para realizar las actividades descritas en los artículos 63 y siguientes de la Ley del Mercado de Valores) que formen parte de su grupo (en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio) o de sus representantes o agentes debidamente registrados en la CNMV o en el Banco de España».
Con estos datos se entienden algunas de las afirmaciones realizadas por De Guindos en aquel acto en el que fue presentado como «uno de los mejores especialistas en cuotas participativas». 
El hoy ministro de Economía llegó incluso a manifestar: «Yo creo que las cuotas participativas será algo, que cuando le demos un poquito de tiempo, cuatro, cinco o seis años, esta emisión va a ser estudiada por las mejores escuelas de negocios del mundo (...) Es la primera vez que una caja de ahorros emite cuotas participativas, eso es importantísimo para la Caja del Mediterráneo, para el conjunto de las cajas, para el sistema bancario de nuestro país, y creo que en estos momentos de incertidumbre económica también va a ser muy importante para la economía española». 
Y añadió: «A todos los que participamos [en la emisión], que fundamentalmente son todos los empleados de la caja, yo lo que les diría, desde mi humilde opinión, es que estamos haciendo historia económica, que quedará en los libros de textos, historia económica que será analizada en las escuelas de negocios, que será analizada en las universidades (...) es la historia de éxito de la Caja de Ahorros del Mediterráneo».
Preguntado a este respecto el portavoz de la Plataforma de Afectados CAM, Carlos Pena, desliza un nuevo dato. «¿Por qué el señor Roberto López Abad va diciendo por ahí ahora que él no irá a la cárcel habiéndole pagado 100.000 euros a De Guindos más allá de estos dos millones de euros que aparecen en los documentos?». 
En este sentido Pena exige al Banco de España que analice uno por uno todos los movimientos de 100.000 euros realizados por la caja de ahorros entre marzo y julio de 2008 para dilucidar si las palabras que atribuye a López Abad son ciertas y en todo caso incorporarlas a las causas judiciales en marcha. 
No en vano, aquella emisión de cuotas participativas resultó un absoluto desastre económico que unido a las también desastrosas inversiones de la CAM terminaron por provocar una intervención de Banco de España y un rescate por parte del Banco Sabadell. 
Las cuotas dejaron de cotizar en diciembre de 2011, el mes en que De Guindos fue nombrado ministro de Economía. El valor de las cuotas se redujo a cero. Miles de pequeños ahorradores perdieron su dinero; tuvieron que ir a los tribunales a intentar recuperarlo. La operación sí fue histórica. 
Frente a esto, meses antes De Guindos no dudó en decir a los vendedores de cuotas: «Yo lo que diría sería una cuestión, a todo el equipo de ventas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, tenéis un instrumento absolutamente diferencial en un momento único para de alguna forma distinguiros de todos vuestros competidores (...) En estos momentos de incertidumbre, porque son momentos de dificultad, son los momentos en los cuales efectivamente surgen las oportunidades y se va poder alcanzar a un número de clientes de alguna forma totalmente distinto y de una forma diferenciada a lo que están haciendo nuestros competidores».
El ministro de Economía, Luis de Guindos, a través de un responsable de comunicación del Ministerio, "desmiente rotundamente que cobrase 100.000 euros al margen de lo que cobró la entidad que presidía, Lehman Brothers", tal y como afirma el portavoz dela Plataforma de Afectados de la CAM, Carlos Pena (en la imagen).

Los jamones de bellota investigados por la Guardia Civil son congelados


BARCELONA.- ¿Cómo es posible que un jamón ibérico de bellota de siete kilos, criado durante la última fase de su vida en la dehesa y con tres años de curación, se venda por debajo de los 250 euros? ¿Se trata de dumping o fraude? ¿El sabor y la calidad es la misma?, se pregunta Economía Digital.

Parte de los jamones Ibéricos de la marca Antaño, vendidos en Carrefour en las Navidades pasadas, por un precio de 195 euros guardaban hasta ahora un secreto jamás especificado en su etiquetado. Son congelados. Lo ha reconocido la propia empresa distribuidora y comercializadora, Comapa, la líder del sector, según todos los estudios de mercado.
Los datos de trazabilidad del etiquetado de los jamones hicieron saltar las alarmas. Cada pieza debe llevar en su etiqueta la fecha de entrada en salazón, una fase fundamental en la producción. Según la norma de calidad del ibérico, un jamón o una paleta de bellota no puede entrar en salazón antes de diciembre de cada temporada.
Pero buena parte de los jamones de Comapa, que se vendieron estas Navidades por 195 euros en Carrefour, han entrado en salazón en noviembre, tal como marca su etiquetado. ¿Es posible? La empresa líder del ibérico en España explica que sí, porque sus jamones no siempre son frescos. Hay lotes congelados.

Sin ninguna advertencia

Ninguno de los jamones de la empresa advierte que el producto, que se vende fresco en los supermercados, fue congelado en la fabricación, en contra de lo que establece una ley europea.
El reglamento comunitario 1169/2011, detalla que “en el caso de los alimentos que han sido congelados antes de su venta y se venden descongelados, la denominación del alimento irá acompañada de la designación «descongelado».
La norma, de obligado cumplimiento, establece algunas excepciones. Entre ellas se encuentran los productos a los que el proceso de congelación no les afecta negativamente en términos de calidad. El terreno es pantanoso. ¿Un jamón que ha sido previamente congelado antes de su entrada a salazón y curación tiene la misma calidad y sabor que otro que ha sido procesado en fresco?
La congelación es un proceso común en los jamones, aunque es mucho menos frecuente entre los jamones de bellota, mucho más cotizados en el mercado.
“La congelación modifica el proceso químico en el jamón, porque se generan microcristales que rompen los tejidos magros. Entra más rápido la sal y sale con más facilidad el agua. No sé si afecta la calidad final, pero me parece razonable que se avise al consumidor cuando ha sido congelado”, explica Francisco Espárrago, director gerente de la empresa Señorío de Montanera, especializada en la producción de jamones 100% ibéricos de bellota.
A petición de este diario, un experto de la Universidad de Córdoba, consultado por ganadores y fabricantes sobre los efectos de la congelación en los jamones (y que ha pedido mantenerse en el anonimato), ha explicado que si se hace bien, el congelado no debería afectar la calidad del producto final. El problema radica en que no siempre los productores controlan el proceso de forma minuciosa.

Las certificaciones

Al margen de la polémica por la congelación, la entidad certificadora de Comapa, Certicalidad, no ha detectado ninguna irregularidad en los jamones ahora investigados por la Guardia Civil. Certicalidad, que ejerce certificaciones e inspecciones, ha sido suspendida de esta última función por la Entidad Nacional de Acreditación, Enac. Este diario contactó con Certicalidad pero la compañía no contestó ninguna de las preguntas formuladas por este diario.
Una trabajadora de Certicalidad se limitó a asegurar que el fraude –de confirmarse finalmente en las investigaciones de la Guardia Civil— podría haberse cometido en algunos de los intermediarios.
Este diario también contactó con Acisi, la interprofesional del cerdo ibérico para conocer qué trabajos de control realizaba la entidad que gestiona el sistema de etiquetas. Productores y ganaderos aseguran que la patronal cobra 50 céntimos por cerdo sacrificado pero no hace suficientes controles para evitar el fraude en el sector.
La entidad se limitó a contestar que no tiene actividad inspectora. Asegura que sólo gestiona el proceso de “control de los precintos” y explica que no tiene capacidad ni para controlar ni para inspeccionar. La patronal se desentiende a pesar de que en su publicidad institucional asegura colaborar con las Comunidades Autónomas y con el Ministerio de Agricultura para favorecer el cumplimiento de la ley.

Las CCAA tienen 43.000 empleados públicos más que antes de la crisis


MADRID.- El Boletín Estadístico de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, elaborado por el Ministerio de Hacienda, recoge los datos de empleados públicos con los que cuenta el Estado a nivel nacional, autonómico y local. Las Comunidades Autónomas son las que más empleos aglutinan, con un total de 1.303.641 a fecha de julio de 2017, según dice hoy Libertad Digital.

En este informe, se hace un balance del crecimiento del empleo público en los últimos años. En enero de 2007, poco antes de que estallara la crisis financiera internacional, el número de funcionarios y empleados autonómicos era de 1.260.575, unos 43.000 menos que en la actualidad. Con respecto al año 2005, el crecimiento ha sido todavía más llamativo, puesto que el personal al servicio de las autonomías ha crecido en 113.000 efectivos.
En 2012, el año de los recortes, fue, curiosamente, el que más funcionarios y empleados públicos tenían las CCAA. Hace cinco años, la cifra era de 1.351.883 trabajadores, de modo que su volumen apenas se habría reducido en unos 48.000 empleados desde entonces, si bien ha comenzado a repuntar en los últimos años.
Tan sólo cuatro regiones tienen menos empleados públicos que en 2007. Castilla-La Mancha es la comunidad que más ha recortado, llegando a reducir un 8,4% el número de trabajadores autonómicos en la última década. Valencia, Andalucía y Castilla y León son las otras tres autonomías que han reducido esta cifra, 6,3%, 4,5% y 1,8%, respectivamente. 
En la otra cara de la moneda se encuentran Navarra, Baleares y Aragón, que han visto aumentar sus plantillas un 34%, 24,3% y 15,2%, respectivamente, en los últimos diez años.
A fecha de julio de 2017, la comunidad con mayor número de empleados públicos fue Andalucía, que acumula 239.971 trabajadores a cargo de la Junta. En segundo lugar, Cataluña con 168.681 y cerrando el podio Madrid con 155.647.
A pesar de ello, estas tres CCAA no son las que más trabajadores acumulan en comparación con su población. 
Según publica el think tank Institución Futuro, Extremadura (4.273), Navarra (4.162) y Asturias (3.565) son las regiones con más empleados públicos por cada 100.000 habitantes. Por el contrario, Cataluña (2.232), Comunidad Valencia (2.359) y Madrid (2.392) registran las cifras más bajas en términos relativos.

El Supremo admite el recurso de una asociación de interinos contra la Oferta Pública de Empleo 2017

MADRID.- El Tribunal Supremo (TS) ha admitido el recurso de la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL), que representa a 3.000 trabajadores, contra el acuerdo del Gobierno central y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF en el que aprobaron la Oferta Pública de Empleo (OPE) 2017.

El abogado y presidente de ANIL, Manuel Martos García de Veas, ha explicado que el Supremo ha admitido la causa en la que la asociación aglutina la denuncia de más de 3.000 interinos de todo el país contra el pacto suscrito en marzo del año pasado para la inclusión en la OPE de las plazas desempeñadas por interinos.
Este paso del tribunal permitirá al colectivo pedir la paralización de la OPE y las convocatorias ligadas a su aprobación, ya que no tendrían en cuenta a juicio de ANIL que muchos de los interinos llevan en esos puestos más de tres años, lo que conlleva un reconocimiento de derechos laborales negado hasta ahora por administración y sindicatos.
Esta asociación ha denunciado ante la Comisión Europea los "graves incumplimientos" en materia de una trasposición que afectaría a 700.000 personas que ven peligrar su puesto de trabajo sin el reconocimiento de derechos.
Entre los más de 3.000 interinos que impulsan la demanda hay profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y de los de Canarias, Extremadura, Galicia y Madrid, personal de Educación de Castilla y León, Valencia, Andalucía o Murcia y de ayuntamientos como los de Zaragoza, Madrid, Cádiz, Sevilla, Málaga, Valencia o Elche.
Se han sumado además interinos de los ministerios de Defensa, Justicia y personal del Fogasa, bomberos de Extremadura y Andalucía y trabajadores de diferentes diputaciones y empresas públicas de todo el país.
Según explica, la actual situación es producto del "acuerdo de estabilidad" firmado entre los sindicatos y el Ministerio de Hacienda para convocar hasta 2020 unas 250.000 plazas de funcionarios a través de diferentes OPE, lo que se trasladó al artículo 19 de la Ley de Presupuestos del Estado para 2017.
Esas plazas están cubiertas en la actualidad por trabajadores interinos que no han podido regularizar su situación por los recortes de los últimos años y que, según el acuerdo, solo puntuarán por sus años de experiencia en una segunda fase de concurso.
Según García de Veas, si la denuncia prospera el Gobierno estaría obligado a dotar de empleo indefinido no fijo a todo el personal longevo y pagar 4.200 millones euros en indemnizaciones que hasta ahora ha negado.

El FLA dejará a las autonomías otros 28.000 millones para pagar deudas


MADRID.- Con la agenda económica del Gobierno paralizada por el conflicto catalán; sin Presupuestos Generales del Estado para 2018; y a falta de una nueva financiación autonómica que establezca un nuevo marco, el Tesoro confirmó el lunes pasado que acudirá a los mercados a captar fondos para el "mantenimiento" de los mecanismos de liquidez de Hacienda "en un nivel similar al de 2017", según publica hoy elEconomista.

Así, y según los datos del gabinete que dirige el ministro Cristóbal Montoro, el FLA y la Facilidad Financiera, compartimento para regiones cumplidoras del déficit, prestarán este año casi 28.000 millones, igual que el pasado año.
De esta manera, Cataluña volverá a convertirse en la autonomía que más dinero reciba de manos del Estado para atender vencimientos, financiar el déficit y pagar a proveedores, con algo más de 7.750 millones. La Comunidad Valenciana, de nuevo, ostentará la segunda posición, con algo más de 5.400 millones. Hay poca novedad, dado que Cataluña ostenta el mayor volumen de deuda del país, con 76.831 millones según el Banco de España; y Valencia manteniene el porcentaje de pasivo sobre PIB más abultado, del 40,9%.
Aún así, cabe decir que un futuro pacto de Presupuestos puede hacer variar las cifras, ahora transitorias por la situación de prórroga. En este sentido, es posible que algunas de las autonomías que aparecen ahora como beneficiarias del FLA terminen no siéndolo por haber cumplido el déficit y la Ley de Morosidad, que obliga a abonar facturas a proveedores en menos de 30 días. Y tampoco es descartable que otras regiones en peor situación terminen demandando a Montoro cantidades superiores. Es el caso catalán, que cuenta con unas necesidades de 9.350 millones frente a los 7.750 que debería recibir según los planes actuales.
Los fondos de Hacienda habilitados en 2012 para facilitar la financiación regional habrán repartido, una vez caduque su séptimo año de vigencia, más de 212.000 millones de euros, cantidad equivalente a casi el 18% del PIB español. Y ello para que las autonomías atiendan vencimientos que en el ejercicio en curso sobrepasarán los 30.000 millones (la cifra exacta no se conoce aún por la falta de Presupuestos en Asturias, Aragón y Cataluña), y un déficit que este año debe cerrar en el 0,4%.
El FLA y la Facilidad Financiera deben convertirse en protagonistas de la reforma de la financiación autonómica que, hoy, Hacienda mantiene en discusión en un órgano de segundo rango del Consejo de Política Fiscal. Mientras numerosos gobiernos regionales como el andaluz, el balear o el valenciano reclaman al Gobierno una mayor agilidad para que se apruebe el futuro marco, el ministro Montoro ha imprimido un ritmo tan lento que hay quien sospecha en privado de "falta de voluntad política" por parte del Ejecutivo para que haya pacto.
"Están mareando la perdiz. El debate arrancó en la Conferencia de Presidentes de enero del año pasado. Luego se encargó un informe a los expertos, ahora se para todo en el Consejo de Política Fiscal. Se va a agotar la legislatura", protestan a este periódico desde un Gobierno autonómico del Mediterráneo. Susana Díaz, presidenta andaluza, acusa a Montoro de poner "excusas" para retrasar el debate, posición que también sostiene Ximo Puig desde Valencia.
La demora tiene que ver con posiciones políticas antagónicas. Una mayor parte de las autonomías demanda más dinero. Y hay otras, sobre todo las infrafinanciadas, que reclaman quitas de la deuda contraída con el FLA. Mientras, Montoro ya ha hecho saber que no pondrá en cima de la mesa más fondos y no admitirá un perdón de la deuda porque "se enviaría una señal negativa a los mercados". 
Desde su gabinete se muestran más cercanos a opciones suaves como el alargamiento de plazos de devolución o la rebaja de intereses. Esas soluciones, por contra, sabrían a muy poco a los gobiernos más endeudados.