miércoles, 17 de mayo de 2017

'Ecologistas en Acción' denuncia dos incidentes con explosiones en Escombreras


MURCIA.- Ecologistas en Acción ha presentado sendos escritos de denuncia de los episodios con explosiones en la factoría de Repsol en Escombreras ante la Dirección General de Energía y Minas y la Dirección General de Medio ambiente. 

En los escritos presentados, esta organización ambiental señala que el martes, 9 de mayo, se produjo una explosión en la planta de Repsol en Escombreras, que pudio escucharse en un radio de varios kilómetros; con la emisión de una nube blanca a la atmosfera. Esta explosión, al parecer, tuvo lugar en la caldera 686 de una de las plantas de Recuperación de Azufre, que se encontraba en parada por mantenimiento.
La asociación advierte que los propios trabajadores de la empresa criticaron que no sonaran las alarmas interiores de la refinería. Y, según los testigos, tampoco sonaron las alarmas preventivas para los vecinos de Alumbres, lo que ha generado una lógica preocupación en la población de esta diputación cartagenera, evidenciando ambos hechos la falta de diligencia a la hora de abordar este tipo de incidentes, en los que parece primar más el intentar no crear alarma, antes que la propia prevención de los trabajadores y de la población cercana.
Además, la organización ecologista recuerda que hubo otro incidente anterior, que tuvo lugar el 29 de julio de 2016, en el que se produjo un escape de una nube de humo negro procedente de las chimeneas de Repsol, y en el que tampoco sonaron las alarmas para advertir a la población del entorno.
Por todo ello, Ecologistas en Acción demanda a la administración regional la apertura de un expediente informativo, que aclare las causas de ambos incidentes y se depuren las responsabilidades si las hubiere, tanto de los incidentes como de la forma de proceder de la empresa, especialmente del cumplimiento de protocolos preventivos, tanto para trabajadores como para la población cercana.
Además, reclaman el desarrollo urgente de medidas preventivas específicas en las operaciones de mantenimiento y en el funcionamiento general de la fábrica, para que se eviten o minimicen estos incidentes y sus consecuencias en el futuro.
Para terminar, la organización ambiental reclama a la administración que se identifiquen las posibles emisiones contaminantes a la atmósfera de estos incidentes, y exige que se produzca una inmediata revisión en profundidad del Plan de Emergencias Exterior del Sector Químico del Valle de Escombreras para una mejora significativa de los protocolos de prevención y de actuaciones en caso de emergencias, que evite estos episodios o incidentes similares.
Además, recuerdan que para que este tipo de planes sean eficaces, deben ser conocidos por todos los actores implicados: responsables de la administración, responsables de los equipos de emergencias, responsables de las empresas, trabajadores y población en general. También deben refrescarse los protocolos de forma periódica a dichos actores, si lo que se busca es una prevención efectiva.

CC OO-Enseñanza critica que el PP y el gobierno regional de López Miras prosiga la política de su predecesor y mentor

MURCIA.- CCOO ENSEÑANZA critica que el PP y el gobierno regional de Fernando López Miras prosiga la política de su predecesor y mentor, el dimitido Pedro Antonio Sánchez, en su decisión de cerrar aulas de Educación Infantil o hacer aulas mixtas con Primaria, con la única finalidad de reducir la oferta dentro de los centros públicos, con la excusa de la disminución de la Tasa de Natalidad.

CCOO Enseñanza denuncia la oleada de cierres de aulas en la Educación Infantil en los colegios públicos murcianos, mientras concierta aulas de Bachillerato y Formación Profesional.
CCOO Enseñanza relaciona esta decisión de cerrar aulas de educación infantil (en su inmensa mayoría en centros públicos y de manera residual en centros privados-concertados), en la necesidad de encontrar fondos económicos para sufragar los 14.075.000 euros de coste de las 152 aulas solicitadas por empresas privadas para concertar el Bachillerato y la FP.
CCOO ENSEÑANZA denuncia que la nueva consejera de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez-Cachá, ha iniciado su labor en esta consejería, profundizando en la política de recortes en la Enseñanza Pública murciana, aspecto que se repite por segundo año consecutivo con una nueva oleada de cierres de aulas en educación infantil o la conversión en aulas mixtas (mezcla en el mismo grupo de alumnos de infantil y primaria).
La Consejería está dirigiéndose estos días a diversos equipos directivos de la Región para comunicarles la supresión de unidades (aulas) de educación infantil o la conversión de estas unidades en aulas mixtas (agrupando a niñas y niños de edades diferentes en el mismo grupo).
CCOO Enseñanza considera que esta medida supone destruir de nuevo empleo público (algo en lo que el Gobierno regional es especialista), atacar el derecho de libre elección de los padres y madres de centros para sus hijos (este derecho solo tiene una dirección para el PP, hacia las empresas privadas de la Educación), y es un nuevo ataque a la Calidad de la Enseñanza, puesto que en muchas aulas se llevará la ratio hasta el tope máximo legal permitido (y el alumnado sobrante deberá de matricularse en centros no solicitados por las madres y padres).
Para CCOO es fundamental la bajada en la ratio del número de alumnos y alumnas/aula, como un elemento fundamental para mejorar la Calidad de la Enseñanza Pública murciana, y sin embargo la nueva consejera de Educación, repite y ahonda los vicios privatizadores y embiste de nuevo contra las aulas de Educación Infantil en la Pública.
La decisión de suprimir unidades de la pública (casi inapreciable en un par de casos en la privada-concertada), supone para cientos de familias murcianas afectadas, la negación del tan cacareado "derecho a la libertad de centro", precepto neoliberal que para el PP solo tiene un sentido, trasladar por activa y por pasiva, alumnado desde los centros de titularidad pública hacia empresas privadas con ánimo de lucro. 
Esta "libertad", ya sea con el "Distrito escolar único" o con los "conciertos de Bachillerato y FP", sólo existe cuando el beneficiario es el empresariado de la educación o instituciones religiosas católicas.
CCOO denuncia que estos recortes, porque recortes son estas decisiones de Martínez-Cachá, afectan a diversos municipios y pedanías de Murcia, como Beniaján, San José de la Vega, La Alberca, Molina de Segura, Caravaca de la Cruz, Mula.. y otros que van conociéndose paulatinamente.
Para CCOO Enseñanza es inadmisible e intolerable la tarjeta de presentación del nuevo presidente regional por accidente, Fernando López Miras y de la Ingeniera Agrónoma reconvertida en consejera de Educación Adela Martínez-Cachá, donde al mismo tiempo que prosiguen su alocada carrera en el cierre de aulas públicas, han seguido con el proceso para concertar aulas de Bachillerato y FP (un total de 152 aulas solicitadas por empresas privadas, que tendrían un coste anual de 14.075.000 euros, partida que está todavía sin presupuestar para el próximo curso escolar 2017-2018). 
La Ley de Presupuestos Regional para 2017, no recoge ni un céntimo de euro, para estas nuevas aulas concertadas.
CCOO Enseñanza exige "la paralización inmediata de estas comunicaciones de cierre de aulas públicas en nuestra Región, la No resolución de las peticiones de conciertos económicos para Bachillerato y FP, la urgente negociación de un Mapa escolar de la Región de Murcia y de la aprobación de una Ley de Planificación Escolar".
CCOO lo exigirá en la reunión a mantener con la flamante consejera de Educación el próximo viernes y al mismo tiempo, participará y promoverá en todas aquellas acciones de protesta que las diferentes comunidades educativas realicen para defender las Aulas de Infantil y la Dignidad de la Enseñanza Pública Murciana, frente a este nuevo ataque del renovado equipo de gobierno del PP en nuestra Región, que sigue con sus viejas y fracasadas políticas de recortes y que nos alejan cada vez más de un no posible pacto por la Educación Regional.

C's exige al edil de Urbanismo de Murcia información sobre la paralización de las obras del plan especial de El Palmar

MURCIA.- El portavoz de la formación naranja en el Ayuntamiento de Murcia, Mario Gómez, ha exigido por escrito al edil de Urbanismo, Antonio Navarro Corchón, que informe de inmediato sobre la paralización del plan especial PC-PM1 de El Palmar.

“Una actuación urbanística”, ha informado Gómez, proyectada hace ya nueve años, a espaldas de las conocidas Bodegas Bernal, en pleno corazón de la pedanía, que el Gobierno de José Ballesta se comprometió a poner en marcha hace seis meses, sin que hasta el momento se haya hecho nada en la zona, que sigue abandonada y sin disponer de servicios esenciales”.
Este nuevo incumplimiento del PP –ha denunciado el portavoz de Ciudadanos- está agravando la situación de aislamiento y comunicación de los vecinos y comerciantes del centro de El Palmar, donde, además, es habitual ver edificios vacíos, jardines abandonados, llenos de maleza, calles a medio  asfaltar y sin alumbrado.
Los problemas derivados de la incomunicación, no existen aparcamientos, están ahogando a los vecinos y comerciantes del centro de El Palmar ya que -según nos han trasladado los afectados- para poder acceder desde la calle Mayor, vía central de comunicación de esta pedanía, con la conocida como zona nueva, en la calle Artemisa, los vehículos se ven obligados a subir hasta el hospital Virgen de La Arrixaca para volver a bajar por la avenida de Las Palmeras, un auténtico despropósito.
Por ello, Ciudadanos ha exigido al edil del PP, responsable de Urbanismo, que informe de inmediato sobre la paralización de este plan especial que "está perjudicando seriamente a los palmareños". 
“Su obligación es mejorar la vida de los murcianos y, en  este caso, como en tantos otros, su pasividad y desinterés están forzando a los vecinos de la pedanía más grande del municipio al aislamiento y la desesperación, al no poder disponer de servicios básicos tan necesarios como aparcamientos, calles y calzadas asfaltadas o alumbrado público, por citar algunos ejemplos”, ha finalizado Gómez.

"La alcadesa de Moratalla miente y ensucia la imagen del municipio", insiste el PP

MURCIA.- El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Moratalla, Juan Pascual Soria, ha advertido hoy que la alcaldesa del municipio, Candi Marín, miente y ensucia la imagen de Moratalla a diario".

Asimismo ha reprochado a la alcaldesa del municipio esta mañana en rueda de prensa que " el tribunal calificador de la oposición presentara un escrito por registro de entrada en el Ayuntamiento dirigido a la regidora moratallera, en el que se ponía de manifiesto que no permitirían injerencias en el proceso de selección por parte de la alcaldesa y en el que constaba que se ratificaban por tercera vez en la misma puntuación, que otorgaba la plaza a la persona que de forma legítima y justa ganó el concurso".
En este sentido, ha puntualizado que el juez en la sentencia explica que el órgano colegiado para certificar si los cursos realizados por la demandante tenían los requisitos para optar a la plaza era el tribunal calificador, y no un informe jurídico contratado por la alcaldesa a dedo".
Soria ha estado acompañado en la comparecencia por el vicesecretario de Electoral del PPRM, Joaquín Buendía quien se ha preguntado donde está en estos momentos González Tovar, Urralburu y Garzón que deben exigir de forma inmediata la dimisión de la alcaldesa de Moratalla por decencia e higiene democrática.
El vicesecretario de los 'populares' en la Región sigue sorprendido por el silencio del PSOE en este asunto ya que a juicio de Buendía "son incapaces de exigir a IU lo que si nos exigen a los demás, demostrando así su odio y rechazo a quienes piensan de forma distinta".
Buendía ha recordado que IU "incumple el Código Ético de su partido" y que "el Ayuntamiento de Moratalla ha sido condenado por una decisión que adoptó su alcaldesa". "Decisión que supuso arrebatar la plaza a quien legítimamente la había ganado con su esfuerzo, y que le quitaron por ser familiar de una persona afín al PP".
Soria en relación a la rueda de prensa ofrecida por la alcaldesa de Moratalla ha dicho que "es un atentado a la inteligencia de los ciudadanos y que supera el colmo de la desfachatez". Candi Marín ha afirmado que "el PP ha malinterpretado la sentencia y ha avisado que recurrirán el fallo". 
En este sentido el portavoz del PP en Moratalla ha explicado que "la propia sentencia avisa que no cabe interponer recurso de apelación ordinario", "por lo que tendrá que ir al Tribunal Supremo, y esto supondría asumir el Ayuntamiento más costas añadidas a las que tiene que pagar por este contencioso".
Soria ha puntualizado que "quizá quiera recurrir la sentencia porque no le ha sido favorable" y lamenta que la alcaldesa se queje de la celeridad de la Justicia "cuando precisamente siempre exigimos a los jueces rapidez en sus sentencias".
El portavoz del PP en Moratalla ha resaltado que este proceso está relacionado con la querella criminal que la secretaria municipal interpuso a la alcaldesa del municipio por los presuntos delitos de acoso laboral, lesiones y odio, "porque la demandante no accedió a modificar las bases del concurso referido".
En relación a la denuncia por injurias que Candi Marín ha dicho que va a interponer contra los concejales del PP en este municipio, Soria ha defendido que "los ediles del PP solo fotocopiamos una noticia publicada en un medio regional y la pusimos en los paneles informativos en ejercicio de nuestra labor de oposición".
Juan Pascual Soria ha criticado que el presidente del Comité de Empresa de CCOO del ayuntamiento de Moratalla no se haya pronunciado aún sobre este tema, del que ha dicho "vulnera los derechos fundamentales de una trabajadora del municipio". 
En este sentido ha recordado que "quizá sea por su parentesco con la regidora ya que se trata de su marido".
El responsable del PP en Moratalla ha reiterado que ya han pasado ocho días desde que conocimos la sentencia del juez de lo contencioso-administrativo y el presidente de CCOO y defensor de los trabajadores debería haber exigido que la justa ganadora de la oposición se la hubiera contratado de forma inmediata ya que la plaza se le arrebató y la tenía ganada por méritos propios.
 "Eso lo ha dicho un juez, no el PP", ha aseverado Soria.
Lamenta igualmente que el Ayuntamiento de Moratalla se haya convertido en "en un cortijo de señoritos comunistas que campan a sus anchas con el beneplácito del PSOE, que le dieron el bastón de mando de alcaldesa y ahora la mantienen estando imputada".

Ivars (PSRM): "Vamos a empezar por analizar los informes del Tribunal de Cuentas sobre el SMS"


CARTAGENA.- El diputado regional socialista Emilio Ivars, que preside desde hoy la Comisión Especial de Investigación del Servicio Murciano de Salud, que se ha constituido esta mañana en la Asamblea Regional, explicó que los primeros pasos dados han consistido en un intercambio opiniones entre los miembros de los grupos parlamentarios que integran esta Comisión.

Para empezar se ha acordado remontarse diez años atrás, a 2006-2007, para solicitar los Informes de Fiscalización del Tribunal de Cuentas de la Comunidad Autónoma, donde aparece el control llevado a cabo en el Servicio Murciano de Salud.
"Nos hemos dado un plazo de 15 días para analizar esos informes del Tribunal de Cuentas y, una vez conocidos, estableceremos los puntos de trabajo sobre las cuestiones que se detecten, decidiremos la información a requerir a la Administración regional y ordenaremos las comparecencias para dicha Comisión".
La idea, según explicó el presidente de esta Comisión, es ir cerrando bloques e ir avanzando progresivamente en la investigación sobre el funcionamiento del SMS en esos años. Entre los temas que verá la Comisión de Investigación está el de la concertación, personal, contratos, nóminas y criterios entre áreas de salud, entre otros.
La Comisión de Investigación volverá a reunirse dentro de 15 días. Ivars explicó que en este primer encuentro no se ha ordenado ninguna comparecencia y auguró que dado el calado de la misma, sus trabajos se prolongarán probablemente los dos años que restan de legislatura.

Podemos pide las cuentas de los hospitales murcianos para "arrojar luz sobre el agujero negro de dinero público" en el SMS


CARTAGENA.- María Ángeles García Navarro, diputada regional de Podemos, ha afirmado hoy que la Comisión Especial de Investigación del Servicio Murciano de Salud ha tenido un arranque "tibio" debido a que le bloque PP-Ciudadanos ha preferido empezar por el informe del Tribunal de Cuentas, que es público y que "ya se deberían haber leído y haber venido con los deberes hechos. 

Nosotros hemos pedido ir más allá con propuestas concretas. Esta tiene que ser una comisión útil para los usuarios y usuarias de la sanidad y por su bien, queremos que pare la sangría de un SMS que agoniza año tras año".
Por tanto, una de las solicitudes que ha hecho el Grupo Parlamentario Podemos, y que se verá en la segunda tanda, es la de los informes de control financiero de todos los hospitales. El objetivo es conocer "dónde está el dinero, qué gastos se han ido realizando y cómo se ha generado ese sumidero de dinero público en el que se ha convertido el Servicio Murciano de Salud". 
Como ha dicho la diputada regional, "esperamos que la comisión profundice en los problemas del SMS. Por eso apostamos por ir a la información que hay más allá de las conclusiones del Tribunal de Cuentas. Trabajaremos para no quedarnos no en la superficie ya que sería una decepción para la gente que espera que demos claridad a este asunto y podamos aportar soluciones para todos aquellos que sufren en su día a día, por ejemplo, las insoportables listas de espera".
García Navarro ha asegurado que una de las claves para conocer por qué año tras año el SMS genera pérdidas económicas es saber en "qué se ha gastado el dinero a la hora de gestionar los hospitales. Parece que o no se hace un control sobre esa gestión económica o no se tienen en cuenta dichos informes". 
Otra de las exigencias de Podemos en la Comisión Especial de Investigación del Servicio Murciano de Salud es tener acceso a los contratos, convenios y conciertos de la gestión asistencial del SMS, es decir, "saber de primera mano cómo se están realizando las derivaciones. Nos tememos que es otro punto negro del Servicio Murciano de Salud puesto que no hay estándares públicos con los que podamos baremar objetivamente si se hacen de manera correcta". 
Por último, y como primera ronda de ordenación de trabajos, María Ángeles García Navarro ha explicado que también se han solicitado los informes de la función interventora de nóminas.

C's saca adelante en San Javier una normativa para proteger a los funcionarios que denuncien casos de corrupción


SAN JAVIER.- Ciudadanos ha dado un nuevo paso en el proceso de regeneración democrática y transparencia emprendido desde su acceso a las instituciones, al conseguir que el Ayuntamiento de San Javier establezca los mecanismos adecuados para que sus propios funcionarios puedan denunciar sin riesgo de represalias cuantas acciones irregulares o ilegales pudieran cometerse en el ámbito de la administración local. 

El grupo municipal naranja presentó una moción en este sentido que ha sido aprobada en el Pleno a pesar de la abstención del equipo de Gobierno del Partido Popular, “una actitud que dice mucho de la verdadera intención y capacidad regeneradora de un partido cercado precisamente por los casos de corrupción que conocemos día tras día”, ha afirmado el portavoz local de C's, Antonio Murcia.
La moción de Cs finalmente aprobada mandata al Ayuntamiento de San Javier a establecer un marco de protección para los empleados públicos que informen sobre prácticas irregulares o ilegales por parte de sus gestores. 
“El Ayuntamiento debe poner en funcionamiento de forma urgente procedimientos, vías y formas de tratamiento de la información que le sea facilitada en este sentido para que los denunciantes de corrupción no se sientan intimidados ante posibles represalias”, explica Murcia. 
Además de a los propios funcionarios, se quiere que empresas, contratistas, proveedores y ciudadanos en general queden cubiertos ante estas posibles prácticas, algo que está ya establecido legislativamente incluso en países como Reino Unido o Estados Unidos. 
La moción también incluye la obligación de instar a la Asamblea Regional y al Consejo de Gobierno a que desarrolle en un máximo de seis meses una normativa autonómica para definir el marco de protección jurídica para los funcionarios y empleados públicos que denuncien episodios de corrupción en el seno de la Administración Pública.

El PSOE de Lorca denuncia que el Ayuntamiento consiente vertidos de aguas residuales al Guadalentín mientras invierte en su descontaminación


LORCA.- El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Antonio Navarro ha anunciado que su grupo ha presentado esta misma mañana un escrito en Registro General del Ayuntamiento de Lorca, denunciando vertidos de aguas residuales al cauce del río Guadalentín. 

Navarro asegura que este vertido, detectado a la altura del camino de Los Liforos en la pedanía de Marchena, se está produciendo "de forma permanente e ininterrumpida", y que por el color y olor de las aguas "podrían provenir de alguna fábrica de curtidos".
Para poner fin a este "ataque medioambiental", Antonio Navarro ha exigido al Ayuntamiento de Lorca la apertura de una investigación "para aclarar de qué fábrica provienen esos vertidos". Piden que sea puesto en conocimiento del Seprona, actuación esta última que no descartan emprender desde el Grupo Socialista, si el Ayuntamiento de Lorca no tomara cartas en el asunto.
Navarro advierte que el equipo de gobierno del PP es "conocedor" de este vertido ilegal de aguas en cauce público, ya que desde hace años los vecinos de la zona han ido alertando al Ayuntamiento de Lorca de esta problemática que insiste "se viene produciendo de forma prolongada y permanente en el tiempo".
Este vertido de aguas residuales "contrasta" con el proyecto Life+Riverphi, consistente en la plantación de un tipo de plantas específicas en el lecho del río "con la intención de descontaminar su cauce de metales pesados que se han ido acumulando durante "años y años" de vertidos de aguas residuales.
Según el Ayuntamiento de Lorca, este proyecto llamado a descontaminar el cauce del río Guadalentín tiene un coste de 1.714.651 euros de dinero público, y un plazo de ejecución de 2015 a 2017. 
Por ello, Navarro asegura que estamos ante una situación "kafkiana, por absurda e ilógica", ya que "el Ayuntamiento de Lorca está permitiendo el vertido de aguas que contaminan el cauce del río, para al mismo tiempo tener que invertir dinero público en descontaminarlo".
Navarro insiste en la urgencia de abrir una investigación para aclarar "quién o quiénes se están beneficiando por ahorrarse el tratamiento de estas aguas con su vertido incontrolado al río", así como "a quién o dónde realmente va a parar ese 1.714.651 euros, del proyecto Life+Riverphi, por descontaminar el río que a la vez, se permite que siga recibiendo vertidos de aguas residuales.
De igual modo, el edil denuncia que éstas son las "políticas de cuidado medioambiental" que aplica el equipo de gobierno del Partido Popular; equipo que en los últimos años ha consentido que el Ayuntamiento de Lorca haya sido multado en reiteradas ocasiones por permitir vertidos descontrolados de aguas residuales sobre cauces públicos del municipio.

Durante su etapa como concejal Fulgencio Gil, ahora alcalde, no dio respuesta a ninguna de las cuestiones planteadas por IU-Verdes Lorca

LORCA.- La concejala Gloria Martín, le ha pedido al nuevo alcalde de Lorca que se apliqué a sí mismo la lealtad, el respeto y el diálogo que exige a la Oposición. Sólo un 25% de las demandas realizadas por IU-Verdes obtienen contestación por parte del PP. Algunas concejalas como Eulalia Ibarra (Obras), Maricarmen Ruiz (Sanidad) o Saturnina Martínez (Urbanismo y Medio Ambiente) jamás han respondido a las peticiones que registran en el Ayuntamiento.

Transcurridos seis meses desde su nombramiento como concejala de Izquierda Unida-Verdes en sustitución de José García Murcia, Gloria Martín ha hecho balance del grado de respuesta del Ejecutivo municipal del PP a las cuestiones planteadas desde su formación política.
Martín explicó que, durante este tiempo, ha registrado formalmente 48 iniciativas y preguntas, al margen de las 12 defendidas en el Pleno Municipal y de las 62 expresadas mediante ruedas y notas de prensa. Al respecto indicó que, de las primeras, únicamente 12 (un 25% del total) han sido contestadas por los concejales con responsabilidades de gobierno.
La concejala de IU-Verdes destacó "el absoluto desprecio" del nuevo alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar, hacia las cuestiones que le fueron remitidas desde este grupo municipal durante su etapa como concejal de Economía y Hacienda y responsable de la empresa municipal de limpieza, Limusa
"Gil no respondió a ninguna de nuestras peticiones", denunció Martín. "Confiamos en que la lealtad, el respeto y el diálogo que nos ha exigido a la Oposición municipal desde su nuevo cargo sea capaz de aplicárselos a sí mismo".
Su antecesor en el cargo, Francisco Jódar, atendió a un solo requerimiento de los siete que, por escrito, le planteó Martín. "Fue para otorgarnos acceso a un expediente urbanístico relacionado con la polémica de los cebaderos, algo a lo que tenemos derecho, pero del que se resistió a darnos copia", dijo la edil. El resto de cuestiones, relativas a enmiendas presupuestarias o demandas de los vecinos de pedanías, entre otras, "jamás fueron respondidas".
Otros concejales del equipo de Gobierno del PP que nunca han remitido respuesta, ni verbal ni escrita, a IU-Verdes son Eulalia Ibarra (Obras), Maricarmen Ruiz (Sanidad) o Saturnina Martínez (Urbanismo y Medio Ambiente). 
Para Gloria Martín es "sangrante" que las citadas concejalas no se hayan dignado a contestar a cuestiones tan importantes como las deficiencias de obras en barrios y pedanías, la limpieza de solares insalubres, o la actuación en edificios en ruinas que ponen en peligro la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas.
Martín explicó que este menosprecio "no lo ejercen contra IU-Verdes sino contra los cientos de ciudadanos que se ponen en contacto con nosotros para que canalicemos sus demandas y preocupaciones en el Ayuntamiento". 
Por ello, exigió al PP "participación, transparencia y talante democrático" y que, en esta nueva etapa, "dejen de escenificar una prepotencia propia de otras épocas, que, además, contradice sus propias promesas electorales".
La edil de IU-Verdes también explicó que, por el contrario, Belén Pérez (Seguridad Ciudadana y Tráfico), Ángel Meca (Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Aguas de Lorca), Juan Miguel Bayonas (Transporte) y Francisco García (Patrimonio) son "receptivos" a la cuestiones planteadas por IU-Verdes.
Por último, Martín explicó que la de IU-Verdes, es una oposición municipal "trabajadora, seria, coherente, constructiva, exigente, reivindicativa y, si es necesario, combativa" y agradeció a los vecinos que estos meses han confiado en su labor representativa en la que "seguiremos perseverando" a pesar de las trabas de algunos gobernantes locales.

El Defensor del Pueblo reprocha al alcalde de Murcia que niegue la entrada de 'Huermur' al Consejo Social

MURCIA.- Huermur ha tenido conocimiento del escrito remitido por el Defensor del Pueblo al alcalde de Murcia, donde le reitera que debe justificar por qué sigue negando la entrada que la asociación Huermur solicitó en el Consejo Social al Ayuntamiento de Murcia, ya que el ayuntamiento ha dejado sin cubrir las plazas destinadas por su reglamento para las asociaciones que defienden el medio ambiente de ámbito local.

Desde Huermur solicitaron en enero del año pasado la entrada en el Consejo Social de la Ciudad de Murcia, siendo así la primera entidad ambientalista y pro-patrimonio que lo realizó, pero a día de hoy el Ayuntamiento sigue sin responder a su solicitud, así como a diversos escritos en los que ha reiterado esta petición, solicitando una respuesta o que si se denegaba la entrada, se justificara por escrito.
Desde la institución del Defensor del Pueblo han reprochado al alcalde Ballesta en una notificación, que no firme él mismo el escrito de respuesta al Defensor, así como que no entre al fondo del asunto en la respuesta que envió a esta institución comisionada de las Cortes Generales para la defensa de los derechos fundamentales y de  los ciudadanos, en el día de ayer.
Asimismo, el Defensor del Pueblo advierte de contradicciones en el funcionamiento del Consejo Social, pues señala en su informe que “Es contradictorio que el Reglamento prevea que las asociaciones constituidas con la finalidad de proteger el medio ambiente  formen parte del Consejo Social y sin embargo no se designen miembros que representen estos intereses”. 
El Defensor termina comunicando que se ha solicitado que el Ayuntamiento vuelva a remitir un informe suscrito por la Alcaldía en el que se indiquen las razones legales por las cuales las asociaciones ambientales no forman parte del Consejo Social de la Ciudad de Murcia, y los motivos por los que no se ha dado contestación al escrito de la Asociación Huermur que reclama su ingreso.
Para Huermur este es un ejemplo más de la falta de apoyo del Ayuntamiento de Murcia a la participación ciudadana libre y eficaz, que es la que protege la Constitución Española y la legislación vigente.
Desde la Asociación para la Conservación de la Huerta y el Patrimonio de Murcia (Huermur), denuncian que el Alcalde debe dar la cara y responder a la solicitud cursada por Huermur para el ingreso en el Consejo, ya que solo desde la pluralidad y la participación se puede construir un mejor municipio, y la asociación Huermur precisamente trabaja en ello, en defensa del Medio Ambiente, el patrimonio, la Huerta y el paisaje de todos los murcianos y murcianas.
Fruto de este trabajo, la asociación Huermur ha recibido diversas distinciones y reconocimientos, ha participado en el I Congreso Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en España; organizado por la Universidad Miguel Hernández con la colaboración del Ministerio de Cultura y la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO entre otros, su participación en el proyecto europeo NATURBA celebrado en los años 2009-2012, y donde esta Asociación logró que sus propuestas referentes a la Huerta de Murcia y su medio natural fueran incluidas en las conclusiones de este proyecto realizado por la Comunidad Europea y en parte por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y donde participó también el Ayuntamiento de Murcia.
Igualmente ha participado en el 7º y 8º Congreso Internacional de Molinología, organizados por la Asociación para la Conservación y Estudio de los Molinos ACEM, por la Universidad de Salamanca, la Diputación de Pontevedra, la Xunta de Galicia, entre otros, realizados en Zamora y Tui en 2009 y 2011 respectivamente, y donde Huermur representó a la red de regadío tradicional de la huerta de Murcia, su ecosistema natural y su patrimonio histórico. Además de participar en la organización y realización del 9º Congreso Internacional de Molinología celebrado en la ciudad de Murcia.
A lo que se le suma diversas publicaciones en revistas medio ambientales de ámbito nacional, convenios y colaboraciones con diversas universidades de España. Además de ser una Asociación galardonada con diversos premios entre los que figuran el Premio Etnomurcia 2009 por el impulso y la recuperación del patrimonio etnológico de la Huerta de Murcia, y el premio 2015 al reconocimiento especial de Medio Ambiente del Colegio Oficial de Biólogos de la Región de Murcia en la labor de defensa, conservación, recuperación y difusión de los valores medio ambientales de Murcia.
La Asociación Huermur además ha llevado el nombre y el patrimonio de Murcia por todo el territorio nacional, con ponencias y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales de patrimonio, paisaje y de participación, también fue seleccionada para exponer su labor en jornadas del IPCE del Ministerio de Cultura, y ha remitido varios informes a la UNESCO y a Hispania Nostra sobre el estado del patrimonio, la Huerta de Murcia y su Medio Ambiente.
Los estudios, informes y solicitudes realizados por Huermur también han servido para la protección de importantes elementos del patrimonio de la Huerta de Murcia, como el Jardín de Floridablanca, el Puente Viejo, o el entorno de protección del Santuario de la Fuensanta en Murcia, como Bienes de Interés Cultural, y de elementos etnográficos y arquitectónicos como elementos catalogados e inventariados.
Desde Huermur esperan que finalmente el alcalde Ballesta rectifique, acepte la solicitud cursada hace más de un año, y reconozca la labor de la Asociación Huermur en defensa de la Huerta de Murcia y su patrimonio cultural y medio ambiental. Así mismo esperan que el Defensor del Pueblo logre que la Alcaldía entre en razón y decrete el ingreso de Huermur en el Consejo, para velar así por la protección del Medio Ambiente y el patrimonio de Murcia.

La Audiencia de Madrid revoca una condena al especulador murciano Trinitario Casanova


MADRID.- La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado la sentencia condenatoria que existía contra Trinitario Casanova Abadía, por el caso Banco Popular, dejándola sin efecto, según indicó a través de un comunicado Baraka, el grupo que preside el empresario y especulador murciano.

Casanova había sido condenado a un año de prisión, por la magistrada del juzgado de lo Penal nº 29 de Madrid, Beatriz Prestel, al considerarlo culpable de un delito contra el mercado y los consumidores tras difundir falsos rumores de OPA en el Banco Popular para aumentar el precio de las acciones en 2008.
El fallo, que ahora queda anulado, inhabilitaba al promotor murciano para intervenir en el mercado financiero durante el tiempo de la condena. En la sentencia, Prestel estimaba las alegaciones presentadas por la acusación particular del propio banco, así como las del Ministerio Fiscal que, en sus conclusiones, reprochaba a Casanova no haber sido consciente del alcance de un delito que consiguió alterar la Bolsa durante junio de 2008.
En concreto, explicaba entonces el fiscal en su escrito de acusación, Casanova llevó a cabo "artimañas informativas, administrativas y financieras" con el objetivo de detener la devaluación de las acciones del Popular en su propio beneficio.
Según se desprendió entonces de la investigación, Casanova suscribió, a través de una sociedad de la que era administrador único, un acuerdo con el holandés Fortis Bank para financiar la compra de más de 42 millones de acciones, haciéndose con un 3,5% de la entidad.
Ante la tendencia a la baja, el ahora absuelto, lanzó el rumor al diario 'Negocio' de que un grupo de empresarios, entre ellos el magnate mexicano Carlos Slim, estudiaba lanzar una OPA sobre el banco, con una prima superior al 50%, lo que provocó un importante incremento de la cotización del Banco Popular.
En aquel momento, Casanova cargó contra el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, entonces representante legal de los supuestos accionistas y cuya declaración como testigo se considera núcleo de la denuncia contra Casanova. 
Según la versión del ahora absuelto, fue el político gibraltareño quien contactó en nombre del grupo inversor mexicano Blueprime, supuestamente interesado en comprar sus acciones.
El Tribunal estimó así entonces que fue el propio promotor quien emitió de forma voluntaria tales informaciones que, según explicó la CNMV durante la vista oral, ocasionaron un perjuicio de 38 millones.

Los ingenieros de Telecomunicación por la UPCT tienen una empleabilidad del 96%

CARTAGENA.- El índice de empleabilidad de los ingenieros de Telecomunicación ronda el 96%, y el paro en ese sector es de solo del 7,5%, según los datos ofrecidos este miércoles por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) con motivo de la celebración de su décimo quinto Telecofórum.

Así lo indicaron este miércoles el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación (ETSIT) de la universidad cartagenera, Juan Ángel Pastor, y el director general de Universidades de la comunidad autónoma, Juan Monzó, durante esas jornadas sobre esta rama de la ingeniería.
Según explicó, la inserción laboral de los nuevos graduados en Telecomunicaciones es "altísima" y las expectativas "son estupendas" para estos profesionales, tanto a nivel regional como estatal, ya que actualmente "la situación en la profesión es brillante y estos ingenieros tienen una perspectiva que no imaginábamos hace años".
Además, ambos representantes señalaron que la tendencia en el futuro continuará al alza, gracias que la sociedad está viviendo "de lleno una cuarta revolución industrial" en la que las telecomunicaciones pasaron de centrarse en internet y los radares para extenderse al denominado "internet de la cosas".
Eso ha motivado que todas las empresas, sean del ámbito que sean, necesiten los servicios de los ingenieros de telecomunicación.
De hecho, según detalló Pastor faltan estudiantes para poder llenar todas las plazas disponibles para hacer prácticas empresariales.
Pastor ha recordado que las empresas demandan especialmente de estos estudiantes y titulados competencias "transversales" además de técnicas, y "cada vez se valora más que el ingeniero tenga capacidad de liderazgo, competencias comunicativas y un buen nivel de inglés", entre otros aspectos.

La comisión de investigación en la Asamblea analizará la gestión del SMS desde 2006

CARTAGENA.- La Comisión Especial de Investigación del Servicio Murciano de Salud (SMS) en la Asamblea Regional decidió este miércoles que analizará la gestión de este organismo de la Comunidad Autónoma desde el año 2006 dividiendo el trabajo en bloques, entre ellos, concertación de servicios, recursos humanos, nóminas y diferencias por áreas de salud.

El presidente de la comisión y diputado socialista, Emilio Ivars, afirmó a la salida de la reunión que los cuatro grupos acordaron remitirse a los informes de fiscalización del SMS que ha hecho el Tribunal de Cuentas en los últimos 10 años, que servirán para establecer un guión de trabajo dividido en secciones.
Debido a la ingente información que van a manejar los nueve diputados de este órgano, Ivars valoró que el funcionamiento de la comisión pivote sobre bloques, abriendo y cerrando un tema de investigación antes de abordar el siguiente.
Tras admitir que el trabajo de los diputados se alargará hasta 2019, si bien mostró sus dudas de que todos los bloques que se determinen en reuniones posteriores puedan abordarse antes de que acabe la legislatura.
"Es imposible abarcarlo todo", apostilló el presidente de la comisión antes de anunciar que solicitaron a la Junta de Portavoces que ordenen que las comparecencias sean a puerta abierta.
El siguiente encuentro ha sido programado para dentro de 15 días con el propósito de que los grupos analicen los informes del Tribunal de Cuentas y presenten sus propuestas de bloques de investigación.
Por su parte, la diputada de Podemos María Ángeles García criticó el "arranque tibio" de la comisión, puesto que, en su opinión, los diputados deberían haber analizado ya la documentación pública de los distintos órganos fiscalizadores, como el Tribunal de Cuentas, para haber empezado ya a trabajar "con ahínco y con detalle" desde la reunión celebrada este miércoles.
García ha pedido que la comisión determine las medidas que deben acabar con la "sangría" y el "agujero negro" del SMS, que acumula un déficit anual que ha cifrado en 400 millones de euros, para lo cual ha considerado primordial saber cómo es la gestión económico-financiera de este órgano.
Desde las filas de Ciudadanos, Juan José Molina incidió en que el propósito de esta comisión no es investigar al personal del SMS que realiza una "gran labor", sino la "gestión discutible" de este ente regional, que puede ir "a la quiebra" debido a que se basa en un "modelo insostenible".
Finalmente, el diputado del PP Domingo Coronado, tras mostrar su apoyo a la creación de esta comisión, la consideró innecesaria porque el SMS está "totalmente controlado" por distintos órganos fiscalizadores, tanto internos como externos y por "técnicos que saben más que los diputados".
Para Coronado, que también defendió la tarea de los 20.000 trabajadores del SMS, el principal problema de la sanidad regional es el déficit que sufre cada año por la infrafinanciación del Estado, de la que culpó a los sucesivos Gobiernos del PP y del PSOE.
La comisión de investigación del SMS es la cuarta que se pone en marcha en la Asamblea Regional esta legislatura, tras la ya concluida de la desaladora de Escombreras, la del Auditorio de Puerto Lumbreras y la del aeropuerto de Corvera, mientras que está a la espera de constituirse la que abordará los contratos y subvenciones de la Comunidad Autónoma.

El juez Velasco abandonará en trece días la investigación de la 'Púnica'


MADRID.- El juez Eloy Velasco abandonará en trece días la investigación de la 'Púnica' ya que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la ha designado, junto al magistrado Enrique López, para la nueva Sala de apelaciones de la Audiencia Nacional, que empezará a funcionar el próximo 1 de junio.

Ambos habían solicitado el ascenso junto a una veintena de magistrados, la mayoría de ellos también pertenecientes a este órgano. 

La designación obligará a Velasco a abandonar el Juzgado Central de Instrucción nº 6 y con ello la investigación de las causas Lezo y Púnica que aún están lejos de concluir y que afectan a corrupción cometida por cargos del PP.

El TSJ no admite un recurso que pedía la anulación de 11 planes urbanísticos parciales en Murcia

MURCIA.- La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia no ha admitido el recurso presentado por Ecologistas en Acción, que reclamaron la anulación de once planes parciales aprobados por el ayuntamiento de esta capital y que afectaban a terrenos protegidos.

Entre los promotores de esos planes, según se recoge en la sentencia, se encontraban las empresas Resort Tres Molinos, Venalcampo Golf y Promociones y Construcciones Zapata.
Como solicitud principal, Ecologistas en Acción pidieron al TSJ que declarara la nulidad radical de esos planes, y, de forma subsidiaria, que se condenara al Ayuntamiento de Murcia a iniciar la revisión de oficio y declarar la nulidad de sus actos.
La organización demandante expuso que a los planes combatidos se había adscrito suelo con protección específica, al estar ubicado dentro de Lugares de Interés Comunitario (LIC), Parque Regional o Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), como sistemas generales y generadores de aprovechamiento urbanístico.
Para los recurrentes, lo expuesto no tenía amparo en el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia ni en el texto refundido de la Ley del Suelo, "constituyendo una causa de nulidad determinante del inicio del procedimiento de revisión de oficio".
En cuanto a la petición principal, la Sala dice que la misma no puede admitirse porque se ha producido una desviación procesal, ya que en la vía administrativa lo que se solicitó fue que se iniciara el procedimiento de revisión, mientras que en la vía contenciosa se ha reclamado es la declaración de nulidad radical y absoluta.
En cuanto a la solicitud planteada de manera subsidiaria, el TSJ señala que tampoco puede ser estimada, ya que los planes generales tienen la consideración de disposiciones de naturaleza reglamentaria, lo que veda su impugnación a los particulares.

Rosa Peñalver vuelve a colgar en la Asamblea la bandera arco iris de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales


CARTAGENA.- La Asamblea Regional de Murcia conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, Lesfobia, Bifobia y Transfobia, con la instalación de la bandera arco iris, que lució por primera vez en su historia hace un año con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, según informaron fuentes del parlamento autonómico en un comunicado.

"Este 17 de mayo queremos mostrar el apoyo de la institución al colectivo de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, avanzar con ellos en el camino de la igualdad social y la normalización de las distintas opciones de orientación sexual y de género", según explicó la presidenta de la Asamblea, Rosa Peñalver.
"Hoy más que nunca estamos con ellos para visibilizar al colectivo y exigir al resto de la sociedad la erradicación de cualquier tipo de discriminación por estas razones", añadió Peñalver.
Cabe destacar, que este reconocimiento y apoyo institucional está recogido en el artículo 6 de la Ley de Igualdad Social de LGTBI y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, aprobada por unanimidad el 19 de mayo, una de las normativas en igualdad más avanzadas de toda España.

Cinco alumnas de la UMU consiguen Premios Nacionales de Fin de Carrera

MURCIA.- La Universidad de Murcia (UMU) obtuvo cinco galardones en la última convocatoria de los Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria, la correspondiente a quienes finalizaron sus estudios en el curso académico 2012-2013.

Los estudiantes de la UMU lograron un primer premio en la titulación de Pedagogía; dos segundos premios en Biología y en Filología Clásica y dos terceros en las carreras de Filología Francesa y de Lengua y Literatura Españolas.
Las galardonadas son Cecilia María Azorín Abellán (primer premio, licenciada en Pedagogía), Nkiru Carmen Onwuasoanya Martínez (segundo premio, graduada en Biología), Jessica Navarro Diana (segundo premio, licenciada en Filología Clásica), Mari Carmen Izquierdo Gutiérrez (tercer premio, licenciada en Filología Francesa) y Carmen María López López (tercer premio, graduada en Lengua y Literatura Españolas).

La Plataforma '2 es+' volverá a explicar en la Asamblea su propuesta de crear otra provincia en la Región

CARTAGENA.- La Comisión de Reforma del Estatuto de Autonomía recibirá a los miembros de la Plataforma '2 es +', para que su directiva explique las ventajas de que el texto que se está modificando incorpore medidas para crear la provincia de Cartagena. 

Así lo anunció la presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver, quien detalló que la comisión se reunirá la próxima semana para decidir la fecha del encuentro con este colectivo, que ya fue recibida previamente por los grupos parlamentarios.
Peñalver aseguró que la propuesta partió del PSOE regional, que recogió la petición del grupo municipal Socialista en Cartagena para que los miembros de la plataforma fueran escuchados. 
Esta iniciativa fue una de las condiciones exigidas hace dos años por Movimiento Ciudadano (MC) para la confección de la coalición de gobierno.
La presidenta de la Cámara valoró positivamente la participación de los distintos colectivos que quieren hacer sus aportaciones, puesto que una modificación del Estatuto de Autonomía «no pueden hacerla solo los parlamentarios».

La Región tiene a los médicos y enfermeros con el salario más bajo de toda España

MADRID.- Un trabajo de la consultora de recursos humanos Adecco muestra una desigualdad de entre 7.000 y 10.000 euros anuales en los salarios brutos de los profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud (SNS) en función de la comunidad autónoma, de modo que los médicos y personal de Enfermería de la Región de Murcia son los que presentan los sueldos más bajos. Mientras, los profesionales sanitarios del País Vasco y Canarias son los que tienen los sueldos más altos.

Así se desprende de los resultados del informe 'Infoempleo Adecco: Oferta y Demanda de empleo de España', que también augura para este año un aumento del 40% en las ofertas de empleo en el sector sanitario, con respecto al año anterior.
En lo que respecta al salario de los profesionales, las retribuciones más altas son para los médicos especialistas, que perciben unos 45.970 euros brutos de media, seguida de los licenciados en Medicina, que ganan 31.480 euros de media. Por detrás de ellos están los enfermeros especialistas o generalistas, con 24.810 y 21.000 euros brutos anuales respectivamente.
Sin embargo, el informe muestra diferencias en función de la zona geográfica donde se busque trabajo, ya que los sueldos medios más altos son los de los médicos especialistas de País Vasco, con 54.148 euros brutos anuales, seguidos de Canarias (53.720), Baleares (52.383), Cataluña (49.081) y Navarra (47.439). En cambio, los de Andalucía (42.734), Extremadura (41.957) y Murcia (40.911) son los que menos cobran.
Lo mismo sucede con los licenciados en Medicina sin especialidad, donde País Vasco es la región con mejores salarios, unos 37.631 euros brutos anuales, muy por delante de Navarra (32.968), Canarias (32.794), Baleares (31.865), Comunidad Valenciana (31.722) y Castilla-La Mancha (31.602). En el resto de comunidades el sueldo medio está en unos 30.000 euros anuales.
En cuanto al personal de Enfermería, las especialistas de País Vasco son las que tienen un sueldo más alto, con 29.219 euros brutos anuales, seguidos de Canarias (28.989), Baleares (28.267), Cataluña (26.250), Navarra (25.599) y Castilla-La Mancha (24.538). La que menos paga es nuevamente Murcia, con 22.095 euros.
El informe destaca el caso de Cataluña y la Comunidad de Madrid, cuyas retribuciones suelen superar la media nacional en la mayoría de sectores pero que en el sector sanitario ocupan la parte baja de la tabla, debido a "un exceso de oferta de perfiles sanitarios en ambas regiones".

Necesidad de profesionales
Por otro lado, el informe apunta a un aumento de las ofertas profesionales fruto de la reversión de las concesionarias, las adquisiciones entre grupos hospitalarios privados y el emergente turismo sanitario español, y apunta que los perfiles que más se demandarán en 2017 corresponden a médicos especialistas, odontólogos y enfermeros.
Dentro de los médicos, las competencias de comunicación y orientación a la calidad y al paciente son las preferidas por las instituciones (grupos hospitalarios, clínicas, mutuas de trabajo y geriátricos), mientras que los ginecólogos expertos en reproducción asistida, anestesistas y médicos del trabajo están dentro de los más requeridos a nivel nacional.
Asimismo, los médicos especialistas vía MIR se encuentran en déficit debido a la escasez de plazas en determinadas especialidades por la 'explosión' de la sanidad privada y las aseguradoras, lo que "ha supuesto la apertura de múltiples centros como clínicas dentales o clínicas de reproducción asistida".
En cuanto a los odontólogos, se buscan profesionales con más de dos años de experiencia y máster en las diferentes especialidades, fruto de la lucha por el mercado de los las empresas franquiciadas y marquistas, aseguradoras y clínicas privadas puras.
"Las aseguradoras están llevando a cabo una estrategia de expansión en la búsqueda de sinergias de servicios de salud para todos sus asegurados en otras divisiones. Aunque el número de odontólogos en proporción a la población es elevado y las tasas de especialización son cada vez mayores, determinadas especialidades tales como ortodoncia y odontopediatría son difíciles de encontrar en determinadas localidades", relata el informe.
La directora de Servicio de Adecco Healthcare, Esther Charro, reconoce que "las competencias de comunicación, impacto e influencia y la orientación a la calidad y a los resultados son sin duda las habilidades estrella, siempre unidas a un alineamiento con la cultura de la institución".
Y debido al empuje del turismo sanitario, los perfiles con conocimientos de al menos tres idiomas a nivel avanzado bilingüe también serán altamente buscados en determinadas zonas geográficas.

El aeropuerto de San Javier cumple 50 años abierto al tráfico civil


SAN JAVIER.- El 17 de mayo de 1967 se dieron por concluidas las obras necesarias para la apertura al tráfico comercial del aeropuerto de Murcia-San Javier, con lo que este miércoles celebra su 50 aniversario.

Según informaron fuentes de Aena, en ese año se realizaron actuaciones partiendo de las instalaciones ya existentes de la Base Aérea de San Javier, que se centraron en el área de maniobras y en la ampliación de la longitud de la pista hasta los 2.300 metros.
Además, se procedió a la restauración y acondicionamiento de la calle de rodadura paralela a la pista y se realizaron las obras del estacionamiento de aeronaves, el edificio terminal y una vía de acceso desde la carretera de Santiago de la Ribera a Los Alcázares.
Al año siguiente, el 1 de noviembre de 1968, el aeropuerto de Murcia-San Javier recibía su primer vuelo regular procedente de Madrid, operado por la compañía Iberia.

La corrupción hunde la marca del PP en toda España y le arrebata 1,64 millones de votos

MADRID.- El Partido Popular se está desmoronando por los continuos escándalos de corrupción que implican a sus dirigentes más emblemáticos y en unas elecciones generales anticipadas se desplomaría en las urnas: perdería 24 escaños y a uno de cada cinco de sus votantes, según el último análisis de las encuestas elaborado para 'Público' por Jaime Miquel y Asociados.

El blindaje electoral del PP frente a la corrupción se está resquebrajando. Sus votantes huyen en masa hacia su marca blanca (Ciudadanos) o se convierten en un inmenso granero de nuevos abstencionistas, hasta socavar por primera vez el búnker de escaños que le garantizaba el desproporcionado sistema electoral español: si hoy se celebrasen elecciones generales anticipadas, el Partido Popular quedaría a tanta distancia de la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados que ninguna suma de posibles aliados le permitiría gobernar, a pesar de que el número de escaños de C's se dispararía. 
Al mismo tiempo, esa gigantesca sangría de votantes conservadores desencantados hacia el estanque de la abstención provocaría la participación electoral más baja en casi 40 años: sólo un 68,3% del censo acudiría a las urnas, según las estimaciones del desk research del Observatorio Continuo que elabora el gabinete demoscópico Jaime Miquel y Asociados (JM&A) para Público, evaluando y ponderando las principales encuestas electorales de las últimas semanas.
Que este hundimiento del gran partido conservador se debe a los continuos escándalos de corrupción que implican a sus dirigentes más emblemáticos queda patente en que la otra formación política que se desplomaría sería la antigua Convergència –hoy renombrada Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat)–, también inmersa en numerosos escándalos de corrupción.
La pérdida por el PP de 1,64 millones de votos equivale a la fuga de más de uno de cada cinco de los que le expresaron su apoyo en las urnas en la última consulta electoral para el Congreso. Eso, en votos válidos equivale a una pérdida del 20,8% de sus votantes en sólo diez meses de legislatura, algo sin precedentes.
Aunque las cifras absolutas de los daños que sufriría el PDECat –unos 65.000 votos menos, con una caída de dos décimas porcentuales sobre los votos válidos, y una pérdida de dos escaños– parecen moderadas, en realidad suponen un durísimo varapalo de los catalanes al partido que ha gobernado Catalunya durante 27 de los últimos 37 años: casi el 14% de los votantes que le restaban le darían la espalda, cuando su base electoral ya se había reducido a menos de la mitad en las elecciones generales de estos seis años pasados.
Esos batacazos de partidos conservadores tambaleantes por su corrupción interna acaban beneficiando a los partidos emergentes. En el caso del PP, el trasvase de casi 600.000 de sus seguidores hacia Ciudadanos –según las estimaciones de transferencias de votos, pues no toda la ganancia de C's se debe a votantes populares– hace despegar definitivamente a la formación de Albert Rivera, que gana 21 de los 24 escaños perdidos por los populares y supera el listón del medio centenar de diputados.
En cuanto a Unidos Podemos, consolida y refuerza su posición en el Congreso, donde gana otros tres puestos hasta sumar 74 diputados con sus confluencias.
El PSOE, por su parte, logra mantener su nivel de apoyo total: su porcentaje de votos válidos se mantiene idéntico, pero aumenta su representación parlamentaria en dos escaños. Eso se debe al reparto territorial de los escaños.
Por comunidades, el Partido Popular se descalabra en Andalucía (donde pierde 5 escaños), Madrid, Catalunya y las dos Castillas (donde pierde 3 en cada una) y Valencia, Galicia y Aragón (con 2 menos en cada una). También cae un escaño en Extremadura. Es decir, su desplome está bien repartido por la geografía española.
El PSOE obtiene ganancias –siempre a la espera del resultado de sus primarias internas, claro– en Catalunya (+2), Valencia y Andalucía (+1 en cada una), y pierde un escaño en Galicia y otro en Aragón.
Pero donde se ve el fenómeno más importante de esta evolución electoral es en el ascenso de Ciudadanos, casi siempre a costa del PP: gana 4 congresistas en Castilla-La Mancha; 3 en Madrid y otros tantos en Castilla y León y en Andalucía; 2 en Catalunya y en Galicia, y uno en Valencia, Aragón, Extremadura y La Rioja. Sólo en esta última es a costa de Unidos Podemos, igual que uno de los 4 diputados que gana en la comunidad castellano-manchega.
Finalmente, Unidos Podemos sube dos escaños en Aragón y uno en Andalucía, Galicia y Valencia. En Catalunya no varía su cuota en el Congreso de los Diputados, pero vuelve a ganar claramente, con 12 parlamentarios, frente a los 10 de ERC y los 9 del PSC.
El descalabro del PP es especialmente vistoso en Andalucía, donde pierde la mayoría de diputados al Congreso y queda tres escaños por detrás del PSOE-A.
No obstante, donde sí se aprecia muy claramente el fin de una era bipartidista es entre la juventud: de los 386.000 jóvenes que han cumplido los 18 años desde la última cita con las urnas –y, por tanto, podrían votar por primera vez–, uno de cada tres se abstendría, pero el reparto de los otros dos tercios es muy revelador. Mientras un 20% de esos novatos se decantarían por Unidos Podemos, y otro 16% apoyaría a Ciudadanos, el porcentaje de los que expresan sus preferencias por alguno de los dos grandes es exiguo: un 12% por el PP y ¡sólo un 8%! por el PSOE.

El voto en falso del PP / Ángel Montiel *

Era previsible. El Grupo Parlamentario del PP votó a favor de la supresión de los aforamientos de los diputados autonómicos porque, al final de todo, en esto quedó el pliego de condiciones de C's para justificar su particular ´abstención técnica´, con la que facilitó la continuidad del Gobierno de los populares con otro presidente, distinto al que había pactado esto mismo y una cincuentena más de puntos al inicio de la legislatura. 

Con la misma temeridad que entonces, el PP se sumó a esta propuesta de C's, encaminada a hacer dimitir de su cargo de diputado regional a PAS. Una nueva patada hacia adelante, pues la supresión de los aforamientos exige la reforma del Estatuto de Autonomía, ley orgánica que debe ser refrendada por las Cortes. Y ahí estamos.

Las primeras noticias capitalinas sobre el refrendo de esa decisión de la Asamblea murciana son (ya digo que previsibles) que el PP se opondrá a dar el visto bueno a la reforma propuesta por la mayoría absoluta del arco parlamentario murciano, tan absoluta que no contiene ni un solo voto en contra. El PP, en Madrid, pretende negociar con C's la validación de esta reforma sobre los aforamientos en Murcia, exigiéndole que traslade a las Cortes el mismo modelo para Andalucía, comunidad en la que el partido naranja también sostiene al Gobierno, socialista en este caso. 

De esto no se habló en Murcia cuando el PP decidió entregar todos su votos, incluido el del propio PAS, para liquidar el privilegio de que los diputados dispongan de una instancia superior en la Justicia a la común de los mortales, sea cual sea el motivo de la imputación por la que se vean afectados. 

En esta tesitura va a ser interesante constatar la actitud del PP en la Región. Si Rajoy se opone a refrendar una reforma estatutaria que viene avalada por su partido en Murcia, los populares de aquí debieran expresar su protesta con la misma energía que se supone que pondrían para denunciar un ninguneo similar en el caso de que en la Moncloa habitara un presidente de cualquier otro partido. En teoría, el PP no debería permitir que el Gobierno central tumbara una reforma del Estatuto murciano avalada con su voto. 

El presidente López Miras, el votante PAS y el resto de ese Grupo Parlamentario debieran ponerse en vanguardia de una reivindicación que han avalado sus 22 diputados soberanos. Y es que si no se muestran activos para convencer a Rajoy de que convalide el mandato de la Asamblea tendremos que pensar que el PP murciano vota en falso, es decir, lo hace a sabiendas de que lo que aprueba será después suspendido por su propio partido en la instancia política superior. 

Tendríamos que concluir entonces que el PP no cree en lo que vota o lo hace obligado por sus intereses circunstanciales al margen de las propias convicciones que difunde como opción política. Y eso sería enormemente grave. Tan grave como permitir que en Madrid le revoquen una decisión parlamentaria en la que cuantitativamente tiene más peso que el conjunto de la oposición. 

López Miras, pues, debería plantarse ante Rajoy para que se dé prisa en la supresión de los aforamientos. El je, je póngalo usted, amable lector.


(*) Columnista


La marcha del juez Velasco, mala noticia para la Justicia / José Oneto *

Alegría contenida en el Gobierno; respiro en la Fiscalía General del Estado,  y sobre todo,  en la Fiscalía Anticorrupción de Manuel Moix, cuyo cese, junto con el de Maza,  han pedido casi la totalidad de los partidos políticos en el Congreso de los Diputados, que además, ha terminado por reprobar al ministro de Justicia Rafael Catalá… Todo ese clima, es el que este miércoles, se podía palpar de la salida, dentro de dos semanas, del Juzgado Central  número 6 de la Audiencia Nacional del magistrado Eloy Velasco.

Velasco, antiguo director general de Justicia de la Generalitat valenciana durante la Presidencia de Eduardo Zaplana y de Francisco Camps, es el magistrado que  más odia el Gobierno, y está investigando los dos grandes casos de corrupción del PP en Madrid: el ”caso de la Púnica” y el “caso Lezo”, dos de los mayores casos de corrupción en el gobierno madrileño en el que hay de todo: organización de banda criminal, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos,  blanqueo de capitales, fraude, falsificación de documentos,  financiación ilegal del partido en el poder, corrupción en los negocios y un largo etcétera.

Especialmente grave y escandaloso, es el caso que ha sido bautizado como “Operación Lezo”, que cada día que pasa, tiene repercusiones más sorprendentes e inesperadas, en casi un centenar de posibles implicados,  teniendo en cuenta que siguen las investigaciones y las sospechas de personajes que durante muchos  años han estado a la sombra de Aguirre, González y Granados. Por otra parte, la aparición en las grabaciones de personalidades sorprendentes, con mucho poder, con mucha capacidad de influencia y con muchas posibilidades de desviar, a través de muchos vericuetos, el camino de las investigaciones, y de los investigados, dan al caso un morbo especial.

Por eso, la marcha el día 1 de Junio del juez Velasco del Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional (un Juzgado en el que estaba destinado Manuel García Castellón)  para pasar a ser miembro de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, elegido junto con Enrique López, por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, ha producido tanta alegría en muchos, aunque, de hecho,  puede complicar y mucho, los dos principales casos de corrupción que se siguen investigando.

Hay que recordar que hace solo unos días, en una entrevista concedida a Carlos Segovia en El Mundo, Velasco anunciaba que había pedido una plaza, un cambio de destino en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. “No sé si la ganaré, porque está todo reglado. Es un concurso”, matizaba añadiendo que no había nada imprescindible cuando le preguntaban por lo que suponía dejar casos importantes empantanados.

“Si yo me voy, vendrá otro juez y si es mejor que yo, lo hará mejor. Cuando yo llegué, el juez Del Olmo llevaba seis meses en un curso en Francia y me encontré retrasos en el Juzgado. El problema no es de los jueces, que trabajamos todo lo que podemos, el problema es que las inversiones en Justicia no son todo lo grande como podrían ser”. En el fondo, insinuaba que había pedido un cambio de destino por falta de medios en su Juzgado. Aunque su paso por la Sala de Apelaciones es un paso importante para llegar a Magistrado del Supremo, una de sus legítimas aspiraciones profesionales.


(*) Periodista y economista


Ojo con la trituradora anti corrupción / Melchor Miralles *

Asistimos a un vendaval de investigaciones judiciales sobre casos de corrupción. Afectan al PP en diferentes Comunidades, al PSOE en Andalucía, a los convergentes y colegas en Cataluña. Lo que viene siendo a los que gobiernan. Es un tsunami, porque durante años ha habido barra libre, y se lo han llevado crudo a braga quitada, que escribiría Umbral, no ha habido pudor, han sido impúdicos e insaciables, y el personal se ha cansado, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y la Justicia se han puesto manos a la obra, y esto es un no parar, un sin vivir.

Está bien que policías, guardias civiles, jueces y fiscales sean implacables. Pero ojito que la cosa se va a veces de madre, y en un Estado de Derecho, todos, absolutamente todos los ciudadanos, sin excepción, al margen de que hayan podido cometer delitos horribles, tienen derecho a un juicio justo, lo cual conlleva una investigación previa atinada. Y aquí, como en otros sitios, a veces se le da carácter de hecho probado a informes policiales porque sí, y las FCSE se pueden equivocar, y se equivocan, como nos sucede a todos, y entre ellos, como en todos los oficios, también hay corruptos, y negligentes al servicio de intereses inconfesables.

El último episodio, la investigación o imputación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y la inmediata reacción del órgano jurisdiccional competente aclarando que no hay imputación alguna y que solo existe un informe de la Guardia Civil que no contiene suficientes elementos inculpatorios es una advertencia más para todos respecto al cuidado que hay que llevar en este terreno. En las horas que pasaron desde que se hizo público el informe de la UCO hasta que el juez advirtió que no había pruebas para abrir una investigación contra la presidenta madrileña se puso en marcha el ventilador y el personal, político y civil, se lanzó a degüello. No me habría gustado estar en su pellejo.

Cuesta un minuto destrozar una reputación y puede que no de una vida para restituirla. Y no es solo Cristina Cifuentes, hay más casos, en estos asuntos de corrupción a mansalva y en muchos otros. Y las FCSE y la Justicia no pueden envolverse en la causa necesaria de la lucha contra la corrupción para convertirse en una trituradora indiscriminada y que valga todo. Es esencial respetar las normas del Estado de Derecho.

No hay duda de que el PP ha hecho muy mal las cosas, y hay un cúmulo de pruebas que acreditan que se ha financiado al margen de la ley, y que muchos dirigentes del partido han actuado de modo inaceptable y se han enriquecido y han posibilitado el enriquecimiento de los amiguetes, a costa en buena medida de dinero del erario, o sea, de todos. Como hay pruebas respecto al PSOE con los ERE en Andalucía y respecto a los convergentes y el 3% o mucho más en Cataluña. Pero ello no justifica la barra libre, la trituradora a destajo.


(*) Periodista


Atraco perfecto a la Comunidad de Madrid / Pablo Sebastián *

Hay que reconocer que lo de Valencia en tiempos de Camps y Barberá no estuvo nada mal pero lo ocurrido bajo la presidencia de Esperanza Aguirre e Ignacio González en la Comunidad de Madrid ha sido el atraco perfecto, una obra de arte de la delincuencia organizada contra bienes públicos. Una parte en beneficio de las fraudulentas campañas electorales del PP de Madrid pero la parte del león, o de las insaciables ranas de la ciénaga madrileña, para los bolsillos de los jefes de la banda, sus compinches y allegados de todo tipo y calaña.

No han dejado títere con cabeza ni palo del flamenco sin tocar en este gran butrón que comenzó con el Tamayazo -la compra de dos diputados para que Aguirre llegara en calesa a la Puerta del Sol- y que se extendió por todos los campos de la gestión del gobierno autónomo, empresas públicas y pueblos madrileños.

Y conste que las operaciones Lezo, Púnica y Gürtel son solo parte de un todo completo que se esconde en los concursos públicos que duermen reflejados en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid (el BOCAM) bajo cuyas alfombras figuran las empresas concesionarias de contratos públicos de los últimos años en los que se hicieron trampas y pagaron comisiones a los políticos corruptos e intermediarios encartados, a los que écheles usted ahora un galgo.

Mucho ha ido saliendo. Desde el Canal de Isabel II, buque insignia de la flota de fantasmales empresas latinoamericanas pagadas a precio del oro, hasta Bankia (con la inestimable ayuda de los Blesa y Rato), Telemadrid, la Plaza de Toros de las Ventas, el Palacio de Deportes con sillas y videomarcadores (y lo que habrá caído a los amplios bolsillos de los estadios de Bernabéu y Manzanares) y empresas como Arpegio, Avalmadrid, etcétera, etcétera.

Y luego las obras públicas del famoso tren de Navalcarnero que nunca llegó a su destino y las obras del Metro, autovías, carreteras comarcales, tranvías locales, pisos de protección oficial, terrenos públicos y servicios de Sanidad, Educación, limpieza, seguridad y otro gran etcétera, en el que hay que incluir licencias y dineros a los medios de comunicación que estaban al servicio de Aguirre, sus andanzas y empeño en derribar a Mariano Rajoy del liderazgo del PP nacional.

Porque, por simplificar, lo de Bankia les parecía poco y ellos querían tocar poder nacional para ir a por el Banco de España, y puede que más adelante y sin complejos a por la Reserva Federal de los EE.UU., el banco central USA con sede en Fort Nox. De ahí que guionistas de Hollywood deberían estudiar una producción titulada ‘De Madrid al Cielo’ si es que Almodóvar y Segura no se atreven a plantearse una coproducción o una serie televisiva de los Soprano de Madrid.

Y ella, la lideresa liberal Esperanza Aguirre nunca supo nada del Tamayazo ni de las aventuras de González, Granados, López Viejo y demás artistas de su gobierno y partido en esta extraordinaria función del ladroneo regional.

Y si la ‘pobre’ Aguirre no sabía nada de la bacanal que se celebraba a su alrededor pues imagínense el hoy asombrado Mariano Rajoy quien puede que conociera el Tamayazo desde su entonces despacho de vicepresidente del Gobierno de Aznar. Como en 2007 fue informado del asalto al tren de Navalcarnero en un tiempo en el que se le oyó decir: ‘todo lo que usted me cuente de Ignacio González me va a parecer poco’.

Y así fue y así les va a todos ellos mientras decenas de ranas de la ciénaga de Aguirre, como si de una plaga bíblica se tratara, inundan los medios y la vida política nacional y se enseñorean en el Congreso de los Diputados donde le cantan coplas de ciego a los ministros de Justicia e Interior, Zoido y Catalá, que tan contentos están.


(*) Periodista


Los réprobos / Ramón Cotarelo *

Lo que le faltaba al gobierno y a su partido es juntar a las partidas de corruptos, delincuentes y presuntos delincuentes, incompetentes y meapilas, ahora una de réprobos. Y ya la tiene: un ministro, un fiscal general y uno anticorrupción reprobados por todo el Parlamento a excepción, claro, de ellos mismos. 
 
La reprobación es una figura política, moral, carece de efectos jurídicos y los réprobos conservan sus cargos porque cumplen el requisito legal esencial de contar con la confianza de su superior. Enseguida se ha formado la jerarquía del mando: el anticorrupción cuenta con la confianza del general, que cuenta con la del ministro, que tiene la de Rajoy. Y Rajoy cuenta con la confianza ¿de quién? Curiosamente de ese mismo Parlamento que ahora reprueba a su ministro (y sus subalternos) y que, si quiere ser coherente consigo mismo, tendrá que reprobar también al propio Rajoy.

En esa reprobación se encuentra la izquierda. Si gana las primarias Sánchez, el PSOE parlamentario pasará a pedir la dimisión, o sea, la reprobación de Rajoy. Esa reprobación, votada por toda la oposición menos C's se impondría y Rajoy no tendría más salida que dimitir o convocar elecciones anticipadas. Por supuesto, esto no sería así si ganara las primarias Susana Díaz o si, perdiéndolas, el grupo parlamentario socialista se rompiera con una cantidad de diputados negándose a la moción de censura; y según cuántos fueran. Si esto sucediera, pasar a la moción de censura tendría un valor político y simbólico, pero tampoco jurídico, al no alcanzar la mayoría absoluta.

La izquierda no puede seguir cediendo terreno porque, al final, aquí se reimplanta un régimen autoritario. Gobierna el país un político bajo sospecha que lo gobernó casi autocráticamente con mayoría absoluta en la Xª legislatura, que se negó a someterse al control parlamentario durante el año que estuvo en funciones y ahora sostiene que le asiste un poder de veto sobre la legislación del Parlamento que, a su juicio, altere el presupuesto. 
 
Como es patente, a un gobierno así le parece anecdótico tener un ministro y dos fiscales superiores reprobados por el Parlamento. La idea de la responsabilidad política para la derecha es como la del maligno. Aquí no dimite nadie que se haya calzado un puesto de poder desde el que manipular, favorecer los intereses del grupo, enriquecerse, hacer sus chanchullos, porque entonces padece la seguridad jurídica de la empresa. La empresa de un partido político, presunta asociación de malhechores, que se ha infiltrado en las instituciones del Estado para ponerlas al servicio de sus ilícitos fines.

El contenido de las grabaciones de Ignacio González, figura de comic, en las que reconoce que algún día lo trincarán con una flema casi estoica revelan el espíritu de esta mafia: la responsabilidad política es una quimera; solo se dimite cuando te llevan ya esposado. Cosa difícil porque en este reino del hampa, los fiscales están para proteger a los delincuentes e impedir que se los procese; los abogados del Estado para defenderlos contra ese mismo Estado y los jueces para hacer y decir lo que interesa a los que mandan, quienes han llegado a mandar por robar y para robar.

La única posibilidad de que los réprobos comprendan que una justicia de réprobos solo puede ser reprobable es apelar a su conciencia. Un ministro de Justicia no puede mandar un mensaje privado de ánimo a un presunto delincuente. Un fiscal no puede tomar decisiones que se revelen como entorpecedoras de la recta justicia. O ¿sí, pueden? Eso depende de su conciencia, y cuando esta es tan ancha para sí misma como estrecha para sus adversarios, en verdad, no cabe contar con ella.

Un gobierno compuesto por ministros cuestionados o reprobados y un presidente bajo sospecha, ¿con qué autoridad se enfrenta y trata de resolver el conflicto catalán? Y todavía peor si quien ha de enfrentarse al tramo final de la hoja de ruta independentista es ese mismo gobierno, pero en funciones. 

Esto es lo que se llama visión política. 

La de una izquierda enzarzada en su cainismo que no ha comprendido el meollo de la cuestión: la derecha va a la confrontación y la polarización porque no cree en la democracia como solución pactada de conflictos; cualquier apoyo que se le preste en ese sentido, aunque sea invocando intereses sublimes, como el de la nación (o quizá por ello) será un paso hacia la destrucción de la democracia. De esa democracia de la que depende la izquierda y que esta debiera fortalecer mediante su unidad de acción por encima de intereses y dogmas. 
 


(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED