MADRID/BARCELONA.- Largas colas de personas ahora sin recursos se formaban en el barrio de 
Aluche, en Madrid, el sábado, esperando para recoger bolsas de primera 
necesidad, volcados de forma abrupta en la dependencia de un banco de 
alimentos por culpa de la pandemia. 
Una asociación de vecinos empezó a organizar un banco de alimentos, 
con voluntarios repartiendo comida y otros artículos de primera 
necesidad. Unas 800 familias recibieron ayuda este fin de semana, según 
la Asociación Vecinal de Aluche. 
“Mi hijo tiene discapacidad y 
llevo dos meses y medio sin trabajo. Económicamente estamos fatal”, dijo
 Yliana, una trabajadora del hogar que vino a vivir a España desde 
Rumanía. 
Rafael Pae, que llegó a España a principios de este año 
desde Venezuela y ha estado luchando durante mucho tiempo contra la 
crisis económica, no ha podido trabajar. 
“Cuando llegué, a una semana se desarrolló la pandemia. No he podido trabajar”, dijo.
España
 ha sido golpeada por uno de los peores brotes de COVID-19, con 230.698 
casos confirmados y 27.563 muertes. Sus esfuerzos para frenar la 
propagación llevaron a la economía a un punto muerto y enviaron la tasa 
de paro a niveles muy altos en marzo y abril, llevando a 5,2 millones de
 personas a depender de las prestaciones por desempleo. 
En La 
Mina, una de las zonas más pobres de Barcelona, muchas familias viven de
 la venta de productos en la calle, pero su sustento ha quedado 
paralizado en medio del confinamiento del país, uno de los más estrictos
 de Europa y que sólo ahora empieza a aliviarse. 
“Muchas familias
 aquí viven al día y muchas dependen de bancos de comida”, dijo Susana Martínez Heredia, de 28 años, una funcionaria que vive en
 el vecindario.  
La
 zona tiene una gran población romaní y Martínez dijo que la Federación 
de Asociaciones Gitanas de Cataluña entregó recientemente siete toneladas de
 alimentos a los necesitados de la zona. 
El gobierno de coalición
 de izquierdas de España planea introducir una ingreso mínimo vital para
 los hogares más pobres. El ministro de Seguridad Social, José Luis 
Escrivá, ha dicho que su financiación costaría unos 3.000 millones de 
euros al año, aunque todavía no se han anunciado los detalles concretos.
   
 
 
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