MADRID.- Relanzar la actividad económica hundida por la crisis del
coronavirus con la agilización de los trámites urbanísticos, resume las
explicaciones ofrecidas por los dirigentes políticos de varias
comunidades autónomas que han modificado leyes con contenido
medioambiental, según El País.
Lo hacen por la vía rápida, por decreto ley, y el que
paga es el medio ambiente, denuncian las principales asociaciones
ecologistas. Los plazos se acortan, se da mayor poder a los
Ayuntamientos o se reducen los estudios de impacto ambiental, entre
otras medidas. Andalucía y
Murcia ya han aprobado cambios, mientras que Galicia ha agilizado la
tramitación de un millar de proyectos, algunos rodeados de polémica por
su impacto ambiental.
Otros Gobiernos regionales como los de la
Comunidad de Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, las
Islas Canarias o las Baleares han anunciado su intención de modificar
normativa para simplificar trámites urbanísticos.
“Estamos viendo que la nueva normalidad es la vieja,
porque se repiten los argumentos de anteriores crisis que sitúan la
normativa urbanística por encima de la ambiental. Se busca en el
ladrillo la salida”, plantea Pilar Marcos, responsable de biodiversidad
de Greenpeace.
La ONG apoya su denuncia en iniciativas como la del
Gobierno murciano, que el 7 de mayo aprobó un decreto que modifica la
ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada. O en los cambios
introducidos, también por decreto, el 9 de abril por el Gobierno andaluz
en 21 leyes, nueve de ellas referidas a urbanismo y medio ambiente.
Ignacio Sotelo, doctor en Derecho e investigador del Instituto de
Ciencias Ambientales de la Universidad Complutense, asegura que “lo
verdaderamente preocupante” en estos casos no es que se pueda promover
“una destrucción ambiental inaceptable, que también, sino que a través
del cumplimiento de una norma cuyo propósito es proteger el medio
ambiente, dicho fin no se consiga".
La oposición y
sindicatos en el caso murciano ponen el foco en que se permita que una
industria o proyecto sujeto a evaluación ambiental amplíe las emisiones,
vertidos o utilización de los recursos naturales un 30% —el doble del
15% autorizado hasta ahora— sin someterse otra vez a ese trámite.
Y
Pedro Luengo, presidente de Ecologistas en Acción, se pregunta cómo una
norma para paliar los efectos de la covid-19 reduce los controles sobre
la contaminación cuando esta agrava los problemas respiratorios.
Se hace
para eliminar cargas burocráticas y converger con la normativa
nacional, explicó el consejero de Agua, Agricultura y Medio Ambiente,
Antonio Luengo, en rueda de prensa. Sotelo advierte de que agilizar
proyectos sin la evaluación de impacto puede "llegar a afectar
negativamente al medio ambiente”.
Otro
de los puntos de desencuentro en Murcia es la posibilidad de que los
Ayuntamientos aprueben evaluaciones ambientales de sus planes parciales y
especiales, que antes se reservaba a los de más de 50.000 habitantes
(Murcia, Cartagena, Lorca y Molina del Segura).
Las entidades locales ya
habían ganado competencias con otro decreto de 28 de abril para
“mitigar los efectos de la covid-19 en el área de vivienda e
infraestructuras”.
El socialista Alfonso Martínez Baños considera que es
ahí donde se introdujeron los “mayores disparates”, porque se permite
modificar los planes generales de urbanismo sin pasar por la comunidad
autónoma, con el tope del 10% que tuvieran permitido previamente. Desde
Podemos, María Marín, su portavoz en Murcia, recuerda que “la nefasta
planificación no solo afecta a los núcleos urbanos, sino que ha llevado a
la completa degradación del Mar Menor”.
La liberalización en Andalucía
Murcia
se sitúa en la senda del Gobierno andaluz —donde también gobierna una
coalición entre PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox—, que convalidó el 9
de marzo el decreto de “mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía “.
Las principales asociaciones ecologistas han advertido sobre sus
efectos. Entre los más dañinos están la ampliación de las actuaciones
que se pueden declarar de Interés Autonómico algo que favorece la
aprobación de urbanizaciones residenciales supramunicipales, puertos y
aeropuertos, embalses o grandes establecimientos turísticos o
industriales.
“También se da vía libre a la implantación de minas y
canteras con un mero informe”, añade Juan Clavero, de Ecologistas en
Acción, que recuerda el episodio negro de la mina de Aznalcollar
(Huelva).
Tras la contundente contestación a estas
medidas de 80 asociaciones y del Gobierno central, que recurrió al
Tribunal Constitucional la parte sobre audiovisual y patrimonio
histórico, la Junta accedió a tramitar las reformas en el Parlamento.
Pero, si hay modificaciones serán muy leves, adelantó a El País la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible. De hecho, el
decreto ley ya se ha empezado a desarrollar.
El 22 de abril se comunicó a
los Ayuntamientos que podían aplicar la tramitación de urgencia para
aprobar los instrumentos urbanísticos. Lo que implica, por ejemplo, que
el plazo para verificar que se cumplen las normas sectoriales pasa de
tres meses a uno.
“Se genera una vía alternativa para no tener que
volver a tramitar todos los planes generales de urbanismo que están
suspendidos judicialmente”, abunda Clavero. A todo ello, se sumó este
martes la aprobación de un decreto ley sobre la desescalada en las
playas que ha modificado la Ley de Ordenación Urbanística para favorecer
el establecimiento de infraestructuras de telecomunicaciones en suelos
de especial protección.
Y mientras, en Galicia, el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo (PP) reactivó la semana pasada
un millar de expedientes de vertederos, parques eólicos o líneas de
alta tensión. Ha defendido que son iniciativas “indispensables” para el
“interés público” con el fin de esquivar las restricciones de actividad
decretadas por el Gobierno central y su “gran repercusión económica”.
Los ecologistas denuncian “indefensión” y acusan a la Xunta de
aprovechar la crisis del coronavirus para “dificultar la participación
de la ciudadanía en los procedimientos para beneficio y lucro de
empresas privadas”.
En este contexto, Ignacio Sotelo
recuerda que las leyes se deben someter a la Constitución y eso
garantizaría que “no se llegara a anteponer los principios económicos a
los valores sociales, entre los que podríamos añadir el medio ambiente y
los entornos naturales”.
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