MURCIA.- La Comunidad Autónoma ejerce actualmente la tutela de 563 personas
mayores de edad que están incapacitadas y que no tienen a nadie que les
atienda. De ellas, alrededor de un tercio permanecen en un entorno
comunitario, lo que evita el desarraigo y favorece la inserción social.
Además, se destinan los recursos residenciales a las personas que más lo
necesitan.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás,
presidió la reunión del Patronato de la Fundación murciana para la
tutela y defensa judicial de adultos, en la que se presentó su memoria
anual del año 2017.
En 2017, la Fundación Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de
Adultos recibió 61 nuevas tutelas, lo que supone un incremento del 8,3
por ciento con respecto al ejercicio anterior. De ellas, 32 fueron
conferidos a causa de la enfermedad mental, lo que representa el motivo
más frecuente de modificación de la capacidad.
La Fundación está haciendo un gran esfuerzo para que estas personas
permanezcan en sus propios domicilios, para ello les presta asistencia
jurídica, social y médica fuera de residencias.
Tomás destacó que "la atención a domicilio exige mucha más dedicación
por parte del personal de la Fundación que la que se puede prestar en
un centro residencial, pero la satisfacción del trabajo realizado y el
agradecimiento que reciben de las personas a las que atienden merece la
pena".
La Comunidad Autónoma, a través de los trabajadores sociales, realiza la labor
que correspondería a la familia con todas aquellas personas que no
tienen a nadie, de forma que ejerce sus derechos y se hace cargo de sus
necesidades.
Por su parte, la Fundación PAI mediante el 'Proyecto de Atención
Individualiza' se dedica fundamentalmente a la supervisión de personas
tuteladas que tienen capacidad para poder llevar una vida en comunidad.
Al respecto, atiende a estas personas gracias al apoyo que en el último
ejercicio le ha prestado la Obra Social de Caja Murcia.
Según explicó la consejera, "una vez consolidada la Fundación como
referente en la atención a personas cuya capacidad ha sido judicialmente
modificada, el reto de cada año es mejorar la atención a estas personas
y poder destinar cada año más recursos a su atención".
La actuación de la Fundación se circunscribe a las personas mayores
de edad residentes en la Comunidad Autónoma de Murcia, que se encuentren
incapacitadas legalmente y de las que la Autoridad Judicial atribuya la
tutela por carecer éstas de familia, personas o instituciones idóneas
para ejercerla.
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